La Ciudad Espléndida

Hace 8 años mi familia se asentó en San Francisco, mejorando nuestro estilo de vida, por su ubicación céntrica, gente diversa y su inigualable oferta culinaria y comercial.

Pero, participando con la comunidad nos dimos cuenta de sus carencias: aceras usurpadas por autos, o incompletas o en mal estado; ruidos a toda hora, tuberías colapsadas, tranques vehiculares, etc.

Todo debido a una mala gestión y planificación urbana primero por parte del MIVIOT y luego el Municipio de Panamá además de la inacción de la Junta Comunal, cuyo representante ha presidido el caos de los últimos 20 años.

Elección tras elección los mismos votan y el mismo de siempre gana. ¿Los grandes ausentes? Nosotros, los nuevos residentes, los nuevos votantes. ¡Dejando solos a los viejos residentes que quieren ver un cambio en su barrio!

En cada elección somos más, pero nos mantenemos al margen de la política local y dejamos que el mismo grupo de siempre vote por el mismo de siempre y nuestra calidad de vida se deteriora con más aceras usurpadas, más ruido, más apagones, más fugas de agua, más caos, en uno de los corregimientos más productivos, más educados y más desarrollados de Panamá.

Este 5 de mayo, salgamos los nuevos residentes a votar, hagamos sentir nuestro peso político y renovemos la Junta Comunal, por un San Francisco Respetuoso para todos sus residentes.

 ¡No tienes excusa, sal a votar, mañana no te quejes!

Panamá, 8 de noviembre de 2023

Licenciada
María Eugenia López Arias
Magistrada Presidente
Corte Suprema de Justicia
Ciudad

Re: Opinión relativa a la Ley 406 desde la óptica del Ordenamiento Territorial

Excelentísima Señora Magistrada,

Mi nombre es Carlos Antonio Solís Tejada, ciudadano panameño, con cédula de identidad personal 8-750-1606 y Arquitecto con Número de Idoneidad Profesional 2008-001-004 con una Maestría en Urbanización y Desarrollo. Mediante la presente nota me permito presentar algunos elementos contextuales a considerar sobre la ilegitimidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 desde la óptica del marco normativo del Ordenamiento Territorial en la República de Panamá dentro del proceso de demanda de inconstitucionalidad de la antecitada ley.

1. El Ordenamiento Territorial en la República de Panamá:  El Artículo 2 de la Ley 6 de 1ro de febrero de 2006 define el Ordenamiento Territorial como  “la organización del uso y la ocupación del territorio nacional y de los centros urbanos, mediante el conjunto armónico de acciones y regulaciones, en función de sus características físicas, ambientales, socioeconómicas, culturales, administrativas y político – institucionales, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible del país y de mejorar la calidad de vida de la población”.  

Dicho artículo encuentra su sentido y fundamento en la Constitución Política de la República de Panamá toda vez que su Título III, Capítulo 7mo (sobre el Régimen Ecológico), Artículo 120, establece el deber del Estado de reglamentar, fiscalizar, y aplicar oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los de los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia. Además el Título IX en su artículos 257, 258 y 259 además de indicar la propiedad del Estado sobre las riquezas del subsuelo, los bosques, las aguas fluviales, lacustres y marítimas condiciona su explotación en el bienestar social y el interés público.

Si bien la legislación ambiental cubre en gran medida esta materia, no es menos cierto que dicha legislación no puede existir de manera desarticulada con el resto de las acciones y regulaciones sobre el territorio nacional con el fin de promover el desarrollo sostenible.
Es por ello por lo que la gestión de los recursos naturales, incluyendo las concesiones mineras, deberían estar sujetas o articuladas mediante la Política Nacional de Ordenamiento Territorial vigente, la Resolución N° 468-2019 de jueves 27 de junio de 2019) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tal y como lo mandata el Capítulo IV sobre Coordinación Interinstitucional de la Ley 6 de 1ro de febrero de 2006.

Hasta el momento el Estado no ha cumplido con este mandato toda vez que hasta la fecha no se ha completado el esquema jerárquico de planes y competencias institucionales que exige el PNOT, es decir hasta el momento de escribir esta nota, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en conjunto con otras instituciones del gobierno central y los gobiernos locales no ha desarrollado completamente de modo jerárquico el Plan Nacional, los Planes Regionales, los Planes Locales y los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial que deberían servir como marco de referencia para la correcta gestión de los recursos de las distintas provincias, municipios y comunidades.

Para lograrlo el Régimen Jurídico de la Descentralización fundamentado en el Artículo 233 de la Constitución Política de la República de Panamá establece el deber de los municipios de ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, etc. y el del Órgano Ejecutivo de garantizar el cumplimiento de estos fines. Para ello la Ley 37 de 29 de junio de 2009 “que descentraliza la Administración Pública” en sus artículos II y III establece como debe darse este proceso y los planes estratégicos que deben contener los Planes de Ordenamiento Territorial.

Dentro de ese deber ser del proceso de planificación, el Título XII sobre Participación Ciudadana en el Desarrollo Local consagra el derecho que tienen las comunidades de incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y en la auditoría social, procurando de esta manera contribuir a un mejor desempeño de la gestión pública es su respectiva circunscripción (Art. 136, Ley de Descentralización).

Dada la inexistencia de los Planes Regionales, Locales y Parciales de Ordenamiento Territorial, no solo para las provincias de Coclé y Colón, sino para el resto de las provincias y comarcas del país los cuales deben incluir los mecanismos de participación ciudadana pertinentes, las concesiones mineras hasta el momento otorgadas están funcionando de forma desarticulada incumpliendo con el mandato constitucional que estas existan inspiradas en el bienestar social y el bien público y es por ello que es pertinente incardinar el Código Minero en el marco de los nuevos avances en materia de gobernanza contenidos por los regímenes jurídicos de Descentralización y Ordenamiento Territorial.

Dicho esto es importante aprovechar el momento histórico para hacer una pausa a las concesiones de recursos naturales declarando inconstitucionales toda concesión otorgada después de la vigencia de las normas antes citadas (o por lo menos la concesión dada por la Ley 406 de 20 de octubre de 2023) hasta que el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial cumpla en tiempo perentorio con su deber de completar con la Jerarquía de Ordenamiento Territorial (con sus Planes Estratégicos de Desarrollo) de manera que la República de Panamá, por fin tenga una guía con la cual llevar el desarrollo del territorio sobre el que se asientan sus comunidades derivada de la armónica colaboración entre estas, sus autoridades locales y el gobierno nacional.  

Esta debe ser una condición sine-qua-non de ahora en adelante para determinar la conveniencia o no de explotar por parte del estado (mediante empresas estatales, en sociedad o en concesión administrativa) cualquiera de sus recursos estratégicos o de interés nacional (minerales, hídricos, marítimos, geográficos, logísticos, comerciales, aéreos, etc.) siempre teniendo como bien superior el bienestar social y el bien público como manda la Constitución Política de la República de Panamá.

En caso de decidirse por la inconstitucionalidad sería importante ordenar a las instituciones competentes la administración directa de las operaciones mineras de First Quantum en Panamá con el fin de salvaguardar la correcta gestión ambiental del proyecto minero (con especial cuidado de las tinas de relave), además de asegurar los empleos de los profesionales, técnicos y mano de obra no especializada panameña que labora en la mina mediante una empresa estatal dedicada a ello, teniendo como modelo la Transición a la administración panameña del Canal de Panamá por medio de la Autoridad del Canal de Panamá y que sea esta la que mediante los mecanismos antes expuestos opere o cierre cualquier explotación mineral bajo estrictos parámetros de auditoría ambiental y social.

Sin más que agregar me despido no sin antes agradecer cualquier atención prestada a este escrito.

Saludos cordiales,

Carlos Antonio Solís Tejada

Arquitecto

El ambientalismo se ha convertido en el catalizador para la movilización juvenil en Panamá, esto es innegable y no es casualidad. Desde la década de 2000 las generaciones nacidas desde 1990 al presente han sido educadas, algunos dirían adoctrinadas o catequizadas, en los preceptos más básicos de esta ideología que pretende suplantar e incluso colonizar la religión cristiana. Estos serían, la visión del hombre como un ser más de la naturaleza en pie de igualdad con el resto de la creación en dignidad y derechos.

Por tanto la acción del hombre sobre animales, plantas, tierras, aguas y rocas es vista por sus adeptos como agresión, y su aprovechamiento económico como explotación. Para expiar sus pecados contra la Madre Naturaleza o la Madre Tierra, no pocos chicos y jóvenes adultos (en su mayoría de clase media profesional) están dispuestos a practicar una dieta vegetariana o vegana (irónicamente consumiendo productos fruto de la explotación agrícola y dando muerte a plantas).

Otros expían sus pecadillos consumistas intentando reciclar, separando su basura en múltiples fórmulas (nunca poniéndose de acuerdo en qué, cómo y a donde va todo el material) y depositándolo en botes donde piensan inocentemente que serán enviados a alguna avanzada fábrica local que aprovechará el material, cuando en realidad solo es clasificada y embalada para su exportación en rutas de materia prima que muchas veces termina en vertederos o en el mar fuera de la vista en otro país. Algunos piensan que contribuyen su parte comprando productos “ecosostenibles” o “tecnologías de energía limpia” cuyo material y combustible proviene (adivinen) de la explotación del subsuelo, muchos de los cuales son extraídos mediante la explotación de menores, la destrucción de comunidades, el ambiente, etc.

Para los más adultos, su ambientalismo tardío toma otro matiz, el del fenómeno NIMBY (Not In My Back Yard o está bien pero al lado mío no) con argumentos que van desde el clásico “Panamá es muy pequeño para la minería” o la más sofisticada y chovinista “Panamá tiene una riqueza ambiental única por sus bosques tropicales” por tanto “la actividad minera se da mejor en zonas desérticas”.

Lo paradójico de los ambientalistas (verdaderos y tardíos) es que todos hacen uso extensivo de los recursos naturales, desde lo que comen, a lo que visten, a lo que usan para transmitir su mensaje y cómo se transportan. Todos los avances en tecnologías “eco-sostenibles” han podido darse gracias a sus antecesores “no-sostenibles” sin las cuales no hubiera sido posible desarrollar y fabricar las innovaciones.

Además de las más de tres décadas de adoctrinamiento ambientalista, muchas de estas opiniones surgen por la efectiva campaña mediática de eco-activistas que han hecho uso de imágenes de la minería a cielo abierto, dando a entender a muchos de que así solamente es la minería hoy día: depredadora y devastadora de la madre tierra.

Por otra parte para asusar los sentimientos nacionalistas, el ambientalismo hace gala de argumentos particularistas, esa vieja creencia de que somos únicos e irrepetibles…cuando en realidad nada es nuevo bajo el sol y creerse único es vanidad de vanidades. Además, dichos argumentos ignoran movimientos similares en las zonas desérticas del Perú y Chile, en donde la minería irresponsable por parte de empresas foráneas también destruye su hábitat y aguas subterráneas[1].

Esto nos da a entender que no es tanto el lugar donde se de la minería, sino el cómo se da la minería, por tanto toca informarse si ya ha sido superado este reto en otros países en Norte América, Oceanía o Europa. ¿Por qué? Porque al parecer en Hispanoamérica, la debilidad institucional, el extractivismo, las economías basadas en la exportación de materias primas y la preferencia por el dejar hacer al sector privado de nuestras élites ha sido el caldo de cultivo perfecto para permitir que empresas foráneas desaten sus peores prácticas (aquellas que les ahorre más costos operativos en nuestros países) con el beneficio añadido de la impunidad institucionalizada que no permite vislumbrar la posibilidad de que existan mejores prácticas y tecnologías en dicha industria y en cualquier otra o actividad humana.

Los ambientalistas más duros piden que se prohíba la actividad completamente, pero ¿qué beneficio le rinde esto al país? ¿Estarán estos grupos ambientalistas abogando por profundizar el modelo económico basado en el conglomerado de servicios ligados al Canal de Panamá, (una obra que no hubiese sido posible hoy día gracias al ambientalismo)[2]? Algunos abogan por el Turismo, sin pensar que si es sobre explotado (para compensar la falta de ingresos), este turismo bajo esteroides puede afectar monumentos históricos, parques nacionales y el derecho a la vivienda y aumentando el costo de la vida a la población local en zonas populares para el Turismo.

 ¿Acaso las comunidades del Istmo de Panamá no tienen derecho a poder explotar de la manera más conveniente los recursos de su territorio para poder impulsar su desarrollo? ¿Acaso el estado debe por fuerza prescindir de un recurso que puede financiar otras actividades económicas que pueden reducir el desempleo, el subempleo y el 40% de informalidad en el país? ¿Acaso debemos sacrificar el Desarrollo Humano de nuestra gente, de nuestras comunidades en el altar de la Pachamama?

Existen otros caminos para salir de esta crisis sin pegarnos un tiro en el pie. El primero es dejar que la Corte Suprema de Justicia haga su trabajo, y de ser viable, declarar inconstitucional el contrato. Esto siempre fue un asunto eminentemente jurídico que nunca tuvo que haber sido politizado ni sometido al efecto Dunning-Kruger de una opinión pública y un eco-activismo evidentemente ignorantes en materia jurídica o técnica. Pero una vez tenga efecto dicha inconstitucionalidad lo más conveniente para el país es que el Estado haga efectivo su derecho sobre la mina no de manera transitoria operando la mina, sino de forma permanente nacionalizando la minería en Panamá en el marco de una Empresa Minera Nacional.

Pero no basta con solo nacionalizar la Minería, también toca repensar de forma integral todos esos regímenes de incentivos, concesiones y alquileres en los que el estado terceriza su presencia institucional supuestamente por falta de recursos y conocimiento. Pero ese no es un reto insuperable y ya en décadas recientes el estado ha demostrado de que sí puede ejecutar y gestionar grandes proyectos y empresas comenzando por la Ampliación del Canal y continuando con el Metro de Panamá. Panamá no sabía construir un canal, ni un metro y mucho menos gestionarlos pero allí están las obras completas y exitosas para beneficio de todos. ¿Por qué habría de ser diferente con una Empresa Minera Nacional? Ok, existe también el IDAAN o la Autoridad de Aseo, pero su debilidad institucional se debe sobre todo al hecho de que son parte de la burocracia estatal y por tanto presa de los vaivenes políticos y de recurso humano asociados en lugar de ser empresas como la ACP o ETESA. Ni siquiera ese hecho es excusa pues existe el ejemplo de la eficientísima Autoridad de Pasaportes de Panamá, lo que al final nos dice que todo radica en el liderazgo y la cultura institucional más que en el hecho de ser público o privado un servicio.

La coyuntura se ofrece generosa para repensar el estatus quo, un estatus quo que solo beneficia a la Ciudad de Panamá y sus élites mediante enclaves económicos como el Canal de Panamá, la Zona Libre (y demás Zonas Económicas Especiales), los puertos, las concesiones mineras o las hidroeléctricas y pasar a un enfoque integrador, complementario y generador de nuevas actividades económicas para beneficio primero de los panameños y su desarrollo y no de empresas extranjeras y multinacionales que vienen, hacen y se van con todo y sus conocimientos además de nuestros recursos. ¡Ahora es cuando!

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[1] Sobre este punto resulta un tanto iluminador el controvertido video de despedida antes de partir a un concierto en Argentina publicado el 1ero de noviembre de 2023 por Camila Aybar, activista de Sal de las Redes y cofundadora de CreaLabs, donde explica de manera explícita como han sido educados los panameños (de su generación) sobre la importancia de Panamá para el medio ambiente mundial, un argumento no exento de chovinismo y particularismo que arropa con la bandera la causa ambientalista. Un ejemplo claro de esto ha sido el BioMuseo, un sitio que más que museo o centro de investigaciones en Ciencias Naturales es un centro de exhibiciones y adoctrinamiento ambientalista.

[2] Vale la pena señalar que en 2008 cuando se estaba dando la campaña del Referéndum sobre la Ampliación del Canal esos mismos grupos ambientalistas, indígenas y de campesinos se opusieron al proyecto por los embalses en Coclé del Norte aprovechando la cuenca del Río Indio, pero hoy día utiliza dicha posibilidad que serviría para paliar la falta de agua para las operaciones del Canal de Panamá.

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Es evidente que en Panamá estamos frente a una crisis que copió y pegó el espíritu y guión de aquellas ocurridas en Chile, Colombia y Ecuador. Todas estas se caracterizaron por 1. Surgir “espontáneamente” de algún reclamo popular ante un aumento que afectaba la economía de los sectores populares y las clases medias, impuestos, pasajes, precios del combustible y de la canasta básica luego acumulan otras causas y 2. No tener un liderazgo único sobre las mismas. Luego 3. Se pasa con una especie de mesa negociadora en donde se potencian políticamente las figuras o movimientos que encabezaron los disturbios y cierres de vías. Lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia y seguramente lo veremos en Panamá.

Por tanto, si el gobierno piensa que la crisis es estrictamente de naturaleza económica y se va a acabar con unos acuerdos económicos en petit-comité pues se equivoca, lo que se está peleando en las calles es el poder político, el cambio de sistema político, económico y social. La diferencia de Panamá con el resto de la región es, al parecer, que, en el caso nuestro ni las elites económicas, ni los sectores productivos y profesionales se han plegado enteramente a las demandas políticas de sindicalistas, grupos indígenas y gremios magisteriales.

Los tres grupos parecen dispuestos a confrontarse y medir fuerzas, lo cual nos trae al argumento inicial, este es un problema político que solo tiene una salida política pero no a través de mesas donde el que más grita y patalea es el que es invitado. Lo mejor sería que dicha salida política se diera pacífica y legítimamente mediante el proceso electoral; pero no el proceso amañado y mediatizado que se ha ido desarrollando y perfeccionando en los últimos 32 años.

El sistema político panameño necesita una válvula de escape que ventile toda la frustración acumulada y dirimamos nuestras diferencias mediante el debate político abierto y descarnado sin exclusiones, ni censuras. El proceso electoral tal y como está contemplado en el Código Electoral hace de la partidocracia el mediador y modelo idóneos para los movimientos independientes cuando la misma partidocracia y su rol como mediador de la representatividad popular está siendo fuertemente cuestionada. Bajo las reglas actuales y sus barreras de acceso, cualquier nuevo actor político para poder ganar debe contar con un fuerte apoyo económico, el cual termina siendo proporcionado por una elite económica también fuertemente cuestionada. Con la entrada de Ricardo Martinelli y Zulay Rodríguez como precandidatos a Presidente de la República por la Libre Postulación se ha borrado de un tajo la línea que dividía a la partidocracia de los independientes. ¿Siendo así no sería mejor eliminar a los partidos como mediadores y que se cumpla aquel precepto constitucional en el cual todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos?

Más aún si consideramos que las reglas para inscribir partidos vemos que estas no se basan en la legitimidad de las urnas sino de una supuesta legitimidad popular manifestada en el número de apoyos e inscripciones. Si los casos del Partido Popular o del Frente Amplio por la Democracia sirven de prueba, el primero a pesar de tener menos inscritos que cualquier partido inscrito o por inscribir ha logrado subsistir gracias a su relativo éxito en las urnas y el FAD que a pesar de doblar el número de inscritos del PP no logra siquiera que sus miembros le voten. En el caso de los candidatos de libre postulación, el intento de igualar sus condiciones a las de los partidos políticos lo que termina es creando es una suerte de proto-partidos cooptados desde su nacimiento por sus financiadores (provenientes de aquella elite cuestionada) los cuales son necesarios por los costos que superan a los de los partidos en cuanto a activistas, asesores, etc. Todo lo cual nos deja en lo mismo de siempre ya que dichos financiadores cobrarán mediante el sempiterno reparto de oligopolios, contratos, alquileres, concesiones, leyes especiales, zonas económicas especiales, incentivos fiscales…y con la débil fiscalidad local y nacional, acrecentando más las desigualdades sociales al no poder ofrecer mejores servicios de salud y de educación, ni poder mejorar las calidad de vida en las ciudades y pueblos del país, además de no reducir las barreras al emprendimiento. Aunado a todo eso, la otra deuda política, la de los activistas, termina también saldándose en planillas y salarios abultados con personas nombradas para hacer nada.

Si bien las elecciones de 2024 pueden parecer muy lejanas, existe una forma de acercar el debate político e ir perfilando mejor las decisiones que tenemos que tomar y esta va por una completa liberalización del Código Electoral como demanda principal, en especial de las clases obreras, profesionales y de pequeños y medianos empresarios. Estas reformas deben incluir: 1. La eliminación del requisito de un número de apoyos a candidaturas o de primarias y por ende permitir a quien así lo quiera competir por cualquier puesto de elección popular con o sin partido. 2. La eliminación de los requisitos económicos que impidan la participación. 3. Libre acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos. 4. La introducción de una Primera Vuelta a todos los cargos en 2023 que filtre el número de candidatos a los dos más votados para 2024. 5. La división de los circuitos plurinominales en uninominales de tal manera que cada diputado represente el cociente del padrón electoral por curul. Una vez pasada la primera vuelta se debe permitir a los candidatos perdedores entrar en alianzas programáticas con los vencedores con el fin de que si estos no cumplen puedan entonces demandar una revocatoria de mandato popular en todos los cargos de elección popular.  

Con esto tendremos las condiciones propicias para debatir en un año el modelo político y económico del país y en base a ello ir a la primera vuelta para después pasar a una segunda en 2024 en base a nuevos consensos políticos que nos pueda conducir paulatinamente a un nuevo pacto social en forma de una Reforma Constitucional diseñada por poderes legitimados por un proceso abierto y transparente.

El autor es arquitecto y urbanista

El día 28 de octubre de 2021 Antónima, en su cuenta de Instagram publicó una tertulia en la cual se discutiría el desalojo de los invasores de los terrenos contiguos al Hospital Nicolás Solano en La Chorrera en el cual crearon el asentamiento informal de Tierra Prometida en 2018. Dicha tertulia merece una respuesta pues los invitados y su anfitrión, hicieron todo menos un análisis crítico del tema que se suponía que tratarían. Fue ante todo una forma de apología del delito, mal disfrazado de buenísimo en forma de una falsa empatía.

Pero hagamos el análisis crítico por ellos. Comencemos por el título del conversatorio: Vivienda Digna ¿Derecho o sueño que cumplir? Tenemos tres conceptos dudosos: 1. Vivienda Digna. 2. Derecho a la vivienda digna. 3. La vivienda digna como un sueño que cumplir. Obviamente la base débil comienza por la Vivienda Digna.

Todos sabemos que es una vivienda, pero ¿Qué la hace digna o adecuada? ¿Su estética? ¿Su equipamiento? ¿Su emplazamiento urbano? ¿Sus habitantes? ¿Los materiales del que está hecha? ¿Su seguridad? Típicamente es una combinación de todos. El problema radica en lo escurridizo que resultan todos estos aspectos…y quien define su «dignidad o su calidad».

Una vivienda típica en un asentamiento informal panameño consolidado del siglo XXI en cuanto a su calidad, estética, equipamiento, materiales, en muchos aspectos (o sea como una realidad material aislada) pudiera ser considerada como “burguesa” para un observador de la primera mitad del siglo XX. Lo mismo se pudiera decir de las viviendas económicas de “interés social” que se venden en el mercado actualmente. Sin embargo, hoy día son consideradas “indignas” por muchos.

Es evidente que la vara con la que se mide es aquella del observador de clase media (con los conceptos que maneje en el momento) o en su defecto, el estilo de vida clasemediero criollo desde el punto de vista de la persona de ingresos bajos, aunque mayormente se trate de una caricatura de dicho estilo de vida o los símbolos de estatus de dicho estilo de vida.

Con el crecimiento económico experimentado en los últimos 15 años y con el incremento del nivel de vida de la población que le siguió, las expectativas sobre que es una “vivienda digna” sin duda han aumentado.

Luego tenemos el concepto de la vivienda como un derecho social.

Los derechos sociales como concepto suenan bien en principio, sin embargo, existe un problema práctico… ¿Quién los garantiza? Dicen que “el Estado” sin embargo esto más bien debe entenderse como los contribuyentes, o sea todos aquellos que pagan de forma regular o puntual alguna tasa, timbre o impuesto sean estos individuos o empresas.

En principio pareciera que “todos” o la “la sociedad” “solidariamente” está pagando por garantizar dichos derechos que se tienen por el sólo hecho de una persona existir. ¿Pero es esto realmente así? Además, cabe preguntarse si existe o no un deber moral de pagar solidariamente por el acceso a dichos derechos. Y es que los derechos sociales parten de convertir unas necesidades en unos derechos los cuales parecieran ser distintos, por ejemplo, al derecho a la vida el cual es verdaderamente inherente al individuo por el solo hecho de existir.

Ciertamente una existencia humana saludable depende de que a nadie se le niegue directa o indirectamente el poder comer, beber, cobijarse de las inclemencias del tiempo o a su seguridad, todos los cuales contribuyen a prolongar su vida, todas necesidades que a lo largo de la historia humana han podido ser satisfechas con el esfuerzo personal del individuo o con ayuda de su familia, amigos, vecinos, etc.

Sin embargo, todo ser humano también tiene derecho a la propiedad privada, ¿Qué cosas pueden entrar dentro de un régimen de propiedad privada? En su expresión mínima, todo aquello que tiene puesto. La respuesta se torna más compleja cuando se tratan de bienes que también pueden ser de propiedad colectiva y que sirven para sostener la vida por ejemplo los implementos de trabajo, pero sobre todo el acceso a las fuentes de agua y el bien más preciado, la tierra tanto para el cultivo como para la vivienda, así como la vivienda en sí.

En la Biblia encontramos codificado desde hace milenios conceptos morales tales como “No robarás” o “No codiciarás los bienes ajenos”. También existen prohibiciones en cuanto a la usura, o sea el prestar dinero esperando en contraprestación la devolución de lo prestado y un extra adicional por el servicio prestado, muchas veces por sumas totales que superan con creces lo prestado originalmente y que de por si constituye una forma de robo.

También la Biblia nos manda a honrar nuestra palabra diciendo “No darás falso testimonio ni mentirás”, lo cual nos obliga a cumplir con nuestros compromisos verbales y escritos, sin embargo, no se pueden hacer pactos que sean contrarios a la preservación y dignidad de la persona misma pues se violan otros mandamientos tales como “No matarás”.

Si en sociedades más sencillas, con menos gente y abundante tierra a disposición se hizo necesario codificar reglas que protegen al individuo y la sociedad de la que forma parte mediante en leyes divinas, es lógico que se haya hecho necesario profundizar en estas reglas a medida que nuestras sociedades se han hecho más complejas, requiriendo de una elite que administre y gestione nuestra convivencia, o sea un gobierno. A dicho gobierno entonces le toca dirimir los limites entre derechos que compiten entre sí y de gestionar los recursos cada vez más escasos, para que se multipliquen o se distribuyan entre sus súbditos de manera justa.

Dicho todo esto, ¿Existe un derecho a la vivienda? Definitivamente que sí. Si no, violentamos en última instancia el derecho a la vida de cada individuo y nuestro deber moral de no matar. ¿Quién la debe garantizar? Por ética la comunidad o la sociedad. ¿Cómo la debe garantizar? He allí otro problema. Antiguamente en algunas comunidades se hacía en distintos estilos colectivos. Algunas, mediante sus autoridades naturales, podían por ejemplo adjudicar la tierra para construir e incluso ayudaba en la construcción de la vivienda, en otras se compartía espacio dentro de una misma edificación de distintas formas.

Con el desarrollo de las ciudades y de oficios no ligados a la explotación de la tierra, la vivienda comenzó a ser un bien rentable, al igual que la tierra sobre la que se construye o se cultiva, y por tanto sujeto de poder ser adquirida en propiedad privada y explotada para provecho privado. Esto abrió paso a la vivienda en alquiler y a los préstamos hipotecarios.

En Hispanoamérica como en el resto del mundo occidental el problema de la vivienda comenzó primero con la privatización por parte de los gobiernos modernos de las tierras comunales o colectivas, ya sea como propiedad de la Iglesia, de las cofradías (una forma de asociación comunitaria religiosa popular), de los ejidos de los pueblos de indios o de las comunidades campesinas.

Con ello ciertos personajes comenzaron a adquirir grandes extensiones de tierra en propiedad privada aprovechando su ventaja económica y despojando a través de sus contactos gubernamentales a grandes grupos humanos de los beneficios de la tierra que explotaban colectivamente desde hacía siglos bajo el Antiguo Régimen. Todo esto bajo la excusa de poder utilizar la tierra de modo más racional y eficiente, de acuerdo a la lógica del mercado. Sin embargo, el proceso fue legal, y esto es muy importante considerarlo, muy a pesar de que muchas de estas tierras no se volvieron más productivas y algunas de ellas pudieran quedar en el olvido de las familias que las heredaron.

A la paulatina privatización le siguió la centralización del poder y concentración de la economía en las ciudades más poderosas económicamente e influyentes políticamente. También con las mejoras en la salud pública, el aumento del acceso a la educación y mejoras en la sanidad pública, además de mejoras en la productividad agrícola y el aumento del comercio regional e internacional con las carreteras, ferrocarriles y líneas navieras, la población comenzó a aumentar y mientras la tierras para cultivo y el trabajo en el campo comenzó a escasear obligando a mucho a crear nuevos pueblos donde asentarse para vivir, cultivar la tierra y criar su ganado colonizando zonas selváticas o de sabana.

Con la continua devaluación de la labor agrícola y las grandes oportunidades económicas ofrecidas por el comercio y las industrias el proceso de urbanización de la sociedad arrancó en la década de 1930 y cobró dinamismo a partir de la década de 1950. Los migrantes e inmigrantes comenzaron a encontrarse primero con la escasez de vivienda en las ciudades, dicho problema fue solventado mediante la ocupación forzosa de tierras nacionales o tierras ociosas propiedad de latifundistas en una era donde estaba de moda entre políticos la Reforma Agraria que buscaba ponerle fin al latifundismo y daban su respaldo político a los asentamientos informales, sin responsabilizarse necesariamente por su equipamiento para hacer de ellas lugares donde vivir sanamente.

Desde la década de 1950 hasta el presente muchas cosas han cambiado, el alquiler en Panamá dejó de ser en la práctica un negocio seguro en la década de 1970, con leyes que buscaron proteger a los inquilinos de los abusos de los caseros y en la década de 1980 como forma de paliar el costo de la vivienda autoconstruida se introduce la ley de interés preferencial, que en teoría subsidia a los intereses bancarios que deben pagar los consumidores, constituye en la práctica un subsidio a los constructores y a los terratenientes que pudieron aumentar el precio del suelo urbano y urbanizable. Esto incentivó el desarrollo de nuevas urbanizaciones de vivienda unifamiliar en las tierras de las familias latifundistas, algunas de las cuales también tenían intereses en el sector financiero y de construcción. Otros terratenientes en zonas urbanas aprovecharon para desarrollar vivienda multifamiliar en altura gracias a cambios en los códigos de zonificación que les regaló el gobierno central Un negocio redondo con apoyo del estado.

¿Justifica todo esto la invasión de tierras en 2021? Moralmente no, si consideramos que el fin no justifica los medios. Por otro lado, el acceso a la vivienda no ha disminuido, más bien ha aumentado. Muchas personas también han visto su poder adquisitivo aumentar, el problema es que un 40% de la población vive o labora en el sector informal de la economía.

Sin declaración de impuestos, sin ficha del seguro social, los bancos no tienen certeza alguna de que recuperarán el dinero prestado. Prueba de que no se trata necesariamente de un problema de ingresos es la rapidez con que algunos moradores de asentamientos informales comienzan a construir casas de diseño y fabricación comprables a las del mercado formal. El problema mayor está en los costos asociados a la provisión de servicios básicos como luz, agua potable, alcantarillado y telecomunicaciones. Dicho costo entonces se lo traspasan a la sociedad en general.

Pero, con los papeles en orden sí es posible conseguir vivienda formal en urbanizaciones formales, en lugares idóneos. No en laderas de cerros con tierra inestable o zonas inundables, sino en lugares en donde pueden estar seguros de que su propiedad podrá valorizarse y constituir de un capital para futuras inversiones o para asegurar parte de su vejez. El problema es que, debido al alto costo de la vivienda céntrica, entonces la vivienda asequible se está ubicando en las periferias, compartiendo espacio con las viviendas informales y hasta absorbiendo parte de su población constituyendo la clase media emergente. Es menester incluso señalar que el gobierno brinda un bono de $10,000 para la adquisición de vivienda e incluso subsidia los intereses de la vivienda con un valor menor a $40,000.

Entonces oportunidades para quien las busca hay, el problema es la vida precaria que muchos tienen en Panamá debido a su limitada formación financiera y de economía para el hogar. Ciertamente existe un problema ético dentro de la banca que practica formas extremas de usura y el estado no se atreve a brindar alternativas sostenibles a dicho régimen. Por ejemplo, reformar la Ley General de Arrendamiento para que pueda volver a ser un negocio rentable, pero ético. También considerar la posibilidad de que la Caja de Seguro Social adquiera el Banco Hipotecario Nacional y entre en el negocio de la vivienda tanto en hipoteca como en alquiler.  

Entonces para resolver la pregunta si la vivienda es un sueño por cumplir, la pregunta es en que consiste dicho sueño. Si el sueño es ser propietario de la tierra sobre la que tienes tu vivienda, ciertamente este no puede convertirse en un derecho universal tomando en consideración la necesidad de preservar los recursos agrícolas, minerales y naturales.  Si el sueño es tener una vivienda con la misma calidad y diseño que una vivienda cara, eso no suena muy factible mediante los mecanismos de mercado. Vivir alquilado o hipotecado deben ser opciones igual de válidas y sin ninguna distinción social, pero de ninguna manera se puede pensar en regalar la tierra pues la sociedad pierde una oportunidad para aprovechar dicho bien de manera más eficiente.

Ahora lo que debemos cuestionar es el considerar la vivienda como un hecho aislado del hecho social. Cuando se crean urbanizaciones rara vez se piensa que se están creando comunidades en las cuales debería haber también una jerarquía social en donde las élites locales cuiden de los demás; comunidades donde exista una vida económica y cultural propia, una comunidad donde puedan convivir varias generaciones sin que el régimen de propiedad privada ni las normativas de urbanización dificulten el crecimiento natural. Esto no lo provee ni el asentamiento informal ni la urbanización suburbana y requiere ser repensado.

En fin, muchas preguntas sin resolver satisfactoriamente que requieren de discusiones más serias que la mera justificación de un acto que afectaba la propiedad del colectivo, de la nación, de un hospital.

Tomando en consideración que ya están bajando los precios a pesar del subsidio estatal, quizás no haya que hacer nada en cuanto a subsidios y simplemente dejar que el mercado haga su trabajo, quizás sea hasta más democrático y económico para el estado y los consumidores eliminar completamente el interés preferencial y que todas las propiedades compitan casi en pie de igualdad logrando por fin la tan anhelada rebaja de los precios. Y digo casi porque aún queda el escollo infranqueable para muchos del abono inicial exigido por los bancos que en propiedades antiguas puede llegar a equivaler un 20% del valor de venta de la propiedad lo cual las pone en clara desventaja contra las nuevas que sólo exigen hasta un 10% del valor de venta de la propiedad y el acceso restringido para ese 40% de la población bajo el umbral de la informalidad.  Esta es una de varias áreas de oportunidad para el diputado en el pudiera proponer reenfocar por ley el interés preferencial al financiamiento del abono inicial, lo cual pudiera ser más efectivo en brindarle acceso más inmediato a la vivienda a las personas que tienen esta necesidad. A largo plazo se hace importante también retomar la flexibilización del mercado de alquiler cuyo beneficio para el consumidor, el patrimonio arquitectónico y el ordenado desarrollo de nuestras ciudades serían inmensos.

Otro tema que se está haciendo urgente es el del mantenimiento de los edificios y urbanizaciones en régimen de condominio. Es evidente tras hacer un recorrido por la ciudad que numerosos inmuebles en régimen de Propiedad Horizontal que muchos de estos tienen problemas de mantenimiento a pesar de ser nuevos. Si bien se aprobaron recientemente importantes reformas a la Ley de Propiedad Horizontal, hace falta varios importantes, pero pequeños cambios.  Por ejemplo, la obligatoria inclusión de la cuota de mantenimiento dentro de las cuotas mensuales anunciadas por los promotores y por pagar a los bancos y que los mismos transfieran las cuotas de mantenimiento a las cuentas de las administraciones de los edificios y urbanizaciones.

También se hace imperativo legislar la obligación de los promotores de mantener su rol como empresa administradora de los edificios y urbanizaciones para mantener los mismos además de hacer valer directamente las garantías de las construcciones, en caso de defectos constructivos, y de crear una cultura de armonía comunitaria sostenible en el tiempo con códigos de diseño claros y reglas de convivencia claras.

Otro cambio importante en este sentido pudiera ser la posibilidad de retener la propiedad de la tierra por parte de la promotora vendiendo solo las mejoras, dándole así mayor músculo a la hora de darle el mantenimiento predictivo, periódico y programado en especial de las urbanizaciones. A largo plazo se hace necesario articular toda la legislación inmobiliaria con la legislación en materia de descentralización y de ordenamiento territorial para que funcionen como un todo armónico que permita una mejor gobernanza urbana desde el nivel micro al nivel macro.

Por último, me gustaría señalar otra área de oportunidad, el costo y procedimiento de las sucesiones. En Panamá muchas propiedades al morir sus propietarios quedan en un limbo administrativo al entrar en disputas entre herederos. En ese sentido se hace necesario introducir algún concepto de presunción de herencia mediante la cual automáticamente, una vez registrada la defunción en el Registro Civil, el Registro Público registre como propietarios con orden de precedencia primero a los cónyuges y luego de la muerte de estos a los hijos de estos. Con esto debería buscarse evitar el largo y oneroso Juicio de Sucesión Intestadas que en no pocas ocasiones dejan en estado de abandono muchas propiedades en nuestras ciudades. En caso de existir testamentos, las notarias deberían registrar digitalmente los beneficiarios del testamento de manera que una vez se registre digitalmente la defunción se haga el cambio de propietario de forma automática además de ejecutar los seguros en caso de hipotecas. Esto le ahorraría mucho dinero a los herederos que deben tramitar sus derechos con abogados que les cobran hasta un 25% de la masa heredada, valor muchas veces que no es líquido y que deben asumir de su bolsillo los herederos, muchos de los cuales no son ricos.

En fin, existen muchas cosas que pudieran hacer los diputados a la hora de beneficiar a los ciudadanos en el tema vivienda, hace falta que consulten más a los ciudadanos y entiendan mejor sus problemas.

Por Carlos Antonio Solís Tejada

El miércoles 4 de agosto de 2021 el diputado Gabriel Silva del circuito 8-8 anuncia en su cuenta de Twitter un anteproyecto de ley que busca ampliar el interés preferencial a las viviendas usadas. Por un lado, me alegró porque me parece que se acoge (implícita o explícitamente) uno de los argumentos esgrimidos en mi artículo “La Trampa del Interés Preferencial” (La Prensa, 24/7/2019) sobre la democratización de dicho subsidio, además del posible impulso que le pudiera dar a la maltrecha economía panameña al incentivar el consumo del inventario disponible además de su remozamiento y mantenimiento para facilitar una venta posterior como efecto indirecto lo cual redundaría en mayor empleo para los pequeños y medianos contratistas y toda la cadena de provisión y servicios técnicos que se necesitan, todo lo cual pudiera redundar positivamente en la economía de las personas con ingresos bajos y medios.

Desde el punto de vista del consumidor dicho proyecto de ley no tendrá el efecto anunciado por el diputado en sus redes sociales de evitar el consumo de vivienda en áreas periféricas al hacer más asequibles las viviendas céntricas, es más quizás tenga el efecto contrario tomando en consideración el tope de B/. 180,000.00. Con dicho tope no se podría comprar ninguna vivienda usada en Chanis, Betania, Bella Vista o San Francisco lugares donde los precios no bajan de los B/.200,000.00.

Y en cuanto a la reducción de los precios, lo que hemos podido observar de la data inmobiliaria es que desde 2019 hasta la fecha es que se ha ido dando un lento descenso de los precios de oferta por m² de venta y el vertiginoso descenso de los alquileres desde 2015. Pero, aún no hemos llegado al punto de equilibrio del mercado y, para más inri de todos, ese punto de equilibrio se alejó más con la brusca reducción del poder adquisitivo del panameño promedio a causa de las medidas de mitigación de la pandemia de la COVID-19 todo lo cual pone en duda la premisa del diputado.

Por otra parte, el proyecto del diputado Silva tampoco considera el aspecto fiscal de todo esto y es que desde 2020 el estado se ha tenido que endeudar para cumplir con sus compromisos financieros, ¿de dónde va a sacar el dinero el gobierno para pagar a los bancos el interés preferencial? Es más… ¿con la morosidad de casi 10 años que tenía el gobierno con la banca (hasta 2019) en concepto de pagos del interés preferencial además de los impagos de muchos prestamos actuales tendrá apetito el sector financiero para volver a prestar generosamente a proyectos que califican para esta clase de subsidio?

Como contraargumento se pudiera decir que con la ampliación de la cobertura se pudiera incentivar una rebaja más súbita de los precios del inventario disponible (nuevo y viejo) al entrar, en teoría ambos tipos de propiedad en competencia a corto plazo consumiendo el inventario disponible sin importar su edad lo cual pudiera incentivar un nuevo ciclo inmobiliario. Pero una vez más todo depende de la voluntad de los propietarios de devaluar sus propiedades a niveles que sean asequibles para los consumidores de ingresos bajos y medios (dentro de los rangos cubiertos por la ley).

El problema de asequibilidad de la vivienda no se resuelve necesariamente subsidiando la compra de vivienda, lo que las personas al final necesitan es tener un techo donde cobijarse y una comunidad donde prosperar. Quizás sea momento propicio para los diputados de liberar el mercado de alquileres atado por actual Ley de Arrendamiento de Vivienda que ha funcionado en detrimento de quienes se suponía tenía que beneficiar: a los segmentos de menor y mediano ingreso de la sociedad al hacer de dicho mercado poco rentable y seguro para los dueños de inmuebles y los inversionistas quienes han preferido invertir en proyectos de vivienda nueva para la venta. Al darle mayor control a los propietarios de inmuebles y con la adecuada promoción del ingreso de inversores institucionales como la banca estatal, la Caja de Seguro Social además de los Fondos de Pensiones y los Fondos de Inversión Privado de todas partes del mundo se abre una vía interesante para que el panameño promedio tenga una vivienda sin endeudarse crónicamente.

Si de verdad se quiere ayudar al sector inmobiliario (promotoras, dueños y bancos) a salir de su inventario disponible y al consumidor a tener una vivienda propia, el diputado debería promover por ley la formalización masiva de los trabajadores autónomos e informales bajo la nueva Ley de Sociedades de Emprendimiento de Responsabilidad Limitada y bancarizarlos masivamente (también de forma masiva) a través de la banca estatal y que la misma le facilite un mayor acceso al crédito considerando el comportamiento de sus ingresos registrados en sus cuentas y por otra promover leyes derivadas de políticas de estado que busquen diversificar la economía panameña y sacarla del estancamiento. De esta manera se amplía la base de consumidores con pleno acceso al mercado.

Sigan leyendo en la segunda parte.

1952- 2021

El lunes 14 de junio del Año del Señor 2021, fue llamado a la presencia de nuestro Dios, víctima de las secuelas del COVID-19, el Ing. Carlos Augusto Solís Woo, esposo dedicado, padre abnegado de cuatro hijos, abuelo cariñoso de ocho nietos y hombre piadoso reconocido por propios y extraños por su alegría, positivismo y gran sentido del humor.

El Ing. Solís nació en el Hospital Gorgas de la antigua Zona del Canal un 2 de agosto de 1952, siendo el segundo hijo de Bernabé Solís (un mecánico costarricense que laboraba para las fuerzas armadas de los EE.UU.) y de Eva Woo (ama de casa, nacida en Ciudad de Panamá). Entre 1958 y 1964, cursa sus estudios primarios en el Paraiso Elementary School. En 1964 se muda a la ciudad de Panamá ingresando en 1965 al Primer Ciclo Panamá. Su juventud no estuvo exenta de vicisitudes y retos por los vaivenes familiares. Sin embargo, desde muy joven tuvo sus metas claras, una de ellas era de convertirse en Ingeniero Civil. Es así como a pesar de las dificultades, Carlos optó por su sueño y se matricula en el Instituto Nacional en 1968, egresando con un Bachiller en Ciencias para luego ingresar al entonces Instituto Politécnico de la Universidad de Panamá en 1971, que luego pasaría a ser la Universidad Tecnológica de Panamá en 1981, y de donde se graduaría en 1983.

En 1973, Carlos conoce a Miriam Tejada y después de un noviazgo de 7 años se casan en 1980. Siendo aún estudiantes en 1981 el joven matrimonio tiene su primer hijo Carlos Antonio y en 1983 tienen a su segundo hijo Luis Antonio. Tiempo después ya ejerciendo ambos la ingeniería civil y brevemente la docencia universitaria, en 1987 nacería su hija Mairim Alexandra y en 1994 Marian Estela. Carlos y Miriam siempre creyeron que la única y mayor herencia para sus hijos era la educación. Es por ello por lo que, confiando en la Providencia Divina, invirtieron y apostaron fuertemente en su educación primaria, secundaria y universitaria. Hoy por hoy esa apuesta alta ha rendido sus frutos y servido de inspiración para otros familiares que han optado por recorrer una senda similar.

Con el ingreso de Carlos al Colegio de Ingenieros Civiles de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos en 1983 inicia su faceta gremial apoyando siempre todos los esfuerzos de la SPIA en pos de la defensa profesional coronando su participación en 2001 ocupando el cargo de Director del Colegio de Ingenieros Civiles.

Profesionalmente, Carlos ejerció mayormente como constructor independiente en el sector privado realizando pequeños proyectos en las décadas de 1980 y 1990. En la década de 2000 labora en grandes proyectos tales como el Puente Centenario, la Ampliación del Puerto de Balboa y el Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá. 

Su ingreso a la Autoridad del Canal de Panamá en 2009 fue quizás su mayor logro a nivel profesional y causa de gran orgullo. Y fue así como en marzo de 2021, después de doce años, en cumplimiento de sus deberes como trabajador canalero, contrajo el virus COVID-19 cuyas secuelas terminaron lentamente cegando su vida.

Carlos fue un hombre de Fe comprometido con la Iglesia y contribuyendo a ella en distintas formas y procurado, junto con Miriam, transmitirles su fe a sus hijos. Su formación bíblica fue una referencia constante en sus conversaciones familiares y sin duda guiaron en la mejor de sus posibilidades su actuar diario. Sin dudas los 104 días de lucha contra las secuelas del COVID-19 fueron preparándole a él para la nueva etapa de su vida, en el más allá.

Su ejemplo de Fe en la Providencia, generosidad, perseverancia en su actuar sazonado por su particular sentido del humor no serán olvidados por su esposa, hijos, nietos, familiares, y amigos cercanos quienes esperan reencontrarlo en la vida eterna.

Panamá tendrá una vez más la oportunidad de sentarse y repensarse a sí misma como sociedad y estado con una pluralidad mayor de actores que aquellos concejales, militares y clérigos que declararon su independencia de la soberanía de su Majestad Católica Fernando VII en distintas ciudades y pueblos, para adherirse al naciente estado colombiano surgido tras el desmembramiento de la Monarquía Hispánica en el norte de Sudamérica. Dicho desmembramiento se dio como resultado de las invasiones napoleónicas, la consiguiente situación caótica de la institución monárquica y el influjo de nuevas ideas sobre el rol político del individuo y la naturaleza de la economía y del estado importadas desde Francia, Alemania e Inglaterra que despertaron en algunos sectores de la élite criolla el deseo de ejercer un mayor poder político ante la creciente realidad de que su poder económico muchas veces igualaba o superaba al de los nobles.

Dicha situación brindó la oportunidad para que las elites de las Españas en ambos lados del hemisferio asumieran en nombre de sus pueblos la soberanía en ausencia del rey y se dieran a si mismas una Constitución en 1812 bajo la pretensión de traspasar la soberanía del rey al pueblo, convertir a los todos sus súbditos en ciudadanos con iguales derechos ante la ley y la pretensión americana al retorno a una forma más descentralizada de gobierno. Con la restauración de Fernando VII tras la derrota francesa en la llamada Guerra de Independencia Española, en 1814 la constitución es abolida pero su legado en América pervivió en las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Sin embargo, al pueblo llano nunca se le consultó formalmente.

Durante los 200 años transcurridos las elites tanto colombianas como panameñas fueron experimentando con diversas formas de gobierno republicano con ideas traídas desde los EE.UU., Francia, España y otras repúblicas americanas aprendiendo el arte de gobernar y controlar territorios que eran más grandes que los ejidos municipales a los cuales estuvieron acostumbrados a controlar durante los tres siglos de gobierno monárquico. Este proceso de experimentación, aprendizaje y consolidación de los estados modernos que hoy definen la América Hispana no ha estado exento de álgidos debates ideológicos entre liberales y conservadores y disputas entre las élites urbanas y rurales o de distintas regiones que se terminaron dirimiendo por las armas en constantes golpes de estado y guerras civiles que dieron a la luz diversas constituciones.

Al constituirse la República de Panamá en 1903, una vez más un selecto grupo de políticos, militares, profesionales y empresarios capitalinos se reunieron no solo para declarar la independencia sino a continuación de organizar una Asamblea Constituyente que dio como resultado la Constitución de 1904, la cual fue básicamente una adaptación de la constitución colombiana de 1886 y sobre la cual se han basado las constituciones de 1941, 1946 y 1972 (reformada en 1984 y 2004) que pudieran considerarse evoluciones y adaptaciones de la primera constitución.

Para el presente año 2021 las condiciones sociológicas sobre las que se construyeron las constituciones anteriores han cambiado sustancialmente por lo menos desde la Constitución de 1972. Panamá hoy día cuenta con una clase media más amplia y una población general con un alto nivel de alfabetización (más no de educación) y de familiarización con las nuevas tecnologías de comunicación que por lo menos les informa de lo que ocurre en otras partes del mundo y permite una rápida comunicación entre personas con sus mismas inclinaciones políticas y sociales. Con la degradación política del régimen democrático surgido en 1989 después de la invasión militar estadounidense los reclamos que hace dicha clase media ampliada hacia las élites políticas, económicas y culturales que tomaron las riendas del país de las manos de los militares se han ido acumulando en las últimas tres décadas y con la crisis del Covid-19 ha despertado como nunca, distintas iniciativas encaminadas hacia la redacción de una nueva constitución como salida a la percibida crisis política y social.

Sin embargo, dichas iniciativas son sospechosas dado que varias de ellas buscan repetir la costumbre de restringir el debate a un pequeño grupo de constituyentes bajo la influencia de las élites globalizadas imperantes para imponer cambios que quizás no atiendan las inquietudes de las capas medias panameña surgida en las últimas décadas y en cambio busquen consolidar su control político e ideológico y no cambiar nada sustancial de esta república centralista de primos y amiguetes, de oligopolios, concesiones, subsidios y zonas especiales como lo definió Guillermo Chapman que solo buscan explotar la posición geográfica de la zona transístmica y olvidándose del resto del país y de quienes no están en capacidad o no tienen los nexos para involucrase en las actividades logísticas internacionales, de servicios legales y bancarios o en la administración pública.

Los 60 constituyentes que salgan electos tendrán una responsabilidad grande que atender en 9 meses y por la paz social del país más le valdría sentarse con los representantes de esa clase media más amplia en sus comunidades para repensar los fines y objetivos del estado panameño y como hacer para que sea funcional a todas sus comunidades más que a sus individuos. Ciertamente dichas conversaciones deberán ir acompañadas de jornadas educativas para ilustrar a las comunidades sobre que es una constitución, su naturaleza y sus usos prácticos de manera que sobre esa base puedan manifestar a sus diputados como esperan que ellos organicen el estado y su territorio en su beneficio.

Para ello es importante no llegar con una agenda preestablecida como las que han presentado CuCo o Panamá Decide. Al leer dichas agendas preocupa el hecho de que no se hace un cuestionamiento más profundo de las preocupaciones más grandes que han deslegitimado el poder político en Panamá, estos incluyen:

1. La percepción de falta de certeza de castigo no sólo desde el Órgano Judicial sino de parte de las autoridades locales y nacionales y que dicho órgano no responde a la necesidad de ver que se haga Justicia sin tecnicismos o legalismos que estorben.
2. La percepción de que no existe un acatamiento estricto de las leyes y normas y que no existen instancias con clara responsabilidad sobre su cumplimiento diario.
3. La percepción de incompetencia y desorganización institucional dentro de la burocracia gubernamental reflejada en múltiples traslapes, duplicidad de funciones además de la incapacidad de cumplir sus funciones y brindar sus servicios de manera eficaz y pronta.
4. La percepción de que no existe un norte claro que guíe el accionar de los políticos panameños.
5. La percepción de que todas las decisiones y soluciones están centralizadas en el presidente, sus ministros y los diputados quienes a su vez se ven limitados físicamente en sus posibilidades de resolver asuntos a nivel micro/local que deberían ser responsabilidad de los alcaldes y representantes de corregimiento.
6. La percepción de que cada quien debe velar por sus intereses y resolver sus problemas ante la inacción de un gobierno nacional y local que dice estar para atender estos asuntos, pero en realidad no lo hace y si lo hace, lo realiza de manera arbitraria y discrecional apagando fuegos, salvo honrosas excepciones.
7. La percepción de que los recursos son administrados de manera poco eficiente para solucionar los problemas e invertir en el desarrollo del país.
8. La percepción de que el estado y su capacidad de generar grandes caudales por medio de préstamos e impuestos deben ser capturados por distintos grupos de poder y sus acólitos (sean estos gremios empresariales, sindicales, partidistas) para sostener una economía que no produce nada útil o de valor agregado con lo cual poder comerciar con el mundo.
9. La percepción de que Panamá es sólo su ciudad capital y el interior, la Costa Atlántica y el Darién están para servirle.
10. La percepción de que cobrar impuestos es una forma de robo y dilapidación de recursos ya que no se concretan ningunas de las promesas hechas por la constitución y las leyes de la república que se suponen deberían brindar una especie de estado de bienestar con educación, salud, transporte, seguridad, justicia, ornato y administración pública de calidad y accesibles para todos sin distinción alguna.
11. La certeza de que el sistema representativo encarnado en los consejos municipales y la Asamblea Nacional no están para representar los intereses mayores de las comunidades que los elige y que su verdadera utilidad radica en su capacidad de traer pequeñas donaciones a sus comunidades, no para su desarrollo, sino para resolver los problemas personales de los votantes y garantizar la reelección de sus diputados y concejales.
12. La percepción de que para escapar a la lógica de todo lo mencionado anteriormente se deben crear zonas especiales privilegiadas en donde la clase política se compromete tácita o legalmente a no meterse.

Todo esto alimenta la percepción de desdén administrativo y corrupción de todo el sistema político y social y su desprestigio. Panamá no ha colapsado como un estado fallido por el carácter mismo de los panameños un tanto dócil, un tanto cobarde ante la posibilidad real de una pelea a mano limpia o la posibilidad remota de caer en un problema legal ante alguien con mayor influencia en el sistema judicial.

Si bien pareciera que el problema pudiera resolverse mediante una reingeniería constitucional de los poderes del Estado, se hace pertinente cuestionar si el sistema republicano con una democracia representativa y unitaria establecido es el adecuado para resolver los problemas antes descritos. Hablar de esto es para muchos, equivalente a una herejía, y lo es en tanto la democracia liberal se ha convertido en una especie de religión con dogmas, misterios y liturgias que no deben ser cuestionadas a menos que uno quiera ser etiquetado de antidemocrático, que es lo mismo que ser un hereje hijo del demonio y peor aun cuando se cuestiona su vertiente globalista pues se peca además de ser nacionalista, patriotero, xenófobo, homofóbico, racista, colonialista, etc. que es lo mismo que ser el mismísimo Lucifer.

Una reforma constitucional no debería evadir cuestionar y debatir dogmas tan preciados como la dichosa separación de poderes (que ha servido como sistema de protección de corruptos), el sistema parlamentario (que ha dado inmunidad parlamentaria a corruptos) y la aparente necesidad de partidos políticos (cuyos lideres no tienen ideología definida o plan de país y han servido como barcos piratas) como única vía legitima para expresar la voluntad popular. Tampoco se puede evadir la discusión sobre la mejor forma de alcanzar una mejor gobernanza o como debe ser la relación entre gobernantes y gobernados y cuál es el mejor sistema político que representa esa relación deseada. Igualmente, no se puede soslayar el debate cultural e identitario, pues existen propuestas de declarar al país como una república multicultural o multiétnica, un cambio que pudiera degenerar en una mayor fragmentación social que debilita la unidad y la paz social. La discusión sobre la estructura tributaria va íntimamente casada con la pregunta sobre como se debe financiar el gobierno sin cobrar impuestos indeseados y sin crear privilegios, subsidios, concesiones y zonas económicas especiales.

Quizás meterse en eso sería la receta perfecta para el caos y la profundización de la crisis económica y social y lo mejor sería simplemente conformarse con reparar o reformar puntualmente lo que se cree está dañado. Pero la pregunta sobre qué es exactamente lo que está dañando y si eso arreglaría el problema definitivamente no quedaría del todo resuelto. Por tanto, toca proponer, lanzar ideas como lo han hecho desde CuCo y Panamá Decide, pero se hace necesaria una abundancia de propuestas que hagan sentido a todos, que se perciban como naturales y que se atrevan a salir del dogma. Yo tengo un par de ideas, pero esas las compartiré en una siguiente publicación.

He escuchado detenidamente la discusión que se dio en la Comisión de Asuntos Municipales para el prohijamiento del proyecto de ley 004 que elimina las licencias con sueldo para los representantes de corregimiento y los alcaldes propuesto por el diputado Juan Diego Vásquez. Y me llamó poderosamente la atención el argumento central esgrimido por varios miembros de la comisión. El argumento típico se resume básicamente así:

Que en las comunidades urbanas, rurales e indígenas más pobres del país, las necesidades de muchos habitantes son tantas y de distinta clase a causa de su pobreza crónica que estas identifican al representante de corregimiento, alcalde o diputado como la persona que maneja más recursos económicos (en medio de un mar de pobreza) y que puede mejor ayudarles y está en la obligación moral de resolver cualquier eventualidad (funerales, tratamientos médicos, urgencias médicas, problemas familiares, festividades, etc.) que puedan afrontar.

Y dado que los recursos que maneja la Junta Comunal o el Municipio son limitados, no alcanza para atender esta clase de eventualidades y obliga moralmente al político a poner de su propio peculio para ayudar a los más necesitados.  Que el problema, del vecino solicitando ayuda no se resuelve negando dicha ayuda argumentando que ese no es su rol, o apelando a la responsabilidad personal u orientándola a las instituciones más idóneas ya que actuar de esta manera les afecta políticamente, lo cual les deja en una difícil situación.

Por tanto, contrario a lo que cree la clase media capitalina, los altos emolumentos devengados o por devengar por estos políticos en realidad no les pertenecen cien por ciento, sino que en realidad son la caja menuda de sus comunidades, circuitos e incluso de las personas pobres del país y cualquier intento de negarles cualquier fuente adicional de ingresos a los políticos es equivalente a negarles tanto el sustento decente como de un fondo común de socorro apreciado por sus comunidades.

¿Se trata pues de toda una subcultura de la pobreza que resulta difícil de entender para la clase media debido a su posición privilegiada? ¿Será que tenemos ideas diametralmente distintas sobre el rol del político y de la filosofía que debe inspirar la buena gobernanza? ¿Será que ambos lados del debate partimos de premisas culturales totalmente distintas? ¿Quiénes están en equivocados y quienes en lo correcto? 

Se, de buena fuente, que efectivamente a nivel popular el verdadero rol del político local es el de padrino y en ciertos lugares hasta de cacique y en base a ello son medidos. Por tanto debemos quizás olvidarnos un momento de lo que diga la teoría y ceñirnos a los usos y costumbres que dictan la práctica, ya que el problema no parece resolverse apelando a la educación como herramienta para destruir aquello que nos parece contradecir el espíritu individualista del estado liberal y democrático que nos rige legalmente.

Los presupuestos éticos del individualismo que me parece informa la mentalidad de la clase media parecen basarse en la autonomía y el mérito personal como medios para ejercer la libertad entendida como limitación del poder que ejerce sobre el individuo la Sociedad por medio de sus autoridades naturales (padres de familia, clero o líderes comunitarios los cuales hacen valer las costumbres y tradiciones colectivas) para posibilitar así la auto-superación y su auto-perfeccionamiento sin ataduras mediante el propio esfuerzo.

Dicha mentalidad meritocrática tiende a hacer énfasis en la justicia, pero muy poco en la misericordia y la caridad. Le gusta denunciar la corrupción, vista como la transgresión a las reglas establecidas desde el individualismo con poca o nula consideración a las limitantes y miserias de la condición humana, a las realidades sociales y a la historia personal de cada quien las cuales vilifica. Glorifica los logros personales y tiende a poner a todos a competir en base a la envidia y la ambición además de tender a olvidar el rol que pueden jugar las élites locales en compartir conocimientos y recursos para ayudar a otros a prosperar. Y por último dicha mentalidad destruye el tejido social ya que cuando se promueve una mentalidad en donde no somos responsables éticamente de nuestro prójimo, seguimos nuestros instintos básicos y buscamos asociarnos sólo con quienes piensan y actúan como nosotros en barrios propios profundizando las barreras sociales en zonas con mentalidades totalmente distintas.

Y esto también es natural pues como padres de familia también instintivamente buscamos ofrecer lo mejor para nuestros hijos, esto incluye el brindarles espacios (barrios, clubes, escuelas) donde socialicen con quienes puedan representarles una experiencia quizás más placentera con un trato más cordial con contactos que multipliquen su acervo cultural, su fortuna y la de sus descendientes que van escalando socialmente, de manera cada vez más eficiente, descartando el contacto con aquellos que obliguen a hacer muchas pausas en la carrera. Hoy por hoy muchos no quieren perder su tiempo con personas que no parecen “tener remedio”, aún entre familiares. Es dicha mentalidad la que termina desarraigando a las personas y a entretener la fantasía de ser “ciudadanos globales” una ciudadanía conveniente donde se puede uno desligar de las responsabilidades que podamos tener con nuestro entorno.

Esta mentalidad individualista, meritocrática y desarraigada explica la fuga de cerebros y liderazgo que padecen las comunidades marginadas todos los años y que termina profundizando aún más su pobreza pues se pierden referentes sociales y liderazgos naturales que pudieran ayudar a sus vecinos a desarrollarse. Ese vacío de liderazgo natural, es entonces llenado por los políticos y el padrinazgo. Y es esa mentalidad individualista, meritocrática y competitiva lo que explica porque en un barrio o un edificio de apartamentos de clase media los vecinos rara vez nos conocemos bien y colaboramos y el por qué las asociaciones de vecinos y de propietarios tienden a ser campos de batalla donde cada quien defiende su feudo e impera la ley del más fuerte, en especial el que puede pagar abogados para defender sus derechos y fregar a los demás.

Sin embargo, este ideario liberal, moderno, racional e individualista no informa del todo el modo de pensar y actuar de las clases populares, las cuales no ignoran su existencia, pero que rechazan de forma tácita sus postulados sociales, pero de manera contradictoria si han asumido el individualismo, degenerado en la mentalidad del juega vivo, que practica el resto de la sociedad. De hecho, apelar al individualismo o a la auto-superación o dar lecciones de cívica no resuelve de forma inmediata la falta de ingresos fijos, ahorros, crédito o de seguros privados que padece por lo menos el 19% de la población en pobreza multidimensional, por razones propias de su condición, o como máximo el 45% que vive en la informalidad. Mucho menos le resuelve el dilema moral al político, por más liberal e individualista que sea, de dar o negar la ayuda solicitada a menos que aspire al martirio político. ¿Entonces cuál es la solución?

Quizás lo primero que haya que hacer es conciliar la ley con los usos y costumbres del pueblo y no al revés forzando a las personas a amoldarse a un orden legal individualista que en 200 años no ha logrado completamente crear un nuevo orden social fuera de los barrios de clase media. De esta manera podemos dejar de hacer reclamos estériles que lo único que hace es crear división social. Lo segundo que sería necesario impulsar es el desarrollo económico local en base  a un pacto social en dónde se establezcan los medios legítimos para canalizar la solidaridad y subsidiaridad por ejemplo a través de las Juntas Locales de Desarrollo o las instituciones caritativas y de ayuda mutua religiosas. Un pacto en donde los que más tienen, en distintos grados, sean vistos como administradores de bienes dados en préstamo por el Creador y no como dueños absolutos y merecedores de todo lo que tienen sin considerar la sociedad que les posibilitó su relativa prosperidad. Un orden en donde las personas tienen una obligación personal de contribuir al colectivo (familia, barrio, pueblo, nación), una obligación moral que no puede ser delegada enteramente a un ente abstracto como el Estado.

Las comunidades deben recuperar su capacidad para resolver sus problemas de manera solidaria y subsidiaria posibilitándoles superar la aberración del político padrino, dispensador de favores y gracias con dinero público, y que le sirve de coartada perfecta para aumentar su fortuna personal bajo la excusa de que con su fortuna ayuda a los demás, a diferencia del empresario individualista que no comparte nada, según ellos. La pregunta es cómo lograrlo tomando en consideración la mentalidad del juega vivo que previene a muchos de colaborar.

Las respuestas definitivas a todas estas inquietudes no son fáciles de responder. Tocará debatirlas públicamente con los datos y hechos que sean necesarios para encontrar una solución de largo plazo que satisfaga a todos. Mientras tanto quizás lo más pragmático sea aumentarle el salario a las autoridades locales y la asignación presupuestaria a los corregimientos y distritos. Después podemos comenzar a debatir cual es la forma de gobierno que en verdad quiere la gente porque al parecer las democracias representativas y la mentalidad meritocrática e individualista no parecen serles de mucha utilidad a las grandes mayorías que esperan que el político resuelva problemas prácticos y no problemas abstractos de los cuales tiene poca comprensión y no tienen por qué hacerlo.