La Ciudad Espléndida

Ahora que se discuten las reformas al Código Electoral, es menester recordar que en Panamá la política no fracasa por falta de buenas intenciones. Fracasa porque el sistema está diseñado para neutralizarlas, encauzarlas o —en el mejor de los casos— volverlas funcionales. Quien no entiende esta premisa antes de cruzar el umbral del servicio público termina, tarde o temprano, reproduciendo aquello que prometió combatir.

La arquitectura del poder actual no es un accidente; es un diseño. Desde la entrada en vigor del Código Electoral de 1997 —y sus posteriores reformas—, la política panameña dejó de ser un espacio relativamente abierto para convertirse en un mercado de acceso restringido. No fue una reforma técnica ni administrativa: fue un rediseño estructural que elevó las barreras de entrada, homogeneizó el discurso aceptable y premió la logística territorial por encima de la doctrina, la formación o la densidad ideológica.

El arquetipo institucional

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) no solo se adaptó a estas reglas: en buena medida las inspiró. El Código no obligó al PRD a transformarse; más bien institucionalizó un modelo que ya había probado ser eficaz. Es así como la cobertura nacional, los umbrales de inscripción elevados, la estructura permanente, el control territorial y la resistencia financiera se convirtieron en requisitos de supervivencia.

Ese diseño dictó una sentencia lenta pero firme contra los partidos de ideas. El caso del Partido Demócrata Cristiano —hoy Partido Popular— es el ejemplo más nítido: una organización de cuadros asfixiada por un modelo que privilegia el liderazgo logístico sobre el liderazgo intelectual. El diseño institucional transformó la participación política en una afición de lujo: al elevar los costos de permanencia, el sistema garantiza que solo los actores con financiamiento sostenido lleguen a la papeleta, dejando las ideas en un segundo plano frente a la capacidad de pago.

La lección previa al Código: Papa Egoró

Esta lógica no nace en 1997. Panamá ya había vivido, en la década de 1990, un antecedente incómodo con el Partido Papa Egoró: un movimiento orgánico y disruptivo que logró irrumpir sin pedir permiso al sistema. No fue derrotado de inmediato; fue agotado —y abandonado por su líder—. La necesidad de financiar su permanencia terminó empujándolo a la irrelevancia. El Código de 1997 no surge en el vacío: perfecciona esa lección y cierra las grietas que experiencias como Papa Egoró habían expuesto.

La ilusión de la renovación independiente

Este marco es indispensable para analizar, sin romanticismos, la figura de la libre postulación. Aunque se presenten como ruptura, muchas de estas irrupciones han dependido de las mismas palancas de siempre: alto financiamiento y acceso privilegiado a los grandes medios.

Más que una derrota del sistema, esto parece su actualización. El diseño de 1997 demuestra su capacidad para absorber la disidencia, permitiendo caras nuevas que utilizan herramientas antiguas. Se produce así una renovación estética que funciona como válvula de escape al descontento social sin alterar los incentivos centrales. Ganar una elección mediante los mecanismos tradicionales de las élites no equivale a derrotar el modelo; equivale a aceptar el contrato para administrarlo como una oposición controlada.

El debate superficial: aritmética vs. estructura

En el contexto actual, mientras se discuten nuevas reformas al Código Electoral, la miopía del relevo político resulta evidente. La bancada de Vamos y otros sectores emergentes han concentrado su capital político y su capacidad de movilización en la aritmética legislativa —el sistema de asignación de curules—, ignorando los nodos reales donde se reproduce la exclusión. Pelear por el residuo o el cociente es discutir la decoración de la casa mientras los cimientos están podridos.

La verdadera falta de pluralidad y participación ciudadana no nace en el método de elección, sino en las barreras de entrada, en el financiamiento que actúa como filtro de clase y en las reglas de permanencia que asfixian a quien no tiene un padrino económico. Al enfocarse solo en la mecánica parlamentaria, el nuevo liderazgo independiente demuestra una alarmante falta de profundidad para atacar el origen del problema, validando —quizás por omisión— el mercado político que juraron transformar.

El ancla del poder local

El corazón del modelo no está en la Asamblea, sino en las juntas comunales y los concejos municipales. Allí se construye la lealtad diaria y se garantiza la reproducción del modelo incluso tras derrotas electorales. El sistema no disciplina de inmediato; disciplina con el tiempo, cuando la supervivencia exige negociación permanente sobre recursos locales.

La advertencia final

La política panameña no se transforma desde la intención ni desde una victoria aislada. Todo actor nuevo enfrenta una bifurcación inevitable: o construye una alternativa estructural, fuera de los círculos tradicionales de financiamiento, o termina adaptándose para sobrevivir. Esa adaptación suele llamarse “pragmatismo”, pero casi siempre es asimilación.

Panamá no necesita más actores que prometan “no ser como el PRD” mientras operan con los mismos recursos y debaten con la misma superficialidad técnica. Necesita actores dispuestos a romper las reglas del mercado político, incluso si eso implica renunciar a la comodidad del acceso inmediato. La historia es clara: el sistema no se toma; se hereda o se reproduce. Quien no entienda eso antes de entrar no cambiará la política panameña. La política, inexorablemente, lo cambiará a él.

El autor es arquitecto, urbanista y excandidato a representante de corregimiento.

Este artículo fue originalmente publicado en el Diario La Prensa de 10 de febrero de 2026.

Durante demasiado tiempo, Panamá y Costa Rica, los dos países con mayor desarrollo humano de América Central, han vivido cómodos dentro de sus propios relatos fundacionales. Costa Rica se proyecta como la Suiza centroamericana, un Estado social sólido dentro de una región volátil; Panamá, en cambio, se promueve como el hub global del istmo, sede de una plataforma logística y financiera excepcional. Ambas narrativas han sido útiles para construir cohesión interna, pero comparten una limitación estructural en la geopolítica del siglo XXI: la escala.

En un mundo que se reorganiza en bloques económicos, cadenas de suministro regionalizadas y mercados ampliados, la excepcionalidad de estos dos países colindantes, con poco más de cinco millones de habitantes cada uno, encuentra rápidamente sus límites. La pregunta que rara vez se formula con franqueza no es cuál modelo nacional resulta más exitoso, sino si es viable que ambos sigan operando como economías separadas que, aun sin proponérselo, compiten por la misma inversión, el mismo talento y oportunidades similares.

La integración profunda entre Panamá y Costa Rica debe entenderse no como un gesto ideológico ni una consigna regionalista, ni como una reacción intuitiva basada en sus niveles de desarrollo similares, sino como una respuesta racional para superar las restricciones que impone la relativa pequeñez de ambas naciones en un sistema internacional que penaliza la fragmentación.

Dos economías, dos especializaciones complementarias

Un análisis desapasionado de las capacidades productivas de ambos países revela una complementariedad evidente. Costa Rica ha construido, con consistencia, una economía orientada a la manufactura avanzada y a la complejidad exportadora. Su régimen de zonas francas, su capital humano y su ecosistema institucional han permitido atraer industrias de alto valor agregado, especialmente en dispositivos médicos y tecnologías de precisión.

Panamá, por su parte, ha desarrollado una especialización distinta pero igualmente estratégica. Su fortaleza no reside en la manufactura, sino en la articulación de flujos: logística, conectividad aérea, servicios financieros, telecomunicaciones y plataformas corporativas. Panamá opera como un acelerador regional, un punto de convergencia donde capital, datos y mercancías reducen costos de tiempo y ganan escala.

Separadas, ambas economías enfrentan límites claros. Integradas, conforman una cadena de valor regional más completa y competitiva.

Integración más allá de los aranceles

La discusión contemporánea sobre integración ya no se centra en los aranceles. El verdadero desafío está en la arquitectura institucional. La infraestructura sin armonización normativa produce fricción; los tratados sin interoperabilidad regulatoria generan frustración.

La oportunidad para Panamá y Costa Rica consiste en construir un espacio económico funcionalmente integrado donde producción, logística, gestión corporativa y talento puedan articularse sin obstáculos innecesarios. No se trata de borrar fronteras políticas, sino de reducir fricciones operativas: homologar procesos, coordinar regímenes especiales, facilitar la movilidad del capital humano y permitir que los ecosistemas productivos dialoguen entre sí.

Un entorno así permitiría que, desde una plataforma jurídica e infraestructural coherente, una empresa investigue en un parque tecnológico, fabrique en una zona franca, consolide su logística en una terminal marítima o aérea y gestione su operación regional indistintamente en cualquiera de los dos países.

El eje fronterizo como punto de anclaje

La dimensión territorial de esta integración tiene su eje natural en el occidente panameño y el sur costarricense. El desarrollo portuario, la modernización fronteriza y una eventual conexión ferroviaria no deben concebirse como proyectos aislados, sino como infraestructura habilitante de una economía transfronteriza.

La conectividad física y digital, bien coordinadas, permitiría transformar una frontera históricamente conflictiva en un espacio de convergencia productiva, reduciendo costos y ampliando oportunidades a ambos lados.

La resistencia silenciosa

Si la lógica económica es tan clara, ¿por qué el avance ha sido tan limitado? La respuesta es incómoda, pero necesaria: la integración altera equilibrios internos.

Las barreras no arancelarias, los conflictos sanitarios recurrentes y las disputas comerciales episódicas no responden únicamente a criterios técnicos. En muchos casos, reflejan la defensa de intereses sectoriales y de espacios de discrecionalidad política. Un mercado ampliado, regulado por normas más impersonales y coordinadas, reduce márgenes de control y expone ineficiencias que hoy permanecen protegidas.

Esta resistencia no es exclusiva de un país ni del otro; es un fenómeno compartido.

La escala como condición de relevancia

Panamá y Costa Rica enfrentan una disyuntiva estructural: persistir como dos economías funcionales pero limitadas en el tablero hispanoamericano, o avanzar deliberadamente hacia una integración que les permita ganar escala, previsibilidad y capacidad de negociación.

La geografía ya los hizo vecinos. En el siglo XXI, la relevancia no la otorga la excepcionalidad aislada, sino la cooperación institucional sostenida.

El autor es arquitecto y urbanista.

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 28 de enero de 2026

En la periferia del área metropolitana de la ciudad de Panamá, donde el urbanismo ha sido históricamente un accidente y no una disciplina, Panamá Oeste se ha convertido en un laboratorio político inesperado. Las recientes acciones de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba —demoliciones expeditas y cierres de comercios bajo la bandera de la recuperación del espacio público— han desatado una ovación ciudadana que la élite capitalina no debería subestimar, ni tampoco aceptar sin preguntas.

Para entender ese aplauso hay que entender la frustración. Arraiján y La Chorrera son hoy el gran dormitorio de la masa crítica laboral del país. Allí viven profesionales y técnicos que se levantan de madrugada para enfrentar un mercado laboral poco meritocrático y una ciudad que les cobra costos invisibles todos los días. No es solo la inflación lo que erosiona sus ingresos: son las horas perdidas en el transporte, la precariedad de los servicios y el desgaste físico y emocional de una periferia mal planificada lo que se come cualquier aumento salarial.

Para esta clase media periférica, que vive bajo reglas rígidas por miedo a perder lo poco que ha logrado, el desorden urbano y el “juega vivo” ajeno no son simples molestias. Son agravios personales. Durante años han sentido que el país funciona bajo un sistema de castas, donde algunos operan con impunidad mientras otros cumplen sin excepción. Por eso, cuando una autoridad manda maquinaria a derribar cercas, abrir servidumbres públicas o cerrar negocios irregulares, lo que se celebra no es la dureza, sino la igualdad ante la ley. El mensaje es claro: el pacto de invisibilidad a cambio de privilegios se ha roto.

Pero para calibrar bien el fenómeno, hay que mirar también la debilidad institucional que lo precede. El municipio panameño ha sido históricamente una entidad frágil. A la asfixia presupuestaria se suma una tradición de clientelismo que ha desplazado la competencia profesional. Al llenarse las planillas con cuotas políticas en lugar de urbanistas o juristas idóneos, la administración local carece del músculo técnico necesario para sostener procesos complejos.

Si a eso se le añade un sistema legal hipergarantista, donde cualquier sanción puede diluirse en una cadena interminable de apelaciones, el resultado es la parálisis. En ese contexto, el estilo de Peñalba resalta por contraste: frente a la imposibilidad de desatar el nudo burocrático, ha optado por cortarlo.

Ahí surge el dilema de fondo. Existe una línea delgada entre eficacia y arbitrariedad. La sed de orden es tan profunda que la sociedad está dispuesta a tolerar discrecionalidad con tal de ver resultados. El riesgo es confundir limpieza con institucionalidad y cambiar el caos por decisiones que dependen demasiado del temperamento del funcionario de turno.

El contraste con otros municipios del área metropolitana es revelador. Mientras algunas alcaldías privilegian la gestión de bajo conflicto y alto impacto visual, y otras apuestan por reformas institucionales más lentas pero estructurales, Arraiján ha optado por un reformismo de choque. Más que una anomalía, es un síntoma.

Lo que ocurre en el Oeste no es un episodio aislado. Es una advertencia. El modelo de “dejar hacer” ha agotado su legitimidad en los territorios que sostienen al país. El desafío no es escoger entre un Estado que no actúa y uno que actúa sin reglas. El verdadero reto es construir un orden administrativo donde la ley se aplique de forma pareja, previsible y sin necesidad de aplauso.

Arraiján nos está diciendo algo que la política panameña no puede ignorar: el debate ya no gira en torno a quién promete más, sino a quién es capaz de hacer cumplir las reglas sin privilegios, sin miedo y sin excepciones.

El autor es arquitecto y urbanista.

Este artículo fue originalmente publicado en el Diario La Prensa de 8 de enero de 2026

Cada vez que se instala una mesa de salario mínimo en Panamá, presenciamos una coreografía predecible y desgastante. La discusión se politiza rápidamente y se atrinchera en dos narrativas opuestas que parecen irreconciliables. Por un lado, los sindicatos acusan al sector privado de insensibilidad ante el costo de la vida y de una negativa sistemática a distribuir la riqueza. Por el otro, el gremio empresarial argumenta que la productividad está estancada y que el trabajador panameño promedio no cuenta con las competencias, el dominio del inglés o las habilidades técnicas necesarias para justificar salarios más altos en una economía de servicios moderna.

El Estado, sentado en la cabecera, suele actuar como un árbitro tímido de este pugilato, validando una cifra que rara vez satisface a alguien. Sin embargo, desde la perspectiva del ordenamiento territorial y la economía urbana, este fuego cruzado es una distracción peligrosa. Aunque ambos bandos presenten argumentos válidos sobre productividad y distribución, están ignorando al verdadero “depredador” del ingreso familiar y de la competitividad empresarial en Panamá: la ineficiencia sistémica de la ciudad que habitamos.

Si analizamos con rigor la estructura de costos del Área Metropolitana, veremos que la brecha entre el salario y una vida digna no se resolverá únicamente con capacitación técnica ni con decretos de aumento salarial. El problema de fondo radica en las “tarifas sombra”, es decir, en los costos ocultos que pagamos por vivir en una ciudad donde el Estado ha renunciado a su rol de planificador, regulador y garante del orden.

La doble tributación de facto

El primer gran agujero en el bolsillo del panameño es la sustitución del Estado. Empresas y trabajadores pagan impuestos que, en teoría, deberían financiar el contrato social. Sin embargo, ante el colapso de la gestión pública, la clase media y trabajadora se ve obligada a pagar nuevamente en el mercado privado para obtener servicios básicos de supervivencia.

Hablamos de la educación, donde las familias se endeudan en colegios privados ante el deterioro de la escuela pública; de la salud, donde el seguro privado o la consulta pagada se convierten en la única alternativa frente a las listas de espera de la Caja de Seguro Social; y de la seguridad, que obliga a costear garitas y guardias privados. Esta “doble tributación” reduce drásticamente el ingreso disponible real. Cuando un trabajador se sienta a negociar su salario, no está pidiendo dinero para lujos, sino para compensar la ineficiencia del Estado. Mientras no resolvamos la calidad de lo público, la presión sobre el salario nominal será infinita e insostenible.

La vivienda y la crisis de confianza

Este ingreso mermado conduce al segundo costo oculto: el acceso a la vivienda y la convivencia urbana. Aquí es vital comprender la resistencia vecinal, a menudo etiquetada de forma injusta como obstruccionista o NIMBY (Not In My Backyard).

Los ciudadanos que se oponen a la densificación y a los cambios de zonificación en sus barrios no son enemigos del progreso; son víctimas de una profunda crisis de confianza. Su escepticismo es racional: si el Estado hoy no es capaz de hacer cumplir normas básicas —controlar el ruido nocturno en zonas residenciales, sancionar la mala disposición de la basura, recuperar aceras ocupadas por autos o poner orden en el caos vial frente a las escuelas—, ¿con qué garantías promete gestionar una mayor densidad?

Ante una autoridad ausente, el vecino opta por bloquear el desarrollo para proteger su calidad de vida. Esto congela la oferta de vivienda céntrica. A su vez, el sector inmobiliario enfrenta una estructura de incentivos distorsionada. Si la oferta se concentra en segmentos de alto valor, no siempre responde a una exclusión deliberada, sino a una lógica de supervivencia financiera. Frente a normativas rígidas, trámites burocráticos interminables y la hostilidad comprensible de comunidades cansadas del desorden, la inversión privada se refugia en nichos de lujo, donde el margen de ganancia permite absorber el riesgo y el tiempo.

La falta de vivienda accesible en el centro no es solo un fallo de mercado; es la consecuencia directa de no contar con reglas claras que permitan construir ciudad de manera predecible.

La trampa espacial y la productividad

Al no poder costear vivienda céntrica —debido a los costos privados de educación y salud que erosionan el salario y a la escasez de oferta media—, el trabajador es expulsado a la periferia: Panamá Oeste, Panamá Este o el Norte. Aquí emerge el tercer componente devastador: la movilidad.

Una ciudad dispersa impone un impuesto brutal en tiempo y dinero. Mientras los gremios debaten si el trabajador es productivo en su puesto, se ignora que ese mismo trabajador llega a su oficina tras dos o tres horas de desgaste en un transporte público deficiente o en un tráfico paralizante. Llega agotado física y mentalmente por la fricción urbana. La baja productividad nacional no es solo un problema de capacitación; es hija del tranque.

Un empleado que pierde cuatro horas diarias en traslados dispone de menos tiempo para capacitarse, descansar y convivir con su familia. Esa erosión del capital humano representa un costo directo para la empresa, aunque no figure en ningún balance contable.

Hacia un pacto de certeza

El gobierno suele permitir que empleadores y trabajadores se culpen mutuamente o centra el debate mediático en el precio del arroz o de los medicamentos, que no son más que síntomas. Es momento de elevar la mirada.

La solución pasa por un nuevo pacto social, un verdadero pacto de certeza. Se requiere un Estado que garantice infraestructura y convivencia —orden y respeto a la ley— antes de exigir densificación. Se necesita un entorno urbano que reduzca el costo de vida por eficiencia sistémica, no por decreto.

Si lográramos una ciudad con escuelas públicas de calidad, transporte masivo eficiente y espacios públicos seguros, el salario actual rendiría mucho más. La presión sobre las empresas disminuiría y la calidad de vida mejoraría.

Mientras sigamos discutiendo si el problema es la avaricia empresarial o la incompetencia laboral, continuaremos ignorando que el verdadero obstáculo es el costo de una ciudad que no funciona. Un Panamá más justo pasa, inevitablemente, por un Panamá ordenado.

Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 17 de diciembre de 2025.

Los que me conocen saben que, por años, he sido un defensor acérrimo del respeto a la integralidad de la zonificación en los barrios de la ciudad. Este concepto está debidamente consagrado en el artículo 26 de la Ley 6 de 2006, numeral 1, que reza así: “…Para los cambios o modificaciones, se tomarán en consideración los siguientes parámetros: 1. Que todo cambio de zonificación o uso de suelo deberá ser integral o formar parte de algún plan especial o parcial, y deberá ser concordante con lo establecido en el plan local”.

Hasta allí todo claro… a veces. Si algún día se revisaran las actas históricas de la Junta de Planificación Municipal, se podrían observar, en diversos periodos desde 2006 a la fecha, casos curiosos con interpretaciones “creativas” de dicho artículo. Estas interpretaciones buscan, en su mayoría, ofrecer soluciones que terminan flexibilizando la aplicación de la ley por distintas razones; unas razonables y legítimas, otras no tanto.

Si bien la falta de una aplicación estricta de las normas urbanísticas es una clara violación del estado de derecho, no es menos cierto aquello de que “la ley está hecha para servir al hombre, y no el hombre para servir a la ley”. Por tanto, el principio rector, tanto en la redacción como en la aplicación de las normas urbanas, debería ser la justicia. Aquí es donde ingresamos al terreno de lo subjetivo si no se tiene una noción clara de la justicia como virtud cardinal.

De hecho, como todo instrumento humano, la zonificación puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Puede servir para segregar indirectamente a personas de menores ingresos, para especular o para restringir la producción de vivienda. Esto no niega que existan justificaciones nobles para su uso, como el control de molestias (olores, ruidos, tráfico), la búsqueda de armonía estética o algo tan básico como garantizar que los servicios públicos abastezcan a la población existente y a la proyectada a 5 o 10 años.

Sin embargo, es crucial considerar siempre los efectos colaterales de una política pública, especialmente hacia los más vulnerables. No son pocas las ocasiones en que vemos errores garrafales de análisis reflejados en normativas que hieren el sentido común y la justicia más elemental, a menudo cometidos por técnicos poco familiarizados con el territorio. Es por ello que los procesos de revisión periódica y dinámica se hacen necesarios.

Hace poco trajeron a mi atención una convocatoria de consulta ciudadana por parte de la Junta Comunal de Parque Lefevre, referente a un lote de 800 m². La propuesta busca bajar su intensidad de uso y densidad, pasando de un código de zonificación 1ZM5 a 1ZM3, al parecer con el fin de dividir el lote, posiblemente en dos, lo cual, si fuese en partes iguales, no cumpliría con el área mínima requerida de 600 m². Esto dificultaría el desarrollo de edificios residenciales de baja y mediana altura y densidad, algo que quizás sí esté solicitando el mercado en lugar de los grandes proyectos en altura.

De ser esto así, es probable que toda esa zona de la avenida Ernesto T. Lefevre haya sido mal zonificada, sin considerar que el mercado podría requerir mayor flexibilidad en la regulación predial para brindar una variedad de productos inmobiliarios residenciales o de usos mixtos, mejorando así la disponibilidad y bajando los precios de la vivienda. El problema radica en la solución propuesta: en lugar de utilizar la ley para revisar el planteamiento de 2021 de forma integral, incorporando criterios de economía urbana para toda la zona,la Junta de Planificación Municipal opta por actuar al margen de la integralidad exigida, ajustando puntualmente un solo lote.

Se hace necesario, antes de embarcarnos en cualquier revisión —para este o cualquier otro caso—, tener los elementos básicos documentados y analizados. Solo así se podrán tomar decisiones correctas tanto desde la administración municipal como desde las comunidades. La investigación urbana, incluyendo la inmobiliaria, es un paso ineludible; de lo contrario, continuaremos simplemente “pintando mapas”, como decía un colega del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y lanzando proyectos inmobiliarios basados en intuiciones sin contar con los elementos esenciales de análisis para los tomadores de decisiones.

De no hacer las revisiones periódicas, pertinentes y necesarias, convertiremos las normas de uso de suelo de una herramienta útil en una camisa de fuerza que tarde o temprano requerirá ser removida. La ciudad no puede esperar más.

Este artículo fue publicado originalmente por el Diario La Prensa de 3 de diciembre de 2025.