Panama. Proyecto de Ley 415: ¿Un conflicto entre el derecho al desarrollo de las mayorías y los derechos sociales, culturales y ambientales de una minoría? ¿Que hacer?

por Carlos Solis-Tejada

El Presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli al parecer está en otro apuro.
Como otros comentaristas han expresado, desde aquel mazazo en la Calzada de Amador en 2009, su estilo heterodoxo y confrontacional de dirimir conflictos de interes le está trayendo problemas.
Si bien, su desprecio del protocolo y su gusto por los gestos demagógicos en un principio hicieron de el un personaje simpático, esta actitud le ha ido ganando un número creciente de críticos entre la clase media disminuyendo rápida y sensiblemente sus indices de popularidad.
Esto sería solo un detalle anecdótico si no fuera por la advertencia dada desde un principio por el ahora Ministro de Seguridad, José Raul Mulino: Este gobierno no vino a co-gobernar con nadie. En otras palabras no vino a consultar sus decisiones con ningun actor de la sociedad civil en quienes no ve legitimidad alguna como portavoces del pueblo simplemente por no haber sido electos por el mismo y ser meramente representativos de una minoria ideologizada de la clase media y profesional de Panamá.

Si bien es cierto que como ciudadanos esperamos un gobierno fuerte y decidido, lo cortés no quita lo valiente por tanto todo gobierno debería considerar saludable tomar en consideración y escuchar con respeto las criticas, reclamos y sugerencias que surjan de la ciudadanía por mas minoritaria que sean dichas expresiones.

Esto le hubiese ahorrado el dolor de cabeza que esta pasando el actual gobierno con el cierre de la Via Interamericana por parte de miembros de las etnias Ngöbe y Bugle en la Comarca homónima.

A raiz de su estilo confrontacional, esta protesta ha hecho converger a todos los sectores inconformes con el actual gobierno sin distingo ideologico o político ante el enemigo común con el potencial de crear una imagen de un país en estado anárquico sin esto necesariamente significar simpatia alguna con la causa del pueblo ngöbe.

Es menester distanciarse de cualquier simpatia que se sienta por dichas protestas de manera que se pueda analizar la situacion de forma mas somera.
Dicho lo anterior comencemos por razonar que es mas responsable y serio aclarar que si bien es preocupante la situación y posiblemente valida las razones de la protesta, no tiene sustento real la imagen que se quiere dar al exterior de un pais en convulsión social, por lo cual esta situación hay que verla con todos sus matices.

Es perceptible que se esta situación se trata de una protesta social aupada por sectores minoritarios. Esto se corrobora con la aparente apatía o disgusto con la cual dicha protesta ha sido recibida por parte del resto de la población. Es mas dicha apreciación es justificada por lo reflejado en las redes sociales de Panamá donde por un lado una minoría reconocida de sectores opuestos al gobierno hacen llamados desesperados a una población apática a sumarse y movilizarse contra el gobierno y por otro esa población apática que vive como si nada estuviese pasando, esto se ve reflejado en los mensajes en las redes sociales que reflejan un fin de semana normal de jolgorio en especial entre los jovenes.
Esto no sería novedoso en si, si no fuera por el hecho de que la oposición ha logrado capitalizar la popularidad de los temas ambientales y de derechos humanos en Europa y los Estados Unidos y la afectación a personas e intereses comerciales de otros paises latinoamericanos, dejando mal parado al gobierno panameño ante el mundo como lo refleja los medios de comunicación panameños e internacionales.
Yendo mas a fondo en este razonamiento, el otro matiz que debe ser considerado en cualquier análisis es el tema de la percepción popular sobre la autonomía de los territorios indigenas denominados comarcas y del movimiento ambientalista en especial aquellos sectores opuestos a los desarrollos mineros e hidroelecticos y de otros proyectos de infraestructura. Este es una aspecto muy importante y que está en la raiz de esta situación toda vez que la controvertida eliminación del Artículo 5 del Proyecto de Ley No. 415 afecta el derecho de un territorio autonomo indigena. Es mi parecer que la existencia en si de las comarcas indigenas en la opinión pública no ha sido discutida con suficiencia pues estas no nacieron de un acto espontaneo de justicia por parte de la mayoría mestiza hispanica sino de una serie de luchas por parte de los pueblos originarios, algunas violentas otras pacificas, por lograr un reconocimiento de sus derechos culturales y sociales. Esta falta de consulta y concienciación han hecho de las comarcas objeto, a soto voce, de la critica por parte de muchos panameños como un privilegio injustificado que enajena grandes porciones del territorio nacional con todo su potencial para el desarrollo nacional en beneficio de una minoría que poco o nada hace por explotarlo. A veces los medios reflejan el sentir que estas son tierras de nadie donde opera el crimen organizado al amparo de autoridades tradicionales que a la vez dificultan al estado cumplir con su deber de proveer los servicios de seguridad, salud y educación en especial cuando los mismos son provistos por personal hispano-mestizo que deben someterse a los usos, costumbres y leyes de estas comarcas. Por tanto tenemos dos imagenes contrastantes una de una país al borde de una crisis institucional, que me parece falsa y otra mas real de un pais con una minoria conciente que grita en el desierto de la apatía y evidentemente no podrá resistir el poder del estado.
Estos elementos deben ser tomados en consideración cuando se analiza la situación toda vez que es aparente que el gobierno espera salir impune ante la mayoría de los panameños como en 2010 explotando la impopularidad subyacente de las comarcas indigenas con ciertos tintes racistas y el deseo mayoritario de que se reestablezca el orden público y el libre transito de personas y mercancias.
¿Que hacer? Esta no es una pregunta sencilla. Posiblemente a corto plazo es imperativo restablecer el order pero evitando a mediano plazo una reincidencia por lo cual es importante que el gobierno cumpla con los compromisos adquiridos en mesas de negociación como tuvo que haber hecho con los acuerdos de 2010. A largo plazo me parece imperativo comenzar una discusion sincera, seria y profunda sobre el regimen y modelo imperantes que protegen los derechos sociales y culturales de los pueblos originarios y el medio ambiente en Panamá. Cualquier decisión que se tome si bien debe garantizar estos derechos como lo exigen los convenios internacionales estos deben ser balanceados por el derecho que tiene la mayoria de usufructuar de los recursos nacionales en pos del desarrollo nacional de la manera que considere deseable y de facilitar la labor del estado, algo al que tienen derecho todos los panameños sin distingo de origen etnico. Esto es mas sencillo decirlo que actuarlo, en este sentido no envidio a los que asumen el rol de gobernantes.

¿Y usted, que piensa?

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