La Ciudad Espléndida

Por qué la próxima innovación inmobiliaria no consistirá en construir más rápido, sino en reducir el riesgo antes de construir.

El Censo 2023 del INEC registró 58,481 viviendas vacías en el centro consolidado del Área Metropolitana de Ciudad de Panamá. No en la periferia. En los corregimientos centrales, los que tienen infraestructura instalada, transporte, comercio, escuelas y aceras. Viviendas escrituradas, registradas, formalmente existentes. Desocupadas.

Al mismo tiempo, entre el 48% y el 84% de los barrios del Distrito de Panamá tienen precios de mercado que el residente con ingreso mediano no puede financiar. El 80% de los barrios con mercado activo de alquiler muestran una relación precio-renta consistente con un activo de inversión, no con una vivienda para habitar. Y los proyectos nuevos asequibles se construyen cada vez más lejos — en la periferia, en terrenos baratos — como productos que el público al que van dirigidos tampoco termina de querer.

Esto no es una crisis de escasez. Es una crisis de desconexión. El mercado produce, pero no para quien vive aquí. Construye, pero no donde la ciudad ya funciona. Financia, pero a horizontes que no coinciden con las aspiraciones de los hogares. El resultado es una ciudad que acumula vacío en el centro y desplazamiento en los márgenes de forma simultánea.

La pregunta, entonces, no es cómo construir más. Es por qué lo que ya existe no funciona para quien debería habitarlo — y si la respuesta tiene que ver no solo con precios, sino con el modelo mismo bajo el que se produce y se concibe la vivienda urbana. Quizás hemos estado optimizando el edificio cuando debíamos haber estado optimizando la comunidad.

La crisis no es de construcción. Es de alineación.

Los síntomas que describe la conversación pública — escasez de vivienda, hipotecas inaccesibles, subsidios insuficientes, caída en ventas — son reales, pero describen mal el problema. Panamá no tiene un déficit de unidades; tiene un déficit de unidades en el lugar correcto, al precio correcto, con la calidad correcta, para los hogares que realmente necesitan vivienda. La vacancia del 23% en el centro consolidado y la inasequibilidad del 48–84% de los barrios del Distrito no son contradicciones: son dos caras del mismo fenómeno. Detrás de ambas existe una desconexión estructural entre lo que el mercado produce y lo que los hogares pueden sostener.

El resultado es un sistema que depende cada vez más de subsidios públicos para colocar productos que muchas veces tampoco responden plenamente a las aspiraciones de quienes deberían habitarlos.

La pregunta ya no es cuántas viviendas se construyen. La pregunta es cómo producir comunidades capaces de sostener vivienda asequible, actividad económica y valor patrimonial a largo plazo.

La tiranía del reloj financiero

Existe una razón estructural por la cual tantos proyectos terminan produciendo más de lo mismo. La mayoría de los promotores adquieren suelo mediante deuda. Desde el momento en que se firma el préstamo, comienza a correr un reloj financiero compuesto por intereses, impuestos y costos de oportunidad. Esa presión obliga a construir rápido, vender rápido y minimizar incertidumbres. En muchos casos, el resultado no es el producto que la comunidad necesita, sino el producto que la estructura financiera permite: unidades estándar para un público genérico, en un mercado que ya no sabe bien cómo absorberlas.

El modelo que se propone en este ensayo no ignora ese reloj: propone cambiar lo que ocurre mientras corre. En lugar de destinar ese tiempo a esperar compradores desconocidos después de la construcción, se destina a construir y validar la demanda antes. Se sustituye tiempo de absorción incierta por tiempo de validación previa. El riesgo no desaparece; se reposiciona en la fase donde cuesta menos resolverlo.

La pregunta que el reloj financiero no permite hacerse es simple: ¿y si el riesgo se redujera antes de construir, en lugar de resolverse después de vender? La respuesta no es filantrópica. Es estructural.

Primero la comunidad: El lote como laboratorio urbano

Un edificio multifamiliar no es un producto de consumo; es una organización humana con activos, gastos, reglas y mecanismos de gobernanza cuya vida útil se extiende por generaciones. Ninguna organización exitosa reúne a sus socios por primera vez el día de la inauguración. Sin embargo, eso es exactamente lo que el modelo inmobiliario convencional hace con los residentes: los presenta entre sí cuando ya no hay nada que cambiar.

Aquí es donde este modelo introduce una precisión fundamental: no pretendemos inventar una comunidad de la nada. Partimos del hecho de que en el entorno ya existe un tejido urbano vivo, una red social y económica latente que el desarrollo tradicional prefiere ignorar.

El verdadero punto de partida no es la invención, sino la convocatoria y la organización. El propietario adquiere el lote, pero antes de producir representaciones tridimensionales o contratar vendedores, abre el espacio para convocar a las fuerzas vivas que ya habitan la escala del barrio: jóvenes profesionales que buscan independizarse, trabajadores del área, emprendedores locales e hijos y nietos de residentes históricos que no desean romper sus raíces familiares ni geográficas.

En el modelo tradicional, un terreno permanece vacío durante años mientras se gestionan permisos, financiamiento y diseño. Durante ese tiempo genera costos de tenencia puros. ¿Qué ocurriría si comenzara a canalizar la energía de la comunidad preexistente desde el primer día?

Actividades como mercados temporales, ferias, espacios de trabajo compartido, programas de formación, incubadoras de emprendimiento y eventos culturales cambian por completo la ecuación.

Lote Tradicional Vacío ➔ Centro de costos, polvo e incertidumbre cívica.

Lote como Laboratorio ➔ Flujo marginal + Datos reales de demanda (Proyecto Mínimo Viable).

Estas actividades ayudan a cubrir parte de los costos de tenencia, pero su función principal es otra: permiten que la comunidad que ya rodea al lote entre en el espacio, descubra a sus futuros residentes, identifique liderazgos, genere confianza mutua y formalice redes económicas. En términos empresariales, el lote se convierte en un Proyecto Mínimo Viable; un laboratorio urbano para validar la demanda con datos reales antes de invertir millones de dólares en construcción.

Esto invierte la lógica convencional del sector. Mientras el modelo tradicional sigue la secuencia Construcción → Ventas → Comunidad, el modelo patrimonial propone invertir el orden: Comunidad → Absorción → Construcción. La comunidad organizada no es el resultado del proyecto; es su condición de viabilidad.

Del edificio al barrio: La escala del entorno

Las principales preocupaciones de los residentes rara vez están dentro del lote; están fuera de él. Por ello el modelo no audita solo el predio; audita el ecosistema que lo rodea. La pregunta no es cuántos apartamentos caben dentro del lote; es cuántas personas puede recibir el barrio manteniendo o mejorando su calidad urbana. Esa auditoría organiza el territorio en cuatro dimensiones antes de trazar cualquier densidad:

El modelo audita de forma sistémica el territorio antes de trazar la densidad:

	Infraestructura (Agua potable, Alcantarillado, Energía)
	Movilidad (Vías, Capacidad de transporte, Aceras)
CAPACIDAD DE CARGA URBANA	Ecosistema (Espacio público, Arborización, Confort térmico)
	Equipamiento (Comercio de proximidad, Servicios locales)

Construir la institución: El Área de Mejoramiento Comercial como infraestructura de riesgo

Toda comunidad necesita una estructura que le permita organizarse, tomar decisiones y ejecutar mejoras. Por ello, el verdadero primer paso no es arquitectónico; es institucional.

El proceso podría comenzar mediante una conversación entre la Junta de Desarrollo Local, la Junta Comunal, propietarios, comerciantes, residentes y organizaciones comunitarias para conformar, dentro de las posibilidades del marco legal panameño, un Área de Mejoramiento Comercial. La importancia de esta figura es enorme porque permite pasar de las buenas intenciones a la capacidad real de gestión. Permite coordinar actores, identificar prioridades, administrar recursos de forma transparente y ejecutar proyectos locales. Permite, en definitiva, pensar el territorio como un activo colectivo de largo plazo. La pregunta deja de ser ¿Qué edificio vamos a construir? y pasa a ser: ¿Qué barrio queremos producir?

La gran objeción aparece inmediatamente: ¿Quién paga toda esta infraestructura? La respuesta no puede recaer únicamente sobre el desarrollador, tampoco puede depender exclusivamente del Estado. La solución pasa por crear mecanismos permanentes de financiamiento local.

Los ingresos provenientes de los mercados temporales, espacios de trabajo compartido, eventos, comercios de planta baja, contribuciones comunitarias y mecanismos privados de captura de valor alimentan un fondo permanente de mejoramiento barrial. La infraestructura deja de ser un gasto inicial hundido; se convierte en un activo estratégico financiado por los propios flujos económicos que el barrio genera.

Separar la vivienda del suelo

El componente más caro de muchas ciudades ya no es el edificio; es el suelo. Y mientras sigamos obligando a cada familia a comprar simultáneamente construcción, localización y tierra, seguiremos trasladando a los hogares el costo más difícil de financiar de toda la ecuación urbana.

Aquí aparece el derecho de superficie o propiedad compartida de largo plazo. El residente financia la construcción, los espacios comunes y la infraestructura que utiliza, pero no necesita comprar la tierra. El propietario conserva el suelo mediante contratos de largo plazo (50 o 99 años).

El resultado es una reducción significativa de la barrera de entrada para acceder a una vivienda bien ubicada. El residente adquiere un activo patrimonial real e hipotecable: puede habitarlo, heredarlo, venderlo, arrendarlo y acumular riqueza sobre él, pero sin tener que asumir desde el primer día el costo completo del suelo. La innovación no consiste en construir viviendas más baratas; consiste en financiar la ciudad de manera distinta.

La propiedad no es el objetivo. La permanencia sí.

Durante generaciones hemos asociado el éxito residencial con la propiedad absoluta del suelo. Pero la mayoría de las familias no busca una escritura por razones jurídicas. Busca algo mucho más simple: seguridad, estabilidad, arraigo, herencia y pertenencia. En una palabra: permanencia.

La verdadera pregunta deja de ser ¿Quién es dueño de la tierra? y pasa a ser: ¿Quién puede seguir formando parte de esta comunidad?

Para proteger este ecosistema, se vuelve indispensable separar el derecho a pertenecer del derecho a especular:

• El derecho a pertenecer implica habitar, participar, construir relaciones, heredar estabilidad y formar parte de una comunidad.
• El derecho a especular implica capturar íntegramente la valorización futura derivada de la escasez del suelo.

Cuando ambos derechos permanecen unidos, ocurre algo predecible: los barrios exitosos se encarecen, las nuevas generaciones quedan excluidas y la comunidad que creó el valor termina siendo desplazada por él. Separar ambos derechos permite preservar la permanencia sin depender de una escalada infinita de precios.

La psicología del capital: Cómo se mide el riesgo territorial

Para entender la viabilidad de este modelo, es crucial ser rigurosos con la naturaleza del capital financiero. Un Área de Mejoramiento Comercial no es solamente una herramienta de gobernanza local. Es una infraestructura de reducción de prima de riesgo. Reduce cinco riesgos fundamentales del desarrollo urbano: riesgo político, riesgo regulatorio, riesgo de oposición vecinal, riesgo reputacional y riesgo de deterioro del entorno. En términos financieros, una comunidad organizada con capacidad de coordinación y visión compartida reduce el costo efectivo del capital porque disminuye la probabilidad de los eventos que más frecuentemente paralizan permisos, retrasan obras y congelan ventas. Pero no todos los inversionistas miden el riesgo con la misma regla:

La Banca Comercial Tradicional (Corto Plazo)

Opera bajo modelos de evaluación rígidos. Sus preguntas se limitan a la viabilidad de la liquidación inmediata de la deuda: ¿Cuál es el valor del colateral? ¿Cuál es la proporción entre el préstamo y el valor del activo? ¿Cuántas preventas existen y cuál es la tasa de absorción histórica del mercado? Su horizonte es corto; le preocupa si el desarrollador devolverá el préstamo antes del cierre del ciclo de construcción, no si el entorno será un mejor fragmento de ciudad en veinte años. Por ello, históricamente financia proyectos urbanamente cuestionables siempre que los números de absorción teórica cuadren.

El Capital Patrimonial y las Oficinas de Gestión Familiar (Largo Plazo)

Operan bajo un horizonte intergeneracional de 20, 50 o 99 años. Para este tipo de inversionistas, las variables tradicionales son insuficientes. Comienzan a importar factores antes invisibles: la estabilidad del barrio a largo plazo, la reputación urbana, el riesgo político-social y la resiliencia económica local. El capital paciente entiende que el valor del edificio es una variable que depende directamente de la salud de su ecosistema.

Bajo esta luz, el Área de Mejoramiento Comercial deja de ser únicamente una herramienta comunitaria y se transforma en un indicador adelantado de calidad institucional local o, en términos financieros, en una estructura de licencia social para operar.

Actualmente, los análisis bancarios tradicionales ignoran la cohesión social, la gobernanza cívica o los conflictos vecinales latentes; sin embargo, son precisamente estos factores intangibles los que suelen paralizar permisos, retrasar obras civiles, congelar ventas y destruir la rentabilidad de un proyecto. Para el capital patrimonial de largo plazo, un Área de Mejoramiento Comercial en funcionamiento no es una señal de buenas intenciones: es evidencia verificable de que ese territorio ya tiene capacidad institucional para sostener valor en el tiempo.

La falsa salida del mercado inmobiliario

Frente a la desaceleración de las ventas y el encarecimiento del capital, muchos desarrolladores han encontrado una salida aparentemente lógica: refugiarse en la vivienda de lujo.

Desde una perspectiva de tesorería a corto plazo, esto tiene sentido. Los apartamentos residenciales de alta gama funcionan como reserva de valor, cobertura contra la inflación, instrumento patrimonial y vehículo de preservación de riqueza para los grandes capitales. Pero esta solución contiene una contradicción estructural profunda: protege el patrimonio individual utilizando la ciudad como depósito de valor, no necesariamente como lugar para vivir. Poco a poco, el mercado deja de producir viviendas para habitantes y comienza a producir activos para balances financieros. La ciudad se convierte en una caja fuerte.

El activo equivocado

Quizás el problema no sea que exista capital buscando protección. Quizás el problema sea que le hemos ofrecido muy pocas alternativas. Porque el capital patrimonial necesita estabilidad, rendimiento, protección contra la inflación y activos reales. La pregunta es: ¿por qué asumimos que la única forma de conseguirlo es construyendo apartamentos cada vez más exclusivos?

Un edificio de lujo depende críticamente de la seguridad del barrio, de la calidad del espacio público, de la actividad económica local, de la infraestructura y de la cohesión social. Nada de eso lo produce el edificio por sí mismo; lo produce la comunidad circundante.

Por lo tanto, el capital patrimonial está protegiendo su riqueza dentro de un activo físico que depende por completo de otro activo subyacente que normalmente no financia: el tejido social y urbano.

Una nueva clase de activo patrimonial

La verdadera innovación consiste en crear una nueva categoría de inversión inmobiliaria. Activos capaces de producir simultáneamente tres tipos de rendimientos perfectamente alineados:

Rendimiento financiero

• Ingresos constantes por canon de arrendamiento del suelo.
• Rentas estables de locales comerciales en planta baja.
• Flujos operativos por servicios compartidos y apreciación a largo plazo del suelo.

Rendimiento urbano

• Mejora continua del entorno e infraestructura barrial.
• Fortalecimiento del comercio local y de proximidad.
• Aumento medible de la calidad del espacio público y confort térmico.

Rendimiento social

• Garantía de permanencia para los residentes y la clase media emergente.
• Consolidación de estructuras de gobernanza local y resiliencia territorial.
• Formación de capital social y redes de confianza productiva.

La pregunta deja de ser ¿Cómo protegemos el patrimonio del capital? y pasa a ser: ¿Cómo protegemos el patrimonio fortaleciendo el ecosistema que lo genera?

Del promotor al custodio

Esta transformación de los rendimientos redefine la identidad del empresario inmobiliario. El promotor transaccional del siglo XX vendía metros cuadrados y salía. Su riqueza dependía de la velocidad.

Pero cuando conserva una relación patrimonial con el suelo, los incentivos cambian por completo. Ahora sus intereses económicos se ligan a la longevidad del territorio: la calidad urbana, la actividad económica de la zona, la estabilidad del barrio, la permanencia de los residentes y la reputación de largo plazo del entorno. No porque se haya vuelto filántropo, sino porque el valor de su patrimonio depende directamente de la salud de esa organización humana. El promotor deja de ser un comerciante de metros cuadrados y comienza a actuar como un custodio patrimonial; un administrador de territorios productivos.

La comunidad como activo estratégico (El foso defensivo)

Los edificios pueden copiarse. Los planos pueden copiarse. Las amenidades pueden copiarse. La comunidad no.

Una comunidad organizada protege el valor del activo, reduce los riesgos de falta de ventas, abate los costos de comercialización y de adquisición de residentes, disminuye la rotación de habitantes, mitiga los conflictos operativos de administración y fortalece la resiliencia del territorio. La comunidad deja de ser un resultado idílico o una externalidad social; se revela como una ventaja competitiva absoluta, una barrera de entrada comercial y un verdadero foso defensivo económico.

Una invitación al capital paciente: La ruta de adopción

Históricamente, las innovaciones en la arquitectura financiera no permean la banca comercial masiva de la noche a la mañana. Siguen una curva de adopción institucional clara:

Custodios Primarios » Capital de Impacto » Banca Privada » Banca Comercial

Oficinas familiares y fondos patrimoniales — Fondos de regeneración urbana — Vehículos de banca privada — Adopción masiva

El cambio de paradigma comenzará con los propietarios patrimoniales independientes, oficinas de gestión familiar, fondos familiares y fundaciones capaces de desplegar capital paciente. Continuará con los fondos de impacto y vehículos especializados en regeneración urbana, que asocian la resiliencia de la comunidad circundante con una menor volatilidad legal y regulatoria. Posteriormente, penetrará en la banca privada debido a su flexibilidad estructural para diseñar trajes a la medida, hasta convertirse, finalmente, en un estándar de la banca comercial cuando los casos de éxito demuestren que los ecosistemas urbanos son una garantía mucho más segura que los edificios aislados.

Al final, esta propuesta no trata únicamente de vivienda ni de filantropía. Trata de diseñar modelos económicos donde la permanencia sea el modelo de negocio. Durante décadas el sector inmobiliario ha invertido miles de millones de dólares intentando descubrir qué edificios quiere la gente. Quizás la pregunta correcta sea otra: ¿Qué comunidades quieren construir las personas?

Porque cuando una comunidad organizada ya existe en el sitio, diseñar y ejecutar el edificio se vuelve una consecuencia técnica y de baja fricción. El verdadero reto nunca ha sido fabricar la vida urbana desde cero; el reto es diseñar la infraestructura financiera que permita a esa comunidad quedarse.

El modelo inmobiliario del siglo XX se construyó del lote hacia adentro, financiando activos individuales. El modelo inmobiliario del siglo XXI debe construirse del barrio hacia adentro, financiando ecosistemas urbanos. El edificio deja de ser el producto final; se convierte en la infraestructura física que cristaliza una red social, económica y cultural que ya opera en el territorio. El activo inmobiliario más valioso del futuro no será la tierra inerte ni el cascarón de concreto; será la comunidad organizada que da sentido, valor, resiliencia y permanencia real a ambos.

Por: Carlos Antonio Solís Tejada

Diseñamos ciudades y edificios bajo una fantasía tan peligrosa como cortoplacista: la premisa de que siempre seremos jóvenes, productivos y completamente saludables, y que jamás necesitaremos el apoyo de quienes nos rodean. Bajo esta lógica mercantil, el motor inmobiliario tradicional nos empuja a elegir entre dos opciones rígidas: el aislamiento en una casa suburbana unifamiliar en la periferia —atados a una hipoteca bancaria por tres décadas— o la inestabilidad crónica de un apartamento céntrico con contratos de alquiler que vencen de forma inflexible cada doce meses. Ninguno de estos modelos se compadece de las vueltas de la vida. Diseñamos espacios de concreto inamovibles para vidas que, por naturaleza, cambian constantemente.

El verdadero desafío de la habitabilidad urbana no se resuelve vertiendo más cemento en los bordes de la ciudad, obligando a nuestros adultos mayores o a los jóvenes profesionales a depender crónicamente del automóvil para cualquier interacción básica. La verdadera innovación no es tecnológica, sino de gobernanza y diseño social.

El desarrollo inmobiliario del mañana debe dejar de operar como una burbuja aislada que provoca la expulsión o el desplazamiento de los residentes históricos de un barrio. Por el contrario, cada intervención debe nacer obligatoriamente desde la base: a través de talleres de consulta, diseño participativo y co-creación con los vecinos de la zona para entender sus dinámicas y necesidades reales. La arquitectura del futuro solo adquiere valor financiero duradero si primero demuestra su compatibilidad con el tejido humano preexistente.

Cuando un proyecto arquitectónico se co-crea con el barrio, la distribución espacial se transforma. En lugar de priorizar metros cuadrados privados inútiles y costosos de mantener, el presupuesto y el espacio se optimizan para financiar potentes infraestructuras comunes de alta intensidad: salones de trabajo compartido, áreas de lavandería comunitaria y plantas bajas integradas orgánicamente a aceras peatonales arboladas y dinámicas.

Esta optimización espacial abre las puertas a una tercera vía de tenencia: el Leasehold Urbano Colectivo. Bajo este enfoque, desacoplamos la propiedad del suelo del derecho a habitarlo. Al asegurar un derecho de uso flexible a largo plazo, el residente adquiere la estabilidad emocional y el arraigo de un propietario tradicional, pero conserva la agilidad de un inquilino.

Es aquí donde este modelo se convierte en un verdadero seguro para el ciclo de vida. Tradicionalmente, cuando los hijos se van y el nido se vacía, el proceso de reducir espacio (downsizing) se vive como un destierro o un castigo social, obligando a los mayores a abandonar su entorno para abaratar costos. El leasehold flexible elimina esa fricción: permite a las personas transicionar a unidades modulares más compactas dentro del mismo edificio a medida que envejecen, liberando recursos económicos sin obligarlas a cambiar de comunidad de vecinos, de comercio local ni de barrio.

Al final del día, el hardware arquitectónico intergeneracional cobra vida a través de su software humano: la Comunidad de Cuidados. Una vejez independiente y digna no se logra aislando a nuestros adultos mayores en asilos periféricos o dejándolos solos en estructuras gigantescas que ya no pueden limpiar.

Se logra integrándolos en un entorno de alta proximidad donde la convivencia se autorregula mediante plataformas digitales transparentes y normas de corresponsabilidad votadas democráticamente por los propios residentes.

Una alerta en el smartphone gestionada de manera vecinal para asistir con las compras a un vecino del cuarto piso no es un acto de caridad; es gestión comunitaria eficiente y orgánica que mitiga el riesgo del aislamiento y reduce drásticamente los costos de mantenimiento de emergencia.

Evolucionar de la especulación inmobiliaria tradicional a la gestión institucional de vivienda de proximidad nacida de la co-creación local es el único camino viable para construir resiliencia urbana. Cuando el ciudadano deja de financiar intereses bancarios asfixiantes y pasa a financiar su derecho de uso y su red de soporte mutuo, la riqueza se redistribuye y el hábitat prospera.

Las propuestas que sobrevivirán el próximo medio siglo en Panamá no serán aquellas que vendan cemento en la periferia, sino las capaces de transformar el hábitat central en una plataforma de servicios profundamente humana, transgeneracional y conectada con la realidad viva de su calle.

El concepto de Suelo Programado, también conocido como doble zonificación, ha surgido en Panamá como una propuesta innovadora para la planificación urbana. Este modelo combina dos instrumentos clave. El primero es el “Uso de Suelo Sobrepuesto” (Overlay Zoning), una regulación complementaria que permite el desarrollo por fases, comenzando con un código de uso de suelo de menor intensidad y progresando a uno de mayor intensidad. El segundo es una “tasa por impacto urbanístico” o “compensación urbanística” (Impact Fee), un mecanismo diseñado para capturar la plusvalía generada por los nuevos desarrollos. Estos fondos se destinan a mitigar los impactos negativos, mejorando la infraestructura, el equipamiento urbano y el paisajismo de los barrios afectados.

Un ejemplo claro de su aplicación es el caso de San Francisco Centro. Un desarrollador podría construir un edificio de 10 pisos con el código base 1ZM5 sin pagar nada adicional. Sin embargo, si desea construir una torre de 12 pisos, deberá acogerse al código de uso de suelo programado 1ZM6 y pagar un canon sobre el área de construcción y la población adicional. Este pago se canalizará a un fondo de compensación para proyectos de mitigación y mejoras en el barrio. Esta capacidad de generar fondos para obras de mejora en el barrio es lo que legitima el Suelo Programado. En épocas de bonanza, la plusvalía capturada podría incluso financiar mejoras en otros barrios o corregimientos.

Para que este modelo funcione, es crucial que el Municipio de Panamá, la Junta Comunal de San Francisco y la Junta de Desarrollo Local del barrio afectado cuenten con un programa de obras definido. Este programa, basado en las necesidades del barrio y los ingresos esperados, garantizaría la inversión adecuada de los fondos. La falta de un programa claro y un fondo dedicado podría restarle toda legitimidad a la propuesta ante los residentes.

Además, es fundamental considerar la implementación de un Plan Maestro para grandes lotes o áreas en transición, como San Sebastián. Un plan de este tipo debería incluir ajustes prediales y relotificación, asegurando una integración armónica del desarrollo urbano con su entorno y evitando así la creación de desarrollos aislados.

Si se aplica correctamente, el Suelo Programado representa una oportunidad única para que autoridades, desarrolladores y residentes colaboren en la mejora progresiva de la calidad de vida en zonas con alto potencial de crecimiento inmobiliario y en zonas que el municipio determine que necesitan ser revitalizadas y repobladas, en especial aquellas más céntricas, como Calidonia o Curundú. Esto permitiría que el desarrollo sea verdaderamente integral, no solo atrayendo inversión y empleo, sino también distribuyendo sus beneficios a las comunidades existentes y futuras. El éxito de esta iniciativa dependerá del contenido del Acuerdo Municipal que regule las contribuciones urbanísticas.

Este artículo de opinión fue publicado originalmente por el Diario La Prensa de 14 de septiembre de 2025.

Todo ejercicio de gestión urbana involucra cierto grado de conciencia de que toda acción urbanística tiene consecuencias socioeconómicas. Un ejemplo claro de ello son las normas de uso de suelo y la zonificación vigente en Panamá desde mediados del siglo XX, todas ellas de inspiración estadounidense y modernista, en especial su variante euclidiana con su racional y extrema separación de usos de suelo (comercial, residencial, industrial) y su preferencia por el automóvil como medio de transporte “… que ha anulado por completo nuestras viejas ideas de la planificación urbana” (Le Corbusier, 1924).

Dicha zonificación con su regulación predial basada en la densidad poblacional, sus retiros, porcentajes de área construida y mínima y listados minuciosos de edificaciones permitidas echaron por tierra más de 400 años de tradición urbanística hispana renacentista (con sus cuadrículas con manzanas cortas, mezcla de usos, mezcla social y espacios jerarquizados en ciudades compactas) y ha servido como base para la especulación inmobiliaria, la segregación social del espacio urbano y la expansión voraz del suburbio con los costos sociales, ambientales y fiscales que estos han representado.

Otro ejemplo son los bienintencionados incentivos a la inversión privada (disfrazados de subsidios a la clase media y baja) como el Bono Solidario o el Interés Preferencial para préstamos hipotecarios las cuales a largo plazo distorsionan el mercado inmobiliario residencial y refuerzan la antes mencionada especulación y segregación espacial expulsando cada vez más a la clase media baja y baja a las periferias.

Todo ello mercadeado como una mejora en calidad de vida alejada del bullicio y suciedad de la vida urbana para nuestras élites económicas, políticas y culturales que huyeron a las periferias iniciando así la degradación y devaluación del casco urbano de ciudades como la nuestra en el siglo XX gracias, en no menor medida, a los avances tecnológicos en el transporte como el auto, el tranvía y el autobús creando así un modelo de aspiración social hacia la vivienda propia, en tierra propia, con un auto propio que posibilite el acceso a la ciudad desde un ambiente semi rural.

Más de tres generaciones hemos crecido bajo este esquema aspiracional creando así una nueva tradición urbanística de la cual será difícil de romper a menos que las elites lideren una nueva aspiración social por vivir, trabajar, estudiar y entretenerse cerca, en un ambiente socialmente diverso… como siempre los humanos hicimos por milenios.

Es por ello por lo que la construcción preferente de la Línea 5 del Metro de Panamá es la mejor oportunidad para catalizar dicho cambio social, al acercar los barrios de La Exposición, Bella Vista, San Francisco, Parque Lefevre y Costa del Este, animando así a sus residentes a dejar el auto en casa.

Dicho proyecto podrá ir acompañado de una política urbanística municipal que cree zonas especiales de desarrollo con un régimen especial de asociaciones público-privadas diseñadas con contribuciones de capital y regulaciones urbanas que potencien el mejor y más intenso uso de la propiedad en zonas con infraestructura mejorada y un óptimo nivel de equipamiento urbano preferiblemente cerca de las estaciones del metro para desconcentrar la vida urbana y sus oportunidades en nuevos nodos y centralidades metropolitanas.

Mientras la sociedad siga viendo a políticos, activistas y profesionales urbanos de clase media y alta predicando las bondades sociales y ambientales de la caminabilidad desde sus barrios amurallados y bien curados, movilizándose en grandes autos a gas, eléctricos o híbridos, los componentes más aspiracionales de esta sociedad seguirán copiando lo que hacen y no lo que dicen los primeros, perpetuando así el infierno vehicular que padecen los residentes de Panamá Oeste, Panamá Norte y Panamá Este y se opondrán, con justa razón, a toda política que limite el ingreso del auto particular al centro de la ciudad como en el resto del mundo civilizado. Si la élite urbana lideró un cambio profundo en el siglo XX, lo puede repetir en el siglo XXI. La ciudad y las generaciones futuras se lo van a agradecer.

Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 13 de septiembre de 2024.