La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, no se imaginó la magnitud de la reacción que provocaría su solicitud de abrir las fronteras al talento foráneo y gracias a ello ha abierto un debate que atañe al funcionamiento de muchas empresas en Panamá: Sus políticas de Recursos Humanos. Tengo la impresión de que el problema que dicen tener de captar y retener talento local esté (quizás) íntimamente relacionado con varios posibles factores culturales subyacentes y que muy pocos comentan.

Para arrancar esta conversación necesaria comencemos con cuatro temas:

1. El clasismo/colorismo/racismo, no solo de los dueños sino de los mismos reclutadores.

2. El credencialismo y la inflación académica
3.El complejo de inferioridad frente a lo no-hispano y que desprecia lo hispáno (local).
4. El complejo de superioridad (el cual está íntimamente ligado a los otros 3) .

Estos cuatro factores en cualquiera de sus combinaciones pueden estar conspirando no solo en contra de la mano de obra panameña y su autopercepción, sino también a las empresas y su autopercepción.

En base a datos anecdóticos, sacados de observaciones y comentarios creo que se puede detectar señales claras de clasismo (y a veces racismo) que pudieran estar afectando la percepción y evaluación (tanto de reclutadores como de gerentes y socios y colaboradores de rango medio) de los méritos de los candidatos para ser contratados o ascendidos para cargos de tipo técnico, profesional o gerencial, además de la percepción de por cuánto  dinero deberían ser remunerados.

Por ejemplo, no en pocas ocasiones se escucha la anécdota de cómo, para una misma posición, existen salarios distintos en la misma empresa en detrimento de quien, a pesar de su experiencia y capacidad, no cuenta con la apariencia, locuacidad, osadía, contactos internos, origen social y lugar de residencia “correctas” para merecer un salario “alto”. En no pocas ocasiones el beneficiado tiende a ser o extranjero de tez clara o un panameño de clase media alta (muchas veces de tez clara) proveniente de ciertos reconocidos colegios privados de la Ciudad de Panamá. Esto nos trae al credencialismo y la inflación académica.

El credencialismo como fenómeno global, tiende a utilizar los títulos académicos, las instituciones académicas que los generan, y los países que los albergan no solo como sustituto de las pruebas de inteligencia, habilidades y destrezas o de una simulación en el puesto de trabajo sino de la valía social del candidato. Esto termina creando una inflación académica que reduce el valor de un bachillerato, de una licenciatura e incluso de una maestría mientras más sean las personas que, por necesidad y aspiración social, adquieran un título académico cada vez mayor.

Antes, para ser reclutado para trabajar en una oficina, bastaba con ser bachiller y con la experiencia y el entrenamiento adecuado podías ascender a otros puestos. Hoy día, muchas empresas de servicios exigen una licenciatura como mínimo para las labores más sencillas como recepcionista, vendedor, inspector, supervisor, asistente etc. o un bachiller para ser chofer, limpiador o ayudante general, resultando en colaboradores sobre educados y mal compensados para su posición tomando en consideración el costo en dinero y tiempo que tiene la educación sin importar si esta fue pública o privada.

Se podría argüir a su favor que hoy día es necesario debido a los cambios tecnológicos y culturales que exigen un mayor nivel de educación, sin embargo, cuando uno observa la realidad de algunos puestos, estos no han cambiado en lo esencial; simplemente requieren de parte de la empresa brindar la capacitación necesaria para desempeñar el puesto con el nivel de calidad deseado con la tecnología deseada.

Una parte del credencialismo en Panamá  es la percepción social de los colegios secundarios y el país donde se estudia la universidad. En otras palabras, no es lo mismo como es percibido un candidato proveniente del Colegio Javier que uno de la Escuela Internacional o la Academia Interamericana, o de alguna de estas escuelas privadas vs candidatos del Instituto José Dolores Moscote o del Instituto Nacional. La mayoría de las veces la persona proveniente del sistema público termina siendo peor ponderado sin siquiera conocerse si cumple con los requisitos del puesto o no. Lo mismo pasa cuando se compara a una persona que estudió en Panamá contra aquella que estudió fuera, especialmente en Europa o los EE.UU; la que estudia 100% en Panamá termina comenzando con desventaja la carrera de la vida, sin importar que el candidato que estudió fuera, lo haya hecho en la universidad y la carrera más bruja de dicho país. Esto nos lleva al tercer problema: El complejo de inferioridad frente a lo no-hispáno.

El complejo de inferioridad frente a lo anglosajón o lo que provenga del norte de Europa es un tópico recurrente, un lastre que compartimos con nuestros hermanos hispanoamericanos y españoles desde probablemente el siglo XVIII (algunos dicen que con la influencia de los afrancesados) después de haber interiorizado a través del sistema educativo nuestra Leyenda Negra en ambos hemisferios. Esta admiración enfermiza por lo francés, que luego pasó a ser por lo inglés y luego por lo norteamericano y nórdico fue aumentando a medida que la influencia y poderío del Imperio Español fue menguando y las causas de dicha inferioridad fue encontrada en nuestros supuestos defectos culturales, en especial nuestra religiosidad católica y nuestro mestizaje cultural y racial cuya influencia supuestamente provocó nuestro atraso científico y tecnológico, la corrupción política y por consiguiente el declive militar y económico.

Es por ello que todo aquello que aparente ser muy autóctono, muy criollo, muy mestizo a la clase media hispana tradicionalmente le parece inferior, de mal gusto, atrasado, fanático y de esto no escapamos la clase media panameña. Esto explica por tanto el complejo de superioridad de aquellos que se piensan apartados de todo lo anterior, aquellos que por haber pasado unos años (o incluso semanas) en un país nórdico o “avanzado” piensan que, por ósmosis, dejaron de ser como los demás criollitos que viven en estas tierras y piden a gritos que vengan preferiblemente esos nórdicos o quienes se les parezca a invadirnos. Vale la pena añadir que este complejo de inferioridad y superioridad también subyace en la discriminación y trato despectivo contra nuestros hermanos hispanos tanto de Panamá como de España e Hispanoamérica.

Es por ello que necesitamos urgentemente hacer una reflexión profunda sobre nuestras actitudes personales y sociales hacia nuestra identidad cultural como hispanos, como cultura mestiza barroca, con valores católicos y habla hispana, que es al final aquel pegamento que nos une a todos a pesar de nuestras diferencias de color de piel, de nivel socioeconómico, de convicciones religiosas o políticas e incluso de origen étnico. Una vez reconciliados con nosotros mismo creo que estaremos en condición de poder enfrentar los retos económicos, educativos, tecnológicos  y políticos que nos depara el presente y el futuro, sin complejos, con inclusión y con una sana y humilde autopercepción y poder sin temor abrir las puertas a quien sea si en verdad lo necesitamos.

Este será nuestro principal reto de cara al bicentenario de nuestra separación del Imperio Español, y para ello necesitamos que los políticos, intelectuales, artistas y empresarios asuman este reto y ayuden al resto de la sociedad a mejorar nuestro nivel de bienestar y nuestro acervo cultural para impulsar nuestro desarrollo científico, tecnológico y económico poniendo sus recursos a disposición y asumiendo como bandera común el orgullo por nuestra civilización hispana y dejando atrás cualquier atisbo de leyenda negra que nos ancle. Pero sospecho que esta será una labor más bien de las capas medias que han surgido desde mediados del siglo XX y que se han radicado en las periferias de nuestras urbes y son descendientes de aquellos provenientes del Panamá profundo de cultura mestiza y tradicionalista.

A medida que estas vayan incrementando su nivel socioeconómico y consolidando su influencia cultural, económica y política estos deberán asumir el rol de reivindicar sus raíces, sin victimismos ni complejos de ninguna clase mediante movimientos políticos acordes con esta nueva mentalidad. Esto será dificil, considerando el lavado cerebral pseudo-nacionalista que nos dan en la escuela, pero no dificil de asumir porque la evidencia está allí a flor de piel.

Quizás es esta la principal labor en que se debe embarcar el nuevo Ministerio de Cultura en lugar de andar tratando de monopolizar la cultura y sus instituciones públicas o privadas; o de andar promoviendo agendas que tienden a dividir a nuestra sociedad en pequeñas islas étnicas.

En el interim, mientras eso ocurra, el lunes 17 de febrero de 2020 habrá una protesta frente a la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en Avenida Cuba. Trae tu CV para empapelarles el edificio y sepan la dimensión del problema del Recurso Humano de calidad desperdiciado en Panamá.

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Reconozco que lo que escribiré a continuación no será la idea más popular pues involucra un “sacrificio” al pleno ejercicio de un derecho constitucional, como el de ser elegido, que de todos modos es ilusorio e inalcanzable para la gran mayoría de panameños, pero me parece necesario lanzarla al debate público pues la situación actual de desprestigio y deterioro de las instituciones públicas merecen a veces probar nuevas modalidades sin destruir la institucionalidad construida.

Me parece que el mayor cambio que provocaría una profunda renovación constitucional e institucional en el país, sería la introducción del mérito como criterio de selección para las funciones ejecutivas a nivel presidencial, provincial, municipal y local con el fin de descartar a los descaradamente corruptos e incapaces, que suelen ser paradójicamente premiados por el sufragio universal por su popularidad en nuestro medio.

El quid del asunto está en determinar aquellas características que se deben considerar meritorias, bajo qué criterios éticos y morales y quien las juzgara. Para arrancar la discusión al respecto creo que hay cosas que son evidentes por ejemplo considerar que siendo nuestra sociedad de tradición judeocristiana, evidentemente dicha tradición ética y su escala de valores será la que la mayoría, sin distingo de creencias personales, estaremos de acuerdo que es el mínimo común sobre el que debemos partir.  Una vez aclarado esto tenemos ya un canon sobe el cual juzgará el Tribunal Electoral la integridad ética personal y las propuestas y visión estratégica de los candidatos a representante/concejal, alcalde, gobernador y presidente junto con criterios más objetivos como la excelencia académica y profesional o la eficiencia gerencial demostrada. Ya aclarado que determinará el mérito, tenemos entonces que considerar que dentro del proceso de construcción de una ciudadanía sana, se hace necesario canalizar adecuadamente la voluntad popular y que esta sirva de contrapeso a los excesos en que puedan incurrir aquellos electos por méritos, para que el poder no se les suba a la cabeza y entiendan que se deben a las personas que les confían el poder.  Digo adecuadamente porque hasta el momento el sistema actual tiende a premiar lo peor de la sociedad bajo criterios muy primarios e instintivos tal y como pasa en el libre mercado cultural y del entretenimiento.

Sin lugar a dudas la voluntad popular tiene su mejor expresión a través de su parlamento, consejos y juntas, sin embargo esta tiene que representar las distintas corrientes de pensamiento del pueblo y no las relaciones clientelares existentes en distintas comunidades, que es la situación actual. Es por ello que se hace necesario separar lo local de lo nacional, lo particular de los local en el ámbito legislativo además de procurar la fiel representación de la diversidad ideológica existente mediante un sistema de distribución proporcional simple. Esto se logra mediante listas cerradas de candidatos a diputados nacionales y no circuitales. La conformación de las listas debe ser responsabilidad de los movimientos y partidos políticos tomando en consideración los méritos de los precandidatos a diputado y su apego a la línea ideológica del partido o movimiento. Para garantizar que no se enquisten en el poder los diputados y sus allegados sólo deberían poder reelegirse una vez y para evitar cualquier conflicto de interés y la rapiña del erario público se debe prohibir la participación de candidatos que sean beneficiarios de subsidios, beneficios o contrato alguno del estado antes o después de su elección para evitar conflictos de intereses. Dicha prohibición debe incluir a sus familiares, empresas, socios y subalternos. Lo mismo vale para los cargos ejecutivos.

Para eliminar cualquier viso de elitismo y como base de la legitimidad popular de la selección meritoria de los ejecutivos se pueden proponer a las Juntas de Desarrollo Local de los barrios y villas del país, cuyas juntas directivas son electas por votación popular por períodos de dos años y medio y deben ser ad-honorem, para filtrar aquellos sin compromiso real con sus comunidades y la nación. Los presidentes de las Juntas de Desarrollo seleccionan a su Representante de Corregimiento por méritos en base a ternas propuestas por las comunidades de sus corregimientos  y estos deberán ejercer por 5 años. Los presidentes de las juntas pasan entonces a ser miembros de la Junta Comunal del corregimiento y son los fiscalizadores de las acciones de los representantes de corregimiento.

Los representantes electos por mérito, escogen también, cuando toque, a su alcalde también por mérito en base a ternas propuestas por los ciudadanos con un mandato de 10 año. Los representantes pasan entonces a formar el Concejo Municipal de su distrito. Los alcaldes a su vez seleccionan por mérito mediante ternas propuestas por la ciudadanía a su gobernador  también con un mandato de 10 años y los alcaldes pasan a formar entonces el Consejo Provincial con poder legislativo en su provincia.

Los gobernadores entonces seleccionan por mérito al presidente de la República en base a ternas propuestas por la Asamblea Nacional y quien entonces ratifica al seleccionado  y este  pasa a presidir el Estado por 20 años. El Jefe de Estado tiene  como rol primordial ser el último árbitro con poder de veto. El consejo de gobernadores pasa a ser entonces  la cámara alta parlamentaria sólo con poder revisorio y propositivo en materia legislativa.

El gobierno central y su gabinete de ministros serían conformado por la alianza parlamentaria mayoritaria que sería coordinada por el líder de dicha alianza quien pasaría a ser el Ministro de la Presidencia una vez confirmado por el Presidente de la República quien a su vez presidirá el consejo de gabinete. Este consejo solo tendría competencia en asuntos que afecten a la totalidad del territorio nacional y respetando la autonomía de los municipios y provincias pero coordinando, armonizando y reforzando sus acciones.

Cada ministerio debería contar con una junta directiva conformada por los principales actores sociales del ramo presidida por el ministro y secundado por el secretario administrativo quien debe ser un funcionario de carrera en el escalafón máximo ministerial. Dichas juntas directivas son las que deben aprobar las políticas públicas consensuadas y los decretos ministeriales.

Los llamados hasta ahora “gabinetes” (gabinete logístico, turístico, etc.) deberían pasar a ser ministerios y deben ser pocos en base a las funciones del gobierno central. Bajo estos ministerios jerárquicamente deberían estar las secretarias (antiguos ministerios) y debajo de estas las direcciones. Deberían denominarse autoridades sólo aquellas instituciones autónomas con un mandato especial que excede la de los ministerios como la del Canal. Y sólo deberían denominarse institutos los centros públicos de investigación especializados.

Los jueces de paz deberían ser la base de la carrera judicial y estos al igual que los jueces municipales deberían ser seleccionados por mérito por el órgano judicial y una vez terminado su período ratificados por elección popular para que estos rindan cuenta de sus acciones a sus comunidades. Los jueces de circuito y los magistrados deberían ser de carrera y con alta formación académica. Sólo los que tienen un doctorado deberían poder ser electos magistrados en razón de sus aportes al conocimiento legal.

La razón de la diferencia en periodos es para permitir políticas de largo plazo y tratar de evitar alianzas hegemónicas en todos los niveles de gobierno. El poder para incidir directamente en su territorio de acuerdo a sus usos y costumbres debe ser devueltl a las comunidades y los asuntos macro deberían ser tratados por personas confiables y responsables. Todos los funcionarios ejecutivos deberían rendir cuentas mediante un juicio de residencia al finalizar su gestión y no por declaración jurada.

Cada administración local, regional o nacional debe autofinanciarse y para ello debe explotar el potencial de desarrollo de su territorio atrayendo mano de obra calificada e inversiones, acabando así su dependencia y falta de iniciativa. El gobierno central debe dotar a cada corregimiento, distrito y provincia con el personal necesario para lograr su autonomía. Dicho recurso humano debería también con el tiempo constituir parte del núcleo de las élites locales que son necesarias para impulsar el desarrollo humano de cada comunidad y por ende necesarias para conservar e incentivar.

La idea de esta propuesta es la de balancear la voluntad popular, con el mérito y la estabilidad y continuidad de las políticas públicas además de evitar los conflictos de interés, garantizar la rendición de cuentas además de descentralizar y desconcertar el poder. Creo que de esa manera podremos salir de esta situación en que no se puede confiar en nuestros gobernantes. No son las ideas más populares pero bueno ahí están para el que les parezcan útiles.

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Resulta extraño decirlo pero hoy en día en ciudad de Panamá existe una extraña relación amor-odio con la gestión del gobierno municipal del periodo 2014-2019, muy a pesar de las figuras coyunturales del ex-alcalde José I. Blandón y su vice alcaldesa Raisa Banfield.

Y digo muy a pesar de ellos por las razones descritas en “Una Ciudad a la Deriva”, ya que si bien los principios y hechos de la gestión pasada fueron positivos para la ciudad, los políticos que lideraron dicha administración dejaron un gran sinsabor a la ciudadanía.  Dejando los personalismos de lado, la gestión Blandón-Banfield cultivaron una inquietud que se fue gestando desde la administración municipal de Juan Carlos Navarro y la presidencia de Martín Torrijos, la creciente necesidad de los ciudadanos de ser escuchados directamente por los políticos y ver su voluntad acatada ante la impotencia de no tener poder sobre lo ocurre en su entorno.

Banfield de hecho provenía de la Alianza Pro Ciudad, un grupo de ciudadanos, especialmente arquitectos, ingenieros y abogados, que se reunía en la antigua librería Exedra preocupada por las rápidas transformaciones que estuvo sufriendo la ciudad de Panamá durante la primera fase del boom inmobiliario que comenzó en 2004. La Alianza fue una de las primeras manifestaciones de esa preocupación ciudadana por querer incidir directamente en los asuntos locales, tiempo después la Alianza Pro Ciudad sería sucedida en 2007 por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) que sigue funcionando hasta el día de hoy pero con un enfoque más ambiental que urbanístico, pero sin perder de vista lo último. Dos de los mayores logros de ese primer periodo de lucha ciudadana fueron la Ley 6 de 1 de febrero de 2006 mejor conocida como la Ley de Urbanismo y la Ley 37 de 29 de junio de 2009 mejor conocida como la Ley de Descentralización. Sin embargo ambas leyes perderían fuerza durante la presidencia de Ricardo Martinelli y las alcaldías de Bosco Vallarino y Roxana Mendez, principalmente por la suspensión de la Ley de Descentralización que le restó fuerza a la de Urbanismo.

En el ínterin, en el periodo 2009-2014, el conglomerado inmobiliario (banca-constructoras-inmobiliarias-gobierno) seguía transformando agresivamente el centro de la ciudad de Panamá especialmente los corregimientos clase media de Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Pueblo Nuevo y Betania. Es durante este segundo periodo en que coge fuerza el fenómeno NIMBY (Not in my backyard) en los barrios de clase media como un esfuerzo personal o comunitario que intenta frenar por la vía judicial los desarrollos que sienten les afectaban directamente transformando su entorno dramáticamente y devaluando el concepto urbanístico que habían comprado en el periodo entre 1950-1980.  Pero, como alguna vez expliqué en “La Ciudad Egoista” técnicamente dichas personas en verdad estaban defendiendo una forma de hacer urbanismo anterior que contribuyó al caos urbano presente de la cual sus barrios de bajísima densidad eran un fiel reflejo en áreas que geográficamente hoy día pertenecen al casco urbano de la ciudad, por la falta de previsión y planificación.

Sin embargo, su lucha no dejaba de ser legítima, pues todos somos parte de un ecosistema urbano y es natural que reaccionemos agresivamente ante cualquier intento de destruirlo. Este hecho irá alimentando entre cierta clase media el sentir de que se necesita actuar de manera más coordinada para ser escuchados y parar un proceso que no les ha tomado en consideración. Sin embargo, a pesar de las acciones legales y las protestas comunitarias el gobierno Martinelli y la alcaldía de Méndez poco o ningún caso les hizo. Siendo así que entonces distintas comunidades fueron agrupándose dando lugar al nacimiento de la Red Ciudadana Urbana de Panamá (RedCuPa) en 2014 y relevando en la lucha por la ciudad a la Alianza Pro Ciudad. La Red comienza su vida coincidiendo con la campaña política de 2014, coyuntura que aprovechó para comprometer a los candidatos a la presidencia y a la alcaldía con una serie de principio reunidos en el Pacto por el Urbanismo Participativo, siendo la fórmula Blandón-Banfield uno de sus firmantes.

La incorporación de Banfield en la gestión de Blandón no era casual, no solo porque la arquitecta era para ese entonces una reconocida figura pública y mediática, sino porque Blandón también fue participe en la gestación de la Ley de Urbanismo como uno de los diputados que impulsó dicho proyecto de ley. Siendo así se podría decir que el entonces diputado no era ajeno a la causa urbana y ambiental y su gestión generó muchas expectativas de mayor participación ciudadana en la cosa pública, una expectativa que parcialmente se cumplió, por lo menos simbólicamente, sembrando así una inquietud. La presidencia de Juan Carlos Varela, vuelve a poner en vigencia la Ley de Descentralización y el alcalde Blandón rápidamente toma medidas concretas para asumir sus competencias en la gestión urbana del Municipio de Panamá, se crea la Dirección de Planificación Urbana y se le dota de personal idóneo. Además incorpora a en la Junta de Planificación Municipal a la Red Ciudadana Urbana de Panamá como parte de la representación ampliada de la sociedad civil contemplada en una reforma de las leyes de Urbanismo y de Descentralización y arrancan los procesos de planificación con un componente de participación ciudadana importante, entramos entonces en una tercera fase. Sin embargo como expliqué en “Una Ciudad a la Deriva”, la renuencia de Blandón de hacer cumplir la legislación urbana vigente en toda su extensión creó mucha desconfianza y sembró en la ciudadanía un mayor deseo de participación política directa.

Con la presidencia de Laurentino Cortizo y la alcaldía de José Luis Fábrega, todas las acciones tomadas hasta la fecha indican una vuelta atrás hacia las peores prácticas del periodo martinelista, en especial el desprecio por la sociedad civil organizada. Sin embargo, es por este cierre de puertas a la participación ciudadana que se está dando un creciente movimiento ciudadano que busca tomar la Ley de Descentralización en sus propias manos, por ejemplo con la auto-organización de las Juntas de Desarrollo Local (con participación de miembros de la Red Ciudadana Urbana de Panamá), instancias contempladas por la ley y que habían sido ignoradas tanto por los políticos como por la sociedad civil en los últimos diez años y redescubiertas recientemente. Otro movimiento incipiente relacionado a la participación ciudadana es el liderado por el chef y empresario Luis Pinedo que busca parar el Proyecto de Recuperación de las Playas de la Ciudad de Panamá por inconsulto. Hasta el momento tanto las Juntas de Desarrollo Local como el movimiento en contra de la playa de Fábrega están tomando fuerza sin embargo corren peligro de no prosperar en este periodo 2019-2024 por ser una amenaza política tanto para el alcalde, como para los representantes de corregimiento y los diputados al robarles protagonismo y minando su razón de ser como padrinos de su clientela política que les sirve de base.

Siendo esto así, es quizás el momento de evolucionar el movimiento a una nueva etapa en pos del localismo, o sea un ideario político que busque devolverle a las comunidades el poder de decidir directamente sobe su entorno. Pero el localismo como idea va más allá, el localismo busca reconstruir las relaciones comunitarias para ir tomando acciones concretas en pos de su desarrollo en materia urbanística, ambiental, educativa, salud pública y cultural además de buscar mayor control sobre la justicia y seguridad comunitaria. En sí el localismo busca invertir la relación de poder asentando la soberanía sobre las comunidades y sus élites de distinta índole y no en base a élites nacionales o supra-nacionales que impongan su voluntad sobre los individuos. La coyuntura mundial parece indicarnos que no estamos solos, en distintos países ha surgido un movimiento contestatario a la globalización como discurso político, cultural y económico totalitario que buscaba suprimir las identidades particulares y las instituciones, costumbres y tradiciones locales utilizando a los estados e instituciones nacionales como instrumento.

Hasta hace muy poco se nos decía que la globalización y los cambios culturales que suscitaba eran imparables e inapelables y que estábamos atrasados en la carrera hacia el progreso mundial, una competencia reflejada por distintos rankings globales que reflejan una visión que no es compartida por las poblaciones locales. Un ejemplo de ello es la prueba PISA, iniciativa de la OECD que nos comunica en resumidas cuentas que países como el nuestro están en desventaja comparativa contra otras economías más fuertes y supuestamente más inteligentes, cosa extraña tomando en consideración que, según otras mediciones internacionales, a pesar de ser “más brutos” Hispanoamérica (y Panamá especialmente) ha hecho grandes progresos en materia de desarrollo humano bajando sustancialmente la pobreza y la desigualdad en comparación a como estábamos hace diez años. Ciertamente no debemos congratularnos ante la evidente ignorancia generalizada de nuestros pueblos pero tampoco debemos dejarnos inducir a relegar la toma de decisiones a entes que no responden al sentir de las comunidades y que no las respetan ni consideran, ni tampoco relegar el control político a una supuesta elite iluminada y globalizada que se nos vende día y noche por los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales.

Por ahora el mundo aún pareciera debatirse entre el globalismo y un resurgente nacionalismo, sin embargo dicho globalismo siempre fue más un deseo que una realidad. La promesa de una ciudadanía global nunca se materializó, las fronteras siguieron en pié con sus límites a la movilidad laboral, profesional y académica. La globalización siempre fue acatada por los más tontos, en especial por países más débiles como el nuestro que desarticuló su estructura productiva, en pos de productos más baratos y debilitó la capacidad de iniciativa en materia de políticas públicas a sus instituciones en favor de consultorías internacionales propuestas por entidades supranacionales pero pagadas con nuestros impuestos. Ciertamente no todo fue malo, de hecho vivimos 15 años de gran prosperidad material gracias al libre flujo de capitales foráneos a nuestro país y políticas económicas prudentes. Sin embargo, el grifo está siendo cerrado por esos estados menos tontos y sus clubes como la OECD con ayuda de grupos de interés como las distintas fundaciones que financian ONGs activistas a nivel nacional que buscan frenar el éxodo de capital hacia países como el nuestro calmando así el disgusto en sus países con la insuficiencia de los servicios brindados por sus estados y que pondrían en peligro a las elites globalizadas que los gobierna.

Un punto intermedio lo debe representar un localismo que devuelva el protagonismo a las comunidades locales y nacionales y les dé plena libertad de comerciar y relacionarse con el mundo pero salvaguardando sus necesidades materiales y espirituales además de no rendirle pleitesía a poderes omnímodos. Estos 5 años serán cruciales para cultivar y desarrollar un movimiento político localista que nos ayude a salir del impasse actual reflejado por las insuficientes reformas políticas planteadas por la nueva constitución y la negación de la participación ciudadana. Dicho movimiento deberá desembocar en un partido localista que se comprometa seriamente en ayudar a las comunidades en asumir plenamente la capacidad de decidir y gestionar su entorno con libertad, además de establecer sus prioridades y establecer las relaciones de colaboración que estimen necesarias para impulsar su desarrollo de acuerdo a la fase en que estén.

En estos días conversaba con uno de mis cuñados sobre el futuro posiblemente prometedor de la educación pública en Panamá causada por la progresiva migración de docentes y estudiantes del sistema privado al sistema público, en otras palabras de los efectos positivos de la gentrificación de la educación en ciernes. Con el aumento salarial a los docentes en las escuelas públicas y el aumento de las matrículas y mensualidades junto con la introducción de las costosísimas donaciones en las escuelas privadas quizás se termine por componer temporalmente la educación pública a nivel básico y medio.

De ser así, en el futuro inmediato, la diferencia entre ir a una escuela pública y una privada será la misma que ir a una universidad pública o privada en Panamá: La escuela pública seguirá teniendo las peores instalaciones, pero la calidad de su cuerpo docente será igual o mejor que en las privadas y la composición social del estudiantado tendrá un componente mucho mayor de clase media aspiracional, eso sí dependiendo de la carrera. Lo único malo es que al igual que la universidad pública, si bien la calidad de la educación será cualitativamente mejor que antes e igual o mejor que la privada, la primera seguirá siendo cualitativamente mala en el contexto regional y global.  La única «ventaja» de ir a una escuela privada será el de segregar físicamente a los estudiantes por clase social en búsqueda de «mejores» contactos sociales. Si la tendencia se mantiene, las escuelas privadas serán menos en cantidad y mucho más elitistas en su selectividad, solo faltaría que apareciese una universidad de súper élite en el país para que el fenómenos se repita en la educación superior. Lo malo es que dicha segregación no será garantía de una calidad mayor por falta de una evaluación estándar a nivel nacional.

En teoría reintegrar a las élites culturales, profesionales e intelectuales a un medio sea una ciudad, un barrio o una escuela debería ser para positivo para el tejido social, el desarrollo tecnológico y cultural, la economía local y el bien común. Para lograrlo será importante considerar que el mejor incentivo social para que esas élites emergentes no tengan por qué migrar de sus lugares de origen y poder impactar de manera positiva en su medio, es con el reconocimiento social de su liderazgo y ejemplo por parte de sus vecinos. Pero más importante aún, estas elites emergentes deberían asumir y ejercer dicho liderazgo activamente en sus comunidades en lo económico desarrollando sus negocios localmente, en lo político sirviendo en sus comunidades primero y en lo cultural ayudando en la educación y mejoramiento del nivel cultural de las nuevas generaciones localmente.

Pero, la realidad es que globalmente existe evidencia de que ese mix social no tiene un efecto inmediato, de hecho cada estrato social dentro de un espacio común aún tiende a segregarse por cuestión de afinidades y aspiraciones. Pero aun así, esto es mejor que la segregación espacial imperante con zonas cada vez más deprimidas que expulsan talento y zonas súper ricas que absorben y concentran talento y peor aún la desconexión social que eso provoca con dos sociedades que no se conocen y no se entienden bien, compitiendo por los limitados recursos del estado. Quizás por esta razón, la gentrificación ayude más a componer la educación, el ordenamiento territorial y este país que cualquier reforma constitucional u otra fórmula mágica.

Pero eso solo no basta, cualquier gobierno futuro deberá potenciar esa oportunidad que está presentando esta gentrificación orgánica de la educación y quizás deba también potenciarla a nivel de ordenamiento territorial mediante la descentralización administrativa y la desconcentración del recurso humano. Esto no es nada nuevo, de hecho algo de eso ocurrió después de la conquista hispana: los conquistadores fundaron ciudades donde antes no las había e introdujo recurso humano, tecnología y conocimientos de punta donde previamente no existían y más importante aún incorporó a la población local en su aprovechamiento.

Quizás Panamá necesite una vez más “conquistar”, urbanizar y desarrollar sus zonas más atrasadas mediante una estrategia que incluya el reforzamiento técnico de los municipios transfiriendo a un grupo selecto de empleados públicos desde el gobierno central que ayuden a fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los mismos logrando su auto-sostenibilidad (o sea la desconcentración del recurso humano). Para que esto sea un éxito será necesario también darles las condiciones materiales óptimas para su traslado trayendo consigo escuelas, clínicas y otras amenidades con la misma calidad que en la capital y que le sirva no solo a ellos sino a la población local incorporándola al desarrollo, algo parecido a lo que hacía la Zona del Canal o la United Fruit Company, pero sin la segregación, más bien buscando la integración y asimilación.

La segunda parte importante de la estrategia es el establecimiento de las Juntas Locales de Desarrollo, para que las comunidades vayan aprendiendo a gestionar su territorio y a establecer (junto con los nuevos técnicos establecidos en su medio) los planes y proyectos que puedan potenciar su desarrollo de manera que todos sean partícipes de la nueva conquista que como antaño requirió una fuerte participación local para consolidar su éxito.  En efecto esta estrategia de pinza con un impulso desde el gobierno central con otro desde las comunidades locales podría ayudar vencer a la pobreza y atraso de la mayor parte del país.

Todo esto puede sonar elitista, anacrónico, etc., pero quizás toque ser un poco menos políticamente correcto para ver opciones prácticas que pueden traer resultados más concretos de cara al futuro y poder así medir sus resultados.

Por Carlos Antonio Solís Tejada
La reciente modificación antojadiza y apresurada, aunque bien intencionada, del código de uso de suelo Mixto de Altura Media (MAM) del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de San Francisco fue un triste recordatorio de la deriva del Ordenamiento Territorial en la Ciudad de Panamá a partir del 1 de julio de 2019. Y no es que bajo la administración municipal de José Isabel Blandón todo fuese color de rosa, nada puede estar más alejado de la realidad. Sin embargo era evidente que en el quinquenio pasado por primera vez había una voluntad política por parte de la autoridad local de asumir su rol como administrador de territorio, tal y como se lo faculta la ley, con la intención de enrumbar a la ciudad hacia el orden, primero no solo creando la Dirección de Planificación Urbana dentro del organigrama municipal, sino dotándola del recurso humano y financiero suficiente para llevar a cabo su misión y segundo permitiendo que dicha dirección llevase adelante su cometido a pesar de la férrea oposición de ciertos sectores que no deseaban ver un cambio de paradigma en la ciudad de Panamá.
Lastimosamente la misma administración Blandón minó las bases sobre las que debió haberse asentado el nuevo orden urbanístico, primero por su actitud ambigua en el cumplimiento de las normas vigentes además de la no ejecución de los fallos judiciales que le respaldaban en esta misión. Segundo por el modo negativo en que se relacionó con la sociedad civil organizada en la que debió haberse respaldado pero con la que prefirió enemistarse. Para ilustrar este punto tenemos el caso paradigmático del proyecto PH Buona Vista en Calle de los Bambúes (Carrasquilla) que es ilustrativo de muchos otros. En dicho caso donde era evidente el peligro para los vecinos además de los temas legales aún pendientes por dirimir, el ex alcalde prefirió ponerse quijotescamente del lado de los promotores y atacar a los vecinos que buscaban su ayuda.
Tercero por la manera en que prefirió dicha administración abrirse a la participación ciudadana, mediatizándola. Si bien por primera vez en mucho tiempo un gobierno local le abría la oportunidad a la ciudadanía de ventilar toda su frustración acumulada, la fuerza de esta fue más grande de lo que estaban preparados de soportar tanto el alcalde, los representantes, los funcionarios municipales y sus consultores por lo que se prefirió utilizar métodos en los que se pretendía controlar cómo debían las comunidades participar, ciertamente buscando economías de tiempo y recursos. Esto fue más que evidente durante los talleres y consultas públicas para los planes de ordenamiento territorial de San Francisco y del Distrito de Panamá y existen múltiples testimonios al respecto. El resultado fue la pérdida de la confianza ciudadana y de los electores.
Cuarto, la administración Blandón minó el nuevo orden urbanístico con los llamados proyectos de “acupuntura urbana” los cuales no respondían a un plan si no a los deseos de tener obras hechas y concluidas antes de que saliera dicha administración. Como el apuro trae cansancio, si bien dichos proyectos estuvieron llenos de buenas intenciones en su diseño; su ejecución y resultado final no fueron los más afortunados. Como ejemplo tenemos Salsipuedes, Vía España, Vía Argentina y Calle Uruguay. Pero el golpe de gracia a todo el proceso lo asestó el propio ex alcalde abandonando el barco en plena tempestad. Más pudo su ego y oportunismo político que su sentido de responsabilidad a sabiendas de la oferta electoral que se presentaba para la alcaldía y que no garantizaría la continuidad del proceso urbanístico que desencadenó, abandonando así a todo su equipo y a los ciudadanos que si bien tuvimos una relación tensa con él, si apoyábamos en términos generales los objetivos y finalidades de su gestión territorial.
Hoy por hoy la gestión de nuestra ciudad está en manos de una Dirección de Planificación Urbana debilitada, de una Junta de Planificación Municipal amenazada de ser tomada por intereses ajenos al bien colectivo y de un Concejo Municipal y un Alcalde que no han demostrado interés alguno en poner orden al caos urbano y han preferido cerrar los pocos espacios de participación ciudadana abiertos por la administración anterior para darle preferencia a los intereses de una pequeña camarilla del sector construcción que ve en la administración Fábrega su oportunidad para retornar a las peores prácticas del pasado, con la excusa de hacer valer su “seguridad jurídica” y para darle prioridad a proyectos fantasiosos sobre la Avenida Balboa cuyos objetivos no están muy claros y que no responden a las prioridades de la ciudadanía que piden a gritos aceras más seguras, un proceso de desarrollo inmobiliario menos agresivo y respaldado por infraestructuras básicas adecuad, más espacio verde y de recreación, control de inundaciones y una mejor movilidad urbana en los 26 corregimientos del distrito capital.
Nos tocará a los ciudadanos conquistar nuestros espacios a través de las Juntas de Desarrollo Local, el camino para su conformación no será fácil pues si bien la ley obliga a nuestras Juntas Comunales y Concejo Municipal organizarlas, estos entes lo harán a regañadientes y opondrán tácticas dilatorias y de cooptación antes de permitir que dichas juntas existan. De esta manera es de suponer que buscan no tener ningún ente de control a su gestión con la visión miope que ven en dichas juntas una amenaza política. Toca entonces a cada uno de los barrios de la comuna capitalina organizarse para juntas poder orgánicamente enrumbar nuestra ciudad fuera de la deriva y del caos urbano.

Por Carlos Antonio Solís Tejada

¿Sabía usted que en Panamá el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) no es el único ente gestor de los servicios de agua potable, aguas servidas y pluviales? ¿O que en el distrito de Panamá el Municipio de Panamá y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial no son los únicos entes que planifican? ¿Le han comentado que el Ministerio de Obras Públicas no es el único ente que desarrolla carreteras?

De hecho, el IDAAN ve sus funciones replicadas y reemplazadas efectivamente por el Saneamiento de Panamá, CONADES, la ACP, CONAGUA entre otras. El Municipio de Panamá además de rivalizar con el MIVIOT también ve sus funciones usurpadas por la ACP y por un tiempo incluso por la antigua ARI (hoy Unidad Administradora de Bienes Revertidos).

Con cada nuevo gobierno, el número de entes burocráticos parecen multiplicarse siguiendo las últimas modas o caprichos del momento. Por ejemplo, existe la tendencia de creer que “elevando” un tema a “rango ministerial” demostramos que se les da la debida importancia a ciertos sectores. De ser así, los agricultores e industriales deberían estar celebrando su buena suerte al tener sendos ministerios. Y cuando un tema no es adecuadamente manejado por el ministerio correspondiente, el presidente crea una Secretaría “Técnica” o un Consejo adscrito al Ministerio de la Presidencia. Antes la moda eran las “autoridades” y antes de estos los “institutos”.

Para rematar, como las instituciones existentes no se comunican ni coordinan sus funciones lo suficiente el último grito de la moda son los gabinetes, por ejemplo, el Gabinete Logístico. Peor aún, existen ciudadanos que buscan mantener el centralismo  por ejemplo apoyando el proyecto de Ley 53 que hace que sea el MIVIOT el que certifique la zonificación para emitir avisos de operación en Panamá Emprende, en lugar de la autoridad local (Municipio o Junta Comunal). Esto en efecto es contrario al espíritu de Panamá Emprende, creando una carga burocrática adicional para el MIVIOT con solicitudes de todas partes en lugar de resolver localmente con autoridades que puedan gestionar más directa y expeditamente.

Curiosamente el Artículo 636 del Código Administrativo de 1916 dividía el Poder Ejecutivo en 5 secretarías (actuales ministerios): Gobierno y Justicia, Relaciones Exteriores, Hacienda y Tesoro, Instrucción Pública y Fomento y Obras Públicas. ¿Estará dicho artículo vigente? ¿De ser así el carnaval de instituciones que tenemos no estaría violando el Código Administrativo?  De ser cierto, esta sería la perfecta excusa para reorganizar la administración pública acordemente, supeditando algunos ministerios, secretarías, autoridades e institutos bajo el paraguas de alguno de estos cinco ministerios.

Con todo lo anterior, parece claro que se necesita o una reforma integral al Código Administrativo o una nueva Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado similar a la existente en España que jerarquiza, descentraliza y racionaliza los entes de la administración pública. Yo sugeriría el siguiente orden jerárquico: I. Ministerios II. Secretarías III. Autoridades y IV. Institutos. Cada uno de estos debería tener dentro de sí sus respectivas direcciones y departamentos.

A modo de ejemplo, un Ministerio de Fomento podría tener bajo sí las siguientes secretarías: Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. Bajo la Secretaría de Ordenamiento Territorial se podrían tener las siguientes autoridades: Administración de Tierras, Ambiente, Gobiernos Locales (Descentralización) y Bajo la Autoridad de Administración de Tierras podría estar los siguientes institutos: Registro de Bienes Inmuebles (separándolo del Registro Público) y el Instituto Geográfico. Con este ejemplo breve vemos como se podría simplificar, alinear y coordinar la complejidad de la administración pública panameña y haciendo que las instituciones hablen entre sí y se eviten traslapes y multiplicidad de actores institucionales dedicados al mismo solo tema.

El único escollo para una reestructuración de esta magnitud podría ser la red clientelar de los partidos políticos que depende de un aparato estatal en crecimiento para brindar oportunidades de negocio y puestos de trabajo a sus miembros, activistas, amigos, donantes y allegados. Pero, la solución es sencilla: presidentes, alcaldes, diputados y representantes independientes que no tengan el lastre de tener que mantener una red clientelar para poder reelegirse. Es hora de barrer y poner orden en nuestra casa común: Panamá. –

El Autor es Arquitecto y Urbanista además de docente universitario y candidato a suplente de Diputado por el circuito 8-8 y Representante de San Francisco con @FacundoClúa. 

Gancho al 8 para diputados en el Circuíto 8-8

Gancho al 9 para representante de San Francisco

Hurgando en el baúl de los recuerdos encontré mi propuesta política para diputado del año pasado. Como teníamos veda electoral no pude compartírselas, pero una vez levantada la veda me ha parecido valioso compartirles las líneas guía que hubieran guiado mi actuar como diputado.

Sin embargo, si aún les parece valiosa la propuesta como suplente de Facundo Clúa para diputado del Circuito 8-8 y #OtroCaminoPanamá, con su apoyo, haré lo posible por llevar adelante esta ambiciosa agenda de gobierno junto con nuestros diputados.

Propuesta Política

Introducción:

Panamá se encuentra en medio de un periodo electoral marcado por el hastió de muchos ciudadanos ante la percepción de corrupción y de ineficiencia de quienes han detentado el poder en los tres órganos del estado en la última década lo cual se cree ha afectado el desempeño económico del país. Sin embargo, el istmo, a pesar de todo, ha hecho importantes avances en los últimos 15 años en reducción de la pobreza y aumento de la esperanza de vida, reflejado en el surgimiento de una clase media baja obrera y emprendedora con muchas aspiraciones y demandas, especialmente en las zonas urbanas periféricas y semi-periféricas (como aquellas del Circuito 8-8) donde se concentra más del 60% de la población. Hoy a diferencia de hace unas elecciones atrás, los electores de San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan Díaz y Don Bosco, en su mayoría pertenecen a las capas medias y sus aspiraciones no pueden ser satisfechas por el sistema clientelista imperante en la política panameña. Adicionalmente, las comunidades del 8-8 confrontan los retos del cambio climático y el crecimiento urbano descontrolado con sus consecuentes inundaciones, tranques vehiculares y servicios públicos deficientes los cuales requerirán de sus diputados mayores conocimientos en dichas materias.

Este panorama representa un nuevo reto para quienes deseamos aspirar a representarles en el órgano legislativo, exigiendo de nosotros una mayor formación académica, una rica y excepcional experiencia profesional, una amplia cultura general cultivada no solo en Panamá sino en el exterior. Pero sobre todo lo demás, nuestros electores están en búsqueda de diputados con una vida personal y profesional positiva y ejemplar; demandas todas que esperamos poder satisfacer con nuestra fórmula.

A continuación, presentamos nuestra propuesta legislativa para el periodo 2019-2024, tomando en consideración las funciones legislativas y administrativas que le confiere la Constitución Política de la República de Panamá a la Asamblea Nacional. Estas ideas reflejan nuestra posición ante diversos temas políticos que guiarán nuestro actuar dentro de las comisiones legislativas convencidos de que la Asamblea Nacional debe asumir un rol mucho más activo y propositivo en la definición y promoción de políticas públicas de cara al Órgano Ejecutivo además de ejercer con mayor fuerza el rol fiscalizador que le da su capacidad administrativa de acuerdo con la Constitución.

Esperamos que, con su apoyo a nuestra candidatura, podamos convertir a las comisiones en un contrapeso al gabinete ministerial del Órgano Ejecutivo. Todo esto con el fin de impulsar el desarrollo institucional que sirva de sostén al desarrollo socioeconómico de las comunidades del país y ayude a reducir a su mínima expresión la percepción de corrupción institucional y la ineficiencia del estado atacando los problemas más urgentes de las comunidades y del país.

Administración Pública

Contra la Corrupción: Simplicidad, Factibilidad, Flexibilidad y Sostenibilidad.

• Proponemos reducir y simplificar las funciones del gobierno central y de los gobiernos locales a lo mínimo y esencial que garantice el estado de derecho, las libertades y deberes individuales, además de la satisfacción de las necesidades básicas dotando de mayor fluidez a la administración pública.
• Procurar que toda legislación forme parte de un cuerpo integrado de políticas de estado. Propondremos mediante el reglamento interno de la Asamblea, que toda ley debe poder ser: 1. Fácilmente implementable y fiscalizable, 2. Razonablemente flexible y 3. Dotada de un presupuesto suficiente para evitar su violación y obsolescencia garantizando así su sostenibilidad. Si no cumplen con estas condiciones deben ser depuradas o reformadas.

Reingeniería administrativa

• Con ayuda de especialistas buscar eliminar los traslapes de funciones y garantizar la comunicación entre instituciones y gobiernos locales mediante políticas públicas que favorezcan la centralización de datos y garantizando su rápido acceso aprovechando las nuevas tecnologías y el catastro multifinalitario.
• Revisar con un equipo multidisciplinario toda la legislación para eliminar redundancias, anacronismos y obstáculos burocráticos al desarrollo de la iniciativa pública y privada que redunden en beneficios para todos.
• Dotar de los recursos legales y financieros a la Secretaría de Innovación Gubernamental para que logre este fin durante el quinquenio 2019-2024.

Desarrollo Nacional mediante la planificación y descentralización:  Convencidos de que la raíz del clientelismo político se encuentra en el centralismo administrativo y la falta de planificación que provoca la falta de respuestas directas a las necesidades de los individuos y comunidades por parte de sus gobiernos locales:

• Promoveremos el fortalecimiento de la autonomía política, económica y fiscal de los gobiernos locales (Juntas Comunales en áreas urbanas y Municipios) para lograr que puedan gestionar eficiente y directamente los servicios públicos básicos (acueductos y alcantarillado, salud, educación, movilidad urbana o regional y gestión de riesgos).
• Apoyaremos desde la asamblea con las leyes y recursos necesarios para que los municipios desarrollen los instrumentos de Ordenamiento Territorial, Gestión Urbana y Desarrollo Regional que garanticen la autogestión fiscal de los mismos y priorizando las necesidades locales y por último las del gobierno central.
• Promoveremos una revisión del régimen fiscal del país en pos de la simplificación tributaria, idealmente mediante un impuesto único, que debería ser cobrado por los gobiernos locales y estos contribuir con una tasa fija al gobierno provincial y estas con una tasa fija contribuir al gobierno central.
• Mediante la simplificación fiscal buscamos incentivar a los municipios en atraer inversiones en sus comunidades y el desarrollo de empresarios locales.
• Promoveremos la participación protagónica de los ciudadanos y los actores sociales y económicos en los procesos de planificación para que respondan verdaderamente a sus deseos y necesidades presentes y futuras.
• Promoveremos nuevos polos de desarrollo económico y la urbanización ordenada del interior del país y las comarcas indígenas para reducir la presión sobre la ciudad de Panamá impulsando zonas económicas industriales y la integración de las urbes interioranas a la red de servicios logísticos y financieros nacionales e internacionales.
• Promoveremos la modernización de las agroindustrias apoyando con mayores inversiones presupuestarias a la investigación y el desarrollo en las ciencias y las ingenierías agronómicas y biotecnología.
• Buscaremos reformar el régimen de incentivos y subsidios a la producción con el fin hacer énfasis en la investigación y desarrollo tecnológico además del desarrollo de las redes comerciales que consuma la producción agropecuaria panameña.
• Promoveremos políticas públicas que brinden un mayor acceso al crédito incentivando y facilitando la integración del trabajador independiente y el pequeño empresario informal como ahorristas al sector bancario y como contribuyentes al fisco.
• Promoveremos un proyecto de ley que extienda los beneficios de la ley de interés preferencial y la exoneración del impuesto sobre la propiedad por 20 años a los inversionistas y consumidores de proyectos de restauración, renovación y puesta en valor de inmuebles con más de 20 años de construidos.
• Promoveremos los Desarrollos Orientados por el Transporte en todas las urbes del país mediante incentivos para los municipios, desarrolladores inmobiliarios y las empresas de transporte masivo.
• Apoyaremos toda iniciativa que busque nuevas fuentes de energía renovables, la protección del medio ambiente y la mitigación del Cambio Climático en zonas costeras y cuencas hidrográficas.
• Apoyaremos las reformas necesarias de la política turística del país de manera tal que se trabaje de manera coordinada con los municipios y sus departamentos de planificación. Además, la política turística del país debe de ir de la mano con la política cultural y patrimonial del país de manera que Panamá desarrolle un ecosistema favorable al desarrollo sostenible de iniciativas artísticas y culturales que sirvan también de atractivo turístico en todas las ciudades del país.
• La política turística deberá también ir de la mano con la política educativa para lograr el entrenamiento y colocación laboral del personal que necesite la industria turística.
• También será necesario vigilar la calidad y la cantidad de la oferta hotelera de manera que no se vuelva a dar un exceso de habitaciones lo cual afectó los precios.

Reforma Educativa: La educación es clave para la movilidad e integración social, para ello impulsaremos y apoyaremos desde la Asamblea iniciativas que ayuden en la preparación del personal técnico, profesional y gerencial que necesita los sectores público y privado. Creemos que la educación debe proveer de las herramientas intelectuales necesarias para insertarse en el mundo laboral y empresarial con una formación acorde con las capacidades intelectuales y talentos de las personas incentivando su capacidad investigativa y de análisis además de su creatividad.

• Propondremos y defenderemos la descentralización administrativa de la educación, limitando el rol del Ministerio de Educación al de un ente guía de la política educativa, un evaluador y promotor de la excelencia educativa en el país y un apoyo en el fortalecimiento institucional de los planteles educativos que deberán pasar bajo control municipal.
• Para que ello sea realidad, procuraremos además que todo centro educativo sea respaldado fiscalmente con los recursos generados dentro de los municipios mediante los planes de desarrollo local.
• También creemos fundamental para la reforma educativa invertir mediante los municipios en una oferta académica diversa que pueda satisfacer a grupos con distintos niveles de destreza, de actitud, talento e inteligencia desde la escuela básica al nivel superior con escuelas o salones de clase para personas con un alto, mediano y bajo rendimiento académico para que logren a su velocidad procurarse una educación de calidad.
• Promover una mayor inversión en la integración y expansión del INADEH, ITSE y los Institutos Técnicos y Profesionales mediante un sistema integrado de centros de formación técnica y profesional que ayuden a insertar al mercado laboral preferentemente a la inmensa mayoría de personas cuyos talentos, bajo desempeño académico y circunstancias socioeconómicas inmediatas no les permitan seguir carreras profesionales y de investigación a nivel universitario. Además, dichos centros deberán servir como centros de actualización profesional y de reentrenamiento en otras carreras para aquellas personas cuyos oficios o experiencia no sean ya funcionales al mercado laboral.
• Impulsaremos las reformas al sistema de educación superior proponiendo las reformas constitucionales y legales necesarias que ayuden a modernizar las universidades públicas y privadas bajo un marco legal que erradique la politización de la educación universitaria pública y el mercantilismo en la educación universitaria privada.
• Dichas reformas deberán de proveer de condiciones de trabajo decorosas a los profesores e investigadores, además de priorizar en la inversión en investigación y desarrollo tecnológico
• Creemos también de justicia poner fin a los programas de subsidios que no premian la excelencia académica.

Ciencias, Investigación e Innovación Tecnológica

• Apoyaremos a la SENACYT, la Ciudad del Saber y a los gremios de investigadores científicos junto con los inversionistas en ciencia y tecnología con los proyectos de ley y apoyo financiero que sean necesarios y posibles para incentivar el desarrollo de alianzas público-privadas que impulsen la Investigación y Desarrollo en la agroindustria y en nuevas industrias tecnológicas desde zonas económicas especiales y en las universidades en todo el país.
• Promoveremos un proyecto de ley que cree una Secretaría Nacional para las Ciencias Sociales y Políticas con una estructura similar al de la SENACYT con programas enfocados en el desarrollo de la investigación en las ciencias sociales y las expresiones culturales y becas para la formación de especialistas en el exterior y un fondo especial para su reinserción, con especial énfasis en el desarrollo institucional de los gobiernos locales.
• Incentivaremos la inserción de especialistas e investigadores en los procesos de desarrollo de nuevas políticas públicas para apoyar en la modernización del estado panameño y la economía nacional.

Cultura y Patrimonio:

• Promoveremos la descentralización del INAC, convirtiéndola en una Secretaría Nacional de Cultura y Patrimonio, similar al SENACYT y financiada mediante un fondo público-privado, que apoye el desarrollo institucional de las redes municipales de escuelas de bellas artes, museos, teatros, centros de investigación cultural y sistemas municipales de orquestas y coros. Además, dicha secretaría deberá apoyar con becas educativas con énfasis en la formación de arqueólogos, antropólogos, historiadores, restauradores, gestores culturales e investigadores en dichas ramas. Además, deberá ofrecer becas para investigación y desarrollar alianzas con instituciones similares en el exterior.
• Promoveremos leyes de incentivo fiscal para empresas y fundaciones privadas que apoyen en la preservación del patrimonio material de la nación y transformar la Dirección Nacional de Patrimonio en un Instituto separado que gestione las políticas y normas de protección del patrimonio nacional con una junta directiva compuesta por académicos, especialistas, empresarios y representantes del gobierno.

Reforma del Sistema de Salud, del Acueductos y Alcantarillados y la Gestión de Desechos Sólidos

Al igual que el sistema educativo, creemos en la necesaria descentralización y municipalización de la provisión de servicios de salud pública, de las redes de acueductos y alcantarillados y la gestión de los desechos sólidos del país para atender de manera más eficiente a la población y desarticulando las maquinarias burocrática infladas de la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud y el IDAAN cuyo excesivo centralismo estamos seguros desvía y absorbe recursos que pudieron haber sido invertidos en las instalaciones de salud, la optimización y modernización de la red de acueductos y alcantarillado y la gestión de los desechos sólidos en la ciudad de Panamá.

• Apoyaremos un proyecto de ley que transforme a la Caja del Seguro Social en un fondo de pensiones propiedad del estado y al Ministerio de Salud en un ente rector de las políticas de Salud Pública del país.
• Apoyaremos la separación de la gestión de hospitales, policlínicas y centros de salud e integrándolos a sistemas de salud municipales, autónomos y autosostenibles coordinados mediante un Sistema Nacional de Salud. Los municipios podrán optar por conceder la gestión de sus sistemas a entes privados.
• Además, propondremos la creación de un seguro de salud con participación accionaria 100% estatal en la cual puedan cotizar quienes no tienen acceso a los seguros de salud privados como reemplazo de lo ofertado por la CSS.
• Apoyaremos la reforma del IDAAN convirtiéndolo en un ente técnico que supervise y coordine las redes de empresas municipales de acueductos y alcantarillados mediante la cual deberá descentralizarse los servicios e instalaciones del IDAAN.
• Apoyaremos la municipalización de la AAUD y la descentralización de sus competencias a nivel de corregimiento además del cierre de los vertederos de basura y su reemplazo por sistemas completos de aprovechamiento de los desechos sólidos.

 Políticas Sociales

Familia, Matrimonio y Niñez: Reconocemos el valor fundamental de los padres de familia en la educación de las nuevas generaciones por lo cual promoveremos y defenderemos toda política pública que busque promover la estabilidad emocional y la prosperidad material de los matrimonios y procurar por el máximo bienestar de los menores.

• Procuraremos establecer la legislación necesaria con el presupuesto necesario para integrar a las instituciones religiosas y cívicas en la adecuada formación en valores y en la afectividad de los jóvenes y promover la institución del matrimonio en las poblaciones en riesgo social. Apoyaremos la creación en las comunidades de talleres para la formación de parejas para el matrimonio además de escuelas para padres de familia, con especial énfasis en las parejas de padres adolescentes o jóvenes en riesgo social provenientes de hogares disfuncionales.
• Promoveremos desde la Asamblea Nacional políticas públicas y alianzas público-privadas que ayuden a reducir el círculo vicioso de la paternidad ausente y los embarazos precoces.
• Promoveremos proyectos de ley que extiendan la licencia de maternidad a un año para promover la lactancia materna y la extensión a un mes de la licencia de paternidad para lograr el adecuado desarrollo psicoemocional y la salud física de los infantes y el bienestar general de las madres.
• Promoveremos reformas de la legislación laboral y de seguridad social que permitan a las empresas promover el jornadas de tiempo flexible, jornadas o semanas reducidas y el trabajo remoto sin afectar los salarios de los trabajadores de manera que se permita a los trabajadores atender las necesidades de sus hogares y reducir las ausencias injustificadas y las tardanzas.

Bienestar Social y Derechos Humanos: Reconociendo el valor supremo de nuestras particularidades individuales, impulsaremos políticas de estado que ofrezcan distintas oportunidades encaminadas a potenciar el desarrollo de cada ciudadano sin importar sus condiciones y circunstancias personales. De especial preocupación nos resulta la situación de pobreza extrema en las zonas urbanas y zonas comarcales además de la situación de los grupos migratorios que son víctimas de redes de traficantes.

• Promoveremos y defenderemos el derecho humano que tiene cada persona al respeto de la integridad y dignidad de su vida desde el momento de su concepción hasta el día de su muerte y a tener una infancia, adultez, y vejeces plenas con calidad de vida en sus comunidades.
• Propondremos medidas innovadoras para integrar las zonas comarcales al desarrollo socio económico del país. Dicha integración deberá contar con la participación protagónica de los indígenas residentes en zonas urbanas del país para impulsar con sus ideas el desarrollo de las comarcas.
• Propondremos una reforma integral de la Política Migratoria y de Integración y Asimilación Ordenada del Inmigrante. Para ello propondremos distintos programas de visado de acuerdo con las necesidades y capacidad de absorción del país con un sistema de selección por puntajes y un sistema de licencias para la contratación de personal foráneo.
• Propondremos además una integración de la legislación que regula el ejercicio de las profesiones en Panamá para que integren mecanismos más justos y técnicos de reinserción del recurso humano panameño entrenado fuera del país y de la integración del recurso humano extranjero en los gremios profesionales con reglas iguales y exigentes para todos.
• Promoveremos el desarrollo de los sistemas deportivos municipales en cuya responsabilidad deberá recaer el mantenimiento de las instalaciones deportivas y procurar mantenerlos activos durante todo el año.

Por Carlos Solís-Tejada

Comenzó un nuevo año escolar  para la mayoría de los niños y jóvenes en Panamá, un nuevo año en el que se les seguirá vendiendo una ilusión a muchos padres y a sus hijos de una educación integral que les ayudará a (supuestamente) superarse en la vida.  Como profesor universitario cada año veo con tristeza como sigue desmejorando el sistema educativo. Ya no importa si se estudió en un colegio público o privado, con renombre o sin él, los resultados parecen ser similares: jóvenes con poca capacidad de análisis, semianalfabetos (con una menguante capacidad para escribir correctamente), con escasa o nula curiosidad y con poca vergüenza para plagiar y propensión a reclamar derechos que no les corresponden.

Obviamente siempre habrá ese 5% o 10% que te devuelve la fe en el futuro ¿Pero y el 95% o 90% restante? Cuando pienso en el resto me doy cuenta de que en realidad un segmento importante de esos muchachos nunca tuvo la dicha de poder tener una educación acorde a sus capacidades cognitivas que les condujera por el camino más apropiado para alcanzar el éxito según su potencial como técnico, profesional, gerente o empresario.

El sistema actual pretende preparar futuros profesionales universitarios siguiendo un paradigma que quizás fue verdadero hace un tiempo atrás pero que hoy en día va perdiendo vigencia. El país dejó de producir suficientes técnicos y artesanos porque se supone no serían necesarios en una economía de servicios globalizada como la nuestra y porque, por alguna extraña razón, todos deberían tener derecho a la educación superior, cuando no todos nacen para ser universitarios.

Esta ha sido un error que están pagando caro nuestros jóvenes que no encuentran o no retienen un trabajo porque sencillamente no llenan los requisitos, no pasan las pruebas o no cuentan con las habilidades blandas que les haga llevar vidas plenas y productivas. Se les engañó o se autoengañaron cada año académico forzando su pase a pesar de todas sus deficiencias y nadie estuvo allí mediando para que se cambiaran a la escuela, bachillerato o carrera que mejor encajara con sus circunstancias. Nadie estuvo allí para hablarles con franqueza a ellos y ni a sus padres (si es que estuvieron presentes), terminando algunos pocos en las aulas universitarias y otros tantos en la calle ya sea delinquiendo o buscando como subsistir como microempresarios informales.

Yo, al contrario de muchos políticos pienso que lo más básico de la reforma educativa y la reactivación económica comienza en los hogares, con padres de familia presentes. Padres que se comprometan a vivir vidas coherentemente buenas y dignas de imitar por sus hijos. Familias exigentes y con autoridad para sacar lo mejor de su prole. Para ello se hace necesario promover todo aquello que permita que existan familias con papás y mamás presentes, con suficiente estabilidad material y espiritual para que lleven adelante a sus familias y que sus hijos se beneficien de esa complementariedad masculina y femenina al haber escogido sus padres el Matrimonio como camino.

Para ello sería necesario lograr mayor flexibilidad laboral para que los padres puedan atender a sus hijos mejor, periodos más largos de maternidad por lactancia y de paternidad para apoyar a las madres en los primeros meses de vida de los infantes. También sería necesario reducir los tiempos de desplazamiento hacia los puestos de trabajo con una planificación urbana y regional que tenga a la movilidad urbana eficiente como prioridad.

Muchos políticos venden las becas por méritos, los subsidios condicionados y escuelas de última generación como la panacea. Yo en cambio sospecho que debemos ir a lo más básico siendo más realistas y no condenando a todos los muchachos a tratar de aprender lo mismo a la misma velocidad, eso sencillamente no va a ocurrir. ¿Por qué no mejor ampliar la educación dual para la mayoría de los estudiantes con una vocación más práctica y reenfocar el bachillerato y la universidad solo en aquellos jóvenes con vocación más teórica/académica?

Es por ello por lo que tengo mucha fe en el potencial del Instituto Técnico Superior Especializado para revolucionar la educación en Panamá, pero dentro de un sistema que incluya a los Institutos Profesionales y Técnicos (IPT), para la formación básica, y al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) para la formación continua.

También se hace necesario tomar nota de la existencia en Panamá de una incipiente clase media baja no-profesional de técnicos y microempresarios informales (buhoneros, chicheros, taxistas, buseros, peones, albañiles, etc.,) que se observa está poblando las nuevas urbanizaciones formales de las periferias urbanas  del país y constituyen el 40% de la fuerza laboral.  Si bien se necesitan estudios más profundos del fenómeno, se puede decir en principio que se trata de una clase que ha salido de la pobreza de manera precaria en los últimos 20 años (cuando el índice de pobreza general medida por ingresos rondaba el 42% bajando a un 20%) y que precisa ser apoyada.

Es posible sospechar que su existencia ha sido posible gracias a las políticas de subsidios antes mencionadas  introducidas por los últimos tres gobiernos para lograr aumentar la capacidad de consumo de los pobres. Esto junto con el aumento del salario mínimo registrado en el gobierno anterior posiblemente les abrió el acceso al crédito bancario y por ende al mercado inmobiliario, el cual también les brinda otros subsidios al consumo como el Bono Solidario y el Interés Preferencial.  Dicho segmento socioeconómico también se beneficia de la exención del pago del Impuesto sobre la Renta y el de Inmuebles por 20 años que beneficia a otros grupos sociales.

Pero el mayor mérito y virtud de esta nueva clase ha sido el de emprender,  prosperar (adquiriendo propiedades y abriendo cuentas bancarias) a pesar de posiblemente no contar con una educación completa,  posiblemente haber comenzado a ser padres de familia jóvenes y superando los prejuicios existentes sobre su forma de vida.  Al preguntársele a vendedores inmobiliarios dedicados a este segmento del mercado y a los mismos miembros de esta nueva clase qué factor les ha ayudado a lograr este hito muchos señalan el rol esencial de las mujeres en esta historia como administradoras de la economía de sus hogares controlando los ingresos de sus parejas (cuando las tienen presentes) y la buena disposición de estos en obedecer.

Se trata pues de una clase social que se sostiene sobre bases muy precarias. Tomando todo esto en consideración, si queremos reforzar este fenómeno se hace necesario entre otras cosas:

1. Guiar de manera sistemática a esta clase social hacia la formalización: formalización de las familias, aumentando el número de matrimonios y reduciendo las precarias uniones libres, además de formación para la vida matrimonial y familiar.
2. Guiar a la población adulta joven con escasa escolaridad y viviendo precariamente del trabajo informal a recibir entrenamiento en oficios en alta demanda o hacia el microemprendurismo formal; además de formación en el manejo de su patrimonio con educación financiera.
3. Guiar de manera sistemática al resto de microempresarios informales para abrir cuentas bancarias en conjunto con sus parejas de manera tal que puedan tener un mayor control de sus ingresos y egresos y puedan ir acumulando capital mediante el ahorro.
4. Brindar a sus hijos un sistema educativo acorde a sus necesidades y potencial en carreras técnicas que hagan falta con buenos ingresos. Esto podría desahogar potencialmente nuestras universidades al visibilizarse una senda alternativa hacia el progreso económico y social.

Creo que no hace falta decir que el futuro del sector inmobiliario y de la construcción en la próxima década se sostiene en este grupo poblacional, de hecho existen ya empresas enfocando sus esfuerzos en esta dirección con proyectos interesantes, algunos de estos incluso ayudando a estas personas a aprender a convivir como vecinos y a mantener su propiedad y las áreas comunes limpias y ordenadas.  Se trata de todo un segmento del mercado ávido de mejorar sus condiciones de vida precarias saliendo de los asentamientos informales y el hacinamiento de los guetos citadinos.  Se necesita por tanto que la mayoría de empresas inmobiliarias, bancos y aseguradoras compitan por este mercado con mejores condiciones de acceso y que el gobierno facilite la formalización mediante procesos que faciliten de forma expedita el pago de impuestos y del seguro social, entre otras medidas que consolide su permanencia como grupo social además de reducir ese 20% de pobreza a números menores.

Es por ello por lo que en estas y futuras elecciones será importante que escojamos a candidatos que le den suprema importancia a la familia, la educación especializada y la educación financiera para que dejemos de vender vanas ilusiones a los hijos de la nueva clase media emergente y los encaminemos a un mejor futuro de acuerdo con sus intereses y habilidades sobre la base de la estabilidad emocional y material.  De esa manera ellos o sus hijos lograrán dar el salto hacia la clase media profesional o de  medianos empresarios dejando así la dependencia de los subsidios que les permitieron un mayor nivel de consumo.

El autor es arquitecto y docente universitario

Por Carlos Antonio Solís Tejada
Pre-candidato a diputado | Circuito 8-8

Occidente está en medio de una revolución sociopolítica que está barriendo con un virtual consenso entre gobiernos y sus diversas élites que impulsa medidas que no fueron debidamente consultadas con sus pueblos. Estas impulsan el libre mercado, la redistribución internacional del trabajo y del capital, la precariedad laboral, además del libre movimiento de personas y el multiculturalismo aunado al desmejoramiento de la calidad y recorte de los servicios sociales estatales que se consideraban intocables como la seguridad social, la salud, la vivienda y la educación, rompiendo así el consenso previo en el cual el gobierno se comprometía con cuidar bien de sus ciudadanos en exclusividad y homogeneidad (hasta consentirlos) desde su concepción hasta su muerte y las grandes corporaciones tenían un compromiso con las sociedades que les permitieron crecer garantizando un empleo y una carrera permanente con salarios y pensiones decentes.

Nunca fue del todo así, pero así más o menos lo recuerda idílicamente una parte importante de la población de muchos países que viven hoy día con el sin sabor de saberse desamparadas y excluidas por parte de una élite cada vez más distante conformada por políticos, empresarios, intelectuales, celebridades y tecnócratas con conexiones internacionales e intereses transnacionales, los llamados “globalistas”. Esta insatisfacción es especialmente cierta entre aquellos de la vieja clase trabajadora urbana y rural con un nivel educativo y económico medio y bajo o jóvenes (profesionales o no) con poca experiencia y prospectos laborales escasos, el nuevo “precariado” cuyos intereses se reducen a lo más inmediato y local. Dicho precariado no debe confundirse con los “informales” y el “lumpenato” aunque coincidan en muchos puntos, dados que sus trayectorias de movilidad social e intereses son opuestos.

A esto súmesele los cambios radicales en materia moral y cultural impulsados por una facción muy ruidosa de esta misma élite globalista, como la indiferencia cultural y moral, la multiculturalidad, la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia, el laicismo militante y la ciencia como religión lo cual rompe con el acuerdo homogeneizador de muchas sociedades y ha terminado uniendo en causa común a una parte del precariado junto a una parte más discreta y sustancial de la elite global que no acepta ser parte de ese consenso “liberal” o “progresista” y que paradójicamente le brinda su carácter transnacional al movimiento.

Y como cerecita en el pastel, añádase al coctel, las crisis financieras y los grandes escándalos de corrupción administrativa y corporativa que asolan a muchos países y la mesa esta servida para la irrupción de nuevos actores políticos que han superado a “ la izquierda anti-sistema” compuesta de una minoría vociferante de clase media. Se trata pues, de una nueva ola de movimientos de corte nacionalista, proteccionista y relativamente tradicionalista que están retomando temas olvidados o desechados por el consenso “centrista” y “globalista” y que son reivindicados por amplios sectores de todas las clases sociales, idealizando el estado de cosas previo a la última ola globalizadora.

Si bien el ciberespacio y los medios de comunicación panameños dan la impresión de que existe una gran convulsión política alrededor de los tópicos antes mencionados, en términos generales, a nivel de calle, entre el pueblo llano, existe una paz, una apatía y un silencio de cara al sistema político existente difíciles de interpretar. ¿Será posible que aun exista confianza de expresar cualquier inconformidad con las autoridades y resolverlas pacíficamente en las urnas en lugar de manifestarlas a través del radicalismo político?

Si consideramos que un 52% de adultos está inscrito en partidos políticos, pudiera entonces interpretarse de manera simplista una gran conformidad con el sistema partidista tal cual existe. Esto nos deja con aun con un universo de 48% de personas que podrían considerarse no-partidista. Si interpretamos, otra vez, de forma simplista que el 33% del total de adultos que se abstienen a votar como parte integral de ese 48% no-partidista, es posible que existe un significativo 15% de personas que si son activas políticamente como votantes pero que no pertenece a partido alguno y que no se conforman con el menú político vigente: los famosos “independientes”.

Con el surgimiento de candidaturas por la libre postulación muchos independientes mediante sus firmas están abriendo el camino para el surgimiento de nuevos movimientos políticos que pudieran renovar el orden existente. Dicha posibilidad no es tan irreal si consideramos que la militancia real en los partidos políticos, salvo el PRD, no supera el tercio de su membresía, en otras palabras, existe un potencial de votos partidistas que podrían decantarse por un independiente, tal y como lo demuestran cerca del 50% de respaldo aportado por los miembros de partidos políticos a dichas precandidaturas.

Esto representa una gran oportunidad y una gran responsabilidad para quienes aspiran a una candidatura independiente. Es posible que la situación actual de podredumbre en el país pudiera estar impulsando el gran respaldo recibido por las candidaturas independientes por parte de cerca de un cuarto del padrón electoral. En este escenario, lo peor que podrían hacer los independientes es dividirse, algo probable si consideramos que el sistema está diseñado para que ello ocurra, a menos que alguna de las tres candidaturas que logren entrar en las papeletas para los distintos cargos de elección popular logre aglutinar el voto independiente.

Pero, por los vientos que soplan, las tres candidaturas presidenciales probablemente se constituyan en tres alianzas políticas distintas con sus estructuras de apoyo consolidadas desde el nivel de candidatos a representantes de corregimiento, pasando por los candidatos a diputados y a alcaldes apalancando todos a un candidato presidencial, actuando de hecho como proto-partidos políticos. Sin embargo, dado el carácter personalista de las candidaturas independientes es posible que se vean tentados a cometer el craso error de descartar a los precandidatos perdedores, sus estructuras (en caso de tenerlas) y sobre todo sus ideas. Esto es importante considerando que ni las candidaturas, ni las elecciones se ganan en Panamá por internet, ni por televisión. Se ganan con estrategia, logística y dinero.  Algo que los partidos tienen de manera más consolidada y organizada.

Dado que prácticamente los candidatos punteros se están organizando como los partidos políticos, no estaría de más ser más serios y convocar sendos congresos por alianza para determinar en mesas de trabajo los lineamientos políticos de sus movimientos, su plan de gobierno y sus propuestas más importantes de cara el elector. En este sentido lo mejor sería aliarse por afinidad de ideas, principios y ética de trabajo, por ejemplo, sería ideal una alianza «progre» entre Ana Matilde Gómez para presidente con Ricardo Lombana como vicepresidente (incluyendo al grupo de Miguel Antonio Bernal como ministro de gobierno o de presidencia quizás) y por otro lado una alianza más conservadora entre Marco Ameglio con Francisco Carreira y una alianza oportunista entre Dimitri Flores con algún partido político pequeño.

Pero de cara al futuro sería muy importante para el electorado, que de salir perdedores, dichos movimientos políticos independientes no mueran y continúen creciendo y consolidándose de manera que se enriquezca el menú político en 2024 con partidos políticos listos para darle voz a aquellas inquietudes políticas que difícilmente se escucharían si no fuera por esta vía legitima. Para que estos movimientos tengan éxito, insisto será necesario la organización y movilización electoral de la clase media inconforme, pero esto requiere salirse de la comodidad del ciberespacio y pasar a la acción concreta, no en las calles sino actuando de manera colectiva y organizada para lograr dicha movilización, no basta con quejarse de “la gente” y de su “apatía” hay que tomar partido y apoyar a aquellos que ven que pueden realizar un cambio, recoger las firmas necesarias para luego (con suerte) motivar y movilizar el voto a su favor. De salir electos algunos de estos movimientos estos no deben conformarse y avanzar hacia la conformación de nuevos partidos, que representen la voz de aquellos que no se sintieron representados por los partidos existentes. De esta manera comenzaremos ordenada y legítimamente a cambiar las cosas en este país.

Existen varias impresiciones que hacen Tapia y Lombana en este vídeo (desde el minuto 15:59) emitido el día jueves 13 de diciembre de 2018 en Lo Mejor del Boxeo. La primera tiene que ver con la intención de voto marcada en encuestas. Si algo han demostrado las encuestas de opinión pública en las últimas elecciones es que no son infalibles y todo depende de la metodología empleada, el universo de la muestra y sobre todo el sesgo del investigador a la hora de diseñar el instrumento de investigación y a la hora de interpretar y publicar los resultados. La segunda tiene que ver con las firmas.

Las firmas más que nada demuestran la capacidad y efectividad organizativa y logística real del equipo de campaña que potencialmente se podrá traducir en una capacidad real para hacer proselitismo, identificar los votantes duros y para movilizar ese voto duro a las urnas, por tanto no son un «bluff» como da a entender Juan Carlos Tapia, de hecho las firmas dicen tanto del potencial del candidato y su equipo como las encuestas.

La tercera impresición tiene que ver con la calidad de las firmas recolectadas. Si bien es cierto que lo ideal fuera que el indice de firmas rechazadas fuera bajo, la realidad es que la calidad de las mismas dependen de la pericia del recolector, la honestidad del firmante pero sobre todo el objetivo del precandidato con la recolección de firmas. Sobre lo último es necesario determinar si el candidato busca cantidad o calidad.

Según mi experiencia y observando el comportamiento de las cifras de precandidatos a diputado, el que busca calidad por lo general está cuidando bastante sus limitados recursos. Pero para que este enfoque sea exitoso, necesita comenzar su campaña muy temprano. El que busca cantidad por lo general necesita comprar el tiempo perdido al llegar tarde a la carrera por lo cual exige de su equipo simplemente tirar una red super grande y pescar lo que sea y de allí ir sacando sus firmas necesarias en el menor tiempo posible.

Evidentemente este método es mucho mas intensivo pues el dinero que alguien se gastó en un año otro se lo está gastando en semanas o pocos meses. Esto explica el mayor índice de firmas rechazadas y el mayor índice de situaciones anómalas en las firmas recolectadas de Ameglio y Carreira, situaciones que todos tienen en mayor o menor medida dependiendo de los factores antes descritos. Los mas cuidadosos tienen un margen de error del 30% los menos cuidadosos del 50% pero dificilmente esto en mi experiencia es 100% imputable al precandidato y no necesariamente denota deshonestidad alguna.

La última impresición tiene que ver con la valoración positiva o negativa de contar o no con activistas pagos y de donantes de campana. Es evidente que a nivel presidencial los precandidatos punteros, incluyendo Lombana, tienen apoyos en efectivo o en especie cuyo valor es cuantificable y el Tribunal les pedirá computar.

La diferencia entre Lombana y los nuevos es que quizás sus donantes o el mismo no piensan quemar todo su dinero en esta carrera loca, Ameglio y Carreira quizás sí y eso no es ni malo ni bueno. No será justo con quien le puso más pulmón a esta campaña, como yo, pero no es ilegal. Para la próxima campaña, si queremos limitar esta gastadera, será necesario uno hacer como pide Tapia, primero permitir la participación de quienes logran el mínimo de firmas, segundo acortar el periodo de postulación a un mes, así no ingresan advenedizos con mucho dinero y tercero introducir las plataformas digitales para registrar y verificar apoyos.

P.d: Creo que también a Ricardo Lombana se le olvidó reconocer el ajuste muy favorable que les hizo a todos los candidatos el Tribunal Electoral el 21 de noviembre. (Ver gráfica)