La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Resulta extraño decirlo pero hoy en día en ciudad de Panamá existe una extraña relación amor-odio con la gestión del gobierno municipal del periodo 2014-2019, muy a pesar de las figuras coyunturales del ex-alcalde José I. Blandón y su vice alcaldesa Raisa Banfield.

Y digo muy a pesar de ellos por las razones descritas en “Una Ciudad a la Deriva”, ya que si bien los principios y hechos de la gestión pasada fueron positivos para la ciudad, los políticos que lideraron dicha administración dejaron un gran sinsabor a la ciudadanía.  Dejando los personalismos de lado, la gestión Blandón-Banfield cultivaron una inquietud que se fue gestando desde la administración municipal de Juan Carlos Navarro y la presidencia de Martín Torrijos, la creciente necesidad de los ciudadanos de ser escuchados directamente por los políticos y ver su voluntad acatada ante la impotencia de no tener poder sobre lo ocurre en su entorno.

Banfield de hecho provenía de la Alianza Pro Ciudad, un grupo de ciudadanos, especialmente arquitectos, ingenieros y abogados, que se reunía en la antigua librería Exedra preocupada por las rápidas transformaciones que estuvo sufriendo la ciudad de Panamá durante la primera fase del boom inmobiliario que comenzó en 2004. La Alianza fue una de las primeras manifestaciones de esa preocupación ciudadana por querer incidir directamente en los asuntos locales, tiempo después la Alianza Pro Ciudad sería sucedida en 2007 por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) que sigue funcionando hasta el día de hoy pero con un enfoque más ambiental que urbanístico, pero sin perder de vista lo último. Dos de los mayores logros de ese primer periodo de lucha ciudadana fueron la Ley 6 de 1 de febrero de 2006 mejor conocida como la Ley de Urbanismo y la Ley 37 de 29 de junio de 2009 mejor conocida como la Ley de Descentralización. Sin embargo ambas leyes perderían fuerza durante la presidencia de Ricardo Martinelli y las alcaldías de Bosco Vallarino y Roxana Mendez, principalmente por la suspensión de la Ley de Descentralización que le restó fuerza a la de Urbanismo.

En el ínterin, en el periodo 2009-2014, el conglomerado inmobiliario (banca-constructoras-inmobiliarias-gobierno) seguía transformando agresivamente el centro de la ciudad de Panamá especialmente los corregimientos clase media de Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Pueblo Nuevo y Betania. Es durante este segundo periodo en que coge fuerza el fenómeno NIMBY (Not in my backyard) en los barrios de clase media como un esfuerzo personal o comunitario que intenta frenar por la vía judicial los desarrollos que sienten les afectaban directamente transformando su entorno dramáticamente y devaluando el concepto urbanístico que habían comprado en el periodo entre 1950-1980.  Pero, como alguna vez expliqué en “La Ciudad Egoista” técnicamente dichas personas en verdad estaban defendiendo una forma de hacer urbanismo anterior que contribuyó al caos urbano presente de la cual sus barrios de bajísima densidad eran un fiel reflejo en áreas que geográficamente hoy día pertenecen al casco urbano de la ciudad, por la falta de previsión y planificación.

Sin embargo, su lucha no dejaba de ser legítima, pues todos somos parte de un ecosistema urbano y es natural que reaccionemos agresivamente ante cualquier intento de destruirlo. Este hecho irá alimentando entre cierta clase media el sentir de que se necesita actuar de manera más coordinada para ser escuchados y parar un proceso que no les ha tomado en consideración. Sin embargo, a pesar de las acciones legales y las protestas comunitarias el gobierno Martinelli y la alcaldía de Méndez poco o ningún caso les hizo. Siendo así que entonces distintas comunidades fueron agrupándose dando lugar al nacimiento de la Red Ciudadana Urbana de Panamá (RedCuPa) en 2014 y relevando en la lucha por la ciudad a la Alianza Pro Ciudad. La Red comienza su vida coincidiendo con la campaña política de 2014, coyuntura que aprovechó para comprometer a los candidatos a la presidencia y a la alcaldía con una serie de principio reunidos en el Pacto por el Urbanismo Participativo, siendo la fórmula Blandón-Banfield uno de sus firmantes.

La incorporación de Banfield en la gestión de Blandón no era casual, no solo porque la arquitecta era para ese entonces una reconocida figura pública y mediática, sino porque Blandón también fue participe en la gestación de la Ley de Urbanismo como uno de los diputados que impulsó dicho proyecto de ley. Siendo así se podría decir que el entonces diputado no era ajeno a la causa urbana y ambiental y su gestión generó muchas expectativas de mayor participación ciudadana en la cosa pública, una expectativa que parcialmente se cumplió, por lo menos simbólicamente, sembrando así una inquietud. La presidencia de Juan Carlos Varela, vuelve a poner en vigencia la Ley de Descentralización y el alcalde Blandón rápidamente toma medidas concretas para asumir sus competencias en la gestión urbana del Municipio de Panamá, se crea la Dirección de Planificación Urbana y se le dota de personal idóneo. Además incorpora a en la Junta de Planificación Municipal a la Red Ciudadana Urbana de Panamá como parte de la representación ampliada de la sociedad civil contemplada en una reforma de las leyes de Urbanismo y de Descentralización y arrancan los procesos de planificación con un componente de participación ciudadana importante, entramos entonces en una tercera fase. Sin embargo como expliqué en “Una Ciudad a la Deriva”, la renuencia de Blandón de hacer cumplir la legislación urbana vigente en toda su extensión creó mucha desconfianza y sembró en la ciudadanía un mayor deseo de participación política directa.

Con la presidencia de Laurentino Cortizo y la alcaldía de José Luis Fábrega, todas las acciones tomadas hasta la fecha indican una vuelta atrás hacia las peores prácticas del periodo martinelista, en especial el desprecio por la sociedad civil organizada. Sin embargo, es por este cierre de puertas a la participación ciudadana que se está dando un creciente movimiento ciudadano que busca tomar la Ley de Descentralización en sus propias manos, por ejemplo con la auto-organización de las Juntas de Desarrollo Local (con participación de miembros de la Red Ciudadana Urbana de Panamá), instancias contempladas por la ley y que habían sido ignoradas tanto por los políticos como por la sociedad civil en los últimos diez años y redescubiertas recientemente. Otro movimiento incipiente relacionado a la participación ciudadana es el liderado por el chef y empresario Luis Pinedo que busca parar el Proyecto de Recuperación de las Playas de la Ciudad de Panamá por inconsulto. Hasta el momento tanto las Juntas de Desarrollo Local como el movimiento en contra de la playa de Fábrega están tomando fuerza sin embargo corren peligro de no prosperar en este periodo 2019-2024 por ser una amenaza política tanto para el alcalde, como para los representantes de corregimiento y los diputados al robarles protagonismo y minando su razón de ser como padrinos de su clientela política que les sirve de base.

Siendo esto así, es quizás el momento de evolucionar el movimiento a una nueva etapa en pos del localismo, o sea un ideario político que busque devolverle a las comunidades el poder de decidir directamente sobe su entorno. Pero el localismo como idea va más allá, el localismo busca reconstruir las relaciones comunitarias para ir tomando acciones concretas en pos de su desarrollo en materia urbanística, ambiental, educativa, salud pública y cultural además de buscar mayor control sobre la justicia y seguridad comunitaria. En sí el localismo busca invertir la relación de poder asentando la soberanía sobre las comunidades y sus élites de distinta índole y no en base a élites nacionales o supra-nacionales que impongan su voluntad sobre los individuos. La coyuntura mundial parece indicarnos que no estamos solos, en distintos países ha surgido un movimiento contestatario a la globalización como discurso político, cultural y económico totalitario que buscaba suprimir las identidades particulares y las instituciones, costumbres y tradiciones locales utilizando a los estados e instituciones nacionales como instrumento.

Hasta hace muy poco se nos decía que la globalización y los cambios culturales que suscitaba eran imparables e inapelables y que estábamos atrasados en la carrera hacia el progreso mundial, una competencia reflejada por distintos rankings globales que reflejan una visión que no es compartida por las poblaciones locales. Un ejemplo de ello es la prueba PISA, iniciativa de la OECD que nos comunica en resumidas cuentas que países como el nuestro están en desventaja comparativa contra otras economías más fuertes y supuestamente más inteligentes, cosa extraña tomando en consideración que, según otras mediciones internacionales, a pesar de ser “más brutos” Hispanoamérica (y Panamá especialmente) ha hecho grandes progresos en materia de desarrollo humano bajando sustancialmente la pobreza y la desigualdad en comparación a como estábamos hace diez años. Ciertamente no debemos congratularnos ante la evidente ignorancia generalizada de nuestros pueblos pero tampoco debemos dejarnos inducir a relegar la toma de decisiones a entes que no responden al sentir de las comunidades y que no las respetan ni consideran, ni tampoco relegar el control político a una supuesta elite iluminada y globalizada que se nos vende día y noche por los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales.

Por ahora el mundo aún pareciera debatirse entre el globalismo y un resurgente nacionalismo, sin embargo dicho globalismo siempre fue más un deseo que una realidad. La promesa de una ciudadanía global nunca se materializó, las fronteras siguieron en pié con sus límites a la movilidad laboral, profesional y académica. La globalización siempre fue acatada por los más tontos, en especial por países más débiles como el nuestro que desarticuló su estructura productiva, en pos de productos más baratos y debilitó la capacidad de iniciativa en materia de políticas públicas a sus instituciones en favor de consultorías internacionales propuestas por entidades supranacionales pero pagadas con nuestros impuestos. Ciertamente no todo fue malo, de hecho vivimos 15 años de gran prosperidad material gracias al libre flujo de capitales foráneos a nuestro país y políticas económicas prudentes. Sin embargo, el grifo está siendo cerrado por esos estados menos tontos y sus clubes como la OECD con ayuda de grupos de interés como las distintas fundaciones que financian ONGs activistas a nivel nacional que buscan frenar el éxodo de capital hacia países como el nuestro calmando así el disgusto en sus países con la insuficiencia de los servicios brindados por sus estados y que pondrían en peligro a las elites globalizadas que los gobierna.

Un punto intermedio lo debe representar un localismo que devuelva el protagonismo a las comunidades locales y nacionales y les dé plena libertad de comerciar y relacionarse con el mundo pero salvaguardando sus necesidades materiales y espirituales además de no rendirle pleitesía a poderes omnímodos. Estos 5 años serán cruciales para cultivar y desarrollar un movimiento político localista que nos ayude a salir del impasse actual reflejado por las insuficientes reformas políticas planteadas por la nueva constitución y la negación de la participación ciudadana. Dicho movimiento deberá desembocar en un partido localista que se comprometa seriamente en ayudar a las comunidades en asumir plenamente la capacidad de decidir y gestionar su entorno con libertad, además de establecer sus prioridades y establecer las relaciones de colaboración que estimen necesarias para impulsar su desarrollo de acuerdo a la fase en que estén.