La Ciudad Espléndida

Panamá tendrá una vez más la oportunidad de sentarse y repensarse a sí misma como sociedad y estado con una pluralidad mayor de actores que aquellos concejales, militares y clérigos que declararon su independencia de la soberanía de su Majestad Católica Fernando VII en distintas ciudades y pueblos, para adherirse al naciente estado colombiano surgido tras el desmembramiento de la Monarquía Hispánica en el norte de Sudamérica. Dicho desmembramiento se dio como resultado de las invasiones napoleónicas, la consiguiente situación caótica de la institución monárquica y el influjo de nuevas ideas sobre el rol político del individuo y la naturaleza de la economía y del estado importadas desde Francia, Alemania e Inglaterra que despertaron en algunos sectores de la élite criolla el deseo de ejercer un mayor poder político ante la creciente realidad de que su poder económico muchas veces igualaba o superaba al de los nobles.

Dicha situación brindó la oportunidad para que las elites de las Españas en ambos lados del hemisferio asumieran en nombre de sus pueblos la soberanía en ausencia del rey y se dieran a si mismas una Constitución en 1812 bajo la pretensión de traspasar la soberanía del rey al pueblo, convertir a los todos sus súbditos en ciudadanos con iguales derechos ante la ley y la pretensión americana al retorno a una forma más descentralizada de gobierno. Con la restauración de Fernando VII tras la derrota francesa en la llamada Guerra de Independencia Española, en 1814 la constitución es abolida pero su legado en América pervivió en las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Sin embargo, al pueblo llano nunca se le consultó formalmente.

Durante los 200 años transcurridos las elites tanto colombianas como panameñas fueron experimentando con diversas formas de gobierno republicano con ideas traídas desde los EE.UU., Francia, España y otras repúblicas americanas aprendiendo el arte de gobernar y controlar territorios que eran más grandes que los ejidos municipales a los cuales estuvieron acostumbrados a controlar durante los tres siglos de gobierno monárquico. Este proceso de experimentación, aprendizaje y consolidación de los estados modernos que hoy definen la América Hispana no ha estado exento de álgidos debates ideológicos entre liberales y conservadores y disputas entre las élites urbanas y rurales o de distintas regiones que se terminaron dirimiendo por las armas en constantes golpes de estado y guerras civiles que dieron a la luz diversas constituciones.

Al constituirse la República de Panamá en 1903, una vez más un selecto grupo de políticos, militares, profesionales y empresarios capitalinos se reunieron no solo para declarar la independencia sino a continuación de organizar una Asamblea Constituyente que dio como resultado la Constitución de 1904, la cual fue básicamente una adaptación de la constitución colombiana de 1886 y sobre la cual se han basado las constituciones de 1941, 1946 y 1972 (reformada en 1984 y 2004) que pudieran considerarse evoluciones y adaptaciones de la primera constitución.

Para el presente año 2021 las condiciones sociológicas sobre las que se construyeron las constituciones anteriores han cambiado sustancialmente por lo menos desde la Constitución de 1972. Panamá hoy día cuenta con una clase media más amplia y una población general con un alto nivel de alfabetización (más no de educación) y de familiarización con las nuevas tecnologías de comunicación que por lo menos les informa de lo que ocurre en otras partes del mundo y permite una rápida comunicación entre personas con sus mismas inclinaciones políticas y sociales. Con la degradación política del régimen democrático surgido en 1989 después de la invasión militar estadounidense los reclamos que hace dicha clase media ampliada hacia las élites políticas, económicas y culturales que tomaron las riendas del país de las manos de los militares se han ido acumulando en las últimas tres décadas y con la crisis del Covid-19 ha despertado como nunca, distintas iniciativas encaminadas hacia la redacción de una nueva constitución como salida a la percibida crisis política y social.

Sin embargo, dichas iniciativas son sospechosas dado que varias de ellas buscan repetir la costumbre de restringir el debate a un pequeño grupo de constituyentes bajo la influencia de las élites globalizadas imperantes para imponer cambios que quizás no atiendan las inquietudes de las capas medias panameña surgida en las últimas décadas y en cambio busquen consolidar su control político e ideológico y no cambiar nada sustancial de esta república centralista de primos y amiguetes, de oligopolios, concesiones, subsidios y zonas especiales como lo definió Guillermo Chapman que solo buscan explotar la posición geográfica de la zona transístmica y olvidándose del resto del país y de quienes no están en capacidad o no tienen los nexos para involucrase en las actividades logísticas internacionales, de servicios legales y bancarios o en la administración pública.

Los 60 constituyentes que salgan electos tendrán una responsabilidad grande que atender en 9 meses y por la paz social del país más le valdría sentarse con los representantes de esa clase media más amplia en sus comunidades para repensar los fines y objetivos del estado panameño y como hacer para que sea funcional a todas sus comunidades más que a sus individuos. Ciertamente dichas conversaciones deberán ir acompañadas de jornadas educativas para ilustrar a las comunidades sobre que es una constitución, su naturaleza y sus usos prácticos de manera que sobre esa base puedan manifestar a sus diputados como esperan que ellos organicen el estado y su territorio en su beneficio.

Para ello es importante no llegar con una agenda preestablecida como las que han presentado CuCo o Panamá Decide. Al leer dichas agendas preocupa el hecho de que no se hace un cuestionamiento más profundo de las preocupaciones más grandes que han deslegitimado el poder político en Panamá, estos incluyen:

1. La percepción de falta de certeza de castigo no sólo desde el Órgano Judicial sino de parte de las autoridades locales y nacionales y que dicho órgano no responde a la necesidad de ver que se haga Justicia sin tecnicismos o legalismos que estorben.
2. La percepción de que no existe un acatamiento estricto de las leyes y normas y que no existen instancias con clara responsabilidad sobre su cumplimiento diario.
3. La percepción de incompetencia y desorganización institucional dentro de la burocracia gubernamental reflejada en múltiples traslapes, duplicidad de funciones además de la incapacidad de cumplir sus funciones y brindar sus servicios de manera eficaz y pronta.
4. La percepción de que no existe un norte claro que guíe el accionar de los políticos panameños.
5. La percepción de que todas las decisiones y soluciones están centralizadas en el presidente, sus ministros y los diputados quienes a su vez se ven limitados físicamente en sus posibilidades de resolver asuntos a nivel micro/local que deberían ser responsabilidad de los alcaldes y representantes de corregimiento.
6. La percepción de que cada quien debe velar por sus intereses y resolver sus problemas ante la inacción de un gobierno nacional y local que dice estar para atender estos asuntos, pero en realidad no lo hace y si lo hace, lo realiza de manera arbitraria y discrecional apagando fuegos, salvo honrosas excepciones.
7. La percepción de que los recursos son administrados de manera poco eficiente para solucionar los problemas e invertir en el desarrollo del país.
8. La percepción de que el estado y su capacidad de generar grandes caudales por medio de préstamos e impuestos deben ser capturados por distintos grupos de poder y sus acólitos (sean estos gremios empresariales, sindicales, partidistas) para sostener una economía que no produce nada útil o de valor agregado con lo cual poder comerciar con el mundo.
9. La percepción de que Panamá es sólo su ciudad capital y el interior, la Costa Atlántica y el Darién están para servirle.
10. La percepción de que cobrar impuestos es una forma de robo y dilapidación de recursos ya que no se concretan ningunas de las promesas hechas por la constitución y las leyes de la república que se suponen deberían brindar una especie de estado de bienestar con educación, salud, transporte, seguridad, justicia, ornato y administración pública de calidad y accesibles para todos sin distinción alguna.
11. La certeza de que el sistema representativo encarnado en los consejos municipales y la Asamblea Nacional no están para representar los intereses mayores de las comunidades que los elige y que su verdadera utilidad radica en su capacidad de traer pequeñas donaciones a sus comunidades, no para su desarrollo, sino para resolver los problemas personales de los votantes y garantizar la reelección de sus diputados y concejales.
12. La percepción de que para escapar a la lógica de todo lo mencionado anteriormente se deben crear zonas especiales privilegiadas en donde la clase política se compromete tácita o legalmente a no meterse.

Todo esto alimenta la percepción de desdén administrativo y corrupción de todo el sistema político y social y su desprestigio. Panamá no ha colapsado como un estado fallido por el carácter mismo de los panameños un tanto dócil, un tanto cobarde ante la posibilidad real de una pelea a mano limpia o la posibilidad remota de caer en un problema legal ante alguien con mayor influencia en el sistema judicial.

Si bien pareciera que el problema pudiera resolverse mediante una reingeniería constitucional de los poderes del Estado, se hace pertinente cuestionar si el sistema republicano con una democracia representativa y unitaria establecido es el adecuado para resolver los problemas antes descritos. Hablar de esto es para muchos, equivalente a una herejía, y lo es en tanto la democracia liberal se ha convertido en una especie de religión con dogmas, misterios y liturgias que no deben ser cuestionadas a menos que uno quiera ser etiquetado de antidemocrático, que es lo mismo que ser un hereje hijo del demonio y peor aun cuando se cuestiona su vertiente globalista pues se peca además de ser nacionalista, patriotero, xenófobo, homofóbico, racista, colonialista, etc. que es lo mismo que ser el mismísimo Lucifer.

Una reforma constitucional no debería evadir cuestionar y debatir dogmas tan preciados como la dichosa separación de poderes (que ha servido como sistema de protección de corruptos), el sistema parlamentario (que ha dado inmunidad parlamentaria a corruptos) y la aparente necesidad de partidos políticos (cuyos lideres no tienen ideología definida o plan de país y han servido como barcos piratas) como única vía legitima para expresar la voluntad popular. Tampoco se puede evadir la discusión sobre la mejor forma de alcanzar una mejor gobernanza o como debe ser la relación entre gobernantes y gobernados y cuál es el mejor sistema político que representa esa relación deseada. Igualmente, no se puede soslayar el debate cultural e identitario, pues existen propuestas de declarar al país como una república multicultural o multiétnica, un cambio que pudiera degenerar en una mayor fragmentación social que debilita la unidad y la paz social. La discusión sobre la estructura tributaria va íntimamente casada con la pregunta sobre como se debe financiar el gobierno sin cobrar impuestos indeseados y sin crear privilegios, subsidios, concesiones y zonas económicas especiales.

Quizás meterse en eso sería la receta perfecta para el caos y la profundización de la crisis económica y social y lo mejor sería simplemente conformarse con reparar o reformar puntualmente lo que se cree está dañado. Pero la pregunta sobre qué es exactamente lo que está dañando y si eso arreglaría el problema definitivamente no quedaría del todo resuelto. Por tanto, toca proponer, lanzar ideas como lo han hecho desde CuCo y Panamá Decide, pero se hace necesaria una abundancia de propuestas que hagan sentido a todos, que se perciban como naturales y que se atrevan a salir del dogma. Yo tengo un par de ideas, pero esas las compartiré en una siguiente publicación.