La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Es triste ver como gobierno tras gobierno se sigue gastando dineros públicos, recalentando las mismas recetas de siempre con resultados cuestionables en busca de supuestamente resolver el problema práctico de la vivienda (vista solamente como el espacio físico “formal y digno” o sea una casa o apartamento no improvisado) que representa además una oportunidad de negocios a constructoras y promotoras (esperemos que no sólo a las allegadas al gobierno) sin resolver integralmente el Derecho Humano a la Vivienda Digna y Adecuada.

Con el derecho humano a la vivienda digna y adecuada, se entiende que el estado ofrece no solo la seguridad de la tenencia de la tierra o su asequibilidad, sino que además garantiza la provisión estable de servicios básicos (como luz, agua, telecomunicaciones), así como su habitabilidad (con buena calidad de construcción y diseño), su accesibilidad (pensando en las personas ciegas o en sillas de rueda o para los coches de bebé) además de su ubicación adecuada en un medio donde se pueda acceder de manera fácil a oportunidades de empleo y servicios sociales tales como escuelas, clínicas y guarderías, áreas verdes, comercios y entretenimiento.

En pocas palabras el derecho a la vivienda digna y adecuada también involucra el Derecho a la Ciudad, sus servicios y beneficios, lo cual se contradice con la práctica tradicional de construir “soluciones de vivienda” en tierras baratas lejos del centro de la ciudad o en torres de apartamento para gente de ingresos bajos los cuales desde el punto de vista urbanístico constituyen verdaderos «depósitos de pobres» en donde el estado saca a personas de escasos recursos del hacinamiento y la precariedad en barrios céntricos como Santa Ana, Curundú, Calidonia o El Chorrillo o en alguno de los asentamientos informales y los depositan lejos de la vista en Arraiján, Pacora, Alcalde Diaz o Altos del Lago, lejos de sus lugares de empleo y modos de subsistencia y replicando en su nuevo barrio los ciclos de pobreza y desesperanza en los que han vivido siempre, constituyendo esto una forma de Segregación Espacial.

En efecto, con los proyectos del MIVIOT como “Techos de Esperanza” y los proyectos privados financiados en parte con el Bono Solidario (ahora Plan Solidario de Vivienda),  se crean urbanizaciones para la «gente pobre», más no se brinda una «vivienda digna y adecuada» si consideramos que al promotor se le permite diseñar y construir viviendas chicas y urbanizaciones pobres (bajo el código de zonificación RBS) con el fin de ahorrar costos, pero truncándole al comprador el potencial de tener una propiedad que pueda valorizarse en el tiempo y cuyo valor acumulado no va poder dar en herencia a sus hijos por la mala calidad del espacio tanto urbano como arquitectónico provisto además del cúmulo de problemas sociales que su urbanización acumula por su falta de integración urbana y social.

Como estrategia económica e inmobiliaria no se entiende el afán de apostar por los grandes proyectos de vivienda en estos tiempos de crisis y de escasa recaudación fiscal si consideramos que ya existe un inventario excedente de casas y apartamentos especialmente en Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá que necesita urgentemente ser colocado. Entonces, no es que estemos ante un problema de falta de viviendas en oferta o ante una falta de demanda suficiente para dichas viviendas, estamos ante un problema económico en donde vendedores y compradores locales no se ponen de acuerdo sobre el precio justo de la vivienda; lo cual deriva en peticiones cuestionables de flexibilización de la legislación migratoria y laboral con el fin de evitar “sincerar los precios” a nivel inmobiliario importando compradores supuestamente de mayor poder adquisitivo.

El excedente de vivienda es una oportunidad para los gobiernos nacionales y locales de implementar un verdadero Plan Solidario de Vivienda que  involucre políticas de integración social a nivel urbano, ofreciendo caso por caso a personas de distintos niveles de ingreso soluciones de vivienda en distintos proyectos existentes en el centro de la ciudad evaluando su integración a su nuevo ambiente. Una forma de lograrlo sería que el gobierno comprase por lo menos el excedente de viviendas construidas y en construcción dentro del rango de interés preferencial, a precios de construcción, de manera tal que los inversionistas y bancos recuperen como mínimo el dinero invertido quizás sin ganancia o intereses, pero desembarazándose de ese peso.

Con el inventario adquirido, el gobierno nacional, los gobiernos locales o entidades autónomas como la Caja de Seguro Social podrían pasar a vender (con nuevos préstamos hipotecarios del Banco Nacional o la Caja de Ahorros) o arrendar las unidades de vivienda a precios asequibles, tomando en cuenta la merma en los ingresos que han sufrido numerosas familias panameñas de distintos estratos sociales y la necesidad de las personas de estar relativamente cerca a sus centros de trabajo y estudio, recuperando así el dinero invertido y utilizarlo para adquirir otras viviendas del inventario existente.

Una vez reducido el excedente de vivienda, el sector privado, esta vez sí, estaría en condiciones de reiniciar un nuevo ciclo constructivo que podría crear miles de trabajos y el estado podrá entonces abandonar de una vez por todas las políticas de-facto de segregación socio-económica imperantes que les niegan a las personas de ingresos medio-bajos y bajos el derecho a la vivienda digna y adecuada además del derecho a la ciudad. Eso sí sería una forma de solidaridad en donde todas las partes involucradas salen ganando.

Cuidado: Hablar sobre las relaciones entre distintos grupos humanos en cualquier sociedad puede ser como caminar entre pedazos de vidrio. Sin embargo, en algunos países, declararse miembro de una “grupo o minoría vulnerable” puede conferir un blindaje a toda prueba en redes sociales o en cualquier conversación entre cervezas.

Esto no tendría nada de malo, si no fuera porque además le da la libertad a dicha persona de decir prácticamente lo que le venga en gana con total impunidad y sin derecho a réplica gracias a toda una alianza informal (nacional e internacional) entre académicos, activistas, artistas, comunicadores sociales y gente común. Todos estos son sostenidos por una nutrida red de empresarios y políticos (del patio y/o del extranjero) que les financia y protege además de la ignorancia generalizada que nos aqueja y que nos hace aceptar todo lo que se nos imponga sin mucha crítica, a menos que se tenga experiencia o noción de lo contrario.

Lo positivo: Sin embargo, no todo es malo, muchos de los temas que se han sacado a relucir y nos han hecho meditar en tiempos recientes eran esqueletos escondidos en el armario que no podían seguir ocultos para siempre, por ejemplo, la discriminación por motivos de sexo, religión, etnicidad, condición socioeconómica y… (¿por qué no?) preferencia sexual. Pero ese no es el problema. El problema está cuando un debate serio sobre estos temas es castrado desde el inicio por una serie de reglas no-escritas que no permiten hablar con total sinceridad de estos temas espinosos ya que se corre el peligro, no sólo de ofender a nivel personal, sino de quedar estigmatizado socialmente o en algunos casos incluso de ser vigilados y censurados por una suerte de policía política auto-nombrada en redes sociales. Esto trae como consecuencia la polarización social que se ve en Twitter y hoy día se manifiesta en las calles de los EE. UU. o de Europa.

¿Somos los hispanos racistas a lo gringo? Por ejemplo, cuando se habla entre panameños (e hispanoamericanos) de las relaciones entre grupos étnicos, raciales, o nacionales las conversaciones tienden a girar en torno a clichés y lugares comunes (por lo general en torno a la Leyenda Negra de nuestra historia hispana), el tomarse las cosas personalmente, lo anecdótico, el postureo ético (virtue-signaling), los prejuicios (de toda índole) y las ideologías importadas sin ninguna consideración por el contexto o ninguna preocupación por matizar (por ejemplo la creencia de que en el mundo hispano existe un racismo comparable o con la misma equivalencia moral que la del mundo anglosajón). Por lo general muchas opiniones de este tipo no están informadas por datos emanados de las ciencias sociales o son influidas por modas intelectuales sin ninguna clase de contextualización más bien están basadas en subjetividades y resentimientos sobre experiencias personales que pueden encontrar explicaciones alternas al racismo.

Obsesión racial ¿Por que debemos obsesionarnos con la raza como los gringos? ¿Queremos una sociedad segmentada y fragmentada por el color de la piel, el origen nacional o étnico solo para complacer un capricho? ¿Que tiene de malo pensarnos como un crisol de razas? ¿Queremos pasarnos llenando formularios que te preguntan de que grupo étnico o racial consideras que eres y vivir de acuerdo a sus estereotipos? ¿Que tiene de malo la asimilación y consolidación en un sólo pueblo? Eso no desdice de los aportes culturales e intelectuales que se puedan hacer, solo le indica a todos que es necesario tener un relato común y unas ideas comunes que nos unan y ayuden a una mejor convivencia. Tampoco necesariamente invisibiliza (¿Que tal si alguien quiere adoptar como estrategia de vida ser uno más del montón y le gusta?) ¿Porque hemos de lamentarnos cuando un barrio étnico desaparece? ¿Acaso sus habitantes no tienen derecho de hacer con sus vidas algo distinto que ser un zoológico humano o un freak show? Obviamente tampoco esto debe significar que no se represente en los medios y la publicidad la diversidad existente, pero tampoco falsear la realidad.

Hacia un abordaje serio del tema racial ¿Cuándo podremos abordar con mayor seriedad nuestra historia, nuestra cultura, nuestra sociología, nuestra economía, nuestra antropología sin caer en cuentos de buenos vs. malos, blancos vs. negros, héroes vs. villanos, opresores vs. oprimidos, colonizadores vs colonizados y salir vivos del intento? ¿Cuándo llegará el día en que políticos, activistas y grupos de interés dejen de manipular las ciencias sociales y aplicadas para inculcar su visión del mundo en el sistema educativo y en los medios de comunicación social?

La asimilación y mestizaje. De sumo interés general sería tener, por ejemplo, más y variadas publicaciones sobre el proceso de asimilación o no asimilación de las poblaciones inmigrantes en la sociedad panameña y de panameños en el exterior de cualquier origen. O del rol de la pobreza en la que caen las poblaciones que migran a las grandes urbes y como dicha pobreza tiende a identificarse con los grupos humanos que mayoritariamente viven en esa condición sin importar su origen étnico, religioso o geográfico. Quizás una mayor investigación de estos temas nos ayude a dilucidar si el mal perenne de la sociedad panameña (o hispana) es más la xenofobia, el clasismo o simplemente la natural desconfianza y temor a lo nuevo, extraño y aparentemente peligroso que un verdadera discriminación a la “Jim Crow” o quizás solo la pobreza.

No satanizar. ¿Que tal considerar como válido el punto de vista de las poblaciones receptoras (sea de la raza, clase o religión que sean) que piden y hasta exigen el respeto a sus usos y costumbres solicitando a los nuevos asimilarse a su nuevo ambiente? por ejemplo respetando las reglas de ruido, de estética visual, de convivencia con animales, de convivencia entre sexos, de pudor o de higiene ¿Acaso deben de estar todas las partes en la obligación de tolerarlo todo? ¿Acaso existe un privilegio para alterar los usos y costumbres establecidos por los recien-llegados? ¿Porque decir esto te hace intolerante, racista o discriminatorio (o el Demonio en persona)? Estas son preguntas incómodas que pueden meterte en un serio problema en algunos medios.

Racismo inverso. Tampoco se estudia «el racismo a la inversa» (porque todos los seres humanos discriminamos por múltiples razones), un ejemplo clásico es cuando se estudia el caso de la Zona del Canal. En dicho caso es difícil encontrar algún libro o artículo que trate sobre los comentarios a voces de la vivencia y condición social de los hispanos en la Zona del Canal la cual, de acuerdo a algunos testimonios, era la de ciudadanos no de segunda, sino de tercera categoría al ser discriminados de oportunidades económicas, laborales y sociales por los angloparlantes tanto gringos como antillanos. Este pareciera un tema tabú o de escaso interés por alguna extraña razón, pues se está desaprovechando que aún viven entre nosotros personas que pudieran dar su testimonio y que este pudiera ser contrastado con los documentos históricos. Quizás no estamos preparados para esa conversación pendiente…o simplemente los zoneítas hispanos decidieron pasar la página y no vivir en el perenne recuerdo o guardando resentimientos viejos .

Más academia, sería y libre, y menos sentimentalismo. Pero quizás este pidiendo mucho a un mundo académico pobremente financiado y corto en personal disponible para estos menesteres, sin embargo, es importante ir rompiendo con los paradigmas intelectuales e impulsar a los estudiantes y profesionales (y personas de a pie) a explorar otros puntos de vista y una infinidad de temas sin arriesgar quizás sus carreras y reputaciones y que el público en general estemos dispuestos en hablar de estos temas con madurez y rigor intelectual, no con sentimentalismos y simplismos.

Reconocernos como una sociedad perfectible. Quizás, el resultado final de este peligroso periplo social sea un reencontrarnos con nosotros mismos y enorgullecernos de la sociedad que hemos construido con los aciertos y errores típicos de toda sociedad humana y de las cuales hemos aprendido.

20% de desempleo en Panamá para finales de 2020, según el diario La Prensa del 19 de mayo de 2020. Digiramos esa cifra por favor y dejemos repose en nuestra mente…¡¿Y QUE ESTAMOS HACIENDO AL RESPECTO?! Pues muy poco, o somos muy lentos reaccionando.

Si lo piensan bien, esa revelación no debería ser ninguna sorpresa, muchas «suspensiones» son en realidad despidos disimulados y sin consecuencia (no pagan primas de antigüedad, vacaciones acumuladas, etc.) al poner al empleado en un limbo laboral, hasta que logre enganchar un nuevo trabajo (con lo cual renuncia a sus derechos anteriores).

La crisis del Coronavirus y el estado de emergencia le cayó como anillo al dedo a muchas empresas con ingresos cada vez menores y que estaban agonizando entre asumir los costos de liquidación de muchos empleados, no perder su capacidad instalada o evitar la bancarrota.

Y eso que tampoco estamos hablando de los recortes salariales disimulados en las «media-jornadas», pues se trabaja igual o más (si consideramos que muchos asumen los roles de ex-colegas o el peso de la eficiencia tecnológica), eso es, si el empleado se deja claro está. Pero, ante el escenario entre ser explotado y estar sin empleo creo que nadie sería tan insensato en preferir lo último.

Un empleador podría decir que los empleados deben ser conscientes de la situación y que si se manejan con todos sus derechos garantizados quedarían todos solo con sus derechos protegidos pero sin poder traer el pan a la casa ni empleador, ni empleado. La realidad es que no estamos en los tiempos de bonanza y todos debemos apretarnos el cinturón.

Muy bien… ¿pero no están los empleados en cierta forma participando de los riesgos de las empresas? ¿Si es así, no merecen también participar de las ganancias? Y no me refiero a bonos, sino en participación accionaria o un préstamo con intereses pues la parte de salario que se está cediendo está financiando a las empresas hasta lograr su recuperación financiera ¿o no? Podrían botar al empleado y pagar las liquidaciones correspondientes, pero el costo de oportunidad perdida por ello podría ser mayor que el de retenerlos para echar el hombro junto con los dueños de empresas.

Si bien se supone que esta situación es temporal, en esta parte del mundo lo temporal se convierte en permanente y se está sentando el precedente para futuras crisis empresariales. Es cierto que la legislación laboral necesita ser flexible para no destruir a las empresas de todos los tamaños, y la fuente de ingresos de la inmensa mayoría, pero no puede ser un juego de suma cero. Es hora de encontrar el equilibrio. Si el salario es una forma de participación en las ganancias en tiempo de normalidad, lo justo no es simplemente botar al empleado o recortar su salario de manera subrepticia, lo justo es hacerles partícipes de las soluciones para echar las empresas adelante y conservar el bienestar de todos los involucrados.

En fin, esa cifra en realidad iba salir a flote con o sin coronavirus, lo que hizo la pandemia fue evidenciar la realidad oculta. No hay suficiente dinero ingresando al país como para sostenernos a todos por lo que cabe preguntarnos ¿Qué vamos a hacer?

También sale a la luz el estilo gerencial arcaico que ve al empleado como siervo y no como un socio clave. Con el teletrabajo, las relaciones laborales cambiarán hacia formas más precarias de trabajo, ya lo verán. La mayoría de puestos en el sector servicios pasarán paulatinamente al «gig economy» o dicho en buen panameño pasan a la «economía del chivo o camarón», por lo que en un futuro no muy lejano muchos empleados (no todos) pasarán a ser pequeños empresarios (camaroneando), con todas las responsabilidades y presiones que ello conlleva y dispensando al empleador de ellas. Ser un pequeño empresario conlleva ciertas prácticas y una disciplina personal que permita la sostenibilidad y sobre todo garantice un retiro decoroso.

Dichas prácticas incluyen el ahorro, los horarios, las fechas de entrega definidas, la búsqueda constante de clientes, manejar clientes distintos al mismo tiempo y sobre todo, el saber negociar y defender lo suyo. Y es en este punto donde somos más vulnerables pues requiere reconocer con humildad y orgullo el valor de nuestro trabajo, no medida en dinero por horas/hombre, sino por el valor de nuestros entregables en sí para nuestros cliente que se beneficiarán de nuestro trabajo (revendiéndolo o como insumo para un producto de mayor valor) y saber medirlo en dinero. Esa no es una ciencia, eso es un arte que tarda años en amaestrar.

También requiere saber cobrar efectivamente, otro arte difícil para muchos, en especial porque requiere reconocer la credibilidad de un potencial cliente y su capacidad real de pago a tiempo. Más importante aún es tener la disciplina de no gastarlo todo y administrar bien los recursos. Hay que apartar dinero para impuestos, seguro social, seguro de salud, para imprevistos de la empresa, para reinversión, etc. y por supuesto en base a ello calcular cuánto nos queremos ganar mensualmente de manera realista y sostenida. Por supuesto que a la hora de dar precios hay que saber cuánto nos va costar en el tiempo los impagos de nuestros clientes y cobrárselo por adelantado dependiendo de su reputación y credibilidad.

Y no crea que porque usted tiene un puesto gubernamental está exempto de esto, los municipios por ejemplo tuvieron que pedir ayuda para poder mantenerse momentáneamente a flote y el gobierno nacional tuvo que pedir prestado en el extranjero. La razón es sencilla, sin nuestros impuestos ustedes no pueden vivir, por tanto debería usted empleado público (o municipal) ayudar a que su representante de corregimiento, alcalde o ministro logre incentivar las actividades económicas en sus corregimientos, municipios o provincias. Es importante atraer inversiones y cobrar los impuestos sobre la tierra y las actividades económicas en donde están. No puede ser que vivan sólo de lo que les envía el Municipio de Panamá en base a lo que generan los pocos corregimientos ricos de la capital o con préstamos internacionales. ¡Pónganse las pilas! De lo contrario quedará camaroneando como el resto.

Si no saben cómo lograr que su gobierno se ponga las pilas, bueno, pueden contratar consultorías con nosotros los profesionales en planificación regional y urbana, los economistas y un largo etc. No se roben la plata que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Si lo piensan bien una recuperación económica en sus corregimientos podría redundar en aumentos para ustedes o nuevas oportunidades de trabaja para ustedes, hijos o nietos.

Por Carlos Antonio Solís Tejada

La crisis del coronavirus puede afectar gravemente a ese 40% de Población Económicamente Activa que labora en la Informalidad ya que viven del día a día por la naturaleza misma de dicha condición laboral o de negocios. Es por ello que se hace necesario aprovechar la coyuntura para que continúe la discusión del Proyecto de Ley 83 que crea las Sociedades de Emprendimiento de Responsabilidad Limitada (SERL), la cual ha estado estancada desde octubre de 2019. 

Dicho proyecto de ley contempla una simplificación de trámites burocráticos con apoyo de las tecnologías digitales para el registro de las pequeñas y medianas empresas. La formalización de ese 40% informal constituyéndose en socios únicos o en sociedad de pequeñas empresas, les permitiría abrir cuentas bancarias y crear ahorros además de poder beneficiarse del uso de aplicaciones de pago móviles  como Yappy o Nequi (o alguna versión unificada de todas ellas como ocurrió con el sistema Clave) que evite el uso de efectivo en transacciones por montos pequeños aumentando así la seguridad de las transacciones comerciales y reduciendo el riesgo de contagio de cualquier virus. 

Con el apoyo dela Inteligencia Artificial, los bancos estatales podrían tener un rol clave en dicho proceso de formalización convirtiéndose en entes que lleven de forma automatizada la contabilidad de dichas empresas ante la DGI, la CSS y los municipios de manera que se puedan ahorrar todo el proceso  y trabajo del pago de obligaciones además de deducir los pagos de los servicios públicos (agua, luz, aseo).

Dichos bancos podrían incluso ser los primeros en ofrecerles crédito a estos nuevos clientes en la forma de tarjetas de crédito, préstamos personales o préstamos hipotecarios lo cual redundaría en la acumulación de capital en dichas familias y el acceso a bienes y servicios de mayor calidad, por ejemplo la salud y educación privadas, además de la adquisición de vivienda de calidad y por lo menos un automóvil.  Si se piensa bien, destapar dicho potencial sería revolucionario y una ayuda muy necesaria para impulsar la economía nacional después de pasada la emergencia sanitaria.

También, si llegara a consolidarse el Teletrabajo en la cultura empresarial panameña, muchos empresarios comenzarán a percatarse primero de que no necesitan tener ciertos empleados presentes en la oficina para luego percatarse de que no tienen que estar estos necesariamente dentro de sus planillas, pasando estas posiciones a ser subcontratadas a contratistas independientes (FreeLancer) que necesitarán de un régimen de SERL para operar de manera sosteniblemente sin perjuicio alguno.  Esto será una evolución en su modo de trabajo pues no necesariamente tienen que desempeñarse profesionalmente para un solo cliente sino que pueden hacerlo para múltiples clientes. De hecho incluso ya existen secretarias virtuales que tienen a varias firmas como clientes tomando llamadas, organizando agendas y citas además de hacer encargos y compras.

No es lo mismo ser un tele-trabajador que un freelancer ya que el primero está sujeto a horas de trabajo y cuotas de producción y el segundo trabaja por encargo y fechas de entrega,  siendo el primero más regimentado que el segundo. 

Si bien algunos podrían ver esto como trabajo precario al no contar con estabilidad laboral y con derechos adquiridos, quizás una manera de evitar esto es que los bancos mediante una contabilidad automatizada con Inteligencia Artificial acuerde con los micro y pequeños empresarios establecer salarios para los mismos con sus correspondientes deducciones de manera que no se pierdan los ahorros para vacaciones, XIII mes, jubilaciones, salud, seguro educativo, etc. y estos sean remitidos automáticamente a las cuentas de las  instituciones correspondientes en el Banco Nacional. Este modo de trabajar podría incluso extenderse a las grandes empresas reduciendo así su carga burocrática aumentando así la recaudación fiscal.

La cuarentena impuesta y el teletrabajo también pueden estar redundando en beneficio de las familias, en especial  las de clase media y de ingresos bajos ya que el tiempo de cuarentena pueden estar significando una mayor atención a las necesidades de las parejas y de sus hijos, tiempo que antes se perdía en tranques y diligencias presenciales.  Tomando todo lo anteriormente mencionado en consideración, los beneficios y cambios podrían ser tan grandes que podrían destapar toda una revolución social silenciosa que ayudaría a consolidar a las familias panameñas y la clase media emergente (compuesta de taxistas, peluqueras, buhoneros, verduleros, mecánicos) y con el potencial de ahorro y consumo que puedan tener en conjunto con una nueva clase empresarial surgida de la clase media trabajadora. Esto podría generar cambios políticos importantes en un futuro no muy lejano.  

Por Carlos Antonio Solís Tejada

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, no se imaginó la magnitud de la reacción que provocaría su solicitud de abrir las fronteras al talento foráneo y gracias a ello ha abierto un debate que atañe al funcionamiento de muchas empresas en Panamá: Sus políticas de Recursos Humanos. Tengo la impresión de que el problema que dicen tener de captar y retener talento local esté (quizás) íntimamente relacionado con varios posibles factores culturales subyacentes y que muy pocos comentan.

Para arrancar esta conversación necesaria comencemos con cuatro temas:

1. El clasismo/colorismo/racismo, no solo de los dueños sino de los mismos reclutadores.

2. El credencialismo y la inflación académica
3.El complejo de inferioridad frente a lo no-hispano y que desprecia lo hispáno (local).
4. El complejo de superioridad (el cual está íntimamente ligado a los otros 3) .

Estos cuatro factores en cualquiera de sus combinaciones pueden estar conspirando no solo en contra de la mano de obra panameña y su autopercepción, sino también a las empresas y su autopercepción.

En base a datos anecdóticos, sacados de observaciones y comentarios creo que se puede detectar señales claras de clasismo (y a veces racismo) que pudieran estar afectando la percepción y evaluación (tanto de reclutadores como de gerentes y socios y colaboradores de rango medio) de los méritos de los candidatos para ser contratados o ascendidos para cargos de tipo técnico, profesional o gerencial, además de la percepción de por cuánto  dinero deberían ser remunerados.

Por ejemplo, no en pocas ocasiones se escucha la anécdota de cómo, para una misma posición, existen salarios distintos en la misma empresa en detrimento de quien, a pesar de su experiencia y capacidad, no cuenta con la apariencia, locuacidad, osadía, contactos internos, origen social y lugar de residencia “correctas” para merecer un salario “alto”. En no pocas ocasiones el beneficiado tiende a ser o extranjero de tez clara o un panameño de clase media alta (muchas veces de tez clara) proveniente de ciertos reconocidos colegios privados de la Ciudad de Panamá. Esto nos trae al credencialismo y la inflación académica.

El credencialismo como fenómeno global, tiende a utilizar los títulos académicos, las instituciones académicas que los generan, y los países que los albergan no solo como sustituto de las pruebas de inteligencia, habilidades y destrezas o de una simulación en el puesto de trabajo sino de la valía social del candidato. Esto termina creando una inflación académica que reduce el valor de un bachillerato, de una licenciatura e incluso de una maestría mientras más sean las personas que, por necesidad y aspiración social, adquieran un título académico cada vez mayor.

Antes, para ser reclutado para trabajar en una oficina, bastaba con ser bachiller y con la experiencia y el entrenamiento adecuado podías ascender a otros puestos. Hoy día, muchas empresas de servicios exigen una licenciatura como mínimo para las labores más sencillas como recepcionista, vendedor, inspector, supervisor, asistente etc. o un bachiller para ser chofer, limpiador o ayudante general, resultando en colaboradores sobre educados y mal compensados para su posición tomando en consideración el costo en dinero y tiempo que tiene la educación sin importar si esta fue pública o privada.

Se podría argüir a su favor que hoy día es necesario debido a los cambios tecnológicos y culturales que exigen un mayor nivel de educación, sin embargo, cuando uno observa la realidad de algunos puestos, estos no han cambiado en lo esencial; simplemente requieren de parte de la empresa brindar la capacitación necesaria para desempeñar el puesto con el nivel de calidad deseado con la tecnología deseada.

Una parte del credencialismo en Panamá  es la percepción social de los colegios secundarios y el país donde se estudia la universidad. En otras palabras, no es lo mismo como es percibido un candidato proveniente del Colegio Javier que uno de la Escuela Internacional o la Academia Interamericana, o de alguna de estas escuelas privadas vs candidatos del Instituto José Dolores Moscote o del Instituto Nacional. La mayoría de las veces la persona proveniente del sistema público termina siendo peor ponderado sin siquiera conocerse si cumple con los requisitos del puesto o no. Lo mismo pasa cuando se compara a una persona que estudió en Panamá contra aquella que estudió fuera, especialmente en Europa o los EE.UU; la que estudia 100% en Panamá termina comenzando con desventaja la carrera de la vida, sin importar que el candidato que estudió fuera, lo haya hecho en la universidad y la carrera más bruja de dicho país. Esto nos lleva al tercer problema: El complejo de inferioridad frente a lo no-hispáno.

El complejo de inferioridad frente a lo anglosajón o lo que provenga del norte de Europa es un tópico recurrente, un lastre que compartimos con nuestros hermanos hispanoamericanos y españoles desde probablemente el siglo XVIII (algunos dicen que con la influencia de los afrancesados) después de haber interiorizado a través del sistema educativo nuestra Leyenda Negra en ambos hemisferios. Esta admiración enfermiza por lo francés, que luego pasó a ser por lo inglés y luego por lo norteamericano y nórdico fue aumentando a medida que la influencia y poderío del Imperio Español fue menguando y las causas de dicha inferioridad fue encontrada en nuestros supuestos defectos culturales, en especial nuestra religiosidad católica y nuestro mestizaje cultural y racial cuya influencia supuestamente provocó nuestro atraso científico y tecnológico, la corrupción política y por consiguiente el declive militar y económico.

Es por ello que todo aquello que aparente ser muy autóctono, muy criollo, muy mestizo a la clase media hispana tradicionalmente le parece inferior, de mal gusto, atrasado, fanático y de esto no escapamos la clase media panameña. Esto explica por tanto el complejo de superioridad de aquellos que se piensan apartados de todo lo anterior, aquellos que por haber pasado unos años (o incluso semanas) en un país nórdico o “avanzado” piensan que, por ósmosis, dejaron de ser como los demás criollitos que viven en estas tierras y piden a gritos que vengan preferiblemente esos nórdicos o quienes se les parezca a invadirnos. Vale la pena añadir que este complejo de inferioridad y superioridad también subyace en la discriminación y trato despectivo contra nuestros hermanos hispanos tanto de Panamá como de España e Hispanoamérica.

Es por ello que necesitamos urgentemente hacer una reflexión profunda sobre nuestras actitudes personales y sociales hacia nuestra identidad cultural como hispanos, como cultura mestiza barroca, con valores católicos y habla hispana, que es al final aquel pegamento que nos une a todos a pesar de nuestras diferencias de color de piel, de nivel socioeconómico, de convicciones religiosas o políticas e incluso de origen étnico. Una vez reconciliados con nosotros mismo creo que estaremos en condición de poder enfrentar los retos económicos, educativos, tecnológicos  y políticos que nos depara el presente y el futuro, sin complejos, con inclusión y con una sana y humilde autopercepción y poder sin temor abrir las puertas a quien sea si en verdad lo necesitamos.

Este será nuestro principal reto de cara al bicentenario de nuestra separación del Imperio Español, y para ello necesitamos que los políticos, intelectuales, artistas y empresarios asuman este reto y ayuden al resto de la sociedad a mejorar nuestro nivel de bienestar y nuestro acervo cultural para impulsar nuestro desarrollo científico, tecnológico y económico poniendo sus recursos a disposición y asumiendo como bandera común el orgullo por nuestra civilización hispana y dejando atrás cualquier atisbo de leyenda negra que nos ancle. Pero sospecho que esta será una labor más bien de las capas medias que han surgido desde mediados del siglo XX y que se han radicado en las periferias de nuestras urbes y son descendientes de aquellos provenientes del Panamá profundo de cultura mestiza y tradicionalista.

A medida que estas vayan incrementando su nivel socioeconómico y consolidando su influencia cultural, económica y política estos deberán asumir el rol de reivindicar sus raíces, sin victimismos ni complejos de ninguna clase mediante movimientos políticos acordes con esta nueva mentalidad. Esto será dificil, considerando el lavado cerebral pseudo-nacionalista que nos dan en la escuela, pero no dificil de asumir porque la evidencia está allí a flor de piel.

Quizás es esta la principal labor en que se debe embarcar el nuevo Ministerio de Cultura en lugar de andar tratando de monopolizar la cultura y sus instituciones públicas o privadas; o de andar promoviendo agendas que tienden a dividir a nuestra sociedad en pequeñas islas étnicas.

En el interim, mientras eso ocurra, el lunes 17 de febrero de 2020 habrá una protesta frente a la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en Avenida Cuba. Trae tu CV para empapelarles el edificio y sepan la dimensión del problema del Recurso Humano de calidad desperdiciado en Panamá.

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Reconozco que lo que escribiré a continuación no será la idea más popular pues involucra un “sacrificio” al pleno ejercicio de un derecho constitucional, como el de ser elegido, que de todos modos es ilusorio e inalcanzable para la gran mayoría de panameños, pero me parece necesario lanzarla al debate público pues la situación actual de desprestigio y deterioro de las instituciones públicas merecen a veces probar nuevas modalidades sin destruir la institucionalidad construida.

Me parece que el mayor cambio que provocaría una profunda renovación constitucional e institucional en el país, sería la introducción del mérito como criterio de selección para las funciones ejecutivas a nivel presidencial, provincial, municipal y local con el fin de descartar a los descaradamente corruptos e incapaces, que suelen ser paradójicamente premiados por el sufragio universal por su popularidad en nuestro medio.

El quid del asunto está en determinar aquellas características que se deben considerar meritorias, bajo qué criterios éticos y morales y quien las juzgara. Para arrancar la discusión al respecto creo que hay cosas que son evidentes por ejemplo considerar que siendo nuestra sociedad de tradición judeocristiana, evidentemente dicha tradición ética y su escala de valores será la que la mayoría, sin distingo de creencias personales, estaremos de acuerdo que es el mínimo común sobre el que debemos partir.  Una vez aclarado esto tenemos ya un canon sobe el cual juzgará el Tribunal Electoral la integridad ética personal y las propuestas y visión estratégica de los candidatos a representante/concejal, alcalde, gobernador y presidente junto con criterios más objetivos como la excelencia académica y profesional o la eficiencia gerencial demostrada. Ya aclarado que determinará el mérito, tenemos entonces que considerar que dentro del proceso de construcción de una ciudadanía sana, se hace necesario canalizar adecuadamente la voluntad popular y que esta sirva de contrapeso a los excesos en que puedan incurrir aquellos electos por méritos, para que el poder no se les suba a la cabeza y entiendan que se deben a las personas que les confían el poder.  Digo adecuadamente porque hasta el momento el sistema actual tiende a premiar lo peor de la sociedad bajo criterios muy primarios e instintivos tal y como pasa en el libre mercado cultural y del entretenimiento.

Sin lugar a dudas la voluntad popular tiene su mejor expresión a través de su parlamento, consejos y juntas, sin embargo esta tiene que representar las distintas corrientes de pensamiento del pueblo y no las relaciones clientelares existentes en distintas comunidades, que es la situación actual. Es por ello que se hace necesario separar lo local de lo nacional, lo particular de los local en el ámbito legislativo además de procurar la fiel representación de la diversidad ideológica existente mediante un sistema de distribución proporcional simple. Esto se logra mediante listas cerradas de candidatos a diputados nacionales y no circuitales. La conformación de las listas debe ser responsabilidad de los movimientos y partidos políticos tomando en consideración los méritos de los precandidatos a diputado y su apego a la línea ideológica del partido o movimiento. Para garantizar que no se enquisten en el poder los diputados y sus allegados sólo deberían poder reelegirse una vez y para evitar cualquier conflicto de interés y la rapiña del erario público se debe prohibir la participación de candidatos que sean beneficiarios de subsidios, beneficios o contrato alguno del estado antes o después de su elección para evitar conflictos de intereses. Dicha prohibición debe incluir a sus familiares, empresas, socios y subalternos. Lo mismo vale para los cargos ejecutivos.

Para eliminar cualquier viso de elitismo y como base de la legitimidad popular de la selección meritoria de los ejecutivos se pueden proponer a las Juntas de Desarrollo Local de los barrios y villas del país, cuyas juntas directivas son electas por votación popular por períodos de dos años y medio y deben ser ad-honorem, para filtrar aquellos sin compromiso real con sus comunidades y la nación. Los presidentes de las Juntas de Desarrollo seleccionan a su Representante de Corregimiento por méritos en base a ternas propuestas por las comunidades de sus corregimientos  y estos deberán ejercer por 5 años. Los presidentes de las juntas pasan entonces a ser miembros de la Junta Comunal del corregimiento y son los fiscalizadores de las acciones de los representantes de corregimiento.

Los representantes electos por mérito, escogen también, cuando toque, a su alcalde también por mérito en base a ternas propuestas por los ciudadanos con un mandato de 10 año. Los representantes pasan entonces a formar el Concejo Municipal de su distrito. Los alcaldes a su vez seleccionan por mérito mediante ternas propuestas por la ciudadanía a su gobernador  también con un mandato de 10 años y los alcaldes pasan a formar entonces el Consejo Provincial con poder legislativo en su provincia.

Los gobernadores entonces seleccionan por mérito al presidente de la República en base a ternas propuestas por la Asamblea Nacional y quien entonces ratifica al seleccionado  y este  pasa a presidir el Estado por 20 años. El Jefe de Estado tiene  como rol primordial ser el último árbitro con poder de veto. El consejo de gobernadores pasa a ser entonces  la cámara alta parlamentaria sólo con poder revisorio y propositivo en materia legislativa.

El gobierno central y su gabinete de ministros serían conformado por la alianza parlamentaria mayoritaria que sería coordinada por el líder de dicha alianza quien pasaría a ser el Ministro de la Presidencia una vez confirmado por el Presidente de la República quien a su vez presidirá el consejo de gabinete. Este consejo solo tendría competencia en asuntos que afecten a la totalidad del territorio nacional y respetando la autonomía de los municipios y provincias pero coordinando, armonizando y reforzando sus acciones.

Cada ministerio debería contar con una junta directiva conformada por los principales actores sociales del ramo presidida por el ministro y secundado por el secretario administrativo quien debe ser un funcionario de carrera en el escalafón máximo ministerial. Dichas juntas directivas son las que deben aprobar las políticas públicas consensuadas y los decretos ministeriales.

Los llamados hasta ahora “gabinetes” (gabinete logístico, turístico, etc.) deberían pasar a ser ministerios y deben ser pocos en base a las funciones del gobierno central. Bajo estos ministerios jerárquicamente deberían estar las secretarias (antiguos ministerios) y debajo de estas las direcciones. Deberían denominarse autoridades sólo aquellas instituciones autónomas con un mandato especial que excede la de los ministerios como la del Canal. Y sólo deberían denominarse institutos los centros públicos de investigación especializados.

Los jueces de paz deberían ser la base de la carrera judicial y estos al igual que los jueces municipales deberían ser seleccionados por mérito por el órgano judicial y una vez terminado su período ratificados por elección popular para que estos rindan cuenta de sus acciones a sus comunidades. Los jueces de circuito y los magistrados deberían ser de carrera y con alta formación académica. Sólo los que tienen un doctorado deberían poder ser electos magistrados en razón de sus aportes al conocimiento legal.

La razón de la diferencia en periodos es para permitir políticas de largo plazo y tratar de evitar alianzas hegemónicas en todos los niveles de gobierno. El poder para incidir directamente en su territorio de acuerdo a sus usos y costumbres debe ser devueltl a las comunidades y los asuntos macro deberían ser tratados por personas confiables y responsables. Todos los funcionarios ejecutivos deberían rendir cuentas mediante un juicio de residencia al finalizar su gestión y no por declaración jurada.

Cada administración local, regional o nacional debe autofinanciarse y para ello debe explotar el potencial de desarrollo de su territorio atrayendo mano de obra calificada e inversiones, acabando así su dependencia y falta de iniciativa. El gobierno central debe dotar a cada corregimiento, distrito y provincia con el personal necesario para lograr su autonomía. Dicho recurso humano debería también con el tiempo constituir parte del núcleo de las élites locales que son necesarias para impulsar el desarrollo humano de cada comunidad y por ende necesarias para conservar e incentivar.

La idea de esta propuesta es la de balancear la voluntad popular, con el mérito y la estabilidad y continuidad de las políticas públicas además de evitar los conflictos de interés, garantizar la rendición de cuentas además de descentralizar y desconcertar el poder. Creo que de esa manera podremos salir de esta situación en que no se puede confiar en nuestros gobernantes. No son las ideas más populares pero bueno ahí están para el que les parezcan útiles.

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Resulta extraño decirlo pero hoy en día en ciudad de Panamá existe una extraña relación amor-odio con la gestión del gobierno municipal del periodo 2014-2019, muy a pesar de las figuras coyunturales del ex-alcalde José I. Blandón y su vice alcaldesa Raisa Banfield.

Y digo muy a pesar de ellos por las razones descritas en “Una Ciudad a la Deriva”, ya que si bien los principios y hechos de la gestión pasada fueron positivos para la ciudad, los políticos que lideraron dicha administración dejaron un gran sinsabor a la ciudadanía.  Dejando los personalismos de lado, la gestión Blandón-Banfield cultivaron una inquietud que se fue gestando desde la administración municipal de Juan Carlos Navarro y la presidencia de Martín Torrijos, la creciente necesidad de los ciudadanos de ser escuchados directamente por los políticos y ver su voluntad acatada ante la impotencia de no tener poder sobre lo ocurre en su entorno.

Banfield de hecho provenía de la Alianza Pro Ciudad, un grupo de ciudadanos, especialmente arquitectos, ingenieros y abogados, que se reunía en la antigua librería Exedra preocupada por las rápidas transformaciones que estuvo sufriendo la ciudad de Panamá durante la primera fase del boom inmobiliario que comenzó en 2004. La Alianza fue una de las primeras manifestaciones de esa preocupación ciudadana por querer incidir directamente en los asuntos locales, tiempo después la Alianza Pro Ciudad sería sucedida en 2007 por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) que sigue funcionando hasta el día de hoy pero con un enfoque más ambiental que urbanístico, pero sin perder de vista lo último. Dos de los mayores logros de ese primer periodo de lucha ciudadana fueron la Ley 6 de 1 de febrero de 2006 mejor conocida como la Ley de Urbanismo y la Ley 37 de 29 de junio de 2009 mejor conocida como la Ley de Descentralización. Sin embargo ambas leyes perderían fuerza durante la presidencia de Ricardo Martinelli y las alcaldías de Bosco Vallarino y Roxana Mendez, principalmente por la suspensión de la Ley de Descentralización que le restó fuerza a la de Urbanismo.

En el ínterin, en el periodo 2009-2014, el conglomerado inmobiliario (banca-constructoras-inmobiliarias-gobierno) seguía transformando agresivamente el centro de la ciudad de Panamá especialmente los corregimientos clase media de Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Pueblo Nuevo y Betania. Es durante este segundo periodo en que coge fuerza el fenómeno NIMBY (Not in my backyard) en los barrios de clase media como un esfuerzo personal o comunitario que intenta frenar por la vía judicial los desarrollos que sienten les afectaban directamente transformando su entorno dramáticamente y devaluando el concepto urbanístico que habían comprado en el periodo entre 1950-1980.  Pero, como alguna vez expliqué en “La Ciudad Egoista” técnicamente dichas personas en verdad estaban defendiendo una forma de hacer urbanismo anterior que contribuyó al caos urbano presente de la cual sus barrios de bajísima densidad eran un fiel reflejo en áreas que geográficamente hoy día pertenecen al casco urbano de la ciudad, por la falta de previsión y planificación.

Sin embargo, su lucha no dejaba de ser legítima, pues todos somos parte de un ecosistema urbano y es natural que reaccionemos agresivamente ante cualquier intento de destruirlo. Este hecho irá alimentando entre cierta clase media el sentir de que se necesita actuar de manera más coordinada para ser escuchados y parar un proceso que no les ha tomado en consideración. Sin embargo, a pesar de las acciones legales y las protestas comunitarias el gobierno Martinelli y la alcaldía de Méndez poco o ningún caso les hizo. Siendo así que entonces distintas comunidades fueron agrupándose dando lugar al nacimiento de la Red Ciudadana Urbana de Panamá (RedCuPa) en 2014 y relevando en la lucha por la ciudad a la Alianza Pro Ciudad. La Red comienza su vida coincidiendo con la campaña política de 2014, coyuntura que aprovechó para comprometer a los candidatos a la presidencia y a la alcaldía con una serie de principio reunidos en el Pacto por el Urbanismo Participativo, siendo la fórmula Blandón-Banfield uno de sus firmantes.

La incorporación de Banfield en la gestión de Blandón no era casual, no solo porque la arquitecta era para ese entonces una reconocida figura pública y mediática, sino porque Blandón también fue participe en la gestación de la Ley de Urbanismo como uno de los diputados que impulsó dicho proyecto de ley. Siendo así se podría decir que el entonces diputado no era ajeno a la causa urbana y ambiental y su gestión generó muchas expectativas de mayor participación ciudadana en la cosa pública, una expectativa que parcialmente se cumplió, por lo menos simbólicamente, sembrando así una inquietud. La presidencia de Juan Carlos Varela, vuelve a poner en vigencia la Ley de Descentralización y el alcalde Blandón rápidamente toma medidas concretas para asumir sus competencias en la gestión urbana del Municipio de Panamá, se crea la Dirección de Planificación Urbana y se le dota de personal idóneo. Además incorpora a en la Junta de Planificación Municipal a la Red Ciudadana Urbana de Panamá como parte de la representación ampliada de la sociedad civil contemplada en una reforma de las leyes de Urbanismo y de Descentralización y arrancan los procesos de planificación con un componente de participación ciudadana importante, entramos entonces en una tercera fase. Sin embargo como expliqué en “Una Ciudad a la Deriva”, la renuencia de Blandón de hacer cumplir la legislación urbana vigente en toda su extensión creó mucha desconfianza y sembró en la ciudadanía un mayor deseo de participación política directa.

Con la presidencia de Laurentino Cortizo y la alcaldía de José Luis Fábrega, todas las acciones tomadas hasta la fecha indican una vuelta atrás hacia las peores prácticas del periodo martinelista, en especial el desprecio por la sociedad civil organizada. Sin embargo, es por este cierre de puertas a la participación ciudadana que se está dando un creciente movimiento ciudadano que busca tomar la Ley de Descentralización en sus propias manos, por ejemplo con la auto-organización de las Juntas de Desarrollo Local (con participación de miembros de la Red Ciudadana Urbana de Panamá), instancias contempladas por la ley y que habían sido ignoradas tanto por los políticos como por la sociedad civil en los últimos diez años y redescubiertas recientemente. Otro movimiento incipiente relacionado a la participación ciudadana es el liderado por el chef y empresario Luis Pinedo que busca parar el Proyecto de Recuperación de las Playas de la Ciudad de Panamá por inconsulto. Hasta el momento tanto las Juntas de Desarrollo Local como el movimiento en contra de la playa de Fábrega están tomando fuerza sin embargo corren peligro de no prosperar en este periodo 2019-2024 por ser una amenaza política tanto para el alcalde, como para los representantes de corregimiento y los diputados al robarles protagonismo y minando su razón de ser como padrinos de su clientela política que les sirve de base.

Siendo esto así, es quizás el momento de evolucionar el movimiento a una nueva etapa en pos del localismo, o sea un ideario político que busque devolverle a las comunidades el poder de decidir directamente sobe su entorno. Pero el localismo como idea va más allá, el localismo busca reconstruir las relaciones comunitarias para ir tomando acciones concretas en pos de su desarrollo en materia urbanística, ambiental, educativa, salud pública y cultural además de buscar mayor control sobre la justicia y seguridad comunitaria. En sí el localismo busca invertir la relación de poder asentando la soberanía sobre las comunidades y sus élites de distinta índole y no en base a élites nacionales o supra-nacionales que impongan su voluntad sobre los individuos. La coyuntura mundial parece indicarnos que no estamos solos, en distintos países ha surgido un movimiento contestatario a la globalización como discurso político, cultural y económico totalitario que buscaba suprimir las identidades particulares y las instituciones, costumbres y tradiciones locales utilizando a los estados e instituciones nacionales como instrumento.

Hasta hace muy poco se nos decía que la globalización y los cambios culturales que suscitaba eran imparables e inapelables y que estábamos atrasados en la carrera hacia el progreso mundial, una competencia reflejada por distintos rankings globales que reflejan una visión que no es compartida por las poblaciones locales. Un ejemplo de ello es la prueba PISA, iniciativa de la OECD que nos comunica en resumidas cuentas que países como el nuestro están en desventaja comparativa contra otras economías más fuertes y supuestamente más inteligentes, cosa extraña tomando en consideración que, según otras mediciones internacionales, a pesar de ser “más brutos” Hispanoamérica (y Panamá especialmente) ha hecho grandes progresos en materia de desarrollo humano bajando sustancialmente la pobreza y la desigualdad en comparación a como estábamos hace diez años. Ciertamente no debemos congratularnos ante la evidente ignorancia generalizada de nuestros pueblos pero tampoco debemos dejarnos inducir a relegar la toma de decisiones a entes que no responden al sentir de las comunidades y que no las respetan ni consideran, ni tampoco relegar el control político a una supuesta elite iluminada y globalizada que se nos vende día y noche por los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales.

Por ahora el mundo aún pareciera debatirse entre el globalismo y un resurgente nacionalismo, sin embargo dicho globalismo siempre fue más un deseo que una realidad. La promesa de una ciudadanía global nunca se materializó, las fronteras siguieron en pié con sus límites a la movilidad laboral, profesional y académica. La globalización siempre fue acatada por los más tontos, en especial por países más débiles como el nuestro que desarticuló su estructura productiva, en pos de productos más baratos y debilitó la capacidad de iniciativa en materia de políticas públicas a sus instituciones en favor de consultorías internacionales propuestas por entidades supranacionales pero pagadas con nuestros impuestos. Ciertamente no todo fue malo, de hecho vivimos 15 años de gran prosperidad material gracias al libre flujo de capitales foráneos a nuestro país y políticas económicas prudentes. Sin embargo, el grifo está siendo cerrado por esos estados menos tontos y sus clubes como la OECD con ayuda de grupos de interés como las distintas fundaciones que financian ONGs activistas a nivel nacional que buscan frenar el éxodo de capital hacia países como el nuestro calmando así el disgusto en sus países con la insuficiencia de los servicios brindados por sus estados y que pondrían en peligro a las elites globalizadas que los gobierna.

Un punto intermedio lo debe representar un localismo que devuelva el protagonismo a las comunidades locales y nacionales y les dé plena libertad de comerciar y relacionarse con el mundo pero salvaguardando sus necesidades materiales y espirituales además de no rendirle pleitesía a poderes omnímodos. Estos 5 años serán cruciales para cultivar y desarrollar un movimiento político localista que nos ayude a salir del impasse actual reflejado por las insuficientes reformas políticas planteadas por la nueva constitución y la negación de la participación ciudadana. Dicho movimiento deberá desembocar en un partido localista que se comprometa seriamente en ayudar a las comunidades en asumir plenamente la capacidad de decidir y gestionar su entorno con libertad, además de establecer sus prioridades y establecer las relaciones de colaboración que estimen necesarias para impulsar su desarrollo de acuerdo a la fase en que estén.

En estos días conversaba con uno de mis cuñados sobre el futuro posiblemente prometedor de la educación pública en Panamá causada por la progresiva migración de docentes y estudiantes del sistema privado al sistema público, en otras palabras de los efectos positivos de la gentrificación de la educación en ciernes. Con el aumento salarial a los docentes en las escuelas públicas y el aumento de las matrículas y mensualidades junto con la introducción de las costosísimas donaciones en las escuelas privadas quizás se termine por componer temporalmente la educación pública a nivel básico y medio.

De ser así, en el futuro inmediato, la diferencia entre ir a una escuela pública y una privada será la misma que ir a una universidad pública o privada en Panamá: La escuela pública seguirá teniendo las peores instalaciones, pero la calidad de su cuerpo docente será igual o mejor que en las privadas y la composición social del estudiantado tendrá un componente mucho mayor de clase media aspiracional, eso sí dependiendo de la carrera. Lo único malo es que al igual que la universidad pública, si bien la calidad de la educación será cualitativamente mejor que antes e igual o mejor que la privada, la primera seguirá siendo cualitativamente mala en el contexto regional y global.  La única «ventaja» de ir a una escuela privada será el de segregar físicamente a los estudiantes por clase social en búsqueda de «mejores» contactos sociales. Si la tendencia se mantiene, las escuelas privadas serán menos en cantidad y mucho más elitistas en su selectividad, solo faltaría que apareciese una universidad de súper élite en el país para que el fenómenos se repita en la educación superior. Lo malo es que dicha segregación no será garantía de una calidad mayor por falta de una evaluación estándar a nivel nacional.

En teoría reintegrar a las élites culturales, profesionales e intelectuales a un medio sea una ciudad, un barrio o una escuela debería ser para positivo para el tejido social, el desarrollo tecnológico y cultural, la economía local y el bien común. Para lograrlo será importante considerar que el mejor incentivo social para que esas élites emergentes no tengan por qué migrar de sus lugares de origen y poder impactar de manera positiva en su medio, es con el reconocimiento social de su liderazgo y ejemplo por parte de sus vecinos. Pero más importante aún, estas elites emergentes deberían asumir y ejercer dicho liderazgo activamente en sus comunidades en lo económico desarrollando sus negocios localmente, en lo político sirviendo en sus comunidades primero y en lo cultural ayudando en la educación y mejoramiento del nivel cultural de las nuevas generaciones localmente.

Pero, la realidad es que globalmente existe evidencia de que ese mix social no tiene un efecto inmediato, de hecho cada estrato social dentro de un espacio común aún tiende a segregarse por cuestión de afinidades y aspiraciones. Pero aun así, esto es mejor que la segregación espacial imperante con zonas cada vez más deprimidas que expulsan talento y zonas súper ricas que absorben y concentran talento y peor aún la desconexión social que eso provoca con dos sociedades que no se conocen y no se entienden bien, compitiendo por los limitados recursos del estado. Quizás por esta razón, la gentrificación ayude más a componer la educación, el ordenamiento territorial y este país que cualquier reforma constitucional u otra fórmula mágica.

Pero eso solo no basta, cualquier gobierno futuro deberá potenciar esa oportunidad que está presentando esta gentrificación orgánica de la educación y quizás deba también potenciarla a nivel de ordenamiento territorial mediante la descentralización administrativa y la desconcentración del recurso humano. Esto no es nada nuevo, de hecho algo de eso ocurrió después de la conquista hispana: los conquistadores fundaron ciudades donde antes no las había e introdujo recurso humano, tecnología y conocimientos de punta donde previamente no existían y más importante aún incorporó a la población local en su aprovechamiento.

Quizás Panamá necesite una vez más “conquistar”, urbanizar y desarrollar sus zonas más atrasadas mediante una estrategia que incluya el reforzamiento técnico de los municipios transfiriendo a un grupo selecto de empleados públicos desde el gobierno central que ayuden a fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los mismos logrando su auto-sostenibilidad (o sea la desconcentración del recurso humano). Para que esto sea un éxito será necesario también darles las condiciones materiales óptimas para su traslado trayendo consigo escuelas, clínicas y otras amenidades con la misma calidad que en la capital y que le sirva no solo a ellos sino a la población local incorporándola al desarrollo, algo parecido a lo que hacía la Zona del Canal o la United Fruit Company, pero sin la segregación, más bien buscando la integración y asimilación.

La segunda parte importante de la estrategia es el establecimiento de las Juntas Locales de Desarrollo, para que las comunidades vayan aprendiendo a gestionar su territorio y a establecer (junto con los nuevos técnicos establecidos en su medio) los planes y proyectos que puedan potenciar su desarrollo de manera que todos sean partícipes de la nueva conquista que como antaño requirió una fuerte participación local para consolidar su éxito.  En efecto esta estrategia de pinza con un impulso desde el gobierno central con otro desde las comunidades locales podría ayudar vencer a la pobreza y atraso de la mayor parte del país.

Todo esto puede sonar elitista, anacrónico, etc., pero quizás toque ser un poco menos políticamente correcto para ver opciones prácticas que pueden traer resultados más concretos de cara al futuro y poder así medir sus resultados.

Por Carlos Antonio Solís Tejada
La reciente modificación antojadiza y apresurada, aunque bien intencionada, del código de uso de suelo Mixto de Altura Media (MAM) del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de San Francisco fue un triste recordatorio de la deriva del Ordenamiento Territorial en la Ciudad de Panamá a partir del 1 de julio de 2019. Y no es que bajo la administración municipal de José Isabel Blandón todo fuese color de rosa, nada puede estar más alejado de la realidad. Sin embargo era evidente que en el quinquenio pasado por primera vez había una voluntad política por parte de la autoridad local de asumir su rol como administrador de territorio, tal y como se lo faculta la ley, con la intención de enrumbar a la ciudad hacia el orden, primero no solo creando la Dirección de Planificación Urbana dentro del organigrama municipal, sino dotándola del recurso humano y financiero suficiente para llevar a cabo su misión y segundo permitiendo que dicha dirección llevase adelante su cometido a pesar de la férrea oposición de ciertos sectores que no deseaban ver un cambio de paradigma en la ciudad de Panamá.
Lastimosamente la misma administración Blandón minó las bases sobre las que debió haberse asentado el nuevo orden urbanístico, primero por su actitud ambigua en el cumplimiento de las normas vigentes además de la no ejecución de los fallos judiciales que le respaldaban en esta misión. Segundo por el modo negativo en que se relacionó con la sociedad civil organizada en la que debió haberse respaldado pero con la que prefirió enemistarse. Para ilustrar este punto tenemos el caso paradigmático del proyecto PH Buona Vista en Calle de los Bambúes (Carrasquilla) que es ilustrativo de muchos otros. En dicho caso donde era evidente el peligro para los vecinos además de los temas legales aún pendientes por dirimir, el ex alcalde prefirió ponerse quijotescamente del lado de los promotores y atacar a los vecinos que buscaban su ayuda.
Tercero por la manera en que prefirió dicha administración abrirse a la participación ciudadana, mediatizándola. Si bien por primera vez en mucho tiempo un gobierno local le abría la oportunidad a la ciudadanía de ventilar toda su frustración acumulada, la fuerza de esta fue más grande de lo que estaban preparados de soportar tanto el alcalde, los representantes, los funcionarios municipales y sus consultores por lo que se prefirió utilizar métodos en los que se pretendía controlar cómo debían las comunidades participar, ciertamente buscando economías de tiempo y recursos. Esto fue más que evidente durante los talleres y consultas públicas para los planes de ordenamiento territorial de San Francisco y del Distrito de Panamá y existen múltiples testimonios al respecto. El resultado fue la pérdida de la confianza ciudadana y de los electores.
Cuarto, la administración Blandón minó el nuevo orden urbanístico con los llamados proyectos de “acupuntura urbana” los cuales no respondían a un plan si no a los deseos de tener obras hechas y concluidas antes de que saliera dicha administración. Como el apuro trae cansancio, si bien dichos proyectos estuvieron llenos de buenas intenciones en su diseño; su ejecución y resultado final no fueron los más afortunados. Como ejemplo tenemos Salsipuedes, Vía España, Vía Argentina y Calle Uruguay. Pero el golpe de gracia a todo el proceso lo asestó el propio ex alcalde abandonando el barco en plena tempestad. Más pudo su ego y oportunismo político que su sentido de responsabilidad a sabiendas de la oferta electoral que se presentaba para la alcaldía y que no garantizaría la continuidad del proceso urbanístico que desencadenó, abandonando así a todo su equipo y a los ciudadanos que si bien tuvimos una relación tensa con él, si apoyábamos en términos generales los objetivos y finalidades de su gestión territorial.
Hoy por hoy la gestión de nuestra ciudad está en manos de una Dirección de Planificación Urbana debilitada, de una Junta de Planificación Municipal amenazada de ser tomada por intereses ajenos al bien colectivo y de un Concejo Municipal y un Alcalde que no han demostrado interés alguno en poner orden al caos urbano y han preferido cerrar los pocos espacios de participación ciudadana abiertos por la administración anterior para darle preferencia a los intereses de una pequeña camarilla del sector construcción que ve en la administración Fábrega su oportunidad para retornar a las peores prácticas del pasado, con la excusa de hacer valer su “seguridad jurídica” y para darle prioridad a proyectos fantasiosos sobre la Avenida Balboa cuyos objetivos no están muy claros y que no responden a las prioridades de la ciudadanía que piden a gritos aceras más seguras, un proceso de desarrollo inmobiliario menos agresivo y respaldado por infraestructuras básicas adecuad, más espacio verde y de recreación, control de inundaciones y una mejor movilidad urbana en los 26 corregimientos del distrito capital.
Nos tocará a los ciudadanos conquistar nuestros espacios a través de las Juntas de Desarrollo Local, el camino para su conformación no será fácil pues si bien la ley obliga a nuestras Juntas Comunales y Concejo Municipal organizarlas, estos entes lo harán a regañadientes y opondrán tácticas dilatorias y de cooptación antes de permitir que dichas juntas existan. De esta manera es de suponer que buscan no tener ningún ente de control a su gestión con la visión miope que ven en dichas juntas una amenaza política. Toca entonces a cada uno de los barrios de la comuna capitalina organizarse para juntas poder orgánicamente enrumbar nuestra ciudad fuera de la deriva y del caos urbano.