La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Es triste ver como gobierno tras gobierno se sigue gastando dineros públicos, recalentando las mismas recetas de siempre con resultados cuestionables en busca de supuestamente resolver el problema práctico de la vivienda (vista solamente como el espacio físico “formal y digno” o sea una casa o apartamento no improvisado) que representa además una oportunidad de negocios a constructoras y promotoras (esperemos que no sólo a las allegadas al gobierno) sin resolver integralmente el Derecho Humano a la Vivienda Digna y Adecuada.

Con el derecho humano a la vivienda digna y adecuada, se entiende que el estado ofrece no solo la seguridad de la tenencia de la tierra o su asequibilidad, sino que además garantiza la provisión estable de servicios básicos (como luz, agua, telecomunicaciones), así como su habitabilidad (con buena calidad de construcción y diseño), su accesibilidad (pensando en las personas ciegas o en sillas de rueda o para los coches de bebé) además de su ubicación adecuada en un medio donde se pueda acceder de manera fácil a oportunidades de empleo y servicios sociales tales como escuelas, clínicas y guarderías, áreas verdes, comercios y entretenimiento.

En pocas palabras el derecho a la vivienda digna y adecuada también involucra el Derecho a la Ciudad, sus servicios y beneficios, lo cual se contradice con la práctica tradicional de construir “soluciones de vivienda” en tierras baratas lejos del centro de la ciudad o en torres de apartamento para gente de ingresos bajos los cuales desde el punto de vista urbanístico constituyen verdaderos «depósitos de pobres» en donde el estado saca a personas de escasos recursos del hacinamiento y la precariedad en barrios céntricos como Santa Ana, Curundú, Calidonia o El Chorrillo o en alguno de los asentamientos informales y los depositan lejos de la vista en Arraiján, Pacora, Alcalde Diaz o Altos del Lago, lejos de sus lugares de empleo y modos de subsistencia y replicando en su nuevo barrio los ciclos de pobreza y desesperanza en los que han vivido siempre, constituyendo esto una forma de Segregación Espacial.

En efecto, con los proyectos del MIVIOT como “Techos de Esperanza” y los proyectos privados financiados en parte con el Bono Solidario (ahora Plan Solidario de Vivienda),  se crean urbanizaciones para la «gente pobre», más no se brinda una «vivienda digna y adecuada» si consideramos que al promotor se le permite diseñar y construir viviendas chicas y urbanizaciones pobres (bajo el código de zonificación RBS) con el fin de ahorrar costos, pero truncándole al comprador el potencial de tener una propiedad que pueda valorizarse en el tiempo y cuyo valor acumulado no va poder dar en herencia a sus hijos por la mala calidad del espacio tanto urbano como arquitectónico provisto además del cúmulo de problemas sociales que su urbanización acumula por su falta de integración urbana y social.

Como estrategia económica e inmobiliaria no se entiende el afán de apostar por los grandes proyectos de vivienda en estos tiempos de crisis y de escasa recaudación fiscal si consideramos que ya existe un inventario excedente de casas y apartamentos especialmente en Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá que necesita urgentemente ser colocado. Entonces, no es que estemos ante un problema de falta de viviendas en oferta o ante una falta de demanda suficiente para dichas viviendas, estamos ante un problema económico en donde vendedores y compradores locales no se ponen de acuerdo sobre el precio justo de la vivienda; lo cual deriva en peticiones cuestionables de flexibilización de la legislación migratoria y laboral con el fin de evitar “sincerar los precios” a nivel inmobiliario importando compradores supuestamente de mayor poder adquisitivo.

El excedente de vivienda es una oportunidad para los gobiernos nacionales y locales de implementar un verdadero Plan Solidario de Vivienda que  involucre políticas de integración social a nivel urbano, ofreciendo caso por caso a personas de distintos niveles de ingreso soluciones de vivienda en distintos proyectos existentes en el centro de la ciudad evaluando su integración a su nuevo ambiente. Una forma de lograrlo sería que el gobierno comprase por lo menos el excedente de viviendas construidas y en construcción dentro del rango de interés preferencial, a precios de construcción, de manera tal que los inversionistas y bancos recuperen como mínimo el dinero invertido quizás sin ganancia o intereses, pero desembarazándose de ese peso.

Con el inventario adquirido, el gobierno nacional, los gobiernos locales o entidades autónomas como la Caja de Seguro Social podrían pasar a vender (con nuevos préstamos hipotecarios del Banco Nacional o la Caja de Ahorros) o arrendar las unidades de vivienda a precios asequibles, tomando en cuenta la merma en los ingresos que han sufrido numerosas familias panameñas de distintos estratos sociales y la necesidad de las personas de estar relativamente cerca a sus centros de trabajo y estudio, recuperando así el dinero invertido y utilizarlo para adquirir otras viviendas del inventario existente.

Una vez reducido el excedente de vivienda, el sector privado, esta vez sí, estaría en condiciones de reiniciar un nuevo ciclo constructivo que podría crear miles de trabajos y el estado podrá entonces abandonar de una vez por todas las políticas de-facto de segregación socio-económica imperantes que les niegan a las personas de ingresos medio-bajos y bajos el derecho a la vivienda digna y adecuada además del derecho a la ciudad. Eso sí sería una forma de solidaridad en donde todas las partes involucradas salen ganando.