La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Cada vez que trasciende el sueldo de un cargo calificado en el Estado o se abre una posición profesional de unos $3,500 mensuales, las redes y las tertulias políticas reaccionan con indignación. Se exhibe la cifra aislada como un privilegio intolerable frente a un país donde, según la Encuesta de Mercado Laboral del INEC (septiembre de 2025), el salario mediano de los empleados se ubica en B/.756.00 y el 71.5% percibe menos de mil balboas brutos.

Que el clientelismo tradicional recurra a esta demagogia no sorprende; lo grave es que la hayan legitimado bancadas independientes y figuras anticorrupción. Al fiscalizar vistas presupuestarias convirtiendo cualquier remuneración técnica competitiva en sospecha de botín político, estos liderazgos entregan al sector privado tradicional una coartada conveniente para justificar la compresión salarial. Si los propios abanderados de la austeridad catalogan de «excesivo» ganar tres mil balboas, se envía un mensaje disciplinador a la sociedad: la precariedad es la norma y aspirar a una retribución profesional digna es una desmesura moral.

Esta narrativa descansa sobre dos distorsiones: una económica y otra institucional.

La primera es juzgar los ingresos de hoy con la escala mental de hace veinticinco años. Como en Panamá usamos el dólar y no hemos sufrido las hiperinflaciones traumáticas de la región, persiste la ilusión de que el valor del dinero sigue fijo. A finales de los noventa, percibir mil setecientos dólares situaba a un profesional en los tramos superiores de la clase media consolidada, mientras que tres mil representaba una posición ejecutiva encumbrada. Tres décadas después, el encarecimiento acumulado en vivienda metropolitana, salud, transporte y educación ha redefinido los costos básicos de la vida urbana. Percibir hoy $3,500 no representa opulencia: es lo que cuesta sostener a un hogar profesional con hipoteca en la ciudad sin vivir al borde del ahogo financiero.

Frente a este desfase, el discurso oficial suele apelar a la Canasta Básica Familiar de Alimentos (CBFA) para argumentar que, al rondar los B/.360, el ingreso base es suficiente. Es una reducción tramposa. La CBFA mide únicamente requerimientos calóricos normados hace casi dos décadas, y aun así absorbe más de la mitad del salario neto mediano (B/.672.84 tras las deducciones de ley). La alimentación es apenas una fracción de lo que cuesta vivir: ningún hogar subsiste sin pagar techo, electricidad, transporte, agua o escuela.

La segunda distorsión es confundir el gasto clientelar con el costo del capital humano. El verdadero despojo del erario no radica en el actuario, el ingeniero estructural, el economista o el especialista en adquisiciones que devenga $3,500 o $4,000 para auditar compras millonarias o regular monopolios.

El drenaje fiscal está en las planillas paralelas y los contratos discrecionales entregados a activistas de campaña que no rinden funciones. Para alimentar el espectáculo en redes, se esgrimen casos llamativos de jefaturas sobredimensionadas o se cuestiona que los directivos de universidades comarcales ganen salarios competitivos, condenando a las regiones más vulnerables a la precariedad institucional bajo el prejuicio de que en zonas humildes solo caben ingresos de subsistencia.

Este discurso de austeridad punitiva ya demostró ser un bumerán político. Cuando las propias fuerzas independientes asumieron la administración de alcaldías y juntas comunales, chocaron con una prueba de realidad: sanear un municipio y fiscalizar concesiones exige cuadros técnicos de primer nivel que no abandonarán su práctica privada por $1,500. Al tener que pagar salarios de mercado para atraer talento directivo tras cesar a personal operativo, la opinión pública les aplicó exactamente la misma regla descontextualizada que ellos alimentaron en la Asamblea.

Ahí reside la paradoja central: la austeridad salarial indiscriminada termina debilitando al Estado que pretendía hacer eficiente. Salarios técnicos deprimidos provocan la pérdida de profesionales calificados, reducen la capacidad regulatoria del sector público, aumentan la dependencia de consultorías externas y empeoran la gestión, alimentando un nuevo ciclo de indignación que pide pagar todavía menos.

Un Estado austero no es un Estado que paga poco. Es un Estado que sabe cuánto vale cada puesto en el mercado, qué resultados exige y qué consecuencias enfrenta el funcionario cuando no los cumple. Fiscalizar con seriedad exige concursos de mérito blindados, auditorías de productividad y una Carrera Administrativa transparente que elimine las botellas reales, defendiendo sin complejos que el conocimiento técnico y la responsabilidad pública requieren una compensación profesional competitiva.

El autor es arquitecto y urbanista