La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Hay una recomendación que en Panamá se repite como si fuera una ley de la naturaleza, y es que hay que estudiar para salir adelante. La dan los padres, la dan los maestros, la dan los ministros en cada acto de graduación. Es un buen consejo y sigue siendo cierto para una persona concreta, porque quien tiene un título gana más que quien no lo tiene. Pero cuando uno deja de mirar a la persona y mira al país entero a lo largo de una generación, aparece un hecho que nadie menciona en esos discursos, y es que la ventaja de haber estudiado se está encogiendo.

El dato aparece al medir los censos, que es donde conviene ir cuando una afirmación se repite demasiado sin que nadie la revise. Los cuadros censales permiten cruzar el título de quien encabeza la casa con toda la plata que entra a esa casa en el mes, sumando lo que aportan el cónyuge, los hijos que trabajan y cualquier otro que ponga. De aquí en adelante, cuando se hable de lo que recibe una casa universitaria, no se habla del sueldo de una persona sino de todo lo que entra bajo ese techo.

Con esa aclaración por delante, el resultado es el siguiente. En el año 2000, en el área metropolitana, la casa encabezada por alguien con título universitario, contando desde la licenciatura hasta el doctorado, recibía 1.750 balboas al mes, frente a 325 de la casa encabezada por alguien sin título alguno, es decir 5,4 veces más. Todas las cifras que siguen son medianas y no promedios, es decir que describen a la casa que queda justo en el medio de cada grupo, con la mitad por debajo y la mitad por encima, y no al grupo entero, que por dentro es muy desigual. Para 2023 esa casa universitaria del medio recibía 2.250 y la casa sin ningún título 700, de manera que la distancia se había reducido a 3,2 veces. En una sola generación, la ventaja de ingreso asociada a la educación superior perdió 2 puntos enteros de ese múltiplo. Parte de esa caída refleja que el propio grupo universitario cambió por dentro, porque en el año 2000 los posgrados pesaban más dentro de un conjunto todavía pequeño, de modo que conviene mirar cada nivel por separado, y eso es lo que viene enseguida.

Ahora bien, cuando uno abre esa cifra para ver de dónde sale la compresión, encuentra algo que conviene decir con cuidado porque desarma la lectura fácil. La distancia no se acortó porque al titulado le fuera peor en el papel. Lo que entra a la casa universitaria del medio creció en esos 23 años, pero apenas se multiplicó por 1,3, mientras que lo que entra a la casa sin ningún título se multiplicó por 2,1. A primera vista la brecha se cerró por abajo más que por arriba, de modo que el problema no es que educarse se haya vuelto inútil sino que dejó de marcar tanta diferencia.

Esa lectura, sin embargo, se queda corta, porque las cifras de los censos son nominales y entre 2000 y 2023 los precios en Panamá subieron alrededor de un 67 por ciento. Cuando se descuenta la inflación y se compara poder de compra con poder de compra, el cuadro cambia. La casa del medio sin ningún título mejoró un 29 por ciento real, de modo que su avance no fue una ilusión monetaria. La encabezada por un licenciado ganó un 8 por ciento real en 23 años, y la del técnico superior un 17. Pero el conjunto universitario, arrastrado por su tramo alto, perdió un 23 por ciento, y ahí ocurrió algo que ninguna lectura optimista anticipa, porque la casa del medio con maestría perdió un 24 por ciento de su poder de compra y la de doctorado un 23, respecto de sus equivalentes del año 2000. No es que su ventaja relativa se encogiera, es que compran una cuarta parte menos de lo que compraban sus predecesores. La escalera educativa no solo se acortó, en su tramo alto se movió hacia atrás.

Cabe preguntarse si esa compresión perdonó a alguien, y la respuesta es que no. La casa del bachiller vocacional pasó de recibir 1,5 veces lo de la casa sin título a 1,3, con una mediana que subió de 500 a 900 balboas. El técnico superior pasó de 2,8 veces a 2,5. La especialización, que en Panamá es un grado menor que la maestría, cayó de 5,4 veces a 3,9, con lo cual quedó a menos de un punto de la licenciatura y el mercado ya casi no la distingue. La maestría bajó de 8,5 a 5. El doctorado, único nivel que conserva una ventaja alta, cayó de 10,8 a 6,4. La compresión es más severa cuanto más abajo se mira, y el único peldaño que resiste es el más raro de todos, porque en toda el área metropolitana las casas encabezadas por alguien con doctorado no llegan a 2.500. Ese doctorado que todavía rinde es el árbol que tapa el bosque, un premio que sostiene el discurso de que estudiar vale la pena y que ya no existe donde estudia casi todo el mundo.

Ante ese dato, la reacción natural es alarmarse por la calidad de las universidades y suponer que el título vale menos porque se otorga con demasiada facilidad. Es una explicación posible y algo de cierta tendrá. Pero hay una segunda explicación, menos cómoda, que este artículo se propone explorar, y es que el problema puede no estar tanto en lo que produce la educación como en lo que la economía panameña pide. Un título rinde menos cuando lo hay en abundancia, sí, pero también rinde menos cuando la economía que debería comprarlo no tiene dónde ponerlo a trabajar con una productividad que justifique pagarlo mejor.

La primera entrega de esta serie mostró que Panamá no mide qué saben hacer sus profesionales, y la segunda que tampoco sabe qué aprenden sus niños. Este artículo hace una pregunta distinta y más incómoda, porque las anteriores señalaban una carencia que se podría corregir con voluntad, mientras que esta apunta a algo que quizá a nadie le convenga corregir. La pregunta es por qué, después de 20 años señalando que la educación panameña anda mal, seguimos sin arreglarla. Y la respuesta probablemente no sea que no sepamos cómo, sino que la estructura de nuestra economía no le crea a casi nadie con poder de decisión la necesidad de hacerlo.

Para entender esa estructura hay que mirar de qué vive Panamá, y la respuesta es incómoda porque lo que genera la riqueza emplea a muy poca gente. Las actividades financieras y de seguros producen alrededor del 6 por ciento de la economía y ocupan a una fracción muy pequeña de los trabajadores del país. Mientras estuvo abierta, la mina de cobre aportaba cerca del 3 por ciento del producto interno bruto y nunca llegó a emplear al 1 por ciento de la fuerza laboral. Con el transporte por el Canal ocurre lo mismo, un aporte grande al producto con una planilla reducida, de modo que los sectores que colocan a Panamá en las estadísticas de país de renta alta son todos actividades de mucho capital y poca gente. La mayoría de los panameños trabaja en otra parte, en el comercio, los servicios y la construcción, con una productividad por trabajador mucho menor y, por lo tanto, con salarios mucho más bajos.

El Canal lo muestra con claridad. Cuando la Autoridad del Canal de Panamá estrenó su portal de empleos a fines de febrero de 2026, mantenía abiertas poco más de 20 vacantes, en enero había anunciado algo más de 30, en marzo tenía 21 y en abril 17. Algunas son plazas profesionales que exigen un título específico relacionado con el cargo publicado, como ingeniero civil o ingeniero de sistemas mecánicos, otras son plazas técnicas y de oficina, como oficinista o técnico en contabilidad, otras son ayudantías para estudiantes, y la vía de entrada más ancha pide como mínimo el diploma de bachiller, saber nadar y tener licencia de conducir. El punto no está en el nivel del requisito sino en el tamaño de la puerta, porque el empleador más prestigioso y mejor pagado del país mantiene abiertas entre 17 y 30 vacantes a la vez, contando desde las ingenierías hasta las ayudantías, mientras solo la Universidad Tecnológica gradúa más de 4.500 personas al año. No es que el Canal desprecie la educación, y de hecho la exige donde le hace falta. Es que su operación necesita un número reducido de personas, y a buena parte de su gente técnica prefiere formarla él mismo, a través de su Escuela de Aprendices y sus programas de adiestramiento, en lugar de esperarla de la universidad.

Esto último es un patrón y no una excepción, porque el clúster marítimo tiene también su propia universidad oficial, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, que forma a la gente de mar bajo estándares internacionales y mantiene una bolsa de empleo exclusiva para sus egresados. Cada pieza del aparato productivo que genera la renta en Panamá tiende a formar e insertar su propia mano de obra especializada, por fuera del circuito universitario común. El enclave se abastece a sí mismo, y por eso lo que ocurra con la calidad promedio de las universidades del país le resulta indiferente.

Aquí es donde el argumento deja de ser sobre educación y pasa a ser sobre economía política. Cuando la mayor parte de la riqueza de un país proviene de una ventaja geográfica e institucional extraordinaria, un canal entre dos océanos, un centro bancario y una zona franca amparados por reglas favorables, cuya explotación exige mucho capital y muy poca gente en relación con lo que produce, el ingreso del país tiende a desacoplarse de las capacidades de la mayoría de su población. Es un fenómeno que suele asociarse a los países que viven del petróleo, y una vía interoceánica produce un efecto parecido. No es que esas actividades sean poco productivas, porque el Canal opera con ingeniería, mantenimiento y organización de primer nivel, sino que su altísima productividad se concentra en un puñado de empleos, de manera que el grueso de la fuerza laboral queda del otro lado de esa frontera. Eso tiene una consecuencia que rara vez se dice, y es que los incentivos predominantes de quienes se benefician de esa renta no empujan hacia mejorar la educación de todos. Basta con formar bien a los pocos que la operan.

Eso ayuda a entender por qué el debate educativo se repite idéntico cada año sin que nada cambie, y sugiere que no se trata de un misterio de incompetencia ni de mala voluntad. Es que las mejoras educativas de fondo son costosas, lentas y difíciles, y sus beneficios se reparten entre millones de personas a lo largo de décadas, mientras que su costo político es inmediato. Quien tendría que empujar esa reforma no recibe a cambio nada que necesite con urgencia, porque los sectores que sostienen su poder ya consiguen la mano de obra que requieren. Las cosas que convienen a todos rara vez se hacen si no hay un grupo concreto con un interés intenso en que se hagan, y la buena educación panameña es justamente eso, un bien que nos conviene a todos y que no le urge a nadie con capacidad de decidir.

Conviene entonces preguntarse qué fue lo que sí funcionó, porque si el piso salarial panameño subió un 29 por ciento real en 23 años, algo tuvo que empujarlo. Y al rastrear ese empuje no aparece el mercado premiando capacidades, aparecen dos palancas políticas. La primera es el salario mínimo, que se fija por decreto cada 2 años y que pasó de entre 1,15 y 1,22 por hora en el año 2000 a 624 balboas mensuales en la región uno tras el alza del 27,5 por ciento de 2014, y a un promedio de 636,80 en 2024, promedio porque el mínimo panameño se fija diferenciado por región y por actividad. Hoy está entre los más altos de América Latina. La segunda es la negociación colectiva del sector construcción, donde el peón, es decir el trabajador sin ninguna calificación formal, pasó de 3,86 balboas la hora en 2019 a 4,51 en 2025, con un aumento superior al 15 por ciento pactado en la convención vigente desde enero de 2026.

Ese segundo dato merece detenerse, porque un peón de construcción a 4,50 la hora, en jornada de 48 horas semanales, ronda los 935 balboas mensuales, y en la auditoría de avisos de empleo de la primera entrega de esta serie aparecían con frecuencia puestos que exigían licenciatura y ofrecían 800. La comparación no es exacta, porque las jornadas y la estabilidad de uno y otro no son iguales, pero la diferencia de 135 balboas dice algo que vale la pena decir, y es que el trabajador sin calificación formal que pertenece a un sindicato con capacidad de negociar puede ganar más que el profesional titulado que negocia solo. Ninguna de las dos palancas que elevaron el piso premia el estudio. Una se decreta y la otra se conquista, y quien mejoró su suerte en este país lo hizo por la ley o por la organización, no por haberse sofisticado. Conviene reconocer que esta explicación, la del piso que sube por vía política, alcanza por sí sola para que la distancia se acorte, y que la caída del poder de compra en los niveles más altos pide todavía una explicación que estos datos no ofrecen.

Y sin embargo el Estado ha actuado en el terreno educativo. En la última década ha hecho un giro deliberado, y acertado en su diagnóstico, hacia la formación técnica. En 2017 se creó, mediante la Ley 71, el Instituto Técnico Superior Especializado, con una inversión superior a los 200 millones de balboas, que abrió sus puertas en 2019 con poco más de 100 estudiantes y hoy supera los 5.000, con carreras de ciclo corto de 2 años en logística, hospitalidad, industria e innovación digital. Sus instructores se formaron en Francia, Alemania y Canadá, y el modelo que imita es el de la formación dual europea.

Detrás de esa apuesta hubo un diagnóstico. Al sancionar la ley, el gobierno citó un estudio de 2014 que proyectaba para el quinquenio siguiente un déficit de 67.560 técnicos frente a unos 2.000 profesionales universitarios, concentrado en logística y construcción, es decir una brecha de casi 34 a 1 a favor del nivel técnico. Esa proyección ya venció, y sirve para entender por qué se creó el instituto y no para afirmar cuántos técnicos faltan hoy. Pero la dirección del diagnóstico es clara, y el sector privado la comparte, porque ya en aquellos años la dirigencia empresarial pedía técnicos por decenas de miles y no más licenciados.

Lo que sí conviene corregir es la idea de que este giro sea una novedad, porque la formación técnica en Panamá es casi tan vieja como la República y nació sirviendo al mismo enclave. La Escuela de Artes y Oficios se creó por ley en 1904 y abrió sus puertas en noviembre de 1907 para capacitar la mano de obra que necesitaba la construcción del Canal, y durante décadas sus egresados fueron la cantera del programa de aprendices de esa misma obra. Después vino el Instituto Nacional de Formación Profesional, creado por ley en 1983 y reestructurado en 2006, y en 2014, 3 años antes del instituto técnico superior, el Ministerio de Educación ya había creado 7 institutos de educación postmedia que funcionaban dentro de las instalaciones de los institutos profesionales y técnicos existentes, de los cuales hoy operan 34 oficiales y 3 particulares. El instituto de 2017 no salió de la nada, se montó sobre una base que llevaba 110 años ahí.

El giro reciente ha sido real en su ejecución. La formación dual del instituto de formación profesional, reactivada en 2022, combina la práctica en la empresa con la teoría en el aula y reporta que entre el 80 y el 90 por ciento de sus egresados terminó contratado por la misma empresa donde se formó. Ese dato de inserción es exactamente lo que el título universitario ya no garantiza, de modo que el camino técnico hoy coloca a su gente mientras el universitario muchas veces no.

Pero colocar no es lo mismo que pagar, y ahí es donde el giro se queda a medias. El instituto técnico superior reporta que 8 de cada 10 de sus egresados se inserta en el mercado laboral, y esa cifra es de la propia institución, sin un seguimiento independiente que la verifique. Al mirar el salario que la acompaña, la propia institución habla de remuneraciones de hasta 3 veces el mínimo, es decir un techo cercano a los 1.900 balboas mensuales, que queda por debajo de los 2.250 que recibe la casa del medio encabezada por un licenciado. El egresado técnico llega, en el mejor de los casos, al rango donde el titulado universitario ya estaba, y esa cifra es un techo y no una mediana. Sus mayores empleadores, según su propia feria de empleo, son el Canal y la aerolínea de bandera, es decir el enclave otra vez, que consigue así los técnicos que necesita sin tener que pagar por ellos una prima nueva.

Y todo esto ocurre en un mercado donde el desempleo juvenil llega al 19,9 por ciento y donde 113.000 jóvenes no tienen empleo formal, de manera que esa alta inserción funciona como un salvavidas para quien logra entrar al instituto y no como señal de que la economía haya empezado a valorar mejor la formación técnica. Los censos son compatibles con esa lectura, porque el retorno del técnico superior se comprimió de 2,8 a 2,5 veces en los mismos años en que el universitario caía de 5,4 a 3,2, aunque el mismo dato admitiría también que la oferta de técnicos creciera más rápido que su demanda, y con la información disponible no es posible separar del todo ambos efectos. Lo genuinamente nuevo no es que el mercado aprecie la formación técnica, es que el Estado afirma que la apreciará y construye la oferta sobre esa apuesta.

Hay una comparación que suele entenderse al revés. El modelo que Panamá imita, el alemán, tiene una virtud que aquí no hemos copiado y que no es la que se menciona de costumbre. En Alemania no se considera un fracaso que un joven no llegue a la universidad. Quien toma la vía técnica encuentra un camino digno, con un oficio respetado, un salario que permite formar una familia y un convenio colectivo que lo protege. Esa es la diferencia profunda con los sistemas del este asiático, donde todo se juega en un examen para entrar a la universidad de élite y quien no lo logra carga con un estigma. Su mérito no está principalmente en las aulas, sino en que el mercado laboral que espera al técnico le ofrece una vida buena. La dignidad del camino técnico alemán la sostiene el salario alemán, no la pedagogía alemana.

Y ahí está el problema de fondo. Panamá copió la estructura del modelo, los institutos, la formación dual, la alternancia entre empresa y aula, pero copió la mitad barata. La otra mitad, la que hace que el modelo funcione, es el salario, y esa no se decreta con una ley de creación de un instituto. Si un joven se forma como un excelente técnico en logística y el mercado le paga poco más que el salario mínimo, no se ha reproducido el modelo alemán, se ha construido un enclave con mejor pedagogía. Los institutos formarán mejores técnicos, y esos mejores técnicos competirán por los mismos empleos mal pagados, a menos que algo cambie del lado de la demanda.

Conviene entonces decir qué significaría cambiar del lado de la demanda, porque la receta habitual va en dirección contraria. La primera entrega de esta serie describía dos economías que comparten el mismo territorio sin comunicarse bien entre sí, una que produce mucho con muy poca gente y otra que ocupa a casi todo el mundo produciendo poco, y el hueco entre ambas es que no existe un mecanismo que traslade el excedente de la primera hacia actividades capaces de elevar la productividad de la segunda. Lo que hay en su lugar es un excedente que se recicla sobre sí mismo y que, cuando busca colocarse en la economía local, termina casi siempre en el mismo destino, que es el suelo y el ladrillo. Una política que quisiera mover la demanda de trabajo calificado tendría que ocuparse de eso, es decir de que las ganancias de la parte más productiva se inviertan en actividades que produzcan mucho y además contraten a gente formada, y no de seguir ampliando la oferta de títulos por el otro extremo.

Ahí está la trampa de la receta que el país repite cada vez que el empleo flaquea, que es recalentar la construcción. Funciona rápido, porque contrata a mucha gente en poco tiempo, y por eso resulta tentadora para cualquier gobierno. Pero la clase de empleo que genera es justamente la que no requiere el título cuyo retorno se viene encogiendo, de modo que cada vez que se acciona esa palanca se refuerza la misma estructura que produjo el problema, y se combate el desempleo profundizando un modelo que no sabe emplear profesionales. A eso se suma que la construcción depende del ciclo del crédito y del apetito por colocar excedentes, así que cuando el ciclo se enfría el empleo se va con él y la economía vuelve a quedar donde estaba, con la diferencia de que en eso se gastó el margen que pudo haberse invertido en actividades capaces de pagar mejor a quien estudió.

Y el costo no se detiene en el trabajador que no encuentra el empleo que buscaba, porque un puesto mal pagado no solo desaprovecha un título, también produce un consumidor pequeño. Una economía que crea sobre todo plazas cerca del salario mínimo termina con un mercado interno estrecho, donde el comercio, los servicios, la vivienda formal y el ahorro encuentran a poca gente con capacidad de comprar lo que ofrecen, y eso realimenta la misma trampa, porque los sectores que emplean a la mayoría siguen sin poder pagar mejor por falta de una demanda que los sostenga. Lo que se pierde no es solo el retorno privado de haber estudiado, es el mercado que ese retorno habría creado, y por eso la compresión del premio educativo no es un asunto de justicia para los titulados sino un límite que el país se pone a sí mismo. La contracara ya asoma en las cuentas nacionales, donde la porción del producto que va a los salarios viene cayendo mientras el excedente sube, que es la forma estadística de decir que la economía crece hacia arriba y no hacia los lados.

Queda entonces la pregunta que importa, que no es cuánto rinde el título en comparación con no tenerlo sino si alcanza para vivir. Lo que cuesta sostener con dignidad a una familia de 2 adultos y 2 hijos en la ciudad de Panamá cambia mucho según dónde se viva. El cálculo sigue las metodologías internacionales que construyen ese umbral sumando vivienda, comida, transporte, salud, cuidado y el resto de las necesidades, y ancla cada componente en fuentes verificables como la canasta básica del Ministerio de Economía y las tarifas oficiales del metro. El umbral va desde 1.426 balboas brutos por trabajador en los corregimientos exteriores hasta 2.597 en el centro financiero, y el ahorro en alquiler que ofrece la periferia se lo come en buena parte el transporte, que pasa de 30 balboas mensuales por trabajador en la zona céntrica a 90 en la más alejada.

Al cruzar ese umbral con lo que reciben las casas según el título de quien las encabeza aparece el hallazgo que cierra este artículo, y conviene subrayar que aquí no hace falta suponer nada, porque el censo ya cuenta toda la plata que entra bajo ese techo, con el sueldo del cónyuge y el de cualquier otro que aporte adentro. La casa del medio encabezada por un licenciado recibe 2.250 balboas al mes entre todos los que trabajan en ella, y sostener con dignidad a una familia con 2 hijos en la zona más barata de la capital exige 2.852. Le faltan unos 600 balboas para el punto más asequible de la ciudad, y como las medianas censales se leen sobre tramos de ingreso, esa distancia debe entenderse como un orden de magnitud y no al balboa. La del especialista, con 2.750, tampoco llega. Solo la casa con maestría, con 3.500, cubre los corregimientos exteriores y la periferia accesible, y solo la de doctorado, con 4.500, alcanza además el centro urbano, que exige 4.188. El centro financiero, con 5.194, no lo alcanza ningún nivel educativo. Y la casa sin ningún título está a más de 2.000 balboas de la zona más barata de la ciudad donde trabaja.

De modo que, en lo que estas cifras permiten ver, sofisticarse mueve a la gente dentro de la insuficiencia y no fuera de ella. La educación en Panamá no decide hoy si una familia vive dignamente, decide a lo sumo a cuántas horas del trabajo va a vivir sin lograrlo del todo.

Cabe preguntarse cómo se vive todos los días con una brecha así, y la respuesta está en los registros de crédito, porque la distancia entre lo que entra a la casa y lo que cuesta vivir no queda sin llenar, se financia. Al cierre de 2025 había 2,4 millones de personas con al menos una referencia de crédito activa en el buró, en un país con poco más de 2 millones de ocupados, y la cartera de personas naturales llegó a 41.755 millones de dólares en abril de 2026, repartida en más de 5,2 millones de obligaciones, más de 2 por persona. Las tarjetas en circulación pasaron del millón, con 71.837 más en un solo año. La Superintendencia de Bancos, en su estudio sobre la deuda de los hogares con datos a diciembre de 2020, estimó que las casas destinan en promedio el 27,1 por ciento de su ingreso bruto a pagar deudas y que cerca de 1 de cada 10 deudores supera el 50 por ciento, que es el umbral que el propio estudio llama sobreendeudamiento, y escribió, con sus palabras, que la tarjeta de crédito puede considerarse una herramienta de sobrevivencia y que el crédito amortigua el desbalance entre los ingresos y los egresos del ciudadano normal.

El informe más reciente del buró, publicado en julio de 2026, muestra además cuál es el instrumento con que se estira el mes. Las aperturas de líneas de crédito rotativas saltaron de 93.558 en 2024 a 132.700 en 2025, un 42 por ciento más en un solo año, y más de la mitad fue por montos de hasta 500 balboas, una proporción que en el primer cuatrimestre de 2026 subió a casi dos tercios. El crédito que más crece en Panamá es el más pequeño de todos, el de la nevera, el teléfono y los muebles en cuotas, que el propio informe describe como financiamiento para necesidades inmediatas y para bienes que muchas veces serían difíciles de adquirir al contado. Y de las 476.679 líneas activas a mayo de 2026, los comercios otorgan el 49 por ciento, las financieras el 33 y las mueblerías el 12, mientras que los bancos apenas el 4, de modo que la mayor parte de este crédito se origina en la caja de la tienda, por fuera del universo que mide el estudio bancario de la Superintendencia, y la carga real de las casas es mayor que la que ningún informe oficial registra completa.

Alguien dirá que la morosidad es baja y viene cayendo, y es cierto, pero en Panamá eso no desmiente el apuro sino que lo esconde, porque el Código de Trabajo permite descontar directamente del salario hasta la mitad, de modo que la deuda se cobra en la fuente, antes de que la plata toque la casa, y el ajuste no aparece en los impagos sino en lo que la familia deja de consumir después de que el banco cobró primero. Así que la compresión del premio educativo no se ve en la calle como pobreza abierta, se ve como casas que trabajan completo, pagan puntual y llegan recortadas a fin de mes, y el costo de que estudiar no alcance lo administra silenciosamente el sistema financiero.

Este hallazgo tiene un epílogo que merece su propio ensayo y que aquí solo queda apuntado. De las dos palancas que subieron el piso, la que no dependía de la voluntad del gobierno quedó desmantelada en 2025, cuando tras las protestas contra la reforma de la seguridad social el Ejecutivo congeló las cuentas del sindicato de la construcción, canceló la personería de su cooperativa, judicializó a más de 120 de sus dirigentes y pidió ante un juzgado disolver la organización que había negociado todas las convenciones del sector desde 1974. El gobierno alega delitos financieros y el sindicato denuncia persecución, los procesos siguen abiertos y no corresponde adjudicarlos aquí, pero el efecto estructural no depende del veredicto. La convención siguiente se firmó por 7 sindicatos sin el actor que arrancó todas las anteriores, y al trabajador sin título le va quedando una sola vía de mejora, la que se concede por decreto cada 2 años, que es precisamente la que no se conquista.

Queda una tercera vía, más modesta, y es la única que hoy pertenece al trabajador considerado uno por uno. Entre 2019 y 2023 la porción del producto que fue a los salarios cayó del 30,1 al 26,8 por ciento mientras la economía crecía, y el excedente empresarial subió del 56,8 al 61,8, lo que dicho en plata significa que el trabajo panameño produjo más valor que antes y cobró lo mismo. La contribución de quien trabaja no es marginal, lo marginal es lo que se le paga, y quien va a una entrevista debería llegar sabiendo cuánto cuesta vivir dignamente en su zona y cuánto produce el trabajo que ofrece, porque si acepta menos al menos sabrá que está regalando la diferencia. No hay que hacerse ilusiones sobre su alcance, ya que con 1 de cada 5 jóvenes sin empleo quien rechaza una oferta indigna sabe que otro la tomará, pero es la condición previa de cualquier negociación que venga.

Antes de cerrar conviene volver sobre algo que quedó dicho al principio y que el lector pudo perder por el camino. La expansión de la matrícula universitaria, la automatización, la globalización y otros cambios tecnológicos también pueden haber contribuido a que el premio de estudiar se encoja, y ninguno de esos factores se descarta aquí. Lo que estas cifras muestran es que, aun contando con todos ellos, la compresión persiste y resulta consistente con una economía cuya demanda de trabajo altamente calificado crece más despacio que la oferta de gente calificada.

Con eso se llega al fondo del asunto, y es que el problema de la educación panameña no se resuelve solo dentro del sistema educativo, porque no es únicamente un problema de oferta. Podemos tener los mejores institutos técnicos de la región y el retorno de estudiar seguirá encogiéndose si la economía que los recibe sigue concentrando su productividad en actividades que ocupan a muy poca gente. La pregunta que sigue a este artículo, y que queda abierta como quedaron las otras, no es cómo formamos mejor, que ya sabemos y estamos empezando a hacerlo, y que además llevamos intentando desde 1907. La pregunta es por qué nuestra economía paga tan poco por el trabajo calificado, y esa es una pregunta sobre el modelo de desarrollo del país, sobre la renta que lo sostiene y sobre quién se beneficia de que las cosas sigan como están. Estudiar volverá a rendir el día que sofisticarse rinda, y eso depende menos de las aulas que de lo que decidamos hacer con la economía que hay del otro lado de ellas.

El autor es arquitecto y urbanista.

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Nota metodológica. La compresión del premio salarial procede de consultas propias a la base REDATAM del INEC para los censos de 2000, 2010 y 2023, comparando el ingreso mediano del hogar, que el cuadro reporta para el hogar completo sumando lo que aportan todos sus miembros, según el título del jefe o jefa de hogar en el área metropolitana. El universo se restringe a los jefes de hogar, de modo que quedan fuera cónyuges, hijos y demás miembros, lo que sesga la muestra hacia edades mayores. Los censos de 2000 y 2010 clasifican por nivel de instrucción y el de 2023 por título obtenido, de modo que la tendencia es sólida pero las magnitudes no son estrictamente comparables entre censos. Todas las cifras de ingreso son medianas y no promedios, y se calculan sobre intervalos de ingreso, por lo que están redondeadas al punto medio del tramo correspondiente. La mediana describe al hogar central de cada grupo y no captura la dispersión interna, que en los niveles altos es considerable. El ajuste por inflación se hizo con un índice de precios reconstruido a partir de las tasas anuales publicadas, que coincide con los valores oficiales disponibles con un margen menor a un punto y medio. Las cifras sectoriales provienen de las cuentas nacionales del INEC y del Ministerio de Economía y Finanzas, y la participación del trabajo en el producto de esa misma fuente. Los datos del Canal proceden de su portal de empleos, estrenado en febrero de 2026, y de los conteos de vacantes publicados en prensa entre enero y abril de ese año, que oscilaron entre 17 y algo más de 30 posiciones simultáneas. La proporción entre plazas profesionales y no profesionales no está publicada. Las cifras del Instituto Técnico Superior Especializado y del Instituto Nacional de Formación Profesional provienen de sus leyes de creación y de sus publicaciones institucionales, y las de inserción laboral son autorreportadas por esas mismas instituciones. El salario mínimo procede de los decretos ejecutivos correspondientes y las escalas de la construcción de las convenciones colectivas del sector. El estudio sobre el déficit de técnicos es «El empleo, la productividad y la inclusión social con más y mejor formación técnica y profesional», de noviembre de 2014, cuyas proyecciones se citan como diagnóstico de su momento y no como estado actual. Las cifras de crédito proceden de los reportes públicos de APC Experian entre 2025 y 2026, incluido su informe sobre líneas de crédito rotativas del 13 de julio de 2026 y del estudio de la Superintendencia de Bancos de Panamá sobre la deuda de los hogares, con datos a diciembre de 2020, que cubre únicamente crédito bancario y excluye financieras, cooperativas y crédito informal, por lo que la carga real de los hogares puede ser mayor a la reportada. El umbral de vida digna por zonas procede de un trabajo propio que adapta las metodologías internacionales de ingreso vital al contexto panameño, El cruce final compara el ingreso del hogar medido por el censo con el umbral calculado para una familia de dos adultos y dos hijos. Como el censo agrupa hogares de todas las composiciones y de todos los tamaños, y como el umbral se expresa en términos brutos, antes de las deducciones obligatorias del trabajador, mientras que no consta si el censo registra ingreso bruto o líquido, esa comparación debe leerse como orden de magnitud y no al balboa. Las cifras sectoriales de participación en el producto proceden de las entregas anteriores de esta serie y no fueron reverificadas para esta.