La Ciudad Espléndida

Aunque la respuesta debería ser obviamente no, para muchos ciudadanos esto no parece tan claro. Después de todo, frases como “lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta” o “lo que es de todos, no es de nadie” son comunes, ¿verdad?

Empecemos por el costo de crear el “espacio público”. En Panamá, por ejemplo, la construcción de un metro lineal de acera completa con cableado soterrado puede costar alrededor de ocho mil balboas, sin incluir el costo de la tierra. Alguien desprevenido podría decir que ya hemos pagado ese costo con nuestros impuestos. Sin embargo, dichos impuestos representan una pequeña porción del presupuesto, que generalmente cubre estos gastos a expensas de futuras generaciones mediante deuda pública.

Si a esos costos de construcción, inmobiliarios y financieros le sumamos el mantenimiento del espacio público, llegamos rápidamente a la conclusión de que crear y mantener dicho espacio tiene un costo real que debe ser cubierto. No importa si el gobierno terceriza el servicio a una empresa privada o lo gestiona directamente; de lo contrario, el dinero invertido en dicho espacio puede perderse.

De hecho, el espacio público es como el área común de los condominios. En áreas concurridas, estos espacios son equivalentes a los espacios comerciales de los edificios de propiedad horizontal (PH), cuyo valor es aprovechado por terceros que ni rinden cuentas al gobierno ni pagan arriendo alguno.

¿Debe el gobierno local o nacional obtener ingresos por el uso periódico o temporal de su espacio, como ocurre con la venta callejera? La realidad es que “el que no lo hace, lo ve hacer”, y es el gobierno quien termina subsidiando actividades como la venta ambulante, los restaurantes que ocupan aceras y plazas con mesas, o los “bien cuidados” que actúan como parquímetros humanos.

El problema es que, con el tiempo, muchos de estos primeros comerciantes se convierten en intermediarios inmobiliarios que acaparan el valor de los arriendos cobrados al comercio informal, un segmento que genera miles de dólares sin haber invertido en mejoras ni limpieza. Esta situación crea una clase de microempresarios que pueden llegar a vivir mejor que muchos profesionales y cuyos vínculos se extienden al ámbito político, que tradicionalmente mira hacia otro lado a cambio de la llamada “paz social”.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Un estudio realizado en 2019 por una empresa panameña, al que tuve acceso, reveló que una fonda en el centro de la ciudad puede pagar clandestinamente alrededor de B/.28.60 por metro cuadrado en alquiler y seguridad, mientras que una barbería callejera puede pagar B/.19.50 por metro cuadrado. Estos precios clandestinos son comparables, e incluso a veces superiores, a los del mercado formal, donde los precios oscilan entre B/.12.00 y B/.20.00 por metro cuadrado en centros comerciales clase A del centro de la ciudad (CBRE, 2023).

¿Es rentable este negocio? Según el mismo estudio, un vendedor ambulante puede generar ingresos entre B/.600 y B/.2,800 mensuales, una fonda entre B/.3,360 y B/.9,600, y un verdulero entre B/.280 y B/.4,200 al mes.

Estas cifras no son insignificantes y muestran una oportunidad perdida tanto para la DGI, la CSS, como para la Tesorería Municipal y las Juntas Comunales, que no ejercen un control efectivo del espacio público. De hecho, un estudio más detallado sobre la informalidad comercial debería evidenciar que muchos de estos comerciantes voluntariamente evaden el sistema económico formal, generando ingresos que los colocarían dentro de la “Clase Media Emergente Panameña”. Esto los haría sujetos a las mismas reglas que el comercio formal, con el cual compiten de manera desleal, costándole millones al gobierno local en mantenimiento de emergencia del espacio público.

En conclusión, el espacio público no es gratuito, y sus usuarios tienen la capacidad y la obligación de contribuir al aseo, mantenimiento, promoción y gestión del mismo. Los proyectos de renovación del espacio público ejecutados y por ejecutar por el Municipio de Panamá son la oportunidad perfecta para lograrlo.

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 9 de octubre de 2024.

Por si no lo notaron, la noche del miércoles 18 de agosto de 2024, el centro de la ciudad de Panamá colapsó. No importa si usted tomó la Calle 50, la Avenida Balboa o el Corredor Sur, usted probablemente se encontró en medio de un tranque descomunal hasta las 9pm, sin ninguna explicación. ¡Si esto no es una señal de que debemos tomar medidas radicales como ciudad y como país, no sé cuál será!

Evidentemente el origen del problema está en el movimiento pendular del tráfico desde las periferias hacia los más importantes centros de trabajo (en Costa del Este, Parque Lefevre, San Francisco, Área Bancaria, Bella Vista y La Exposición) y del centro hacia las ciudades dormitorio en las periferias. Hasta aquí (tristemente), nada nuevo.

Más triste aún es recordar que las vías Ricardo J. Alfaro, Domingo Diaz, José Agustín Arango e Interamericana tienen ya décadas colapsadas en tráfico hasta altas horas de la noche y no ha habido, ni habrá, suficientes operativos de inversión de vías, ni suficientes carriles y puentes vehiculares nuevos que puedan resolver dicho problema.

Si a esto le sumamos el tranque infernal en el Casco Urbano de la Ciudad de Panamá nos damos cuenta de que lo que se hace imperativo es pasar de las supuestas soluciones basadas en el auto, a soluciones basadas en el transporte público masivo como el Metro y los Buses de Tránsito Rápido facilitando así la movilidad de las personas para que puedan llegar de forma rápida, segura y flexible de origen a destino no importa si se está en el centro o en la periferia. Pero, en Panamá la clase media trabaja sin descanso en la dirección diametralmente opuesta, defendiendo a capa y espada, el derecho universal a la deuda y los costos (visibles e invisibles) individuales y colectivos de tener un auto.

Es más, la manera como el gobierno central tradicionalmente ha concebido al Metro como una forma de transportar a la masa trabajadora que duerme en las periferias urbanas al Norte, Este y Oeste hacia el centro si bien hace sentido políticamente, urbanísticamente resulta sumamente problemático si consideramos que el transporte público masivo debería concebirse democráticamente en beneficio de todas las capas socioeconómicas sin distingo alguno. Este punto lo resumió muy bien el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa al decir que “Una ciudad avanzada no es una en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público”.

Como urbanista y usuario del transporte público no puedo dejar pasar por alto que existe una pieza faltante que le cuesta cientos de dólares mensuales en taxi a los usuarios de las líneas 1 y 2 del metro, aquel tramo de tren hacia aquella estación más cercana que nos lleve a nuestros puestos de trabajo o de negocios en Obarrio, San Francisco, Parque Lefevre, Chanis y Costa del Este en cinco o quince minutos: La Línea 5 (Hospital Santo Tomás-El Crisol) del Metro de Panamá.

Por todo lo anteriormente explicado, la construcción de la Línea 5 por parte del Metro de Panamá en este quinquenio sería de mayor prioridad que la Línea 2a (San Miguelito-Miramar) la cual el Municipio de Panamá junto con Mi Bus pudiesen suplir mejor con un proyecto integral de aceras completas, ciclovías y carriles exclusivos de Bus de Tránsito Rápido en el medio del eje Ricardo J. Alfaro-Manuel Espinosa Batista-Federico Boyd.

¡Aprovechemos la tuneladora Panamá de la línea 3 para la línea 5! Con este arreglo el gobierno local y el gobierno central podrían trabajar juntos para ayudar a nuestra ciudad a salir del infierno vehicular y elevar la calidad de vida de todos los capitalinos lo cual redundará positivamente en su productividad y creatividad con ciudadanos más descansados, menos estresados, menos endeudados, más integrados socialmente y menos obesos.

Por esto y muchas cosas más Sr. presidente, la Línea 5 su mejor legado será.

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 25 de septiembre de 2024.

El miércoles 28 de abril de 2024 el Ministerio de Obras Públicas abrió 3 de los 8 carriles de la ampliación de la vía Arraiján–Panamá, un proyecto que, junto con el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, busca reducir los tiempos de recorrido entre ambos distritos, mejorando así la calidad de vida de los residentes de Arraiján y La Chorrera que sufren el infierno vehicular todas las mañanas laborales. Supuestamente.

Todo muy bonito hasta que comenzamos a notar que, una vez más, (junto con la Línea 3 del Metro de Panamá) el gobierno nacional ha terminado subsidiando, no a los residentes de Panamá Oeste, sino a los desarrolladores inmobiliarios y propietarios de potreros en la nueva provincia. ¿Por qué? Sencillamente porque sin las mejoras a la infraestructura de transporte los proyectos pasados, presentes y futuros de nuevas urbanizaciones en Capira, La Chorrera y Arraiján tendrían cada vez menos acogida en el mercado. Una mejora momentánea.

Aquí entonces recordamos varias cosas, primeramente, que son los desarrolladores formales e informales de asentamientos humanos los que guían el proceso de urbanización en el Área Metropolitana de Ciudad de Panamá sin articular o comunicar sus desarrollos de forma racional de manera que se creen nuevos cascos urbanos densos de uso mixto.

Que dicho proceso pasa por alto cualquier consideración sobre el equipamiento urbano necesario para sostener la vida en una ciudad incluyendo el agua, alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones, carreteras, transporte público, lugares de trabajo, de culto, de comercio y abastecimiento además de cultura y entretenimiento, espacios abiertos, etc. dejándole la labor al estado el cual “deja hacer” en nombre de la empleomanía y la creación de “soluciones de vivienda” efectivamente privatizando las ganancias y socializando las pérdidas.

Que este proceso urbanizador no crea ciudades, solo campamentos residenciales periféricos de bajísima densidad para los trabajadores de formación media y baja de Ciudad de Panamá y no ciudades ricas con todos los estamentos sociales necesarios, incluyendo sus élites económicas, culturales y políticas con un peso crítico suficiente para sostener la vida económica y cultural además de administrar lo más racionalmente posible los gobiernos locales de ambas provincias.

Que es dicha ausencia lo que dificulta la atracción de la inversión de alto valor agregado y la atracción del recurso humano altamente calificado suficiente que posibilite y sostenga dicha inversión en Arraiján y La Chorrera.

Tristemente lo que existe, lo hace en función de la economía y gobernanza capitalina ofreciendo todo su talento y capacidad de consumo a Ciudad de Panamá 5 de los 7 días de la semana y por lo menos 8 de las 16 horas activas del día (Y no, Panamá Pacífico no es un ejemplo de lo contrario, más bien funciona como enclave capitalino en Arraiján). Todo lo cual impulsa el movimiento pendular entre Panamá Centro y Panamá Oeste para el cual nunca habrá carriles y líneas de metro suficientes para satisfacer las demandas de la población al oeste del Canal de Panamá si seguimos desde el gobierno central y local impulsando políticas públicas que no ayudan a atraer, conservar y desarrollar una población socialmente diversa (con todos sus estamentos sociales) necesarios para realmente hacer ciudad.

Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 4 de septiembre de 2024

El proceso de planificación iniciado en nuestra ciudad ha nacido y madurado en medio del desencuentro y el conflicto entre los habitantes de esta pequeña ciudad que ha crecido en dimensiones y complejidad.

Por una parte, existen quienes quisieran vivir y morir en aquel lugar que siempre les ha resultado familiar o donde invirtieron para vivir bajo un estilo de vida cómodo prometido por quienes les vendieron el concepto inmobiliario que dio lugar a su hogar.

Por otra, existen quienes piensan que la vida es dinámica y las ciudades también, y aceptan los cambios con mejor disposición.

Además, existen aquellos que ven el suelo urbano como una fuente de ingresos y un banco donde depositar sus riquezas.

Y por último, existen aquellos que sólo quieren un pedazo de tierra en donde asentarse y no sufrir más la vergüenza del desahucio y la indigencia.

Entre todos estos grupos existen causas comunes y enfrentamientos, y estos se ven reflejados físicamente en la forma de la ciudad, en la forma y condición de sus edificios y en los contrastes existentes entre sus distintos barrios.

Los conflictos de nuestra urbe requieren pensar más allá de un documento gráfico de zonificación con sus códigos y sus manchas de colores; requiere de ir más allá de las normas de desarrollo urbano con sus permisos y restricciones, más allá del costo de construcción, más allá del costo de la tierra o del precio por metro cuadrado vendible o rentable y más allá de los índices de densidad; requiere de una visión e ideal común, y se requiere de gestión. Para ello, debemos sentarnos todos los actores sociales en la misma mesa, en igual dignidad, sin exclusiones, en completa disposición de escucharnos y desahogarnos primero y encontrar soluciones después, sin apuros, sin otra precondición más allá de la confianza y la buena voluntad de hacer las cosas bien. Además, se hace muy necesario entender que, a medida que nuestra ciudad se vuelve más compleja, necesitamos pensar en nuevas formas de administrar con gobiernos locales (alcaldes y representantes) con más competencias y responsabilidades de gestión y comunidades más empoderadas compartiendo las responsabilidades y beneficios que les da su entorno.

Para ello, debemos construir confianza y, para ganarse esa confianza, es importante que seamos transparentes, sin agendas ocultas, sin información confidencial, sin restricciones, sin reuniones a puerta cerrada, presentando y poniendo a disposición los datos reales que reflejan la realidad de nuestra ciudad al alcance de todos. Pero todo ello es tan contrario a la manera como le gusta operar a los políticos y los grupos económicos, sin distingo de origen social, con el fin de supuestamente no exponerse y hacerse vulnerables a los ataques, envidia y mala fe de sus competidores, pero a la larga afectándonos a todos.

El alcalde y los representantes, a través del diálogo y la planificación, tienen una oportunidad de oro para impulsar la economía, no directamente explotando el suelo urbano con proyectos inmobiliarios -aún no estamos en esa parte del ciclo inmobiliario (con gran exceso de inventario)-, sino con una serie de proyectos de infraestructura pública, paisajismo y espacios públicos, que ya están contenidos en los estudios hechos para el plan de San Francisco y el plan distrital, además de los proyectos que puedan surgir de las juntas de desarrollo local. Este esfuerzo de renovación y embellecimiento de toda la ciudad puede crear miles de plazas de trabajo en toda la ciudad, no solo en Bella Vista, Calidonia y San Francisco, y dejar un legado que quizás sea comparable al de Haussmann en París. Esta mejora en la calidad de vida del panameño sin lugar a dudas podrá cimentar sobre bases sólidas el siguiente ciclo inmobiliario, una vez estemos cerca de consumir el inventario excedente y dejar como legado perdurable comunidades mejor cohesionadas con múltiples polos de desarrollo económico y humano.

Artículo de opinión publicado originalmente en el Diario La Prensa de 27 de marzo de 2021

Hace 8 años mi familia se asentó en San Francisco, mejorando nuestro estilo de vida, por su ubicación céntrica, gente diversa y su inigualable oferta culinaria y comercial.

Pero, participando con la comunidad nos dimos cuenta de sus carencias: aceras usurpadas por autos, o incompletas o en mal estado; ruidos a toda hora, tuberías colapsadas, tranques vehiculares, etc.

Todo debido a una mala gestión y planificación urbana primero por parte del MIVIOT y luego el Municipio de Panamá además de la inacción de la Junta Comunal, cuyo representante ha presidido el caos de los últimos 20 años.

Elección tras elección los mismos votan y el mismo de siempre gana. ¿Los grandes ausentes? Nosotros, los nuevos residentes, los nuevos votantes. ¡Dejando solos a los viejos residentes que quieren ver un cambio en su barrio!

En cada elección somos más, pero nos mantenemos al margen de la política local y dejamos que el mismo grupo de siempre vote por el mismo de siempre y nuestra calidad de vida se deteriora con más aceras usurpadas, más ruido, más apagones, más fugas de agua, más caos, en uno de los corregimientos más productivos, más educados y más desarrollados de Panamá.

Este 5 de mayo, salgamos los nuevos residentes a votar, hagamos sentir nuestro peso político y renovemos la Junta Comunal, por un San Francisco Respetuoso para todos sus residentes.

 ¡No tienes excusa, sal a votar, mañana no te quejes!

Panamá, 8 de noviembre de 2023

Licenciada
María Eugenia López Arias
Magistrada Presidente
Corte Suprema de Justicia
Ciudad

Re: Opinión relativa a la Ley 406 desde la óptica del Ordenamiento Territorial

Excelentísima Señora Magistrada,

Mi nombre es Carlos Antonio Solís Tejada, ciudadano panameño, con cédula de identidad personal 8-750-1606 y Arquitecto con Número de Idoneidad Profesional 2008-001-004 con una Maestría en Urbanización y Desarrollo. Mediante la presente nota me permito presentar algunos elementos contextuales a considerar sobre la ilegitimidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 desde la óptica del marco normativo del Ordenamiento Territorial en la República de Panamá dentro del proceso de demanda de inconstitucionalidad de la antecitada ley.

1. El Ordenamiento Territorial en la República de Panamá:  El Artículo 2 de la Ley 6 de 1ro de febrero de 2006 define el Ordenamiento Territorial como  “la organización del uso y la ocupación del territorio nacional y de los centros urbanos, mediante el conjunto armónico de acciones y regulaciones, en función de sus características físicas, ambientales, socioeconómicas, culturales, administrativas y político – institucionales, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible del país y de mejorar la calidad de vida de la población”.  

Dicho artículo encuentra su sentido y fundamento en la Constitución Política de la República de Panamá toda vez que su Título III, Capítulo 7mo (sobre el Régimen Ecológico), Artículo 120, establece el deber del Estado de reglamentar, fiscalizar, y aplicar oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los de los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia. Además el Título IX en su artículos 257, 258 y 259 además de indicar la propiedad del Estado sobre las riquezas del subsuelo, los bosques, las aguas fluviales, lacustres y marítimas condiciona su explotación en el bienestar social y el interés público.

Si bien la legislación ambiental cubre en gran medida esta materia, no es menos cierto que dicha legislación no puede existir de manera desarticulada con el resto de las acciones y regulaciones sobre el territorio nacional con el fin de promover el desarrollo sostenible.
Es por ello por lo que la gestión de los recursos naturales, incluyendo las concesiones mineras, deberían estar sujetas o articuladas mediante la Política Nacional de Ordenamiento Territorial vigente, la Resolución N° 468-2019 de jueves 27 de junio de 2019) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tal y como lo mandata el Capítulo IV sobre Coordinación Interinstitucional de la Ley 6 de 1ro de febrero de 2006.

Hasta el momento el Estado no ha cumplido con este mandato toda vez que hasta la fecha no se ha completado el esquema jerárquico de planes y competencias institucionales que exige el PNOT, es decir hasta el momento de escribir esta nota, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en conjunto con otras instituciones del gobierno central y los gobiernos locales no ha desarrollado completamente de modo jerárquico el Plan Nacional, los Planes Regionales, los Planes Locales y los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial que deberían servir como marco de referencia para la correcta gestión de los recursos de las distintas provincias, municipios y comunidades.

Para lograrlo el Régimen Jurídico de la Descentralización fundamentado en el Artículo 233 de la Constitución Política de la República de Panamá establece el deber de los municipios de ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, etc. y el del Órgano Ejecutivo de garantizar el cumplimiento de estos fines. Para ello la Ley 37 de 29 de junio de 2009 “que descentraliza la Administración Pública” en sus artículos II y III establece como debe darse este proceso y los planes estratégicos que deben contener los Planes de Ordenamiento Territorial.

Dentro de ese deber ser del proceso de planificación, el Título XII sobre Participación Ciudadana en el Desarrollo Local consagra el derecho que tienen las comunidades de incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y en la auditoría social, procurando de esta manera contribuir a un mejor desempeño de la gestión pública es su respectiva circunscripción (Art. 136, Ley de Descentralización).

Dada la inexistencia de los Planes Regionales, Locales y Parciales de Ordenamiento Territorial, no solo para las provincias de Coclé y Colón, sino para el resto de las provincias y comarcas del país los cuales deben incluir los mecanismos de participación ciudadana pertinentes, las concesiones mineras hasta el momento otorgadas están funcionando de forma desarticulada incumpliendo con el mandato constitucional que estas existan inspiradas en el bienestar social y el bien público y es por ello que es pertinente incardinar el Código Minero en el marco de los nuevos avances en materia de gobernanza contenidos por los regímenes jurídicos de Descentralización y Ordenamiento Territorial.

Dicho esto es importante aprovechar el momento histórico para hacer una pausa a las concesiones de recursos naturales declarando inconstitucionales toda concesión otorgada después de la vigencia de las normas antes citadas (o por lo menos la concesión dada por la Ley 406 de 20 de octubre de 2023) hasta que el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial cumpla en tiempo perentorio con su deber de completar con la Jerarquía de Ordenamiento Territorial (con sus Planes Estratégicos de Desarrollo) de manera que la República de Panamá, por fin tenga una guía con la cual llevar el desarrollo del territorio sobre el que se asientan sus comunidades derivada de la armónica colaboración entre estas, sus autoridades locales y el gobierno nacional.  

Esta debe ser una condición sine-qua-non de ahora en adelante para determinar la conveniencia o no de explotar por parte del estado (mediante empresas estatales, en sociedad o en concesión administrativa) cualquiera de sus recursos estratégicos o de interés nacional (minerales, hídricos, marítimos, geográficos, logísticos, comerciales, aéreos, etc.) siempre teniendo como bien superior el bienestar social y el bien público como manda la Constitución Política de la República de Panamá.

En caso de decidirse por la inconstitucionalidad sería importante ordenar a las instituciones competentes la administración directa de las operaciones mineras de First Quantum en Panamá con el fin de salvaguardar la correcta gestión ambiental del proyecto minero (con especial cuidado de las tinas de relave), además de asegurar los empleos de los profesionales, técnicos y mano de obra no especializada panameña que labora en la mina mediante una empresa estatal dedicada a ello, teniendo como modelo la Transición a la administración panameña del Canal de Panamá por medio de la Autoridad del Canal de Panamá y que sea esta la que mediante los mecanismos antes expuestos opere o cierre cualquier explotación mineral bajo estrictos parámetros de auditoría ambiental y social.

Sin más que agregar me despido no sin antes agradecer cualquier atención prestada a este escrito.

Saludos cordiales,

Carlos Antonio Solís Tejada

Arquitecto

El ambientalismo se ha convertido en el catalizador para la movilización juvenil en Panamá, esto es innegable y no es casualidad. Desde la década de 2000 las generaciones nacidas desde 1990 al presente han sido educadas, algunos dirían adoctrinadas o catequizadas, en los preceptos más básicos de esta ideología que pretende suplantar e incluso colonizar la religión cristiana. Estos serían, la visión del hombre como un ser más de la naturaleza en pie de igualdad con el resto de la creación en dignidad y derechos.

Por tanto la acción del hombre sobre animales, plantas, tierras, aguas y rocas es vista por sus adeptos como agresión, y su aprovechamiento económico como explotación. Para expiar sus pecados contra la Madre Naturaleza o la Madre Tierra, no pocos chicos y jóvenes adultos (en su mayoría de clase media profesional) están dispuestos a practicar una dieta vegetariana o vegana (irónicamente consumiendo productos fruto de la explotación agrícola y dando muerte a plantas).

Otros expían sus pecadillos consumistas intentando reciclar, separando su basura en múltiples fórmulas (nunca poniéndose de acuerdo en qué, cómo y a donde va todo el material) y depositándolo en botes donde piensan inocentemente que serán enviados a alguna avanzada fábrica local que aprovechará el material, cuando en realidad solo es clasificada y embalada para su exportación en rutas de materia prima que muchas veces termina en vertederos o en el mar fuera de la vista en otro país. Algunos piensan que contribuyen su parte comprando productos “ecosostenibles” o “tecnologías de energía limpia” cuyo material y combustible proviene (adivinen) de la explotación del subsuelo, muchos de los cuales son extraídos mediante la explotación de menores, la destrucción de comunidades, el ambiente, etc.

Para los más adultos, su ambientalismo tardío toma otro matiz, el del fenómeno NIMBY (Not In My Back Yard o está bien pero al lado mío no) con argumentos que van desde el clásico “Panamá es muy pequeño para la minería” o la más sofisticada y chovinista “Panamá tiene una riqueza ambiental única por sus bosques tropicales” por tanto “la actividad minera se da mejor en zonas desérticas”.

Lo paradójico de los ambientalistas (verdaderos y tardíos) es que todos hacen uso extensivo de los recursos naturales, desde lo que comen, a lo que visten, a lo que usan para transmitir su mensaje y cómo se transportan. Todos los avances en tecnologías “eco-sostenibles” han podido darse gracias a sus antecesores “no-sostenibles” sin las cuales no hubiera sido posible desarrollar y fabricar las innovaciones.

Además de las más de tres décadas de adoctrinamiento ambientalista, muchas de estas opiniones surgen por la efectiva campaña mediática de eco-activistas que han hecho uso de imágenes de la minería a cielo abierto, dando a entender a muchos de que así solamente es la minería hoy día: depredadora y devastadora de la madre tierra.

Por otra parte para asusar los sentimientos nacionalistas, el ambientalismo hace gala de argumentos particularistas, esa vieja creencia de que somos únicos e irrepetibles…cuando en realidad nada es nuevo bajo el sol y creerse único es vanidad de vanidades. Además, dichos argumentos ignoran movimientos similares en las zonas desérticas del Perú y Chile, en donde la minería irresponsable por parte de empresas foráneas también destruye su hábitat y aguas subterráneas[1].

Esto nos da a entender que no es tanto el lugar donde se de la minería, sino el cómo se da la minería, por tanto toca informarse si ya ha sido superado este reto en otros países en Norte América, Oceanía o Europa. ¿Por qué? Porque al parecer en Hispanoamérica, la debilidad institucional, el extractivismo, las economías basadas en la exportación de materias primas y la preferencia por el dejar hacer al sector privado de nuestras élites ha sido el caldo de cultivo perfecto para permitir que empresas foráneas desaten sus peores prácticas (aquellas que les ahorre más costos operativos en nuestros países) con el beneficio añadido de la impunidad institucionalizada que no permite vislumbrar la posibilidad de que existan mejores prácticas y tecnologías en dicha industria y en cualquier otra o actividad humana.

Los ambientalistas más duros piden que se prohíba la actividad completamente, pero ¿qué beneficio le rinde esto al país? ¿Estarán estos grupos ambientalistas abogando por profundizar el modelo económico basado en el conglomerado de servicios ligados al Canal de Panamá, (una obra que no hubiese sido posible hoy día gracias al ambientalismo)[2]? Algunos abogan por el Turismo, sin pensar que si es sobre explotado (para compensar la falta de ingresos), este turismo bajo esteroides puede afectar monumentos históricos, parques nacionales y el derecho a la vivienda y aumentando el costo de la vida a la población local en zonas populares para el Turismo.

 ¿Acaso las comunidades del Istmo de Panamá no tienen derecho a poder explotar de la manera más conveniente los recursos de su territorio para poder impulsar su desarrollo? ¿Acaso el estado debe por fuerza prescindir de un recurso que puede financiar otras actividades económicas que pueden reducir el desempleo, el subempleo y el 40% de informalidad en el país? ¿Acaso debemos sacrificar el Desarrollo Humano de nuestra gente, de nuestras comunidades en el altar de la Pachamama?

Existen otros caminos para salir de esta crisis sin pegarnos un tiro en el pie. El primero es dejar que la Corte Suprema de Justicia haga su trabajo, y de ser viable, declarar inconstitucional el contrato. Esto siempre fue un asunto eminentemente jurídico que nunca tuvo que haber sido politizado ni sometido al efecto Dunning-Kruger de una opinión pública y un eco-activismo evidentemente ignorantes en materia jurídica o técnica. Pero una vez tenga efecto dicha inconstitucionalidad lo más conveniente para el país es que el Estado haga efectivo su derecho sobre la mina no de manera transitoria operando la mina, sino de forma permanente nacionalizando la minería en Panamá en el marco de una Empresa Minera Nacional.

Pero no basta con solo nacionalizar la Minería, también toca repensar de forma integral todos esos regímenes de incentivos, concesiones y alquileres en los que el estado terceriza su presencia institucional supuestamente por falta de recursos y conocimiento. Pero ese no es un reto insuperable y ya en décadas recientes el estado ha demostrado de que sí puede ejecutar y gestionar grandes proyectos y empresas comenzando por la Ampliación del Canal y continuando con el Metro de Panamá. Panamá no sabía construir un canal, ni un metro y mucho menos gestionarlos pero allí están las obras completas y exitosas para beneficio de todos. ¿Por qué habría de ser diferente con una Empresa Minera Nacional? Ok, existe también el IDAAN o la Autoridad de Aseo, pero su debilidad institucional se debe sobre todo al hecho de que son parte de la burocracia estatal y por tanto presa de los vaivenes políticos y de recurso humano asociados en lugar de ser empresas como la ACP o ETESA. Ni siquiera ese hecho es excusa pues existe el ejemplo de la eficientísima Autoridad de Pasaportes de Panamá, lo que al final nos dice que todo radica en el liderazgo y la cultura institucional más que en el hecho de ser público o privado un servicio.

La coyuntura se ofrece generosa para repensar el estatus quo, un estatus quo que solo beneficia a la Ciudad de Panamá y sus élites mediante enclaves económicos como el Canal de Panamá, la Zona Libre (y demás Zonas Económicas Especiales), los puertos, las concesiones mineras o las hidroeléctricas y pasar a un enfoque integrador, complementario y generador de nuevas actividades económicas para beneficio primero de los panameños y su desarrollo y no de empresas extranjeras y multinacionales que vienen, hacen y se van con todo y sus conocimientos además de nuestros recursos. ¡Ahora es cuando!

[1] Sobre este punto resulta un tanto iluminador el controvertido video de despedida antes de partir a un concierto en Argentina publicado el 1ero de noviembre de 2023 por Camila Aybar, activista de Sal de las Redes y cofundadora de CreaLabs, donde explica de manera explícita como han sido educados los panameños (de su generación) sobre la importancia de Panamá para el medio ambiente mundial, un argumento no exento de chovinismo y particularismo que arropa con la bandera la causa ambientalista. Un ejemplo claro de esto ha sido el BioMuseo, un sitio que más que museo o centro de investigaciones en Ciencias Naturales es un centro de exhibiciones y adoctrinamiento ambientalista.

[2] Vale la pena señalar que en 2008 cuando se estaba dando la campaña del Referéndum sobre la Ampliación del Canal esos mismos grupos ambientalistas, indígenas y de campesinos se opusieron al proyecto por los embalses en Coclé del Norte aprovechando la cuenca del Río Indio, pero hoy día utiliza dicha posibilidad que serviría para paliar la falta de agua para las operaciones del Canal de Panamá.

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Es evidente que en Panamá estamos frente a una crisis que copió y pegó el espíritu y guión de aquellas ocurridas en Chile, Colombia y Ecuador. Todas estas se caracterizaron por 1. Surgir “espontáneamente” de algún reclamo popular ante un aumento que afectaba la economía de los sectores populares y las clases medias, impuestos, pasajes, precios del combustible y de la canasta básica luego acumulan otras causas y 2. No tener un liderazgo único sobre las mismas. Luego 3. Se pasa con una especie de mesa negociadora en donde se potencian políticamente las figuras o movimientos que encabezaron los disturbios y cierres de vías. Lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia y seguramente lo veremos en Panamá.

Por tanto, si el gobierno piensa que la crisis es estrictamente de naturaleza económica y se va a acabar con unos acuerdos económicos en petit-comité pues se equivoca, lo que se está peleando en las calles es el poder político, el cambio de sistema político, económico y social. La diferencia de Panamá con el resto de la región es, al parecer, que, en el caso nuestro ni las elites económicas, ni los sectores productivos y profesionales se han plegado enteramente a las demandas políticas de sindicalistas, grupos indígenas y gremios magisteriales.

Los tres grupos parecen dispuestos a confrontarse y medir fuerzas, lo cual nos trae al argumento inicial, este es un problema político que solo tiene una salida política pero no a través de mesas donde el que más grita y patalea es el que es invitado. Lo mejor sería que dicha salida política se diera pacífica y legítimamente mediante el proceso electoral; pero no el proceso amañado y mediatizado que se ha ido desarrollando y perfeccionando en los últimos 32 años.

El sistema político panameño necesita una válvula de escape que ventile toda la frustración acumulada y dirimamos nuestras diferencias mediante el debate político abierto y descarnado sin exclusiones, ni censuras. El proceso electoral tal y como está contemplado en el Código Electoral hace de la partidocracia el mediador y modelo idóneos para los movimientos independientes cuando la misma partidocracia y su rol como mediador de la representatividad popular está siendo fuertemente cuestionada. Bajo las reglas actuales y sus barreras de acceso, cualquier nuevo actor político para poder ganar debe contar con un fuerte apoyo económico, el cual termina siendo proporcionado por una elite económica también fuertemente cuestionada. Con la entrada de Ricardo Martinelli y Zulay Rodríguez como precandidatos a Presidente de la República por la Libre Postulación se ha borrado de un tajo la línea que dividía a la partidocracia de los independientes. ¿Siendo así no sería mejor eliminar a los partidos como mediadores y que se cumpla aquel precepto constitucional en el cual todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos?

Más aún si consideramos que las reglas para inscribir partidos vemos que estas no se basan en la legitimidad de las urnas sino de una supuesta legitimidad popular manifestada en el número de apoyos e inscripciones. Si los casos del Partido Popular o del Frente Amplio por la Democracia sirven de prueba, el primero a pesar de tener menos inscritos que cualquier partido inscrito o por inscribir ha logrado subsistir gracias a su relativo éxito en las urnas y el FAD que a pesar de doblar el número de inscritos del PP no logra siquiera que sus miembros le voten. En el caso de los candidatos de libre postulación, el intento de igualar sus condiciones a las de los partidos políticos lo que termina es creando es una suerte de proto-partidos cooptados desde su nacimiento por sus financiadores (provenientes de aquella elite cuestionada) los cuales son necesarios por los costos que superan a los de los partidos en cuanto a activistas, asesores, etc. Todo lo cual nos deja en lo mismo de siempre ya que dichos financiadores cobrarán mediante el sempiterno reparto de oligopolios, contratos, alquileres, concesiones, leyes especiales, zonas económicas especiales, incentivos fiscales…y con la débil fiscalidad local y nacional, acrecentando más las desigualdades sociales al no poder ofrecer mejores servicios de salud y de educación, ni poder mejorar las calidad de vida en las ciudades y pueblos del país, además de no reducir las barreras al emprendimiento. Aunado a todo eso, la otra deuda política, la de los activistas, termina también saldándose en planillas y salarios abultados con personas nombradas para hacer nada.

Si bien las elecciones de 2024 pueden parecer muy lejanas, existe una forma de acercar el debate político e ir perfilando mejor las decisiones que tenemos que tomar y esta va por una completa liberalización del Código Electoral como demanda principal, en especial de las clases obreras, profesionales y de pequeños y medianos empresarios. Estas reformas deben incluir: 1. La eliminación del requisito de un número de apoyos a candidaturas o de primarias y por ende permitir a quien así lo quiera competir por cualquier puesto de elección popular con o sin partido. 2. La eliminación de los requisitos económicos que impidan la participación. 3. Libre acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos. 4. La introducción de una Primera Vuelta a todos los cargos en 2023 que filtre el número de candidatos a los dos más votados para 2024. 5. La división de los circuitos plurinominales en uninominales de tal manera que cada diputado represente el cociente del padrón electoral por curul. Una vez pasada la primera vuelta se debe permitir a los candidatos perdedores entrar en alianzas programáticas con los vencedores con el fin de que si estos no cumplen puedan entonces demandar una revocatoria de mandato popular en todos los cargos de elección popular.  

Con esto tendremos las condiciones propicias para debatir en un año el modelo político y económico del país y en base a ello ir a la primera vuelta para después pasar a una segunda en 2024 en base a nuevos consensos políticos que nos pueda conducir paulatinamente a un nuevo pacto social en forma de una Reforma Constitucional diseñada por poderes legitimados por un proceso abierto y transparente.

El autor es arquitecto y urbanista