La Ciudad Espléndida

¿Tienes un bache en la calle? ¿Las aceras de tu barrio están destruidas? ¿Las vías principales de tu corregimiento son hostiles al peatón? Ni se te ocurra acudir a tu representante de corregimiento, pues dicen los abogados que estos asuntos son potestad del Ministerio de Obras Públicas o de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, no importa que estas instituciones no están diseñadas para atender el tramo de acera frente a tu casa, el gobierno central debe hacerlo. ¿Tienes una cantina ruidosa cerca de tu apartamento? ¡No llames al pintado en la pared de tu representante! El Ministerio de Salud debe salir al recate. Qué esperanza…

En Panamá lo estamos haciendo todo al revés, desde multar negocios no amigables con los residentes a darle mantenimiento a la infraestructura pública. ¿En cuántos países serios del mundo usted ve a funcionarios de su Ministerio de Salud multando negocios ruidosos en un barrio específico de una ciudad en particular? ¿En cuántos países serios del mundo usted ve al presidente o al rey nombrando al director de aseo de la ciudad capital? ¿En cuántos países serios del mundo usted ve al Ministerio de Transporte multando o remolcando autos mal estacionados? ¿En cuántos países serios del mundo usted ve al gobierno central reparando vías locales de una ciudad? Desconozco el número, pero en Panamá, un país poco serio, ese es nuestro calvario; un calvario al parecer deseado por muchos. En especial por los abogados.

¡Pareciera que los juristas criollos compitieran por hacer de lo sencillo un asunto muy complicado!

A pesar de repetir como papagayos alabanzas al Estado Federal de Panamá de Justo Arosemena, los abogados panameños, o por lo menos aquellos que les gusta salir en cámara o los estrados de los tribunales de justicia y la Procuraduría, parecen defender a ultranza el centralismo. Es más, en reiteradas ocasiones han dado a entender que los artículos 232 y 233 sobre el Régimen Municipal de la Constitución Política de la República de Panamá son una suerte de lectura apócrifa o, peor aún, papel de baño.

¿Cómo es posible que ante la discrepancia entre una ley que contradice la Constitución al darle potestades en materia local a una entidad autónoma del Gobierno Nacional (como la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre) y un acuerdo municipal que materializa lo establecido por el Régimen Municipal consagrado en la Constitución, la Procuraduría de la Administración y el Órgano Judicial defiendan la ley con visos de inconstitucionalidad? ¿Tiene entonces el Órgano Ejecutivo patente de corso para pasarse por encima la autonomía municipal?

Pareciera que sí, y este es el origen de la falta de certeza en el castigo de asuntos meramente locales, donde las juntas comunales y los municipios están, lógicamente, mejor posicionados para actuar. Esta es una bomba de tiempo que, si nuestros diputados no atienden con urgencia, terminará por erosionar aún más la poca credibilidad y legitimidad del Estado, que se declara prácticamente impedido de actuar no solo por los traslapes entre instituciones, sino también por un régimen judicial excesivamente garantista. Este sistema no permite que el Estado, especialmente el gobierno local, actúe con firmeza contra los infractores de la ley, lo que además anula su función educativa para la ciudadanía.

Tampoco ayuda que intereses particulares, nocivos para nuestras ciudades, campen a sus anchas y actúen con impunidad, no solo por la parálisis por análisis del Estado, sino también aprovechándose del sistema político-electoral como donantes o consejeros para capturar instituciones o influir desmedidamente en sus decisiones.

Para salir de este predicamento nuestros honorables diputados y representantes deben hacer efectiva la descentralización con una real jerarquización de competencias donde las juntas comunales se encarguen de lo local y el gobierno central de lo nacional y estratégico, además de darle prioridad en la recolección de impuestos a los gobiernos locales.

¡Para mañana es tarde!

Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 5 de marzo de 2025.

En un mercado urbano libre, el pleno disfrute del uso y usufructo de una propiedad es ciertamente un derecho fundamental, cuyo disfrute incluye el de la plusvalía generada por las actividades de su propietario. Sin embargo, dicho derecho está limitado por las potenciales afectaciones a los derechos de terceros derivadas de una mayor intensidad del uso que se le dé a una propiedad con relación a sus vecinos, al conjunto de propiedades dentro de una zona además de los bienes de uso común que se estimen necesarios para su mejor funcionamiento y desempeño económico y social. Es por tanto el rol del administrador de los bienes comunes (el gobierno o la asociación de propietarios) mitigar las potenciales afectaciones a través de normativas y contribuciones que garanticen el bienestar de todos los propietarios y usuarios.

Definir las afectaciones de los usos que se le den al suelo depende del nivel de tolerancia a los efectos directos e indirectos de ciertas actividades (y sus combinaciones) de todos los actores urbanos involucrados además de las medidas de mitigación que puedan ponerse en práctica para permitir dicha tolerancia junto con la capacidad que tenga la infraestructura de uso común (o pública), para continuar funcionando óptimamente sin perjudicar el disfrute de los demás propietarios de sus bienes inmuebles.

Dada la gran subjetividad de la tolerancia individual y colectiva, se hace importante que todos los actores involucrados acuerden como quieren vivir y qué cosas están dispuestos a tolerar y cuales no, y como se va financiar dicho estilo de vida sin vulnerar el goce de derechos humanos fundamentales para sostener la vida tales como el acceso al agua potable, la vivienda y la comida, todos los cuales se sostienen mediante las actividades económicas permitidas en los bienes inmuebles y que se potencian por medio de los derechos al libre tránsito, el libre comercio, la industria y el trabajo.

Adicionalmente, dicho acuerdo debe incorporar el fácil acceso a servicios culturales que se prestan en lugares de culto divino, espacios de ocio y entretenimiento, espacios educativos y formativos además de espacios de encuentro y socialización que también ocurren en inmuebles y que forman parte de las actividades permitidas en el uso y usufructo para la plena realización humana.

En este análisis es importante considerar que los bienes comunes (calles, aceras, infraestructura de servicios básicos, espacios públicos, etc.), son propiedad de un ente jurídico que hace de propietario y tiene intereses de igual o mayor peso dentro del conjunto de propietarios, en este caso el Estado. Al ser propietario, el Estado también tiene derecho al uso y usufructo de su propiedad y de buscar su uso más intenso y eficiente. Por tanto, tiene derecho al cobro de los servicios que brinda su propiedad a los usuarios de esta.

Dado que el administrador de los bienes comunes (el Estado) es propiedad de los propietario-residentes en sociedad (o sea los ciudadanos), estos (o sus representantes electos) tienen que determinar también como van a cobrar por los servicios brindados a cada uno de ellos. Una forma de hacerlo es mediante una tasa (o impuesto). La base del valor de dicha tasa y la moralidad de su cobro forzoso puede ser todo un tema de debate, pero la realidad de la necesidad operativa de dicha tasa es innegable.

El cobro de los servicios por infraestructura y servicios provistos debería idealmente cubrir los costos directos e indirectos además de procurar una reserva y superávit con el fin de garantizar la sostenibilidad del gobierno (en especial el local), como administrador, y de las propiedades bajo su administración y sobre todo garantizar el nivel de satisfacción óptimo de los usuarios, o sea de los ciudadanos.

Por otra parte, el uso de suelo debe regularse mediante normas claras derivadas de acuerdos sociales y económicos lo suficientemente flexibles para permitir el cambio a nuevos usos más provechosos sin perjudicar a los vecinos y usuarios. La combinación de usos y su ubicación espacial debe también generar recorridos que mantengan la vitalidad de los barrios mediante las llamadas anclas o imanes de actividad (comercial, de servicios, laboral, social, etc.) que llamen a congregarse a un sinnúmero de personas y ayuden a valorizar los inmuebles mejor ubicados, de manera que estos contribuyan más al mejoramiento del ambiente urbano mediante las tasas por valorización.

Si bien los cambios a usos más rentables pueden darse de manera orgánica en un mercado libre, su formalización depende del estado en su rol como administrador de los bienes comunes (en especial de la infraestructura) y como mediador de la sana convivencia entre vecinos. Es más, en la mayoría de las ocasiones es el estado panameño el que benévolamente concede esos usos más provechosos sin cobrar su parte de la plusvalía generada.

Es por tanto curioso cuando los dueños de inmuebles, desarrolladores y constructores invocan la seguridad jurídica como salvaguarda de una potencial plusvalía otorgada de forma gratuita, no por el mercado, ni por mérito propio, sino por la magnanimidad del gobierno de turno cuando futuros gobiernos necesitan, en aras del bien del conjunto de propietarios (o sea los ciudadanos), “afectar” su derecho a preservar un valor inmobiliario potencial (o real al momento específico de comprar, el cual puede fluctuar con el tiempo de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas y económicas del mercado) con el fin de guiar la inversión y el desarrollo hacia aquellas zonas prioritarias y más provechosas para la ciudad, idealmente donde el gasto en infraestructura y servicios sociales sea más eficiente para todos, o cuando se identifique que ciertos beneficios otorgados mediante normativa urbana en el pasado, no rindieron los frutos deseados o resultan nocivos para su entorno en el presente.

Este es un riesgo que siempre deben ponderar los dueños de inmuebles cuando deciden hacer de su propiedad un instrumento financiero alterno a una cuenta de ahorros, acciones en una empresa o un fondo de pensiones. El administrador de los bienes comunes no tiene por qué garantizar o multiplicar el valor de sus propiedades y mucho menos cuando estos están morosos con el administrador (negándose a contribuir o haciéndolo tardíamente a la hora de la venta) con las tasas impuestas para el sostenimiento y mejoramiento de los bienes comunes.

Ciertamente se puede argumentar que dicha negativa se justifica ante la realidad de un estado panameño (tanto gobierno nacional como local) que no ha sido el mejor administrador, es más se puede argumentar con justa razón que ha sido un administrador negligente e incompetente por lo cual un grupo privilegiado se ha visto forzado a buscar su bienestar dentro de urbanizaciones en régimen de condominio, como un gobierno local de facto super regimentado paralelo al gobierno oficial. Un régimen tercerizado también autorizado por el Estado cuestionado que reconoce su debilidad.

Curiosamente muchas de estas urbanizaciones super regimentadas son desarrolladas y habitadas por los mismos terratenientes, desarrolladores y constructores que desean actuar sin cortapisas en el resto de la ciudad. Más curioso y frustrante aún resulta que cuando ven su burbuja urbana peligrar ya sea por el estado u otro interés privado, son los primeros en utilizar el peso de la ley y de las normas especiales de sus barrios para defender su calidad de vida tal y como lo hacen aquellos que han sido afectados por sus inversiones protegidas por una seguridad jurídica parcializada en favor de los primeros y no de las comunidades afectadas que también hicieron sus pequeñas inversiones en el pasado.

Entonces cabe preguntarse cuáles son los límites de la seguridad jurídica especialmente cuando esta riñe con el interés de aquellos afectados en sus derechos por el abuso de otros con mayor poder e influencia económica y social.

No se trata por tanto de una cuestión de relaciones de clase social o económica, se trata de una cuestión de relaciones de poder que terminan siendo dirimidas de forma asimétrica incluso dentro de una misma clase social y cuya medición de fuerza y campo de batalla se da en el sistema judicial, la administración pública y en los barrios afectados. Dependiendo del caso en muchas ocasiones termina siendo el estado, en especial la administración pública la parte más afectada al terminar siendo maniatado por sentencias judiciales, limitaciones políticas además de limitaciones técnicas, humanas y financieras que se retroalimentan en un interminable círculo vicioso en contra del bien común.

Resolver este enredo será misión de la presente Asamblea Nacional y posiblemente de una constituyente… a menos que se dé una revolución ética y moral que ayude a todas las partes a vivir su libertad, autorregulándose para procurar el máximo bien común en nuestras ciudades.

Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 18 de febrero de 2025.

Conversando con amigos y conocidos sobre la necesidad de regular el uso del auto en el centro de la ciudad de Panamá implementando el parquímetro digital, removiendo autos montados sobre las aceras y sobre todo eliminando el requisito mínimo de estacionamientos, la primera reacción es de rechazo. Esto es natural considerando que cerca del 40% de los viajes que posibilitan la vida de los capitalinos dependen del auto en especial entre la clase media. Una vida en donde la función de residir no ocurre en el mismo lugar donde ocurren las de abastecerse, trabajar, estudiar o curarse.

Una vida en donde las opciones para satisfacer las necesidades antes mencionadas son prácticamente múltiples, su ubicación variada y su elección es virtualmente libre. Esto quiere decir que por lo menos en el casco urbano de la ciudad de Panamá (desde San Felipe a Parque Lefevre) en la práctica no existen los comercios, servicios o equipamientos públicos estrictamente vecinales. ¡Todos son distritales (o urbanos)! Ya que todos sirven a personas de distintos barrios del distrito de acuerdo a los gustos, preferencias y conveniencia de los capitalinos.

Esta es la realidad actual, incluso para quienes predicamos las bondades de la caminabilidad, una realidad en la que sin la opción del automóvil la satisfacción de nuestras necesidades se ven seriamente limitadas a una oferta de calidad poco satisfactoria o sencillamente no existente a 5 o 15 minutos caminando por aceras casi inexistentes o inseguras desde donde vivimos, con pocas o nulas opciones asequibles para mudarnos donde sí pudiera ser posible.

Esto se debe primeramente porque en el siglo XX los desarrolladores capitalinos crearon grandes barrios periféricos para la clase alta y media desconectados entre sí y zonificados exclusivamente para casas, pensando que la función de albergar el trabajo y los negocios podían seguir en el centro urbano tradicional en Santa Ana y Calidonia, a los cuales se podía acceder en menos de quince minutos, más no a pie, gracias al auto y el tranvía y luego por el autobús. Con la rápida expansión de la ciudad capital, su centro terminó mudándose con la élite a los primeros barrios residenciales periféricos en los corregimientos de Bella Vista y San Francisco forzando así los usos mixtos con calzador sin la infraestructura adecuada.

Segundo, dada la calidad variable (y subjetiva) tanto de la educación pública como de la privada, en especial las secundarias de calidad, la gente las busca donde estén y estas tienden a concentrarse en ciertas áreas antiguamente residenciales de prestigio de la ciudad: en Bella Vista, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz, Betania y Ancón. Esta situación no es distinta con la salud, con los principales hospitales y policlínicas también concentrándose en los mismos sectores anteriormente residenciales de élite de la ciudad. Y si añadimos a esto las iglesias, no importa si son parroquiales, estas terminan teniendo feligresías interbarriales e incluso regionales, dependiendo de la popularidad del cura (o del pastor) encargado. Esta situación, una vez más, es posibilitada por el auto y ahora por el metro y se da en barrios que no fueron diseñados, ni equipados para albergar una gran población, usos comerciales o servicios tan intensos.

En un país donde la fiscalización de la normativa y la sanción ejemplar son un bien escaso, esto termina resultando en áreas urbanas céntricas desarticuladas y de calidad variable, en el mejor de los casos con aceras de barriada de 1.20 de ancho, en el peor con aceras invadidas por autos que no consiguen espacio de estacionamiento público gratuito (pero en zonas donde abundan a nivel privado de forma exclusiva) para acceder al comercio urbano que se ha instalado en casas antiguas. Estos barrios padecen de fugas de aguas sucias, falta de presión de agua, mala recolección de la basura, tráfico pesado y mucho ruido.

Como vemos esta ciudad dislocada ha sido el resultado de una serie de elecciones supuestamente libres posibilitadas por el automóvil y digo supuestamente porque el acceso relativamente fácil y económico al auto condiciona la alternativa de confrontar nuestra realidad inmediata demandando la vivienda, la salud, la educación y el trabajo de calidad en nuestras comunidades a corta distancia. Para que el mercado genere estás condiciones por sí solo tomará años, quizás décadas antes de que se logre la masa crítica de población exhausta con el modelo actual y deseosa por una oferta de vivienda, servicios, empleos y centros de negocios a una distancia caminable y cómoda, lejos del tranque vehicular.

Mientras esto se concreta, desde los Consejos Municipales se pueden tomar medidas “valientes” que aceleren el paso, adicionales a la regulación y fiscalización del tráfico vehicular en el centro de la ciudad, por ejemplo, mejorando las normas de uso de suelo en pos de reglas simples y claras de implementar, lo suficientemente liberales para requerir poca fiscalización, pero lo suficientemente restrictivas para asegurar una negociación justa en pro del desarrollo sostenible y humano de la ciudad, que permitan la re-urbanización y densificación del casco urbano. Y sobre todo necesitamos generar las condiciones para proveer educación, salud y cultura pública y de calidad cerca de los usuarios. Pero para lograrlo necesitamos actuar con visión de largo plazo para hacer lo correcto hoy y superar el cortoplacismo que no incomoda a nadie pateando la lata para mañana. Pero, para mañana es tarde.

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 13 de noviembre de 2024.

Una de mis mayores preocupaciones como funcionario municipal es la implementación y cumplimiento de la normativa urbana. Aunque ustedes no lo crean dicha preocupación la comparten activistas comunitarios, empresarios inmobiliarios, profesionales de la ingeniería y arquitectura, políticos y académicos que claman por decisiones justas, seguridad jurídica, fiscalización y certeza de castigo. Esto demanda del funcionario responsable que tenga respeto por la ley, respeto por los procesos, imparcialidad, efectividad y eficacia y sobre todo ser humilde pero firme en sus acciones y decisiones.

¿Como se come todo esto en un rol donde se deben tomar decisiones y asumir las consecuencias, pero al mismo tiempo hacerlo sin que nadie se sienta ignorado? No existe fórmula perfecta, si usted la conoce mándeme un correo y lo conversamos.

Cosas tan sencillas, como hacer respetar el espacio público, las normas de convivencia social, de aseo o las de uso de suelo, parecieran solo requerir de la mera voluntad política pero estas se vuelven dificultadas por un sistema político con garantías democráticas para los derechos de todas las partes interesadas muy generoso y además un sistema donde las responsabilidades están repartidas y muchas veces traslapadas entre distintas entidades del gobierno central y del gobierno municipal, ignorando al poder popular representado por las juntas comunales (que quedan como convidados de piedra).

Dichas garantías tan necesarias terminan siendo tergiversadas por ejemplo por mercenarios del “lawfare” criollo quienes se han prestado para debilitar la efectividad del municipio para hacer respetar el bien común en beneficio del interés de particulares y son una amenaza constante para la buena gestión pública. De triste recordación, para quienes defendemos el municipalismo y la descentralización administrativa, fueron la declaración de nulidad por ilegal del Acuerdo 94 de 2018 que creo el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de San Francisco o del Acuerdo 025-2019 “que modifica sanciones y multas impuestas aplicables en el Municipio de Panamá”.

En el primer caso mediante una cuestión de forma la CSJ echó al trasto más de medio millón de dólares y en el segundo la CSJ prácticamente le quito la potestad al municipio de sancionar a los autos que usurpen el espacio público. Ambos casos, sin embargo, no solo nos recuerdan de la importancia de las formas y ser quisquillosos en los detalles legales ante cualquier actuación administrativa que ejerzamos, sino de la importancia de la coordinación interinstitucional.

Además, existe la imperiosa necesidad por simplificar procesos y concentrar responsabilidades por ejemplo delegando la mayor cantidad de poder de fiscalización y sanción en los asuntos locales a las juntas comunales en coordinación con sus respectivos municipios quienes deben indicar las políticas públicas a seguir y coordinar las acciones y proyectos de sus juntas comunales. El rol del gobierno central debe centrarse en las macro políticas y macroproyectos de escala nacional y regional.

Un cuerpo numeroso de inspectores municipales adscritos idealmente a las juntas comunales debería poder tener el mismo nivel de eficacia sancionatoria que los inspectores de la Policía Nacional cuando imponen una boleta de tránsito, permitiendo al funcionario actuar de oficio y en el lugar de los hechos, patrullando el territorio, registrando digitalmente sus hallazgos y sanciones y de ser necesario remover al infractor o el elemento discordante con la norma o reponer lo robado o destruido a costa del infractor. De esta manera estimo, podremos aumentar la eficacia y transparencia en el cumplimiento de la ley.

Por último debemos hablar sobre la necesidad de financiar y administrar los proyectos públicos, en especial aquellos de infraestructura y de espacios públicos, (porque estos no son gratis) pero antes de llegar allí el gobierno central debe por fin delegar en los municipios la responsabilidad de administrar los espacios públicos y la infraestructura pública además de el poder de cobrar y manejar los impuestos, cánones y rentas que sean necesarios para mantenerlos además de la formación de empresas municipales que le permitan a la municipalidad generar ingresos propios suficiente sin recurrir necesariamente a generar nuevos impuestos para sostener sus funciones.

El gobierno central hoy por hoy se encuentra abrumado por la complejidad y extensión de sus responsabilidades como para atender asuntos locales y es por ello por lo que la descentralización debe ser radical, pero vigilada de cerca (más no operada) por el gobierno central. Para lograrlo necesitamos que la sociedad civil organizada y nuestros políticos comprendan la necesidad y simplemente confiar en el proceso de aprendizaje y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales profundizando y acelerando el proceso legalmente (en la Asamblea y el Concejo Municipal). ¡Para mañana es tarde!

Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 23 de octubre de 2024.

Aunque la respuesta debería ser obviamente no, para muchos ciudadanos esto no parece tan claro. Después de todo, frases como “lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta” o “lo que es de todos, no es de nadie” son comunes, ¿verdad?

Empecemos por el costo de crear el “espacio público”. En Panamá, por ejemplo, la construcción de un metro lineal de acera completa con cableado soterrado puede costar alrededor de ocho mil balboas, sin incluir el costo de la tierra. Alguien desprevenido podría decir que ya hemos pagado ese costo con nuestros impuestos. Sin embargo, dichos impuestos representan una pequeña porción del presupuesto, que generalmente cubre estos gastos a expensas de futuras generaciones mediante deuda pública.

Si a esos costos de construcción, inmobiliarios y financieros le sumamos el mantenimiento del espacio público, llegamos rápidamente a la conclusión de que crear y mantener dicho espacio tiene un costo real que debe ser cubierto. No importa si el gobierno terceriza el servicio a una empresa privada o lo gestiona directamente; de lo contrario, el dinero invertido en dicho espacio puede perderse.

De hecho, el espacio público es como el área común de los condominios. En áreas concurridas, estos espacios son equivalentes a los espacios comerciales de los edificios de propiedad horizontal (PH), cuyo valor es aprovechado por terceros que ni rinden cuentas al gobierno ni pagan arriendo alguno.

¿Debe el gobierno local o nacional obtener ingresos por el uso periódico o temporal de su espacio, como ocurre con la venta callejera? La realidad es que “el que no lo hace, lo ve hacer”, y es el gobierno quien termina subsidiando actividades como la venta ambulante, los restaurantes que ocupan aceras y plazas con mesas, o los “bien cuidados” que actúan como parquímetros humanos.

El problema es que, con el tiempo, muchos de estos primeros comerciantes se convierten en intermediarios inmobiliarios que acaparan el valor de los arriendos cobrados al comercio informal, un segmento que genera miles de dólares sin haber invertido en mejoras ni limpieza. Esta situación crea una clase de microempresarios que pueden llegar a vivir mejor que muchos profesionales y cuyos vínculos se extienden al ámbito político, que tradicionalmente mira hacia otro lado a cambio de la llamada “paz social”.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Un estudio realizado en 2019 por una empresa panameña, al que tuve acceso, reveló que una fonda en el centro de la ciudad puede pagar clandestinamente alrededor de B/.28.60 por metro cuadrado en alquiler y seguridad, mientras que una barbería callejera puede pagar B/.19.50 por metro cuadrado. Estos precios clandestinos son comparables, e incluso a veces superiores, a los del mercado formal, donde los precios oscilan entre B/.12.00 y B/.20.00 por metro cuadrado en centros comerciales clase A del centro de la ciudad (CBRE, 2023).

¿Es rentable este negocio? Según el mismo estudio, un vendedor ambulante puede generar ingresos entre B/.600 y B/.2,800 mensuales, una fonda entre B/.3,360 y B/.9,600, y un verdulero entre B/.280 y B/.4,200 al mes.

Estas cifras no son insignificantes y muestran una oportunidad perdida tanto para la DGI, la CSS, como para la Tesorería Municipal y las Juntas Comunales, que no ejercen un control efectivo del espacio público. De hecho, un estudio más detallado sobre la informalidad comercial debería evidenciar que muchos de estos comerciantes voluntariamente evaden el sistema económico formal, generando ingresos que los colocarían dentro de la “Clase Media Emergente Panameña”. Esto los haría sujetos a las mismas reglas que el comercio formal, con el cual compiten de manera desleal, costándole millones al gobierno local en mantenimiento de emergencia del espacio público.

En conclusión, el espacio público no es gratuito, y sus usuarios tienen la capacidad y la obligación de contribuir al aseo, mantenimiento, promoción y gestión del mismo. Los proyectos de renovación del espacio público ejecutados y por ejecutar por el Municipio de Panamá son la oportunidad perfecta para lograrlo.

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 9 de octubre de 2024.