La Ciudad Espléndida

El Escándalo

Hace poco la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) organizó un evento titulado “Flexibilidad o restricción migratoria laboral. ¿Qué necesitamos?”, dada en el Hotel Sheraton de la ciudad de Panamá.  Durante esa misma semana, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP), denunciaron a un español ejerciendo de manera ilegal la Ingeniería Civil como consultor del Ministerio de Obras Públicas (y anteriormente de la Autoridad del Canal de Panamá) para el 4to puente sobre el Canal de Panamá, un profesional a quien por cierto muchos reconocen su capacidad y conocimientos en la materia y que cobraba una suma bastante elevada por sus servicios; suma que ha sido, con justa razón, la envidia de muchos profesionales locales. Si se analiza desde el punto de vista económico, con el mismo dinero se pudo haber remunerado bien varios profesionales jóvenes locales con maestrías o doctorados en esa área.

Como era de esperarse ambos hechos causaron cierto revuelo en las redes sociales de la SPIA, en especial porque en dicho evento el temario incluía items tan sensibles para el gremio tales como nuestra sacrosanta Ley 15 de 26 enero de 1959, la cual prácticamente limita el ejercicio de las ingenierías, la arquitectura entre otras profesiones (salvo ciertas y limitadas excepciones) al ciudadano panameño con una licenciatura en la profesión protegida. Para más INRI de mis colegas, durante una entrevista un ex-presidente de APEDE, repite el argumento del economista venezolano Ricardo Haussmann de que importar talento ha sido bueno para la economía panameña, declaraciones lamentables por cortoplacistas, al demeritar la opción de educar a la población local ante una situación de déficit de mano de obra calificada y dispuesta para llenar ciertas posiciones.

Escasez de mano de obra: ¿realidad o mala voluntad?

Según un reporte de la firma de recursos humanos internacional Manpower un 36% de empresas establecidas en Panamá reporta dificultades llenando vacantes en diez áreas, entre ellas las ingenierías y posiciones técnicas. Al leerse porque tienen dificultades, se comprende que la situación no se reduce simplemente a las deficiencias de la mano de obra panameña, especialmente en cuanto a formación académica o en habilidades blandas (puntualidad, responsabilidad, etc.), sino en un desacuerdo entre ambas partes sobre el monto de los salarios y beneficios que deben ofrecer los empleadores en consideración de los conocimientos y experiencia de los candidatos. Sin embargo, las deficiencias antes señaladas en parte de la mano de obra local, como también las expectativas poco realistas de algunos aplicantes no son un mito y deben ser también ponderadas y resueltas.

Dicho esto, la APEDE ha sido valiente en cuestionar la legislación vigente y abordar públicamente el debate sobre la necesidad o no de importar recurso humano, lo cual toca una fibra sensible para muchos panameños al tocar los temas migratorio, educativo y laboral. La SPIA y la FEDAP deberían hacer lo propio y no encerrarse en la defensa a ultranza de las profesiones y cuestionar la eficacia de la legislación actual y las razones por las cuales muchas empresas optan por ignorarla impunemente sin caer en juicios moralistas. Se hace necesario contrastar con honestidad la realidad de Panamá tener una economía globalizada de servicios versus el espíritu proteccionista y parroquiano que ha inspirado la legislación que regula las profesiones en el país. Sin embargo, la empresa privada no puede ignorar su deber cívico de ayudar a los futuros técnicos y trabajadores panameños con programas de aprendices y prácticas profesionales con opción de contratación que ayuden a fortalecer y mejorar las habilidades y conocimientos de los trabajadores panameños haciéndolos altamente competitivos y reduciendo la «necesidad» de importar mano de obra extranjera.

¿Está la Ley 15 de 26 de enero de 1959 condenada a la irrelevancia?

En mi opinión leyes proteccionistas como la Ley 15 de 26 de enero de 1959 seguirán haciéndose cada día más irrelevantes para aquellas empresas y profesionales que quieran perfilarse a nivel nacional y global. Es más, a pesar de su discurso, la SPIA por años se ha hecho de la vista gorda ante las acciones de las grandes firmas de la Ingeniería y Arquitectura y entes gubernamentales que contratan personal extranjero; contribuyendo, por omisión, al problema del ejercicio ilegal de las profesiones en Panamá. La prueba de ello es que no se conoce de firma grande alguna que haya sido sancionada ejemplarmente y gracias a ello dada por suspendida esta práctica en Panamá

Por ello, cabe preguntarse porque las reglas se han hecho cada vez más irrelevantes. Una posibilidad es que son tan rígidas que son difíciles de acatar por costosas o por absurdas, otra segunda posibilidad es que no ayudan a los contratantes ponderar el nivel de preparación y experiencia de los profesionales al dar la idoneidad a los profesionales apenas egresan de las universidades. Tampoco existe un sistema de escalafón ni exámenes de barra (como existe en muchos países desarrollados) que ayude a ponderar lo anterior. En Panamá, legalmente un recién graduado tiene la misma posibilidad que un profesional con 30 años de experiencia de competir por la misma clase de trabajos.

En el gremio muchos colegas arguyen lo siguiente basados en el principio de reciprocidad consagrado en la ley: «si tú vas a otro país a ejercer la ingeniería y arquitectura, no te dejan» Y aquí comienza la deshonestidad en el debate tratando de exigir una reciprocidad entre sistemas completamente distintos para obtener una licencia. El problema con ese argumento es que, en la mayoría de países, incluyendo Panamá, ningún nacional o extranjero puede ejercer profesión alguna sin ningún tipo de autorización. Por lo tanto, el argumento se cae solo porque parte de una premisa falsa al suponer que en la mayoría de países la nacionalidad es una barrera que limita el ejercicio de la profesión en beneficio exclusivo de sus ciudadanos, esto es un mito que se destruye simplemente leyendo las normas sobre el ejercicio profesional de extranjeros de diferentes países. La mayoría de países tienen algún requisito de carácter técnico y académico que se tiene que cumplir para obtener ya sea una licencia, matricula o certificado de idoneidad temporal o permanente. He aquí donde parte la deshonestidad en todo este debate sobre la llamada «defensa de la profesión»: los países discriminan por razones técnicas, no por nacionalidad. En otras palabras, un panameño, siempre y cuando cumpla con la legislación migratoria y pase por los requisitos de experiencia y conocimientos certificados que impongan los gremios pueden conseguir trabajar y certificarse idóneos en dichos países. En Panamá, ni aun cumpliendo con la legislación migratoria se abre vía alguna para el ejercicio profesional para los extranjeros.

En Panamá la legislación es absurdamente proteccionista, fue hecha para proteger puestos de trabajo y negocios, no el buen ejercicio y desarrollo de las profesiones. La ley es tan poco técnica y tan nacionalista que ni siquiera considera el caso de quienes estudian aquí. Si se supone que se está confiando en que las universidades están aplicando los filtros necesarios para que solo egresen personas idóneas para ejercer la profesión, entonces debería permitirse a todos los que estudiaron en Panamá dicho beneficio. Si el beneficio de la convalidación es concedido al panameño que estudia fuera y regresa al país ¿Que excusa existe para negárselo a alguien que quiere convalidar y poder trabajar en Panamá bajo ciertas condiciones?

Siendo así, nunca se podrá dar reciprocidad alguna como tanto reclaman los defensores de la profesión, simplemente se está comparando sistemas con criterios muy distintos, unos con criterios técnicos…y el nuestro con criterios nacionalistas y reproductivos, al exigir como criterio de acceso, nacionalizarse o el estar casado con panameño/a o con hijos panameños. Si se quiere que no se siga irrespetando la ley, el camino es una nueva ley que regule las profesiones en Panamá. Una ley que esté a tono con las realidades tanto locales como globales y que sinceramente permita la reciprocidad, homologando términos y condiciones con otros países de la región y del mundo. Una ley que privilegie la capacidad técnica y cognitiva mediante escalafones y grados. Una ley que permita el libre intercambio de ideas con el mundo entero. Una ley que proteja la profesión y no puestos de trabajo. Los puestos de trabajo se defienden demostrando capacidad técnica y profesional y no artificialmente. Si se quiere limitar el acceso de extranjeros al mercado laboral, esto se debe lograr a través de una reforma migratoria que sea sencilla de aplicar y que la mayoría de los actores sociales y económicos quieran respetar. Ciertamente las fronteras no pueden abrirse de par en par, saturando el mercado laboral a tal grado que se degraden las condiciones laborales. En este sentido la empresa privada tiene un deber moral de no dejar atrás a los jóvenes desempleados panameños sin habilidades para integrarse al campo laboral. La empresa privada debe invertir en programas de aprendices que ayuden a los jóvenes a tener un oficio técnico o profesional y la sociedad en general tiene el deber de reasumir la tarea pendiente de hacer las reformas educativas y de política familiar necesarias para formar a más panameños productivos

Seguir insistiendo en el contrasentido de en un sistema proteccionista inaplicable en el contexto de una economía de servicios globalizados como lo es la economía panameña, es venderle una ilusión a los profesionales y trabajadores panameños y abona a su frustración con la clase política y al discurso de xenofobia que destilan algunos grupos pseudo-nacionalistas capitalizado por políticos inescrupulosos, con fines poco conocidos. Dichos grupos y políticos no piensan a largo plazo, con los mejores intereses de desarrollo del país en mente, abogando por el aislacionismo que protege solo sus bolsillos. En su lugar debemos abogar por una política nacional de desarrollo, a largo plazo, que incluya políticas migratorias y laborales que ayuden al desarrollo de todas las regiones del país. Ojalá la clase política asuma el reto legislativo que supondrá llevar a cabo estas reformas, de lo contrario seguiremos bregando con un sistema de cosas hipócrita e insostenible.