La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

La entrega anterior de esta serie terminó en una idea que pedía su propio ensayo: quien mejoró su suerte en este país lo hizo por decreto o por convención colectiva, no por haber estudiado. Este artículo recoge esa idea y hace la pregunta que le sigue, que es qué pasó con esas alternativas, quién las conserva y quién las perdió, porque un país puede discutir durante décadas cuánto vale estudiar sin advertir que la discusión de fondo es otra, y es con cuánta fuerza llega cada cual a la mesa donde se decide lo que vale su trabajo.

Conviene empezar por el dato más largo que existe sobre esa mesa. La Penn World Table, la base de la Universidad de Groningen que reconstruye las cuentas de cerca de 180 países, registra desde 1969 qué porción del producto panameño fue a parar a la compensación del trabajo. La serie marca alrededor del 52 por ciento hasta finales de los años ochenta, empieza a bajar en 1990 y toca su punto más bajo en 2014, con 31 por ciento, del que apenas se ha movido desde entonces. Según esa serie, en los últimos 35 años la porción del producto que va al trabajo perdió alrededor de 20 puntos, y tocó fondo justamente al cierre de la década de mayor crecimiento de la historia del país, la de la ampliación del Canal y el auge inmobiliario.

Alguien dirá que la porción del trabajo viene cayendo en casi todo el mundo desde los años ochenta, y que la literatura económica, desde el estudio global de Karabarbounis y Neiman hasta el capítulo que el Fondo Monetario Internacional le dedicó en 2017, lleva más de una década midiéndola y atribuyéndola a la tecnología y a la globalización, y es cierto, pero conviene poner los dos tamaños uno al lado del otro, porque esa caída mundial ronda los 4 o 5 puntos del producto y la panameña la multiplica por cuatro.

Lo que pide explicación local no es que cayera, sino que cayera tanto más que en el resto del planeta, y que el fondo del pozo coincidiera con los años en que el país más riqueza producía. Visto así, lo ocurrido entre 2019 y 2023, cuando la porción de los asalariados bajó del 30,1 al 26,8 por ciento mientras el excedente subía al 61,8, no fue una ruptura: fue el último tramo de un deslizamiento viejo.

Dentro de esa cifra reciente opera además un efecto de medición que la literatura de cuentas nacionales conoce bien, y que conviene explicar porque cambia el sentido de lo que se mide. No toda la caída significa que a alguien le recortaran el sueldo. Las cuentas solo registran como remuneración lo que se paga dentro de una relación asalariada, de manera que cuando un trabajador con contrato pasa a buscarse la vida por cuenta propia, su ingreso desaparece de la columna de los salarios y reaparece en otra parte, sin que ningún empleador haya bajado un centavo.

Y eso es exactamente lo que ha venido pasando. Según las estimaciones de la OIT que publica el Banco Mundial, los asalariados eran el 66 por ciento de los ocupados en 2012 y el 59 en 2019. La informalidad, que según la encuesta laboral del INEC había tocado en 2011 su nivel más bajo en dos décadas, con 36,9 por ciento, alcanzó 49,3 en 2024, es decir 1.566.014 personas. Una parte de la caída de la participación del trabajo es eso: trabajo panameño que sigue trabajando, pero que ya no cuenta como salario porque salió de la categoría que el sistema registra. El excedente no subió solo porque alguien pagara menos; subió también porque cada vez menos trabajo está del lado del mostrador donde se anota lo que se paga.

Con ese telón de fondo se entienden mejor las vías de mejora, que en Panamá no son dos, como quedó dicho en la entrega anterior para simplificar, sino tres. Vale la pena mirarlas una por una, porque cada una tiene un dueño distinto.

La primera es el decreto. El Código de Trabajo manda revisar el salario mínimo cada 2 años en una comisión donde se sientan el gobierno, los trabajadores y los empleadores, y establece que si no hay acuerdo decide el Ejecutivo. Lo que el diseño presenta como negociación tripartita funciona en la práctica como antesala del decreto, y un estudio de caso publicado en el marco del diálogo de la Caja de Seguro Social lo dice sin rodeos: los ajustes se han dado siempre por decisión del Estado, al no lograrse acuerdo entre las partes. El piso salarial panameño no se negocia: se concede, y la generosidad de la concesión sigue el calendario de la política antes que el de la productividad.

El ejemplo mayor es el primer ajuste de la administración Martinelli, vigente desde enero de 2010, que rondó el 26 por ciento ponderado según el análisis del Centro Nacional de Competitividad, el más agresivo de la serie reciente, y que vino acompañado de la promesa de tener el salario mínimo más alto de América Latina. La promesa se cumplió a medias y con letra pequeña: el mínimo panameño figura desde entonces entre los más altos de la región en dólares corrientes, pero la ventaja se encoge al ajustarla por el costo de vivir en la capital, que es donde están los empleos, y esta serie ha documentado de sobra que el promedio nacional de precios es una ficción para quien vive donde se trabaja.

El mismo gobierno que decretó aquel aumento bajó al año siguiente el impuesto sobre la renta mediante la Ley 8 de 2010, dejando exento a todo el que ganara menos de 11.000 balboas al año, y financió parte del gesto subiendo de 5 a 7 por ciento el impuesto al consumo, que paga todo el mundo, incluido el que nunca pagó renta. El paquete completo tiene una estructura legible: el ingreso del trabajador formal mejoró por dos vías concedidas desde arriba, mientras el costo se repartía silenciosamente entre todos por abajo. Sea cual sea el juicio que merezca, nada de eso fue conquistado por nadie, y lo que se concede sin conquista puede dejarse de conceder sin aviso.

La segunda vía es la conquista pública, y aquí hay que corregir una idea que circula incluso entre quienes simpatizan con el movimiento obrero: la de que el sindicato de la construcción habría sido el único que consiguió algo en este país. No es cierto, y negarles su historial a los gremios del Estado sería tan injusto como inexacto. Los médicos organizados en la Comisión Médica Negociadora Nacional pactaron en 2015, con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, un aumento del 30 por ciento en el salario base, efectivo desde 2016 y con bonos escalonados por categoría, un porcentaje que ninguna convención de la construcción registrada en esta serie supera.

Las enfermeras, cuya Asociación Nacional lleva un siglo existiendo, cerraron su última negociación salarial ese mismo año y cuentan entre sus conquistas, según la propia asociación, la jornada de 6 horas para las áreas críticas. Los gremios docentes, acaso el actor huelguístico más persistente del país, encabezaron en julio de 2022 el paro que obligó al gobierno a congelar el precio del combustible y controlar el de la canasta básica, y sostuvieron en 2025 una huelga contra la reforma de la seguridad social que el Estado respondió reteniendo salarios. Los escalafones públicos de la salud y la educación, que vistos desde afuera parecen concesiones legales, son en realidad el saldo acumulado de décadas de esa presión: conquistas que se pelearon primero y se escribieron en la ley después.

Pero todas estas conquistas comparten un rasgo que las limita: su contraparte es el Estado como empleador, su instrumento es la ley o la escala pública, y su techo es el presupuesto y la voluntad política de turno. El gremio público conquista con huelga y con calle algo que al final se formaliza como concesión estatal. Su palanca es real, pero pasa por la misma puerta que el decreto.

La tercera vía es la conquista privada, y esa existió en Panamá en dos sectores, y solo en dos. El más antiguo es el enclave bananero, donde el sindicato de la industria, el SITRAIBANA, negocia convenciones colectivas con Chiquita desde hace décadas, y donde la convención vigente, según el propio Ministerio de Trabajo, cubre a más de 5.000 trabajadores. No es casualidad, y conviene dejarlo apuntado desde ya, que ese sindicato también terminara 2025 en conflicto abierto: una huelga prolongada que la empresa respondió despidiendo a miles de trabajadores, unos 5.000 según la cobertura internacional, y el gobierno declarando el estado de emergencia en la provincia.

El otro sector, el mayor, y el único donde la contraparte es la cámara patronal de toda una industria a escala nacional, es la construcción. Ahí el sindicato del ramo firmó su primera convención con la Cámara Panameña de la Construcción en 1974 y las renovó desde entonces cada 4 años, mejorando en cada ciclo el tarifario, la seguridad y las condiciones. Esa vía fue la que llevó al peón, el trabajador sin ninguna calificación formal, de 3,86 balboas la hora en 2019 a 4,51 en 2025, por encima de lo que los avisos de empleo ofrecen a licenciados, como mostró la primera entrega de esta serie.

Toca ahora dimensionar lo que esos dos sectores representaban dentro del mercado laboral completo, porque el dato es incómodo por partida doble. Según el registro de la Confederación Sindical de las Américas, hacia 2017 había en todo el país 79 convenios colectivos vigentes, que cubrían a 22.817 trabajadores: el 1,3 por ciento de los ocupados. La construcción concentraba 24 de los 79. Dicho de otro modo, el 98,7 por ciento de los trabajadores panameños no tenía convención colectiva alguna, la afiliación sindical venía cayendo del 18,5 por ciento de la población activa en 2015 hacia el 14 según las propias centrales, y fuera del banano y de la construcción prácticamente nadie negociaba con el capital privado a escala de su sector. La palanca privada no era una institución extendida que se debilitó: era un par de excepciones que sobrevivían.

Quien quiera medir el poder de negociación del trabajo panameño no debe preguntar qué perdió el sindicato de la construcción, sino por qué en medio siglo casi ningún otro sector logró construir lo mismo. Y para el profesional la respuesta es sencilla: el ingeniero, el arquitecto, el abogado y el economista del sector privado no tienen sindicato, no tienen escalafón ni tienen un colegio que negocie por ellos. Negocian solos contra organizaciones, uno por uno, que es la definición técnica de no tener poder, con la posible excepción, pendiente de medir, del médico y del docente privados a los que el escalafón público podría estar haciéndoles de piso sin que lo sepan.

Esa soledad tiene fecha y fallo. La abogacía tuvo colegiación obligatoria por ley y la perdió el 24 de junio de 1994, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional exigir la membresía del Colegio Nacional de Abogados para ejercer, por contraria a la libertad de asociación, que en esa lectura incluye el derecho a no asociarse. Lo voluntario se disuelve: para 2023, menos del 8 por ciento de los más de 27.000 abogados activos del país participaba en las actividades de su colegio. Las demás profesiones nunca tuvieron siquiera eso que perder, porque la idoneidad del ingeniero y del arquitecto la concede una junta técnica estatal y no su gremio, de modo que el colegio nació club y club se quedó. El profesional panameño no negocia solo por apatía: el diseño legal hizo su representación voluntaria, y una representación que no puede obligar ni a sus propios miembros tampoco puede obligar a nadie a sentarse enfrente

A estas tres vías hay que sumarles una cuarta que este relato venía obviando y que no pasa por el trabajo: la transferencia pura. Panamá construyó en dos décadas, como casi toda América Latina, una red de pagos directos del Estado a la casa. La Red de Oportunidades desde 2006 para las familias en pobreza extrema; los 100 a los 70 de 2009, que hoy son 120 a los 65, para el adulto mayor sin jubilación; la Beca Universal de 2010 para el estudiante; el Ángel Guardián de 2012 para la discapacidad severa; y en la pandemia, el vale digital del plan Panamá Solidario. Los montos vigentes son modestos — 120, 80 y 50 balboas mensuales, según el programa y el propio Ministerio de Desarrollo Social —, pero su suma puso durante años un ingreso mínimo bajo la base de la pirámide y ayuda a explicar la reducción de pobreza que este ensayo ya reconoció.

El modelo es el mismo que adoptó la región entera, y lo que importa para este argumento es su naturaleza: la transferencia es la concesión en estado puro, ingreso que no se negocia porque no pasa por ninguna mesa, que se legisla y se gira, y que se puede dejar de girar. Y conviene fijarse en la fecha y la firma de tres de los cuatro programas permanentes, 2009, 2010 y 2012, la misma administración del gran ajuste del mínimo y de la rebaja del impuesto. Leído entero, el paquete de aquella década se resume en que el mínimo subió por decreto, la renta bajó por ley y la transferencia se giró por planilla. El piso panameño no lo sostiene la negociación por ningún lado; lo sostienen el decreto para el que trabaja formal y la transferencia para el que quedó afuera, y la distancia que ni uno ni otra cubren la financia el crédito.

De aquel recuerdo vive, por cierto, una marca política que todavía gana elecciones, porque la promesa con que esa misma corriente volvió al poder en 2024 fue poner más chen chen en tu bolsillo, y traducida al idioma de este ensayo esa consigna dice algo muy preciso: que en Panamá el ingreso se concede desde arriba, que quien lo concedió una vez puede prometer concederlo de nuevo, y que la mesa donde eso se decide es la urna, no la negociación.

Hay en esa figura un detalle notable, y es que el político que más ha concedido por decreto viene del propio sector empresarial, y concedió desde el poder lo que su sector nunca concedió como empleador, aunque conviene mirar de dónde salió la plata: la rebaja de la renta y las transferencias se cargaron a la caja pública y al impuesto al consumo que pagan todos, y solo el mínimo tocó la planilla privada, por decreto y no por acuerdo. Hasta la generosidad del empresario en el poder confirma la regla de este ensayo: en Panamá la bonanza no se comparte en la mesa de negociación; se reparte, cuando se reparte, desde el poder.

Cabe preguntarse cómo se llegó aquí, y la respuesta corta es que las estructuras que obligaban a repartir se desmontaron en una década precisa, la de los noventa, mientras el modelo que producía la riqueza quedaba intacto. Hay que contar esa historia sin nostalgia, porque los datos no permiten idealizar lo anterior. La manufactura, que según las series del Banco Mundial llegó a pesar una quinta parte del producto en 1970, ya había caído a 15 por ciento en 1990: la desindustrialización venía de antes. Los enclaves tampoco los trajo el ajuste, porque la Zona Libre existe desde 1948 y el centro bancario internacional lo creó un decreto de 1970, bajo el mismo régimen militar que poco después promulgó el Código de Trabajo de 1972, marcadamente protector del lado laboral. Lo que hizo el orden posterior a la invasión fue quedarse con una mitad de esa herencia y desmontar la otra: conservó y amplió el enclave, y desarmó los contrapesos.

La primera señal llegó de inmediato, cuando tras la huelga general de diciembre de 1990 la Ley 25 de ese año autorizó el despido masivo de los empleados públicos vinculados a la protesta, un episodio que una década más tarde le costó a Panamá una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Baena Ricardo y otros, por lo actuado contra 270 trabajadores despedidos. Después vinieron la liberalización comercial, condición del apoyo financiero internacional para la reconstrucción, que aceleró la caída de la industria hasta el 4,9 por ciento del producto actual, y las privatizaciones de puertos, teléfonos y electricidad. Y en 1995 llegó la pieza que esta historia suele omitir y que es la más pertinente para este ensayo: la Ley 44, la reforma laboral que abarató el despido, amplió jornadas y flexibilizó descansos, impuesta contra una huelga que dejó 4 muertos y unos 500 detenidos. De esa derrota nació, por cierto, la central clasista que hoy es querellante ante la Organización Internacional del Trabajo por los hechos recientes, de modo que el arco de esta historia se cierra sobre sí mismo.

La cronología completa queda entonces así: primero se desmontó la protección, después se hundió la participación, y el país redujo mientras tanto su pobreza y su desigualdad — las tres cosas son ciertas a la vez, y esa simultaneidad es precisamente lo que vuelve el fenómeno difícil de ver.

Conviene decir con todas las letras qué clase de afirmación es esta, porque una secuencia documentada no es todavía una causa probada. La evidencia disponible alcanza para sostener que el desmonte de la negociación es un mecanismo central de la caída, consistente con los datos, pero probablemente no el único, y queda en pie, sin descartar, la explicación por composición: una economía cuyo producto se desplazó hacia el canal, la banca y el ladrillo, sectores que pagan poca planilla por naturaleza, perdería participación del trabajo aunque nadie hubiera tocado un sindicato. Separar cuánto puso cada cosa exige las cuentas nacionales por rama que este programa todavía no procesa, y así queda declarado.

La pandemia hizo el resto, y lo hizo de un modo que las cifras permiten reconstruir con crudeza. Cuando llegó la emergencia de marzo de 2020, la Ley 157 y sus decretos conexos permitieron suspender contratos sin indemnización, y se suspendieron más de 240.000. El gobierno estimó que 180.000 volverían antes de fin de año. A noviembre habían vuelto 88.464, el 38 por ciento. El propio Ministerio de Trabajo documentó que había empresas que reabrían actividades sin reactivar los contratos suspendidos y recontrataban a la gente por servicios profesionales, es decir sin Código de Trabajo, sin cotización y sin antigüedad, y calificó el procedimiento de incorrecto, que es una manera administrativa de describir una mudanza masiva desde el mundo protegido hacia el desprotegido.

Conviene decir con precisión qué prueba esto y qué no, porque las intenciones de miles de empresas no se auditan: lo que prueba es un mecanismo y su resultado. La legislación laboral panameña no impedía despedir: lo encarecía. El ajuste de planilla que el sector privado venía haciendo a cuentagotas desde que la economía se desaceleró en 2014 — la caída de los asalariados del 66 al 59 por ciento del empleo entre 2012 y 2019 está ahí para documentarlo —, la emergencia lo abarató de golpe y lo ejecutó de una sola vez. La prueba de que el ajuste fue permanente es que la marea nunca bajó, porque la economía recuperó su tamaño pero la informalidad, que según la encuesta laboral era de 44,9 por ciento en agosto de 2019, se quedó más de 4 puntos arriba, y la proporción de asalariados no ha vuelto a la de 2014. Lo temporal fue la ley; el ajuste fue para siempre.

Sobre un mercado laboral así de desguarnecido vino la secuencia final, la que motivó este ensayo, y aquí basta resumirla, porque el detalle completo consta en el expediente del caso 3456 del Comité de Libertad Sindical de la OIT. La presión no empezó en 2025 ni con el gobierno actual: empezó en noviembre de 2023, bajo la administración anterior, inmediatamente después de las protestas que paralizaron el país contra el contrato minero, con el cierre abrupto de las cuentas bancarias del sindicato de la construcción, y escaló, a través de dos gobiernos de partidos distintos, desde una investigación por blanqueo que terminó archivada hasta la judicialización de más de 120 dirigentes y, en julio de 2025, la demanda formal de disolución de la organización que había firmado todas las convenciones del sector desde 1974; la audiencia comenzó en abril de 2026 y el proceso sigue abierto.

El gobierno alega delitos financieros y desviación de fines, el sindicato denuncia persecución, y nada de eso se adjudica aquí, aunque la simetría obliga a registrar el archivo de aquella primera investigación. Lo que sí corresponde decir es que la secuencia atraviesa dos administraciones de signo opuesto, y eso desarma la lectura partidista del caso, porque lo que el episodio muestra no es un presidente contra un sindicato, sino un Estado frente a la más fuerte de las organizaciones con capacidad de veto económico: la única cuyo veto operaba dentro de la economía privada y se cobraba en convención colectiva, porque el veto docente, tan real como lo demostraron 2022 y 2023, presiona la política pública pero no negocia salarios con ningún patrón.

La convención siguiente de la construcción se firmó en enero de 2026, por 7 sindicatos, sin el actor que había arrancado todas las anteriores, por vía directa y sin pliego, y su fuerza futura sin capacidad real de huelga está por probarse.

Hay un detalle de ese poder de veto en el que conviene detenerse, porque explica la forma que tomó la respuesta estatal. El movimiento obrero panameño intentó la vía electoral: fundó un partido, el Frente Amplio por la Democracia, lo llevó a las urnas en 2014 y en 2019, y obtuvo el 0,6 y el 0,69 por ciento de los votos según los registros del Tribunal Electoral, perdió dos veces la personería jurídica y fracasó después al intentar reinscribirse. Ese mismo movimiento que no llega al 1 por ciento de los votos puede, sin embargo, detener la economía del país, como lo demostró en 2022 y en 2023.

Es un poder de veto sin representación, que puede parar lo que no puede gobernar, y a un adversario así no se le derrota en elecciones, porque no compite en ellas de verdad; se le disputa lo único que tiene, que es su capacidad de organización y de huelga, y las herramientas de esa disputa no son electorales sino financieras y judiciales, que son exactamente las que el registro de 2023 a 2026 documenta. No hace falta atribuirle esa lógica a nadie como plan, basta con observar que los hechos son consistentes con ella.

Con las cuatro vías sobre la mesa, el balance cabe en una sola frase: al trabajador panameño no le queda ninguna palanca de mejora que no pase por el Estado. El decreto y la transferencia los da el Estado; la conquista pública se le arranca al Estado, que es a la vez la contraparte, el árbitro y, como vieron los docentes de 2025 con sus salarios retenidos, el dueño de la caja; y la mayor de las palancas que negociaban con el capital privado sin pedirle permiso a nadie está en un juzgado, esperando a saber si sigue existiendo, mientras la otra, la bananera, salió de su huelga de 2025 con miles de despedidos.

Un mercado laboral donde todas las vías de mejora convergen en la voluntad política tiene el precio de su trabajo indexado al ciclo electoral y no a la productividad, y eso explica, mejor que cualquier teoría sobre la calidad de las universidades, la paradoja con la que empezó esta serie: el país puede exhibir a la vez uno de los mínimos nominales más altos de la región, porque el piso es la vitrina de la política, y una participación del trabajo que perdió 20 puntos en 35 años sin recuperar ninguno, porque encima del piso casi nadie negocia. Y un piso que trabaja solo, además, se desborda, porque el decreto carga en Panamá con un peso que en otras partes se reparte entre la ley, la mesa y el inspector, y lo que el piso legal exige por encima de lo que la economía desorganizada paga no se convierte en salario sino en incumplimiento: las 213.370 personas que según la encuesta laboral trabajan jornada completa por debajo del mínimo son la medida exacta de ese desborde.

Tampoco es esto una rareza tropical, porque en ninguna parte del mundo las patronales se sientan a negociar por gusto: donde la negociación colectiva cubre a las mayorías es porque la ley extiende los convenios a todo un sector o porque el sindicato puede costearse el conflicto, y hasta la Unión Europea tuvo que ordenar por directiva, en 2022, que los países con poca negociación la fomenten con plan y calendario. Lo distintivo panameño no es la renuencia patronal, que es la regla del planeta, sino — y esta es la interpretación que este ensayo defiende — haber desmontado la poca arquitectura que la compensaba. El piso se decreta; la distribución se conquista o no existe.

Y mientras tanto, la diferencia entre lo que el trabajo produce y lo que el trabajo cobra la administra el sistema financiero, balboa a balboa y descuento directo a descuento directo, como documentó la entrega anterior. La casa que no alcanza no protesta: refinancia.

Queda abierta la pregunta que ya no es de este ensayo sino del país, y es qué pasa con una economía así cuando ya no quede nada que desmontar. La respuesta optimista dice que el crecimiento tarde o temprano gotea, y la serie de 54 años que abre este artículo es la medida exacta de ese goteo: 20 puntos del producto que cambiaron de bolsillo en una generación y media. La respuesta realista es que la distribución no volverá a moverse hasta que alguien vuelva a sentarse del otro lado de la mesa con algo más que la esperanza, y ese alguien, hoy, no existe o lo están disolviendo en un juzgado. Por eso la vía que queda, la tercera de la entrega anterior, la del trabajador que llega a la entrevista sabiendo cuánto cuesta vivir dignamente en su zona y cuánto produce el trabajo que ofrece, no es un consuelo sino una semilla, porque la conciencia del precio propio es la condición previa de cualquier negociación que venga.

La historia contada aquí enseña que en Panamá nadie ha regalado nunca nada por encima del piso, y que todo lo que el trabajo llegó a tener, la convención del 74, el escalafón de las enfermeras, el 30 por ciento de los médicos, el congelamiento del combustible, se conquistó organizadamente o no se tuvo. Saber eso también es una forma de capital, y es la única que no cotiza en ningún enclave.

El autor es arquitecto y urbanista.

Nota metodológica y ética. La serie larga de participación de la compensación laboral en el producto procede de Penn World Table, versión 11.0, publicada a través del sistema FRED del Banco de la Reserva Federal de San Luis, y cubre de 1969 a 2023. Su tramo anterior a 1990, constante en torno al 52 por ciento, presenta las señales típicas de la imputación estadística y debe leerse como referencia y no como medición, pendiente de cotejo con las cuentas nacionales históricas de la Contraloría. Esa serie ajusta por el ingreso de los trabajadores por cuenta propia; la cifra de 30,1 a 26,8 por ciento para 2019-2023, citada de la entrega anterior, proviene de las cuentas nacionales del INEC, que registran solo la remuneración de asalariados, razón por la cual ambas series difieren en nivel y la segunda es sensible a la informalización. El problema de medición del ingreso de los cuentapropistas es un asunto clásico de la literatura de cuentas nacionales desde el trabajo de Gollin de 2002, y este artículo no pretende novedad al señalarlo, solo aplicarlo al caso panameño.

La caída mundial de la participación del trabajo desde los años ochenta, y su magnitud de 4 a 5 puntos, está documentada por Karabarbounis y Neiman y por el capítulo 3 del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional de abril de 2017. La lectura del crédito a los hogares como sustituto del salario tampoco es original de esta serie: pertenece a una literatura que va de Barba y Pivetti al keynesianismo privatizado de Crouch, y el aporte de estas entregas se limita a documentarla con datos panameños. El diagnóstico del enclave de tránsito pertenece a una tradición panameña de medio siglo, la del transitismo de la historiografía nacional y la crítica de la dependencia, y este programa se inscribe en ella en lugar de redescubrirla: lo que añade es su cuantificación presente y el cruce con el costo de vida por zonas.

El mecanismo de fijación del salario mínimo procede del artículo 174 del Código de Trabajo, y la constatación de que los ajustes se han fijado siempre por decisión del Ejecutivo, del estudio de caso de Roger Durán, «El Salario Mínimo y su Impacto en la Economía», publicado en el marco del diálogo de la Caja de Seguro Social. La magnitud del ajuste de 2010 procede de un análisis del Centro Nacional de Competitividad que lo estimó en torno al 26 por ciento ponderado, cifra que difiere del rango publicado en otras fuentes y cuya conciliación queda pendiente. La reforma fiscal de 2010 procede de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010, Gaceta Oficial 26489-A; la tarifa del impuesto sobre la renta anterior a esa ley no pudo verificarse en fuentes abiertas y por eso no se cuantifica la magnitud de la rebaja.

El acuerdo salarial médico de 2015 procede de la cobertura de TVN Noticias sobre la negociación entre la Comisión Médica Negociadora Nacional, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social; el historial de la Asociación Nacional de Enfermeras, del reportaje de La Web de la Salud sobre su centenario; las conquistas docentes de 2022, del registro del monitor CIVICUS sobre las protestas de julio de ese año; la retención de salarios a los docentes en huelga de 2025, del despacho de Prensa Latina del 12 de mayo de 2025.

La historia de la convención de la construcción procede del relato histórico del propio SUNTRACS reproducido en el repositorio RELATS, fuente de parte y declarada como tal. La convención colectiva entre el SITRAIBANA y Chiquita Panamá, con su cobertura de más de 5.000 trabajadores, procede de los comunicados del Ministerio de Trabajo, y su conflicto de 2025, con la huelga, los miles de despidos y el estado de emergencia provincial, de las coberturas de La Estrella de Panamá, France 24 y la regional de la UITA. La cobertura de la negociación colectiva, 79 convenios y 22.817 trabajadores en 2017, el 1,3 por ciento de los ocupados, y la afiliación sindical de 18,5 por ciento de la población económicamente activa en 2015, proceden del informe «Cadenas Globales de Producción en las Américas: Panamá» de la Confederación Sindical de las Américas, de 2021; la informalidad de 44,9 por ciento en agosto de 2019, de la ficha país de Panamá del Observatorio Laboral de esa misma confederación.

Las series de manufactura como porcentaje del producto, de empleo industrial y de asalariados como proporción del empleo proceden del Banco Mundial y de las estimaciones modeladas de la OIT; las de informalidad, de la Encuesta de Mercado Laboral del INEC según los reportes de La Estrella de Panamá, incluido el análisis del consultor laboral René Quevedo. La Ley 25 de 1990 y sus consecuencias proceden de la sentencia de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baena Ricardo y otros contra Panamá, del 2 de febrero de 2001. La reforma laboral de 1995 y su saldo de 4 muertos y unos 500 detenidos proceden de la Ley 44 de 14 de agosto de 1995 y de la columna conmemorativa de Genaro López en La Estrella de Panamá, «1995: legados de la lucha obrera». El fallo de inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria de 1994 se cita por referencia del expediente de este programa y su texto íntegro permanece en la lista de verificación.

Las cifras de la pandemia, más de 240.000 contratos suspendidos y 38 por ciento reactivado a noviembre de 2020, proceden de la cobertura de La Estrella de Panamá y La Prensa sobre los reportes del Ministerio de Trabajo, incluida la constatación oficial de recontratación por servicios profesionales; el marco legal es la Ley 157 de 2020 y el Decreto Ejecutivo 229 del mismo año. La secuencia de 2023 a 2026 sobre el sindicato de la construcción, incluidos el cierre de 18 cuentas en noviembre de 2023, el archivo de la primera investigación en agosto de 2024 y las recomendaciones del comité, procede del Informe 409 del Comité de Libertad Sindical de la OIT, caso 3456, y del portal del Órgano Judicial para las fechas de la audiencia de 2026. Los resultados electorales del Frente Amplio por la Democracia proceden de los registros públicos del Tribunal Electoral según sus compilaciones enciclopédicas de acceso abierto y la cobertura de Panamá América, pendientes de cotejo contra las actas oficiales para una publicación formal. Las afirmaciones sobre la ausencia de escalafones y de negociación profesional en el sector privado proceden del estudio de escalafones de este mismo programa.

Los programas de transferencias y sus montos vigentes proceden del portal de Programas de Transferencia Monetaria Condicionada del Ministerio de Desarrollo Social; la Red de Oportunidades figura desde 2006 en la base de programas de protección social de la CEPAL, y el plan Panamá Solidario, en el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el impacto social de la pandemia. Las leyes de creación de los 100 a los 70, la Beca Universal y el Ángel Guardián se citan por referencia y quedan pendientes de cotejo en Gaceta, igual que el gasto agregado en transferencias como proporción del producto. La literatura comparada sobre transferencias condicionadas en América Latina, del programa mexicano de 1997 al brasileño de 2003, está documentada por el Banco Mundial y no se pretende aquí aporte alguno sobre ella. La consigna del chen chen procede de su registro en la prensa panameña de opinión y de la cobertura internacional de la campaña y la toma de posesión de 2024.

La cifra de 213.370 personas con jornada completa por debajo del mínimo procede de la Encuesta de Mercado Laboral de septiembre de 2025, citada en la entrega anterior. El contexto internacional sobre negociación colectiva procede del Informe sobre el Diálogo Social 2022 de la OIT y de la Directiva 2022/2041 de la Unión Europea sobre salarios mínimos adecuados, cuyo artículo 4 obliga a los Estados con cobertura inferior al 80 por ciento a planes de acción para aumentarla; la evidencia comparada sobre salario mínimo, informalidad y precios, de la revisión de la OIT sobre salario mínimo y empleo, de los estudios del Banco de la República de Colombia y del análisis técnico del Banco de México, con la advertencia de que no existe estimación econométrica panameña propia de esos efectos, vacío que este programa deja señalado.

Los procesos judiciales mencionados están abiertos y ninguna afirmación de este artículo prejuzga su resultado. La tesis del ensayo — el desmonte de las instituciones de negociación como mecanismo central de la caída de la participación del trabajo — se sostiene como interpretación consistente con la evidencia y no como causalidad demostrada; la descomposición sectorial de las cuentas nacionales, que permitiría ponderarla contra la explicación por composición del producto, queda declarada como la verificación mayor pendiente de este programa.Quedan dos declaraciones que el lector merece. La primera es que este artículo, como los anteriores de la serie, fue desarrollado con asistencia de modelos de inteligencia artificial, empleados para buscar y cotejar fuentes, auditar cifras y consistencia, señalar contradicciones y depurar la prosa; las decisiones de contenido, de interpretación y de voz son del autor, y también lo son los errores que hayan sobrevivido a las auditorías. La segunda es que el autor es arquitecto y urbanista, no economista ni laboralista, y esta serie es el trabajo de un ciudadano que aprendió a preguntarle a los datos públicos, no el de un especialista, de modo que este escrito, como los demás, queda expresamente invitado al comentario, la crítica y la auditoría de los verdaderos expertos en la materia, cuyas correcciones serán recibidas como lo que son: la continuación del método que estos ensayo

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Hay una recomendación que en Panamá se repite como si fuera una ley de la naturaleza, y es que hay que estudiar para salir adelante. La dan los padres, la dan los maestros, la dan los ministros en cada acto de graduación. Es un buen consejo y sigue siendo cierto para una persona concreta, porque quien tiene un título gana más que quien no lo tiene. Pero cuando uno deja de mirar a la persona y mira al país entero a lo largo de una generación, aparece un hecho que nadie menciona en esos discursos, y es que la ventaja de haber estudiado se está encogiendo.

El dato aparece al medir los censos, que es donde conviene ir cuando una afirmación se repite demasiado sin que nadie la revise. Los cuadros censales permiten cruzar el título de quien encabeza la casa con toda la plata que entra a esa casa en el mes, sumando lo que aportan el cónyuge, los hijos que trabajan y cualquier otro que ponga. De aquí en adelante, cuando se hable de lo que recibe una casa universitaria, no se habla del sueldo de una persona sino de todo lo que entra bajo ese techo.

Con esa aclaración por delante, el resultado es el siguiente. En el año 2000, en el área metropolitana, la casa encabezada por alguien con título universitario, contando desde la licenciatura hasta el doctorado, recibía 1.750 balboas al mes, frente a 325 de la casa encabezada por alguien sin título alguno, es decir 5,4 veces más. Todas las cifras que siguen son medianas y no promedios, es decir que describen a la casa que queda justo en el medio de cada grupo, con la mitad por debajo y la mitad por encima, y no al grupo entero, que por dentro es muy desigual. Para 2023 esa casa universitaria del medio recibía 2.250 y la casa sin ningún título 700, de manera que la distancia se había reducido a 3,2 veces. En una sola generación, la ventaja de ingreso asociada a la educación superior perdió 2 puntos enteros de ese múltiplo. Parte de esa caída refleja que el propio grupo universitario cambió por dentro, porque en el año 2000 los posgrados pesaban más dentro de un conjunto todavía pequeño, de modo que conviene mirar cada nivel por separado, y eso es lo que viene enseguida.

Ahora bien, cuando uno abre esa cifra para ver de dónde sale la compresión, encuentra algo que conviene decir con cuidado porque desarma la lectura fácil. La distancia no se acortó porque al titulado le fuera peor en el papel. Lo que entra a la casa universitaria del medio creció en esos 23 años, pero apenas se multiplicó por 1,3, mientras que lo que entra a la casa sin ningún título se multiplicó por 2,1. A primera vista la brecha se cerró por abajo más que por arriba, de modo que el problema no es que educarse se haya vuelto inútil sino que dejó de marcar tanta diferencia.

Esa lectura, sin embargo, se queda corta, porque las cifras de los censos son nominales y entre 2000 y 2023 los precios en Panamá subieron alrededor de un 67 por ciento. Cuando se descuenta la inflación y se compara poder de compra con poder de compra, el cuadro cambia. La casa del medio sin ningún título mejoró un 29 por ciento real, de modo que su avance no fue una ilusión monetaria. La encabezada por un licenciado ganó un 8 por ciento real en 23 años, y la del técnico superior un 17. Pero el conjunto universitario, arrastrado por su tramo alto, perdió un 23 por ciento, y ahí ocurrió algo que ninguna lectura optimista anticipa, porque la casa del medio con maestría perdió un 24 por ciento de su poder de compra y la de doctorado un 23, respecto de sus equivalentes del año 2000. No es que su ventaja relativa se encogiera, es que compran una cuarta parte menos de lo que compraban sus predecesores. La escalera educativa no solo se acortó, en su tramo alto se movió hacia atrás.

Cabe preguntarse si esa compresión perdonó a alguien, y la respuesta es que no. La casa del bachiller vocacional pasó de recibir 1,5 veces lo de la casa sin título a 1,3, con una mediana que subió de 500 a 900 balboas. El técnico superior pasó de 2,8 veces a 2,5. La especialización, que en Panamá es un grado menor que la maestría, cayó de 5,4 veces a 3,9, con lo cual quedó a menos de un punto de la licenciatura y el mercado ya casi no la distingue. La maestría bajó de 8,5 a 5. El doctorado, único nivel que conserva una ventaja alta, cayó de 10,8 a 6,4. La compresión es más severa cuanto más abajo se mira, y el único peldaño que resiste es el más raro de todos, porque en toda el área metropolitana las casas encabezadas por alguien con doctorado no llegan a 2.500. Ese doctorado que todavía rinde es el árbol que tapa el bosque, un premio que sostiene el discurso de que estudiar vale la pena y que ya no existe donde estudia casi todo el mundo.

Ante ese dato, la reacción natural es alarmarse por la calidad de las universidades y suponer que el título vale menos porque se otorga con demasiada facilidad. Es una explicación posible y algo de cierta tendrá. Pero hay una segunda explicación, menos cómoda, que este artículo se propone explorar, y es que el problema puede no estar tanto en lo que produce la educación como en lo que la economía panameña pide. Un título rinde menos cuando lo hay en abundancia, sí, pero también rinde menos cuando la economía que debería comprarlo no tiene dónde ponerlo a trabajar con una productividad que justifique pagarlo mejor.

La primera entrega de esta serie mostró que Panamá no mide qué saben hacer sus profesionales, y la segunda que tampoco sabe qué aprenden sus niños. Este artículo hace una pregunta distinta y más incómoda, porque las anteriores señalaban una carencia que se podría corregir con voluntad, mientras que esta apunta a algo que quizá a nadie le convenga corregir. La pregunta es por qué, después de 20 años señalando que la educación panameña anda mal, seguimos sin arreglarla. Y la respuesta probablemente no sea que no sepamos cómo, sino que la estructura de nuestra economía no le crea a casi nadie con poder de decisión la necesidad de hacerlo.

Para entender esa estructura hay que mirar de qué vive Panamá, y la respuesta es incómoda porque lo que genera la riqueza emplea a muy poca gente. Las actividades financieras y de seguros producen alrededor del 6 por ciento de la economía y ocupan a una fracción muy pequeña de los trabajadores del país. Mientras estuvo abierta, la mina de cobre aportaba cerca del 3 por ciento del producto interno bruto y nunca llegó a emplear al 1 por ciento de la fuerza laboral. Con el transporte por el Canal ocurre lo mismo, un aporte grande al producto con una planilla reducida, de modo que los sectores que colocan a Panamá en las estadísticas de país de renta alta son todos actividades de mucho capital y poca gente. La mayoría de los panameños trabaja en otra parte, en el comercio, los servicios y la construcción, con una productividad por trabajador mucho menor y, por lo tanto, con salarios mucho más bajos.

El Canal lo muestra con claridad. Cuando la Autoridad del Canal de Panamá estrenó su portal de empleos a fines de febrero de 2026, mantenía abiertas poco más de 20 vacantes, en enero había anunciado algo más de 30, en marzo tenía 21 y en abril 17. Algunas son plazas profesionales que exigen un título específico relacionado con el cargo publicado, como ingeniero civil o ingeniero de sistemas mecánicos, otras son plazas técnicas y de oficina, como oficinista o técnico en contabilidad, otras son ayudantías para estudiantes, y la vía de entrada más ancha pide como mínimo el diploma de bachiller, saber nadar y tener licencia de conducir. El punto no está en el nivel del requisito sino en el tamaño de la puerta, porque el empleador más prestigioso y mejor pagado del país mantiene abiertas entre 17 y 30 vacantes a la vez, contando desde las ingenierías hasta las ayudantías, mientras solo la Universidad Tecnológica gradúa más de 4.500 personas al año. No es que el Canal desprecie la educación, y de hecho la exige donde le hace falta. Es que su operación necesita un número reducido de personas, y a buena parte de su gente técnica prefiere formarla él mismo, a través de su Escuela de Aprendices y sus programas de adiestramiento, en lugar de esperarla de la universidad.

Esto último es un patrón y no una excepción, porque el clúster marítimo tiene también su propia universidad oficial, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, que forma a la gente de mar bajo estándares internacionales y mantiene una bolsa de empleo exclusiva para sus egresados. Cada pieza del aparato productivo que genera la renta en Panamá tiende a formar e insertar su propia mano de obra especializada, por fuera del circuito universitario común. El enclave se abastece a sí mismo, y por eso lo que ocurra con la calidad promedio de las universidades del país le resulta indiferente.

Aquí es donde el argumento deja de ser sobre educación y pasa a ser sobre economía política. Cuando la mayor parte de la riqueza de un país proviene de una ventaja geográfica e institucional extraordinaria, un canal entre dos océanos, un centro bancario y una zona franca amparados por reglas favorables, cuya explotación exige mucho capital y muy poca gente en relación con lo que produce, el ingreso del país tiende a desacoplarse de las capacidades de la mayoría de su población. Es un fenómeno que suele asociarse a los países que viven del petróleo, y una vía interoceánica produce un efecto parecido. No es que esas actividades sean poco productivas, porque el Canal opera con ingeniería, mantenimiento y organización de primer nivel, sino que su altísima productividad se concentra en un puñado de empleos, de manera que el grueso de la fuerza laboral queda del otro lado de esa frontera. Eso tiene una consecuencia que rara vez se dice, y es que los incentivos predominantes de quienes se benefician de esa renta no empujan hacia mejorar la educación de todos. Basta con formar bien a los pocos que la operan.

Eso ayuda a entender por qué el debate educativo se repite idéntico cada año sin que nada cambie, y sugiere que no se trata de un misterio de incompetencia ni de mala voluntad. Es que las mejoras educativas de fondo son costosas, lentas y difíciles, y sus beneficios se reparten entre millones de personas a lo largo de décadas, mientras que su costo político es inmediato. Quien tendría que empujar esa reforma no recibe a cambio nada que necesite con urgencia, porque los sectores que sostienen su poder ya consiguen la mano de obra que requieren. Las cosas que convienen a todos rara vez se hacen si no hay un grupo concreto con un interés intenso en que se hagan, y la buena educación panameña es justamente eso, un bien que nos conviene a todos y que no le urge a nadie con capacidad de decidir.

Conviene entonces preguntarse qué fue lo que sí funcionó, porque si el piso salarial panameño subió un 29 por ciento real en 23 años, algo tuvo que empujarlo. Y al rastrear ese empuje no aparece el mercado premiando capacidades, aparecen dos palancas políticas. La primera es el salario mínimo, que se fija por decreto cada 2 años y que pasó de entre 1,15 y 1,22 por hora en el año 2000 a 624 balboas mensuales en la región uno tras el alza del 27,5 por ciento de 2014, y a un promedio de 636,80 en 2024, promedio porque el mínimo panameño se fija diferenciado por región y por actividad. Hoy está entre los más altos de América Latina. La segunda es la negociación colectiva del sector construcción, donde el peón, es decir el trabajador sin ninguna calificación formal, pasó de 3,86 balboas la hora en 2019 a 4,51 en 2025, con un aumento superior al 15 por ciento pactado en la convención vigente desde enero de 2026.

Ese segundo dato merece detenerse, porque un peón de construcción a 4,50 la hora, en jornada de 48 horas semanales, ronda los 935 balboas mensuales, y en la auditoría de avisos de empleo de la primera entrega de esta serie aparecían con frecuencia puestos que exigían licenciatura y ofrecían 800. La comparación no es exacta, porque las jornadas y la estabilidad de uno y otro no son iguales, pero la diferencia de 135 balboas dice algo que vale la pena decir, y es que el trabajador sin calificación formal que pertenece a un sindicato con capacidad de negociar puede ganar más que el profesional titulado que negocia solo. Ninguna de las dos palancas que elevaron el piso premia el estudio. Una se decreta y la otra se conquista, y quien mejoró su suerte en este país lo hizo por la ley o por la organización, no por haberse sofisticado. Conviene reconocer que esta explicación, la del piso que sube por vía política, alcanza por sí sola para que la distancia se acorte, y que la caída del poder de compra en los niveles más altos pide todavía una explicación que estos datos no ofrecen.

Y sin embargo el Estado ha actuado en el terreno educativo. En la última década ha hecho un giro deliberado, y acertado en su diagnóstico, hacia la formación técnica. En 2017 se creó, mediante la Ley 71, el Instituto Técnico Superior Especializado, con una inversión superior a los 200 millones de balboas, que abrió sus puertas en 2019 con poco más de 100 estudiantes y hoy supera los 5.000, con carreras de ciclo corto de 2 años en logística, hospitalidad, industria e innovación digital. Sus instructores se formaron en Francia, Alemania y Canadá, y el modelo que imita es el de la formación dual europea.

Detrás de esa apuesta hubo un diagnóstico. Al sancionar la ley, el gobierno citó un estudio de 2014 que proyectaba para el quinquenio siguiente un déficit de 67.560 técnicos frente a unos 2.000 profesionales universitarios, concentrado en logística y construcción, es decir una brecha de casi 34 a 1 a favor del nivel técnico. Esa proyección ya venció, y sirve para entender por qué se creó el instituto y no para afirmar cuántos técnicos faltan hoy. Pero la dirección del diagnóstico es clara, y el sector privado la comparte, porque ya en aquellos años la dirigencia empresarial pedía técnicos por decenas de miles y no más licenciados.

Lo que sí conviene corregir es la idea de que este giro sea una novedad, porque la formación técnica en Panamá es casi tan vieja como la República y nació sirviendo al mismo enclave. La Escuela de Artes y Oficios se creó por ley en 1904 y abrió sus puertas en noviembre de 1907 para capacitar la mano de obra que necesitaba la construcción del Canal, y durante décadas sus egresados fueron la cantera del programa de aprendices de esa misma obra. Después vino el Instituto Nacional de Formación Profesional, creado por ley en 1983 y reestructurado en 2006, y en 2014, 3 años antes del instituto técnico superior, el Ministerio de Educación ya había creado 7 institutos de educación postmedia que funcionaban dentro de las instalaciones de los institutos profesionales y técnicos existentes, de los cuales hoy operan 34 oficiales y 3 particulares. El instituto de 2017 no salió de la nada, se montó sobre una base que llevaba 110 años ahí.

El giro reciente ha sido real en su ejecución. La formación dual del instituto de formación profesional, reactivada en 2022, combina la práctica en la empresa con la teoría en el aula y reporta que entre el 80 y el 90 por ciento de sus egresados terminó contratado por la misma empresa donde se formó. Ese dato de inserción es exactamente lo que el título universitario ya no garantiza, de modo que el camino técnico hoy coloca a su gente mientras el universitario muchas veces no.

Pero colocar no es lo mismo que pagar, y ahí es donde el giro se queda a medias. El instituto técnico superior reporta que 8 de cada 10 de sus egresados se inserta en el mercado laboral, y esa cifra es de la propia institución, sin un seguimiento independiente que la verifique. Al mirar el salario que la acompaña, la propia institución habla de remuneraciones de hasta 3 veces el mínimo, es decir un techo cercano a los 1.900 balboas mensuales, que queda por debajo de los 2.250 que recibe la casa del medio encabezada por un licenciado. El egresado técnico llega, en el mejor de los casos, al rango donde el titulado universitario ya estaba, y esa cifra es un techo y no una mediana. Sus mayores empleadores, según su propia feria de empleo, son el Canal y la aerolínea de bandera, es decir el enclave otra vez, que consigue así los técnicos que necesita sin tener que pagar por ellos una prima nueva.

Y todo esto ocurre en un mercado donde el desempleo juvenil llega al 19,9 por ciento y donde 113.000 jóvenes no tienen empleo formal, de manera que esa alta inserción funciona como un salvavidas para quien logra entrar al instituto y no como señal de que la economía haya empezado a valorar mejor la formación técnica. Los censos son compatibles con esa lectura, porque el retorno del técnico superior se comprimió de 2,8 a 2,5 veces en los mismos años en que el universitario caía de 5,4 a 3,2, aunque el mismo dato admitiría también que la oferta de técnicos creciera más rápido que su demanda, y con la información disponible no es posible separar del todo ambos efectos. Lo genuinamente nuevo no es que el mercado aprecie la formación técnica, es que el Estado afirma que la apreciará y construye la oferta sobre esa apuesta.

Hay una comparación que suele entenderse al revés. El modelo que Panamá imita, el alemán, tiene una virtud que aquí no hemos copiado y que no es la que se menciona de costumbre. En Alemania no se considera un fracaso que un joven no llegue a la universidad. Quien toma la vía técnica encuentra un camino digno, con un oficio respetado, un salario que permite formar una familia y un convenio colectivo que lo protege. Esa es la diferencia profunda con los sistemas del este asiático, donde todo se juega en un examen para entrar a la universidad de élite y quien no lo logra carga con un estigma. Su mérito no está principalmente en las aulas, sino en que el mercado laboral que espera al técnico le ofrece una vida buena. La dignidad del camino técnico alemán la sostiene el salario alemán, no la pedagogía alemana.

Y ahí está el problema de fondo. Panamá copió la estructura del modelo, los institutos, la formación dual, la alternancia entre empresa y aula, pero copió la mitad barata. La otra mitad, la que hace que el modelo funcione, es el salario, y esa no se decreta con una ley de creación de un instituto. Si un joven se forma como un excelente técnico en logística y el mercado le paga poco más que el salario mínimo, no se ha reproducido el modelo alemán, se ha construido un enclave con mejor pedagogía. Los institutos formarán mejores técnicos, y esos mejores técnicos competirán por los mismos empleos mal pagados, a menos que algo cambie del lado de la demanda.

Conviene entonces decir qué significaría cambiar del lado de la demanda, porque la receta habitual va en dirección contraria. La primera entrega de esta serie describía dos economías que comparten el mismo territorio sin comunicarse bien entre sí, una que produce mucho con muy poca gente y otra que ocupa a casi todo el mundo produciendo poco, y el hueco entre ambas es que no existe un mecanismo que traslade el excedente de la primera hacia actividades capaces de elevar la productividad de la segunda. Lo que hay en su lugar es un excedente que se recicla sobre sí mismo y que, cuando busca colocarse en la economía local, termina casi siempre en el mismo destino, que es el suelo y el ladrillo. Una política que quisiera mover la demanda de trabajo calificado tendría que ocuparse de eso, es decir de que las ganancias de la parte más productiva se inviertan en actividades que produzcan mucho y además contraten a gente formada, y no de seguir ampliando la oferta de títulos por el otro extremo.

Ahí está la trampa de la receta que el país repite cada vez que el empleo flaquea, que es recalentar la construcción. Funciona rápido, porque contrata a mucha gente en poco tiempo, y por eso resulta tentadora para cualquier gobierno. Pero la clase de empleo que genera es justamente la que no requiere el título cuyo retorno se viene encogiendo, de modo que cada vez que se acciona esa palanca se refuerza la misma estructura que produjo el problema, y se combate el desempleo profundizando un modelo que no sabe emplear profesionales. A eso se suma que la construcción depende del ciclo del crédito y del apetito por colocar excedentes, así que cuando el ciclo se enfría el empleo se va con él y la economía vuelve a quedar donde estaba, con la diferencia de que en eso se gastó el margen que pudo haberse invertido en actividades capaces de pagar mejor a quien estudió.

Y el costo no se detiene en el trabajador que no encuentra el empleo que buscaba, porque un puesto mal pagado no solo desaprovecha un título, también produce un consumidor pequeño. Una economía que crea sobre todo plazas cerca del salario mínimo termina con un mercado interno estrecho, donde el comercio, los servicios, la vivienda formal y el ahorro encuentran a poca gente con capacidad de comprar lo que ofrecen, y eso realimenta la misma trampa, porque los sectores que emplean a la mayoría siguen sin poder pagar mejor por falta de una demanda que los sostenga. Lo que se pierde no es solo el retorno privado de haber estudiado, es el mercado que ese retorno habría creado, y por eso la compresión del premio educativo no es un asunto de justicia para los titulados sino un límite que el país se pone a sí mismo. La contracara ya asoma en las cuentas nacionales, donde la porción del producto que va a los salarios viene cayendo mientras el excedente sube, que es la forma estadística de decir que la economía crece hacia arriba y no hacia los lados.

Queda entonces la pregunta que importa, que no es cuánto rinde el título en comparación con no tenerlo sino si alcanza para vivir. Lo que cuesta sostener con dignidad a una familia de 2 adultos y 2 hijos en la ciudad de Panamá cambia mucho según dónde se viva. El cálculo sigue las metodologías internacionales que construyen ese umbral sumando vivienda, comida, transporte, salud, cuidado y el resto de las necesidades, y ancla cada componente en fuentes verificables como la canasta básica del Ministerio de Economía y las tarifas oficiales del metro. El umbral va desde 1.426 balboas brutos por trabajador en los corregimientos exteriores hasta 2.597 en el centro financiero, y el ahorro en alquiler que ofrece la periferia se lo come en buena parte el transporte, que pasa de 30 balboas mensuales por trabajador en la zona céntrica a 90 en la más alejada.

Al cruzar ese umbral con lo que reciben las casas según el título de quien las encabeza aparece el hallazgo que cierra este artículo, y conviene subrayar que aquí no hace falta suponer nada, porque el censo ya cuenta toda la plata que entra bajo ese techo, con el sueldo del cónyuge y el de cualquier otro que aporte adentro. La casa del medio encabezada por un licenciado recibe 2.250 balboas al mes entre todos los que trabajan en ella, y sostener con dignidad a una familia con 2 hijos en la zona más barata de la capital exige 2.852. Le faltan unos 600 balboas para el punto más asequible de la ciudad, y como las medianas censales se leen sobre tramos de ingreso, esa distancia debe entenderse como un orden de magnitud y no al balboa. La del especialista, con 2.750, tampoco llega. Solo la casa con maestría, con 3.500, cubre los corregimientos exteriores y la periferia accesible, y solo la de doctorado, con 4.500, alcanza además el centro urbano, que exige 4.188. El centro financiero, con 5.194, no lo alcanza ningún nivel educativo. Y la casa sin ningún título está a más de 2.000 balboas de la zona más barata de la ciudad donde trabaja.

De modo que, en lo que estas cifras permiten ver, sofisticarse mueve a la gente dentro de la insuficiencia y no fuera de ella. La educación en Panamá no decide hoy si una familia vive dignamente, decide a lo sumo a cuántas horas del trabajo va a vivir sin lograrlo del todo.

Cabe preguntarse cómo se vive todos los días con una brecha así, y la respuesta está en los registros de crédito, porque la distancia entre lo que entra a la casa y lo que cuesta vivir no queda sin llenar, se financia. Al cierre de 2025 había 2,4 millones de personas con al menos una referencia de crédito activa en el buró, en un país con poco más de 2 millones de ocupados, y la cartera de personas naturales llegó a 41.755 millones de dólares en abril de 2026, repartida en más de 5,2 millones de obligaciones, más de 2 por persona. Las tarjetas en circulación pasaron del millón, con 71.837 más en un solo año. La Superintendencia de Bancos, en su estudio sobre la deuda de los hogares con datos a diciembre de 2020, estimó que las casas destinan en promedio el 27,1 por ciento de su ingreso bruto a pagar deudas y que cerca de 1 de cada 10 deudores supera el 50 por ciento, que es el umbral que el propio estudio llama sobreendeudamiento, y escribió, con sus palabras, que la tarjeta de crédito puede considerarse una herramienta de sobrevivencia y que el crédito amortigua el desbalance entre los ingresos y los egresos del ciudadano normal.

El informe más reciente del buró, publicado en julio de 2026, muestra además cuál es el instrumento con que se estira el mes. Las aperturas de líneas de crédito rotativas saltaron de 93.558 en 2024 a 132.700 en 2025, un 42 por ciento más en un solo año, y más de la mitad fue por montos de hasta 500 balboas, una proporción que en el primer cuatrimestre de 2026 subió a casi dos tercios. El crédito que más crece en Panamá es el más pequeño de todos, el de la nevera, el teléfono y los muebles en cuotas, que el propio informe describe como financiamiento para necesidades inmediatas y para bienes que muchas veces serían difíciles de adquirir al contado. Y de las 476.679 líneas activas a mayo de 2026, los comercios otorgan el 49 por ciento, las financieras el 33 y las mueblerías el 12, mientras que los bancos apenas el 4, de modo que la mayor parte de este crédito se origina en la caja de la tienda, por fuera del universo que mide el estudio bancario de la Superintendencia, y la carga real de las casas es mayor que la que ningún informe oficial registra completa.

Alguien dirá que la morosidad es baja y viene cayendo, y es cierto, pero en Panamá eso no desmiente el apuro sino que lo esconde, porque el Código de Trabajo permite descontar directamente del salario hasta la mitad, de modo que la deuda se cobra en la fuente, antes de que la plata toque la casa, y el ajuste no aparece en los impagos sino en lo que la familia deja de consumir después de que el banco cobró primero. Así que la compresión del premio educativo no se ve en la calle como pobreza abierta, se ve como casas que trabajan completo, pagan puntual y llegan recortadas a fin de mes, y el costo de que estudiar no alcance lo administra silenciosamente el sistema financiero.

Este hallazgo tiene un epílogo que merece su propio ensayo y que aquí solo queda apuntado. De las dos palancas que subieron el piso, la que no dependía de la voluntad del gobierno quedó desmantelada en 2025, cuando tras las protestas contra la reforma de la seguridad social el Ejecutivo congeló las cuentas del sindicato de la construcción, canceló la personería de su cooperativa, judicializó a más de 120 de sus dirigentes y pidió ante un juzgado disolver la organización que había negociado todas las convenciones del sector desde 1974. El gobierno alega delitos financieros y el sindicato denuncia persecución, los procesos siguen abiertos y no corresponde adjudicarlos aquí, pero el efecto estructural no depende del veredicto. La convención siguiente se firmó por 7 sindicatos sin el actor que arrancó todas las anteriores, y al trabajador sin título le va quedando una sola vía de mejora, la que se concede por decreto cada 2 años, que es precisamente la que no se conquista.

Queda una tercera vía, más modesta, y es la única que hoy pertenece al trabajador considerado uno por uno. Entre 2019 y 2023 la porción del producto que fue a los salarios cayó del 30,1 al 26,8 por ciento mientras la economía crecía, y el excedente empresarial subió del 56,8 al 61,8, lo que dicho en plata significa que el trabajo panameño produjo más valor que antes y cobró lo mismo. La contribución de quien trabaja no es marginal, lo marginal es lo que se le paga, y quien va a una entrevista debería llegar sabiendo cuánto cuesta vivir dignamente en su zona y cuánto produce el trabajo que ofrece, porque si acepta menos al menos sabrá que está regalando la diferencia. No hay que hacerse ilusiones sobre su alcance, ya que con 1 de cada 5 jóvenes sin empleo quien rechaza una oferta indigna sabe que otro la tomará, pero es la condición previa de cualquier negociación que venga.

Antes de cerrar conviene volver sobre algo que quedó dicho al principio y que el lector pudo perder por el camino. La expansión de la matrícula universitaria, la automatización, la globalización y otros cambios tecnológicos también pueden haber contribuido a que el premio de estudiar se encoja, y ninguno de esos factores se descarta aquí. Lo que estas cifras muestran es que, aun contando con todos ellos, la compresión persiste y resulta consistente con una economía cuya demanda de trabajo altamente calificado crece más despacio que la oferta de gente calificada.

Con eso se llega al fondo del asunto, y es que el problema de la educación panameña no se resuelve solo dentro del sistema educativo, porque no es únicamente un problema de oferta. Podemos tener los mejores institutos técnicos de la región y el retorno de estudiar seguirá encogiéndose si la economía que los recibe sigue concentrando su productividad en actividades que ocupan a muy poca gente. La pregunta que sigue a este artículo, y que queda abierta como quedaron las otras, no es cómo formamos mejor, que ya sabemos y estamos empezando a hacerlo, y que además llevamos intentando desde 1907. La pregunta es por qué nuestra economía paga tan poco por el trabajo calificado, y esa es una pregunta sobre el modelo de desarrollo del país, sobre la renta que lo sostiene y sobre quién se beneficia de que las cosas sigan como están. Estudiar volverá a rendir el día que sofisticarse rinda, y eso depende menos de las aulas que de lo que decidamos hacer con la economía que hay del otro lado de ellas.

El autor es arquitecto y urbanista.

Nota metodológica. La compresión del premio salarial procede de consultas propias a la base REDATAM del INEC para los censos de 2000, 2010 y 2023, comparando el ingreso mediano del hogar, que el cuadro reporta para el hogar completo sumando lo que aportan todos sus miembros, según el título del jefe o jefa de hogar en el área metropolitana. El universo se restringe a los jefes de hogar, de modo que quedan fuera cónyuges, hijos y demás miembros, lo que sesga la muestra hacia edades mayores. Los censos de 2000 y 2010 clasifican por nivel de instrucción y el de 2023 por título obtenido, de modo que la tendencia es sólida pero las magnitudes no son estrictamente comparables entre censos. Todas las cifras de ingreso son medianas y no promedios, y se calculan sobre intervalos de ingreso, por lo que están redondeadas al punto medio del tramo correspondiente. La mediana describe al hogar central de cada grupo y no captura la dispersión interna, que en los niveles altos es considerable. El ajuste por inflación se hizo con un índice de precios reconstruido a partir de las tasas anuales publicadas, que coincide con los valores oficiales disponibles con un margen menor a un punto y medio. Las cifras sectoriales provienen de las cuentas nacionales del INEC y del Ministerio de Economía y Finanzas, y la participación del trabajo en el producto de esa misma fuente. Los datos del Canal proceden de su portal de empleos, estrenado en febrero de 2026, y de los conteos de vacantes publicados en prensa entre enero y abril de ese año, que oscilaron entre 17 y algo más de 30 posiciones simultáneas. La proporción entre plazas profesionales y no profesionales no está publicada. Las cifras del Instituto Técnico Superior Especializado y del Instituto Nacional de Formación Profesional provienen de sus leyes de creación y de sus publicaciones institucionales, y las de inserción laboral son autorreportadas por esas mismas instituciones. El salario mínimo procede de los decretos ejecutivos correspondientes y las escalas de la construcción de las convenciones colectivas del sector. El estudio sobre el déficit de técnicos es «El empleo, la productividad y la inclusión social con más y mejor formación técnica y profesional», de noviembre de 2014, cuyas proyecciones se citan como diagnóstico de su momento y no como estado actual. Las cifras de crédito proceden de los reportes públicos de APC Experian entre 2025 y 2026, incluido su informe sobre líneas de crédito rotativas del 13 de julio de 2026 y del estudio de la Superintendencia de Bancos de Panamá sobre la deuda de los hogares, con datos a diciembre de 2020, que cubre únicamente crédito bancario y excluye financieras, cooperativas y crédito informal, por lo que la carga real de los hogares puede ser mayor a la reportada. El umbral de vida digna por zonas procede de un trabajo propio que adapta las metodologías internacionales de ingreso vital al contexto panameño, El cruce final compara el ingreso del hogar medido por el censo con el umbral calculado para una familia de dos adultos y dos hijos. Como el censo agrupa hogares de todas las composiciones y de todos los tamaños, y como el umbral se expresa en términos brutos, antes de las deducciones obligatorias del trabajador, mientras que no consta si el censo registra ingreso bruto o líquido, esa comparación debe leerse como orden de magnitud y no al balboa. Las cifras sectoriales de participación en el producto proceden de las entregas anteriores de esta serie y no fueron reverificadas para esta.

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Cada cierto tiempo reaparece la misma frase en los foros gremiales y las páginas económicas: no se consigue personal calificado. Se asume de inmediato que faltan profesionales, que las universidades gradúan en las carreras equivocadas y que el sistema educativo falló. Sin embargo, dentro de esa queja conviven tres preguntas distintas que solemos confundir: la de **cantidad** (si hay suficientes personas con título), la de **calidad** (si saben hacer lo que el puesto exige) y la de **tamaño y geografía** (cuánta gente puede emplear realmente la parte de la economía que paga bien y dónde queda ubicada). La primera está resuelta. Las otras dos, no.

Fui a los censos del INEC a buscar la respuesta a la primera y las cifras son contundentes. En el año 2000, el área metropolitana tenía unos cuarenta y ocho mil jefes de hogar con carrera universitaria terminada; hoy tiene cerca de ciento setenta mil. En una sola generación multiplicamos por más de tres nuestra población con título. Lo esperable sería que, ante tal sobreoferta, los graduados terminaran en trabajos de menor categoría. Pero al cruzar título con ocupación entre 2010 y 2023, la proporción de titulados que trabajaba como profesional, gerente o director se mantuvo idéntica: sesenta y uno de cada cien. Trece años y cero puntos de diferencia, mientras el volumen de graduados crecía más del cincuenta por ciento.

Si aplicamos el estándar estadístico europeo e incluimos a los técnicos de nivel medio —laboratoristas, dibujantes, técnicos de sistemas—, la correspondencia sube a cerca de cuatro de cada cinco. Tampoco se sostiene que el problema sean las carreras: casi cuatro de cada diez graduados de las universidades oficiales salen hoy de campos técnicos o científicos, frente a menos de tres hace quince años. De la cantidad se puede decir algo firme: no falta gente con título ni se está formando en las áreas equivocadas.

Y sin embargo, la queja empresarial persiste porque no habla de diplomas, sino de competencias: redactar sin errores, entender un contrato en inglés o resolver un problema con creatividad. El problema es que sobre esas competencias reales Panamá no ha levantado un solo dato. El país no participa en evaluaciones internacionales de adultos, no da seguimiento a sus egresados, no cuenta con un observatorio laboral ni conecta los registros educativos con los del empleo. Como señaló Liz Reisberg en el diagnóstico encargado por el BID en 2021, el país carece de las estadísticas para analizar los resultados de su propio sistema.

De ese vacío solo se salva el inicio escolar, y lo que ahí se mide preocupa: en la prueba PISA 2022, solo cuatro de cada diez estudiantes de quince años alcanzaron el nivel mínimo en comprensión lectora, y en matemáticas apenas el dieciséis por ciento. Cuánto aprenden después en la universidad es imposible de saber. Los exámenes de admisión de las universidades públicas no exigen una nota mínima fija; entran los mejores puntajes hasta llenar cupos, de modo que si el grupo llega peor preparado, la nota de corte baja sola. Nadie mide si la universidad nivela o si expulsa al que no rinde, porque tampoco se hace seguimiento por cohortes. Quien se topa con la carencia años después es el empleador, y la llama escasez de talento.

Para entender la dinámica del mercado, revisé ciento veinte avisos en un portal de empleo. La mitad de los puestos de oficina y un tercio de los de atención al cliente exigían carrera universitaria para tareas como archivar o contestar cotizaciones, pidiendo experiencia previa e inglés por sueldos de ochocientos balboas. Sin embargo, el censo muestra que solo veintisiete de cada cien empleados de oficina tienen título. El título se exige para entrar, pero no se paga cuando ya se está adentro.

Esta desproporción responde a la lógica de la economía de la educación: ante el deterioro de la secundaria, haber llegado a la universidad es el único indicador observable de disciplina que le queda al empleador. El título no se pide por lo que enseña, sino como un sustituto o filtro de madurez laboral. Es un filtro costoso que pagan los candidatos y que deja fuera a quien no pudo pagar la matrícula. Por el lado del precio, la ventaja salarial de tener un título se redujo en un tercio en los últimos veintitrés años, y cuando las empresas buscan resolver la falta de personal, subir los sueldos no figura entre sus primeras respuestas. Quien no sube el precio de lo que dice no conseguir admite que el problema no es estrictamente de escasez.

Aun si el sistema educativo se arreglara mañana, quedaría el problema del tamaño y la geografía. Los sectores que empujan el crecimiento panameño emplean muy poca gente y ocupan muy poco suelo: la banca genera el seis por ciento del PIB con el dos por ciento del empleo, concentrado en un puñado de corregimientos del centro. La mayoría de los panameños trabaja en el comercio, los servicios y la construcción, repartidos por toda la mancha urbana.

Esto reproduce una ciudad dividida: un enclave de alta productividad en el centro y una periferia dormitorio en Panamá Norte, Este, Arraiján y La Chorrera. Cuando un titulado de la periferia evalúa un puesto de ochocientos balboas en el centro, resta el transporte y las dos o tres horas diarias de trayecto. Esa fricción espacial opera como un filtro tan real como el diploma. El enclave no puede absorber a todos los graduados; el resto termina en el sector de menor productividad, donde se fija su salario.

Podemos afirmar que nunca tuvimos tantos profesionales y que el mercado los siguió empleando en las mismas categorías. La pregunta difícil —si saben hacer lo que se les pide— no tiene respuesta porque no construimos los datos para medirla. Mientras tanto, discutimos reformas a ciegas en una ciudad que sabe cuántos metros cuadrados construye cada año, pero desconoce qué hace con la gente que educa.

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**Nota metodológica:** Datos de REDATAM-INEC (censos 2000, 2010, 2023) para el área metropolitana. Graduados de UP y UTP; datos sectoriales de INEC/MEF; encuesta ManpowerGroup; diagnóstico BID (Reisberg, 2021). Auditoría sobre 120 vacantes en portal abierto. La correspondencia mide nivel educativo, no carrera específica.

Por: Carlos Antonio Solís Tejada

El negocio tradicional de la construcción en nuestras ciudades está llegando a su límite. Durante décadas, la receta para ganar dinero en el sector inmobiliario ha sido siempre la misma y muy lineal: comprar un terreno, pedir un préstamo millonario al banco, levantar un edificio de la nada, vender los apartamentos uno a uno al por menor y salir corriendo hacia el siguiente proyecto. Sin embargo, este viejo motor transaccional está perdiendo fuerza. Las tasas de interés suben y bajan de forma volátil, la tierra está carísima y los salarios de la clase media profesional están estancados. Ya no es tan fácil calificar para una hipoteca a 30 años.

Hoy, las empresas desarrolladoras se enfrentan a un dilema obligatorio: o siguen compitiendo en ese mercado de venta de cemento cada vez más estrecho, o cambian el chip hacia un modelo de negocio basado en la permanencia y los ingresos recurrentes. La respuesta no está en seguir tirando concreto en las afueras de la ciudad, obligando a la gente a pasar tres horas diarias en el tráfico. La respuesta está en cambiar la forma en que gestionamos e inyectamos valor a los metros cuadrados que ya existen en los centros urbanos. Es el paso de la venta tradicional al concepto de Vivienda como un Servicio.

El verdadero desafío de nuestros barrios céntricos no es que falte gente con ganas de vivir en ellos. El problema es una desconexión matemática: los precios de venta de los apartamentos nuevos son de lujo, pero la fuerza laboral que sostiene la economía de la ciudad —maestros, enfermeras, técnicos, oficinistas y jóvenes profesionales— gana salarios de clase media. Intentar resolver esta brecha construyendo edificios nuevos desde cero es casi imposible si se quieren mantener precios lógicos, porque excavar sótanos para estacionamientos subterráneos y cumplir con las burocracias de la obra nueva eleva los costos al cielo.

La verdadera asequibilidad y la renovación de nuestras ciudades deben nacer del arbitraje operativo del inventario existente. ¿Qué significa esto? Significa, simplemente, ganar dinero reviviendo y ordenando edificios viejos, en lugar de gastar millones construyendo desde cero. Nuestras ciudades están llenas de un inventario invisible: edificios de apartamentos construidos en los años 70, 80 o 90 que estructuralmente están perfectos (sus columnas de concreto durarán cien años más) y tienen ubicaciones envidiables cerca de las estaciones de Metro. Sin embargo, sufren de abandono: fachadas sucias, elevadores dañados y administraciones informales en cuadernos viejos. Están mal administrados, no mal ubicados.

El negocio del futuro no requiere verter más cemento, sino desplegar orden y tecnología sobre ese cascarón que ya existe. Al asumir la administración de estos edificios obsoletos, introducir una aplicación digital para eliminar los retrasos en los pagos y optimizar el espacio interior, el valor cambia por completo. Si el edificio tiene apartamentos gigantescos y viejos que hoy nadie puede pagar, el modelo los remodela y los divide internamente en unidades más compactas, modernas y eficientes (de 40 a 60 metros cuadrados), transformando las áreas muertas o abandonadas en espacios comunes espectaculares que todos comparten, como una buena lavandería comunitaria o un salón para trabajar. Así, se pueden ofrecer alquileres entre un 15% y un 20% más baratos que el mercado común.

Sin embargo, para que este negocio funcione y sea financieramente defendible, los datos deben mandar sobre la geografía. En los barrios de rentas medianas-altas, comprar y factorizar estos activos viejos solo hace sentido si se adquieren con descuentos drásticos que reflejen su edad, logrando que el edificio se llene de inquilinos estables que generen un flujo de dinero constante, atrayendo a los grandes fondos de inversión que buscan rentabilidades seguras. Por el contrario, en los barrios de rentas medianas-bajas, comprar los inmuebles a precio de mercado para intentar alquilar barato es una contradicción aritmética que no cierra; en esas zonas, la empresa jamás debe comprar un ladrillo, sino operar estrictamente como una gestora digital, cobrando una comisión por ordenar el edificio de los dueños actuales sin alterar los precios del vecindario.

Este enfoque exige también despojar a la palabra «comunidad» de romanticismos ideales y tratarla como una herramienta fría de buena administración. La convivencia sana en un edificio no se logra haciendo entrevistas sicológicas ni comités de vecinos para ver quién «merece» entrar, lo cual es comercialmente lento y legalmente peligroso. Se logra mediante la transparencia: exponiendo reglas de convivencia rígidas y claras sobre el ruido, el reciclaje y las mascotas antes de firmar, para que el mercado se auto-seleccione por comportamiento. Cuando los inquilinos entran sabiendo las reglas y usan la tecnología para votar democráticamente si el salón de abajo será un gimnasio o una guardería, cuidan el inmueble como propio. Una comunidad corresponsable reduce drásticamente los apartamentos vacíos y los costos de reparaciones de emergencia, protegiendo las ganancias.

Finalmente, para que este modelo sea sostenible, cada proyecto debe pasar un filtro obligatorio que mida su Compatibilidad Urbana Rentable. Las empresas inmobiliarias del mañana no pueden operar como burbujas aisladas que provoquen la expulsión o el desplazamiento de los residentes históricos de un barrio. Cada intervención debe demostrar con números que reduce los espacios abandonados de la manzana, ilumina la calle, mejora la acera para el peatón e integra los servicios que los vecinos de la zona realmente necesitan.

Evolucionar de constructores tradicionales a operadores institucionales de vivienda de proximidad es el camino para extraer valor financiero, social y urbano de lo que ya está construido. No se trata de hacer caridad con el dinero de la empresa, sino de entender que el respeto al entorno es un acelerador de valor y que la compatibilidad con el barrio es el mejor escudo contra los riesgos comerciales. Al final del día, las empresas que sobrevivan los próximos cincuenta años no serán las que viertan más concreto en la periferia, sino aquellas capaces de transformar el hábitat central en una plataforma de servicios eficiente, rentable y profundamente conectada con la realidad de su calle.

Por: Carlos Antonio Solís Tejada

En los últimos meses, el fragor de la opinión pública y los debates mediáticos se han volcado con fuerza sobre el avance de los proyectos residenciales hacia las inmediaciones del Complejo Penitenciario La Joya y La Joyita. Las preguntas han caído con el peso de lo evidente: ¿Quién aprobó estos permisos de construcción? ¿Qué institución falló en la cadena de fiscalización? ¿Debió autorizarse una urbanización tan cerca de una infraestructura de máxima seguridad? Estas interrogantes son legítimas y comprensibles dentro de la coyuntura política nacional, pero resultan estériles si lo que buscamos es resolver el ordenamiento del territorio a largo plazo.

Al examinar este fenómeno desde una perspectiva técnica e interdisciplinaria —cruzando el urbanismo, el ordenamiento territorial, la seguridad jurídica, la economía urbana y la criminología—, la conclusión más relevante no es que exista necesariamente una falla administrativa puntual. La conclusión real es que este caso ha expuesto una limitación estructural y mucho más profunda: Panamá continúa planificando su geografía metropolitana a través de herramientas diseñadas principalmente para responder qué usos están permitidos en un terreno, pero no cómo deben convivir esos usos cuando forman parte de un mismo territorio.

La brecha entre linderos y restricciones jurídicas

Hasta donde alcanza la información pública disponible, no existe evidencia de una norma urbanística general que establezca una distancia mínima obligatoria o una zona de amortiguamiento para desarrollos residenciales alrededor de La Joya y La Joyita. Tampoco se observa una restricción explícita incorporada a los instrumentos de planificación territorial que prohíba este tipo de proyectos en el entorno del complejo.

Lo que sí existe son actuaciones estatales destinadas a proteger y delimitar los terrenos del complejo penitenciario. Entre 2020 y 2021 distintas entidades realizaron acciones para recuperar áreas invadidas, reforzar cercas y establecer con precisión los linderos de la propiedad pública. Sin embargo, en el derecho urbano se impone una distinción fundamental: delimitar una finca estatal no equivale a imponer restricciones urbanísticas sobre los predios vecinos. Jurídicamente son conceptos distantes.

Bajo el principio de legalidad, si el Estado considera que ciertas infraestructuras complejas requieren áreas especiales de protección, transición o exclusión por razones de seguridad nacional, esas limitaciones deben estar taxativamente establecidas en la normativa y reflejadas de forma expresa en los instrumentos de planificación. No pueden depender de interpretaciones posteriores, de llamadas al «sentido común», ni de criterios aplicados de forma intuitiva caso por caso por el funcionario de turno. Actuar sin esa previsión normativa no solo vulnera la seguridad jurídica que requiere la inversión, sino que expone al Estado a demandas millonarias por lesión patrimonial al derecho de propiedad privada. Si las reglas vigentes no lo prohibían, resulta difícil sostener que el problema radica exclusivamente en quienes promovieron o aprobaron proyectos conforme a la ley.

La ciudad de las interfaces y sus fracturas

El verdadero aporte de este debate trasciende la polémica carcelaria. Lo que está en juego es una pregunta que rara vez aparece en la discusión pública: ¿Cómo debe relacionarse una infraestructura compleja con la ciudad que la rodea?

La zonificación tradicional (euclidiana) responde con solvencia una pregunta bidimensional y estática: ¿Qué puede construirse aquí? Pero las ciudades contemporáneas exigen responder una segunda interrogante, igual o más importante: ¿Cómo debe incorporarse aquello que sí puede construirse? Es en ese vacío normativo donde colisionan no solo los centros penitenciarios, sino también los aeropuertos, puertos, hospitales metropolitanos, instalaciones militares, centros logísticos, plantas de tratamiento de aguas y subestaciones eléctricas. Todos son usos legítimos y necesarios. Todos generan impactos severos sobre su entorno. Y todos requieren algún tipo de relación orgánica con los barrios, calles y espacios públicos que inevitablemente terminan creciendo a su alrededor.

La realidad es que las ciudades no son archipiélagos de zonas residenciales, comerciales o industriales aisladas por colores en un mapa. Las ciudades están hechas de interfaces. De bordes. De transiciones. De espacios de fricción donde actividades distintas se encuentran y están obligadas a coexistir. Cuando estas macroestructuras y los sectores residenciales coexisten sin un espacio de transición programado, el modelo regulatorio panameño muestra sus costuras más débiles, generando fracturas en tres dimensiones críticas:

El salto normativo: Del lote a la tipología urbana

Sería injusto afirmar que Panamá no ha intentado avanzar. Las Normas Complementarias de San Francisco representaron un esfuerzo por reconocer que ciertas actividades, aun siendo compatibles con la zonificación general, pueden resultar inconvenientes en contextos específicos. Del mismo modo, las regulaciones aplicables a Ciudad Jardín introdujeron una visión más sofisticada al regular a escala de polígonos compuestos por varias manzanas y no únicamente a nivel de lote individual. Estos instrumentos demuestran una evolución importante, pues reconocen que los impactos urbanos no ocurren a escala de parcela, sino a escala de calle, barrio y sector urbano. Sin embargo, incluso estas herramientas continúan enfocándose principalmente en la distribución y exclusión de usos del suelo.

Todavía queda pendiente una discusión más profunda sobre la forma urbana, las transiciones morfológicas y la manera en que determinadas tipologías deben insertarse dentro de la ciudad. Aquí es donde cobra vigencia la necesidad de implementar un Manual de Tipologías Urbanas basado en los códigos de forma (Form-Based Codes). Este instrumento no vendría a sustituir la zonificación existente ni a reemplazar los planes locales; vendría a completarlos. Mientras la zonificación determina el qué, el Manual de Tipologías determinaría el cómo: bajo qué condiciones de implantación, con qué cerramientos opacos, con qué amortiguamientos morfológicos y con qué mecanismos de integración se introduce una pieza compleja en el tejido vivo de la ciudad para mitigar sus externalidades.

Para evitar el choque directo entre tipologías incompatibles, el ordenamiento territorial moderno propone la sustitución del límite predial rígido por un Gradiente de Amortiguamiento Territorial. Este modelo diluye el impacto de la infraestructura central a medida que se aproxima al tejido residencial a través del siguiente esquema secuencial:

[ Infraestructura Crítica ] 
       │
       ▼ (Nivel 1: Zona de Exclusión Táctica - Servidumbre de Seguridad de Alta Densidad Forestal)
[ Franja de Amortiguamiento Ecológico ] 
       │
       ▼ (Nivel 2: Zona de Transición Morfológica - Vías Perimetrales y Servicios de Escala)
[ Equipamientos e Infraestructura de Soporte ] 
       │
       ▼ (Nivel 3: Zona Residencial de Baja Densidad y Control de Altura)
[ Tejido Urbano Habitacional ]

Nuestra planificación ha evolucionado con lógica pero con rezago: primero regulamos parcelas, luego barrios, más tarde polígonos compuestos. El paso normativo inmediato es regular la forma en que las distintas tipologías urbanas se insertan y conviven dentro de la ciudad.

El veredicto técnico: La reforma urgente del PLOT

La principal contribución del debate sobre La Joya no es determinar retrospectivamente si alguien actuó correctamente bajo las reglas de juego del pasado. Su valor radica en abrir la discusión estructural que el país ha postergado durante demasiado tiempo.

Para el caso específico de La Joya y La Joyita, la solución técnica y responsable no se limita a congelar el conflicto mediante una moratoria de desarrollo de emergencia en su polígono inmediato. Lo que se requiere con urgencia institucional es iniciar un proceso formal de revisión y actualización del Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT).

El PLOT no puede seguir siendo un documento estático de asignación de códigos y colores; debe transformarse en un instrumento dinámico capaz de tipificar y gestionar de forma explícita estos conflictos de interfaz. La revisión profunda de este plan debe incorporar variables de seguridad nacional, análisis de riesgo criminológico, la institucionalización de servidumbres de amortiguamiento metropolitano debidamente indexadas en el Registro Público y, fundamentalmente, las directrices de un Manual de Tipologías Urbanas que defina fórmulas de reducción de altura escalonada en función de la distancia al núcleo del equipamiento crítico. Solo así blindaremos el crecimiento ordenado de la ciudad, garantizando que el diseño de nuestras infraestructuras complejas y el derecho a la vivienda digna dejen de colisionar en la opacidad normativa.

El problema de fondo no es una cárcel, tampoco es una urbanización residencial. Es la profunda dificultad de gestionar una metrópolis cada vez más compleja utilizando herramientas regulatorias que fueron concebidas para una ciudad mucho más simple. Quizás el verdadero desafío no sea decidir si la ciudad llegó demasiado cerca de la cárcel. Quizás el verdadero desafío sea construir, a través de la reforma urgente de nuestros planes territoriales, las herramientas de planificación necesarias para gestionar el encuentro entre ambas.