La Ciudad Espléndida

Cada vez que se instala una mesa de salario mínimo en Panamá, presenciamos una coreografía predecible y desgastante. La discusión se politiza rápidamente y se atrinchera en dos narrativas opuestas que parecen irreconciliables. Por un lado, los sindicatos acusan al sector privado de insensibilidad ante el costo de la vida y de una negativa sistemática a distribuir la riqueza. Por el otro, el gremio empresarial argumenta que la productividad está estancada y que el trabajador panameño promedio no cuenta con las competencias, el dominio del inglés o las habilidades técnicas necesarias para justificar salarios más altos en una economía de servicios moderna.

El Estado, sentado en la cabecera, suele actuar como un árbitro tímido de este pugilato, validando una cifra que rara vez satisface a alguien. Sin embargo, desde la perspectiva del ordenamiento territorial y la economía urbana, este fuego cruzado es una distracción peligrosa. Aunque ambos bandos presenten argumentos válidos sobre productividad y distribución, están ignorando al verdadero “depredador” del ingreso familiar y de la competitividad empresarial en Panamá: la ineficiencia sistémica de la ciudad que habitamos.

Si analizamos con rigor la estructura de costos del Área Metropolitana, veremos que la brecha entre el salario y una vida digna no se resolverá únicamente con capacitación técnica ni con decretos de aumento salarial. El problema de fondo radica en las “tarifas sombra”, es decir, en los costos ocultos que pagamos por vivir en una ciudad donde el Estado ha renunciado a su rol de planificador, regulador y garante del orden.

La doble tributación de facto

El primer gran agujero en el bolsillo del panameño es la sustitución del Estado. Empresas y trabajadores pagan impuestos que, en teoría, deberían financiar el contrato social. Sin embargo, ante el colapso de la gestión pública, la clase media y trabajadora se ve obligada a pagar nuevamente en el mercado privado para obtener servicios básicos de supervivencia.

Hablamos de la educación, donde las familias se endeudan en colegios privados ante el deterioro de la escuela pública; de la salud, donde el seguro privado o la consulta pagada se convierten en la única alternativa frente a las listas de espera de la Caja de Seguro Social; y de la seguridad, que obliga a costear garitas y guardias privados. Esta “doble tributación” reduce drásticamente el ingreso disponible real. Cuando un trabajador se sienta a negociar su salario, no está pidiendo dinero para lujos, sino para compensar la ineficiencia del Estado. Mientras no resolvamos la calidad de lo público, la presión sobre el salario nominal será infinita e insostenible.

La vivienda y la crisis de confianza

Este ingreso mermado conduce al segundo costo oculto: el acceso a la vivienda y la convivencia urbana. Aquí es vital comprender la resistencia vecinal, a menudo etiquetada de forma injusta como obstruccionista o NIMBY (Not In My Backyard).

Los ciudadanos que se oponen a la densificación y a los cambios de zonificación en sus barrios no son enemigos del progreso; son víctimas de una profunda crisis de confianza. Su escepticismo es racional: si el Estado hoy no es capaz de hacer cumplir normas básicas —controlar el ruido nocturno en zonas residenciales, sancionar la mala disposición de la basura, recuperar aceras ocupadas por autos o poner orden en el caos vial frente a las escuelas—, ¿con qué garantías promete gestionar una mayor densidad?

Ante una autoridad ausente, el vecino opta por bloquear el desarrollo para proteger su calidad de vida. Esto congela la oferta de vivienda céntrica. A su vez, el sector inmobiliario enfrenta una estructura de incentivos distorsionada. Si la oferta se concentra en segmentos de alto valor, no siempre responde a una exclusión deliberada, sino a una lógica de supervivencia financiera. Frente a normativas rígidas, trámites burocráticos interminables y la hostilidad comprensible de comunidades cansadas del desorden, la inversión privada se refugia en nichos de lujo, donde el margen de ganancia permite absorber el riesgo y el tiempo.

La falta de vivienda accesible en el centro no es solo un fallo de mercado; es la consecuencia directa de no contar con reglas claras que permitan construir ciudad de manera predecible.

La trampa espacial y la productividad

Al no poder costear vivienda céntrica —debido a los costos privados de educación y salud que erosionan el salario y a la escasez de oferta media—, el trabajador es expulsado a la periferia: Panamá Oeste, Panamá Este o el Norte. Aquí emerge el tercer componente devastador: la movilidad.

Una ciudad dispersa impone un impuesto brutal en tiempo y dinero. Mientras los gremios debaten si el trabajador es productivo en su puesto, se ignora que ese mismo trabajador llega a su oficina tras dos o tres horas de desgaste en un transporte público deficiente o en un tráfico paralizante. Llega agotado física y mentalmente por la fricción urbana. La baja productividad nacional no es solo un problema de capacitación; es hija del tranque.

Un empleado que pierde cuatro horas diarias en traslados dispone de menos tiempo para capacitarse, descansar y convivir con su familia. Esa erosión del capital humano representa un costo directo para la empresa, aunque no figure en ningún balance contable.

Hacia un pacto de certeza

El gobierno suele permitir que empleadores y trabajadores se culpen mutuamente o centra el debate mediático en el precio del arroz o de los medicamentos, que no son más que síntomas. Es momento de elevar la mirada.

La solución pasa por un nuevo pacto social, un verdadero pacto de certeza. Se requiere un Estado que garantice infraestructura y convivencia —orden y respeto a la ley— antes de exigir densificación. Se necesita un entorno urbano que reduzca el costo de vida por eficiencia sistémica, no por decreto.

Si lográramos una ciudad con escuelas públicas de calidad, transporte masivo eficiente y espacios públicos seguros, el salario actual rendiría mucho más. La presión sobre las empresas disminuiría y la calidad de vida mejoraría.

Mientras sigamos discutiendo si el problema es la avaricia empresarial o la incompetencia laboral, continuaremos ignorando que el verdadero obstáculo es el costo de una ciudad que no funciona. Un Panamá más justo pasa, inevitablemente, por un Panamá ordenado.

Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 17 de diciembre de 2025.

Los que me conocen saben que, por años, he sido un defensor acérrimo del respeto a la integralidad de la zonificación en los barrios de la ciudad. Este concepto está debidamente consagrado en el artículo 26 de la Ley 6 de 2006, numeral 1, que reza así: “…Para los cambios o modificaciones, se tomarán en consideración los siguientes parámetros: 1. Que todo cambio de zonificación o uso de suelo deberá ser integral o formar parte de algún plan especial o parcial, y deberá ser concordante con lo establecido en el plan local”.

Hasta allí todo claro… a veces. Si algún día se revisaran las actas históricas de la Junta de Planificación Municipal, se podrían observar, en diversos periodos desde 2006 a la fecha, casos curiosos con interpretaciones “creativas” de dicho artículo. Estas interpretaciones buscan, en su mayoría, ofrecer soluciones que terminan flexibilizando la aplicación de la ley por distintas razones; unas razonables y legítimas, otras no tanto.

Si bien la falta de una aplicación estricta de las normas urbanísticas es una clara violación del estado de derecho, no es menos cierto aquello de que “la ley está hecha para servir al hombre, y no el hombre para servir a la ley”. Por tanto, el principio rector, tanto en la redacción como en la aplicación de las normas urbanas, debería ser la justicia. Aquí es donde ingresamos al terreno de lo subjetivo si no se tiene una noción clara de la justicia como virtud cardinal.

De hecho, como todo instrumento humano, la zonificación puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Puede servir para segregar indirectamente a personas de menores ingresos, para especular o para restringir la producción de vivienda. Esto no niega que existan justificaciones nobles para su uso, como el control de molestias (olores, ruidos, tráfico), la búsqueda de armonía estética o algo tan básico como garantizar que los servicios públicos abastezcan a la población existente y a la proyectada a 5 o 10 años.

Sin embargo, es crucial considerar siempre los efectos colaterales de una política pública, especialmente hacia los más vulnerables. No son pocas las ocasiones en que vemos errores garrafales de análisis reflejados en normativas que hieren el sentido común y la justicia más elemental, a menudo cometidos por técnicos poco familiarizados con el territorio. Es por ello que los procesos de revisión periódica y dinámica se hacen necesarios.

Hace poco trajeron a mi atención una convocatoria de consulta ciudadana por parte de la Junta Comunal de Parque Lefevre, referente a un lote de 800 m². La propuesta busca bajar su intensidad de uso y densidad, pasando de un código de zonificación 1ZM5 a 1ZM3, al parecer con el fin de dividir el lote, posiblemente en dos, lo cual, si fuese en partes iguales, no cumpliría con el área mínima requerida de 600 m². Esto dificultaría el desarrollo de edificios residenciales de baja y mediana altura y densidad, algo que quizás sí esté solicitando el mercado en lugar de los grandes proyectos en altura.

De ser esto así, es probable que toda esa zona de la avenida Ernesto T. Lefevre haya sido mal zonificada, sin considerar que el mercado podría requerir mayor flexibilidad en la regulación predial para brindar una variedad de productos inmobiliarios residenciales o de usos mixtos, mejorando así la disponibilidad y bajando los precios de la vivienda. El problema radica en la solución propuesta: en lugar de utilizar la ley para revisar el planteamiento de 2021 de forma integral, incorporando criterios de economía urbana para toda la zona,la Junta de Planificación Municipal opta por actuar al margen de la integralidad exigida, ajustando puntualmente un solo lote.

Se hace necesario, antes de embarcarnos en cualquier revisión —para este o cualquier otro caso—, tener los elementos básicos documentados y analizados. Solo así se podrán tomar decisiones correctas tanto desde la administración municipal como desde las comunidades. La investigación urbana, incluyendo la inmobiliaria, es un paso ineludible; de lo contrario, continuaremos simplemente “pintando mapas”, como decía un colega del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y lanzando proyectos inmobiliarios basados en intuiciones sin contar con los elementos esenciales de análisis para los tomadores de decisiones.

De no hacer las revisiones periódicas, pertinentes y necesarias, convertiremos las normas de uso de suelo de una herramienta útil en una camisa de fuerza que tarde o temprano requerirá ser removida. La ciudad no puede esperar más.

Este artículo fue publicado originalmente por el Diario La Prensa de 3 de diciembre de 2025.