La Ciudad Espléndida

Observaciones urbanas para una sociedad más humana

Categoría: Uncategorized

febrero 25, 2026

El sistema no se toma, se hereda: advertencias para el relevo político

Ahora que se discuten las reformas al Código Electoral, es menester recordar que en Panamá la política no fracasa por falta de buenas intenciones. Fracasa porque el sistema está diseñado para neutralizarlas, encauzarlas o —en el mejor de los casos— volverlas funcionales. Quien no entiende esta premisa antes de cruzar el umbral del servicio público termina, tarde o temprano, reproduciendo aquello que prometió combatir.

La arquitectura del poder actual no es un accidente; es un diseño. Desde la entrada en vigor del Código Electoral de 1997 —y sus posteriores reformas—, la política panameña dejó de ser un espacio relativamente abierto para convertirse en un mercado de acceso restringido. No fue una reforma técnica ni administrativa: fue un rediseño estructural que elevó las barreras de entrada, homogeneizó el discurso aceptable y premió la logística territorial por encima de la doctrina, la formación o la densidad ideológica.

El arquetipo institucional

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) no solo se adaptó a estas reglas: en buena medida las inspiró. El Código no obligó al PRD a transformarse; más bien institucionalizó un modelo que ya había probado ser eficaz. Es así como la cobertura nacional, los umbrales de inscripción elevados, la estructura permanente, el control territorial y la resistencia financiera se convirtieron en requisitos de supervivencia.

Ese diseño dictó una sentencia lenta pero firme contra los partidos de ideas. El caso del Partido Demócrata Cristiano —hoy Partido Popular— es el ejemplo más nítido: una organización de cuadros asfixiada por un modelo que privilegia el liderazgo logístico sobre el liderazgo intelectual. El diseño institucional transformó la participación política en una afición de lujo: al elevar los costos de permanencia, el sistema garantiza que solo los actores con financiamiento sostenido lleguen a la papeleta, dejando las ideas en un segundo plano frente a la capacidad de pago.

La lección previa al Código: Papa Egoró

Esta lógica no nace en 1997. Panamá ya había vivido, en la década de 1990, un antecedente incómodo con el Partido Papa Egoró: un movimiento orgánico y disruptivo que logró irrumpir sin pedir permiso al sistema. No fue derrotado de inmediato; fue agotado —y abandonado por su líder—. La necesidad de financiar su permanencia terminó empujándolo a la irrelevancia. El Código de 1997 no surge en el vacío: perfecciona esa lección y cierra las grietas que experiencias como Papa Egoró habían expuesto.

La ilusión de la renovación independiente

Este marco es indispensable para analizar, sin romanticismos, la figura de la libre postulación. Aunque se presenten como ruptura, muchas de estas irrupciones han dependido de las mismas palancas de siempre: alto financiamiento y acceso privilegiado a los grandes medios.

Más que una derrota del sistema, esto parece su actualización. El diseño de 1997 demuestra su capacidad para absorber la disidencia, permitiendo caras nuevas que utilizan herramientas antiguas. Se produce así una renovación estética que funciona como válvula de escape al descontento social sin alterar los incentivos centrales. Ganar una elección mediante los mecanismos tradicionales de las élites no equivale a derrotar el modelo; equivale a aceptar el contrato para administrarlo como una oposición controlada.

El debate superficial: aritmética vs. estructura

En el contexto actual, mientras se discuten nuevas reformas al Código Electoral, la miopía del relevo político resulta evidente. La bancada de Vamos y otros sectores emergentes han concentrado su capital político y su capacidad de movilización en la aritmética legislativa —el sistema de asignación de curules—, ignorando los nodos reales donde se reproduce la exclusión. Pelear por el residuo o el cociente es discutir la decoración de la casa mientras los cimientos están podridos.

La verdadera falta de pluralidad y participación ciudadana no nace en el método de elección, sino en las barreras de entrada, en el financiamiento que actúa como filtro de clase y en las reglas de permanencia que asfixian a quien no tiene un padrino económico. Al enfocarse solo en la mecánica parlamentaria, el nuevo liderazgo independiente demuestra una alarmante falta de profundidad para atacar el origen del problema, validando —quizás por omisión— el mercado político que juraron transformar.

El ancla del poder local

El corazón del modelo no está en la Asamblea, sino en las juntas comunales y los concejos municipales. Allí se construye la lealtad diaria y se garantiza la reproducción del modelo incluso tras derrotas electorales. El sistema no disciplina de inmediato; disciplina con el tiempo, cuando la supervivencia exige negociación permanente sobre recursos locales.

La advertencia final

La política panameña no se transforma desde la intención ni desde una victoria aislada. Todo actor nuevo enfrenta una bifurcación inevitable: o construye una alternativa estructural, fuera de los círculos tradicionales de financiamiento, o termina adaptándose para sobrevivir. Esa adaptación suele llamarse “pragmatismo”, pero casi siempre es asimilación.

Panamá no necesita más actores que prometan “no ser como el PRD” mientras operan con los mismos recursos y debaten con la misma superficialidad técnica. Necesita actores dispuestos a romper las reglas del mercado político, incluso si eso implica renunciar a la comodidad del acceso inmediato. La historia es clara: el sistema no se toma; se hereda o se reproduce. Quien no entienda eso antes de entrar no cambiará la política panameña. La política, inexorablemente, lo cambiará a él.

El autor es arquitecto, urbanista y excandidato a representante de corregimiento.

Este artículo fue originalmente publicado en el Diario La Prensa de 10 de febrero de 2026.

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febrero 25, 2026

La escala o la irrelevancia: la integración pendiente entre Panamá y Costa Rica

Durante demasiado tiempo, Panamá y Costa Rica, los dos países con mayor desarrollo humano de América Central, han vivido cómodos dentro de sus propios relatos fundacionales. Costa Rica se proyecta como la Suiza centroamericana, un Estado social sólido dentro de una región volátil; Panamá, en cambio, se promueve como el hub global del istmo, sede de una plataforma logística y financiera excepcional. Ambas narrativas han sido útiles para construir cohesión interna, pero comparten una limitación estructural en la geopolítica del siglo XXI: la escala.

En un mundo que se reorganiza en bloques económicos, cadenas de suministro regionalizadas y mercados ampliados, la excepcionalidad de estos dos países colindantes, con poco más de cinco millones de habitantes cada uno, encuentra rápidamente sus límites. La pregunta que rara vez se formula con franqueza no es cuál modelo nacional resulta más exitoso, sino si es viable que ambos sigan operando como economías separadas que, aun sin proponérselo, compiten por la misma inversión, el mismo talento y oportunidades similares.

La integración profunda entre Panamá y Costa Rica debe entenderse no como un gesto ideológico ni una consigna regionalista, ni como una reacción intuitiva basada en sus niveles de desarrollo similares, sino como una respuesta racional para superar las restricciones que impone la relativa pequeñez de ambas naciones en un sistema internacional que penaliza la fragmentación.

Dos economías, dos especializaciones complementarias

Un análisis desapasionado de las capacidades productivas de ambos países revela una complementariedad evidente. Costa Rica ha construido, con consistencia, una economía orientada a la manufactura avanzada y a la complejidad exportadora. Su régimen de zonas francas, su capital humano y su ecosistema institucional han permitido atraer industrias de alto valor agregado, especialmente en dispositivos médicos y tecnologías de precisión.

Panamá, por su parte, ha desarrollado una especialización distinta pero igualmente estratégica. Su fortaleza no reside en la manufactura, sino en la articulación de flujos: logística, conectividad aérea, servicios financieros, telecomunicaciones y plataformas corporativas. Panamá opera como un acelerador regional, un punto de convergencia donde capital, datos y mercancías reducen costos de tiempo y ganan escala.

Separadas, ambas economías enfrentan límites claros. Integradas, conforman una cadena de valor regional más completa y competitiva.

Integración más allá de los aranceles

La discusión contemporánea sobre integración ya no se centra en los aranceles. El verdadero desafío está en la arquitectura institucional. La infraestructura sin armonización normativa produce fricción; los tratados sin interoperabilidad regulatoria generan frustración.

La oportunidad para Panamá y Costa Rica consiste en construir un espacio económico funcionalmente integrado donde producción, logística, gestión corporativa y talento puedan articularse sin obstáculos innecesarios. No se trata de borrar fronteras políticas, sino de reducir fricciones operativas: homologar procesos, coordinar regímenes especiales, facilitar la movilidad del capital humano y permitir que los ecosistemas productivos dialoguen entre sí.

Un entorno así permitiría que, desde una plataforma jurídica e infraestructural coherente, una empresa investigue en un parque tecnológico, fabrique en una zona franca, consolide su logística en una terminal marítima o aérea y gestione su operación regional indistintamente en cualquiera de los dos países.

El eje fronterizo como punto de anclaje

La dimensión territorial de esta integración tiene su eje natural en el occidente panameño y el sur costarricense. El desarrollo portuario, la modernización fronteriza y una eventual conexión ferroviaria no deben concebirse como proyectos aislados, sino como infraestructura habilitante de una economía transfronteriza.

La conectividad física y digital, bien coordinadas, permitiría transformar una frontera históricamente conflictiva en un espacio de convergencia productiva, reduciendo costos y ampliando oportunidades a ambos lados.

La resistencia silenciosa

Si la lógica económica es tan clara, ¿por qué el avance ha sido tan limitado? La respuesta es incómoda, pero necesaria: la integración altera equilibrios internos.

Las barreras no arancelarias, los conflictos sanitarios recurrentes y las disputas comerciales episódicas no responden únicamente a criterios técnicos. En muchos casos, reflejan la defensa de intereses sectoriales y de espacios de discrecionalidad política. Un mercado ampliado, regulado por normas más impersonales y coordinadas, reduce márgenes de control y expone ineficiencias que hoy permanecen protegidas.

Esta resistencia no es exclusiva de un país ni del otro; es un fenómeno compartido.

La escala como condición de relevancia

Panamá y Costa Rica enfrentan una disyuntiva estructural: persistir como dos economías funcionales pero limitadas en el tablero hispanoamericano, o avanzar deliberadamente hacia una integración que les permita ganar escala, previsibilidad y capacidad de negociación.

La geografía ya los hizo vecinos. En el siglo XXI, la relevancia no la otorga la excepcionalidad aislada, sino la cooperación institucional sostenida.

El autor es arquitecto y urbanista.

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 28 de enero de 2026

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febrero 25, 2026

La ciudad huérfana: por qué Panamá necesita nuevas herramientas de gestión

Existe una frontera invisible pero palpable en nuestra ciudad. Cruzarla toma apenas un segundo: es el instante en que salimos de la seguridad, la limpieza y el orden de un edificio o urbanización de propiedad horizontal (PH) y ponemos un pie en la acera pública. En ese preciso momento, pasamos de una “ciudad con dueño” a una “ciudad huérfana”.

Esta desconexión no es casual; es un fallo de diseño de nuestra legislación urbana. Panamá sufre, en la práctica, una polarización urbana extrema: o vivimos bajo el régimen privado estricto de un PH, o quedamos a merced de un Estado central y de municipios que, por falta de presupuesto o de capacidad operativa, no logran frenar el deterioro de la ciudad.

El resultado lo vemos a diario. Zonas recientemente renovadas con inversiones millonarias, como Vía Argentina, Calle Uruguay, avenida Central o Vía España, empiezan a mostrar signos de decadencia prematura. ¿Por qué? Porque el municipio no tiene la agilidad para cambiar una luminaria o reparar una baldosa con la velocidad que exige una zona comercial activa. Mientras tanto, en barrios históricos y asentamientos informales consolidados como Boca La Caja, la comunidad vive con el temor de que la “renovación” sea sinónimo de expulsión, como ocurrió con el intento fallido de zonificación.

Es urgente admitir que las herramientas actuales —la zonificación rígida y la dependencia casi exclusiva del presupuesto estatal— están agotadas. Panamá necesita abrir un debate serio sobre la creación de nuevos regímenes de gestión urbana que llenen el vacío entre lo público y lo privado.

Necesitamos legislar para crear figuras intermedias. Imaginemos, por ejemplo, que los vecinos y comerciantes de una calle turística deteriorada pudieran asociarse legalmente para autogestionar su seguridad y mantenimiento, complementando la labor municipal sin privatizar el espacio, mediante un Área de Mejoramiento Comercial (Business Improvement District). O pensemos en zonas urbanizadas o turísticas como Coronado o Cerro Azul, que no desean un régimen estricto de propiedad horizontal ni un proyecto de posicionamiento inmobiliario común —como ocurre en un AMC—, pero que sí necesitan organizarse para dar mantenimiento básico a sus áreas públicas y de servicios, a través de una Asociación de Mantenimiento Residencial, figura conocida técnicamente como entidades urbanísticas de conservación.

Imaginemos también un marco legal que proteja a las comunidades vulnerables del centro de la ciudad, permitiéndoles constituir fideicomisos sobre sus tierras. De este modo, podrían regularizar sus viviendas y acceder a crédito sin el riesgo de que la especulación inmobiliaria compre el barrio lote a lote y los desplace. Este modelo, conocido internacionalmente como Community Land Trust, separa la propiedad del suelo —comunal— de la vivienda —individual—, asegurando que la plusvalía urbana beneficie a quienes han vivido allí por generaciones y no solo a actores externos.

Pensemos, además, en nuestros activos públicos deteriorados. Contamos con escuelas y edificios institucionales ubicados en terrenos de altísimo valor, cerca del Metro, que se deterioran por falta de recursos. Necesitamos una ley que faculte —y no penalice— a las instituciones públicas o sin fines de lucro titulares de estos activos inmobiliarios a generar ingresos propios, alquilando espacios para comercios o servicios en sus plantas bajas, con el fin de financiar su mantenimiento sin depender de la burocracia central. Esto resulta especialmente crítico en proyectos de vivienda pública del Miviot, así como en escuelas, centros de salud, hospitales o iglesias cercanos a estaciones del Metro, zonas pagas o terminales de transporte.

No se trata de inventar la rueda. Estas figuras —áreas de mejoramiento, entidades de conservación y zonas de gestión mixta— ya funcionan con éxito en ciudades que van desde Medellín hasta Londres. Se trata de modernizar nuestro “software” legal para mejorar el “hardware” urbano.

Mientras sigamos intentando gestionar la ciudad del siglo XXI con leyes del siglo XX, seguiremos atrapados en la queja constante. Es momento de proponer un nuevo pacto urbano que otorgue a ciudadanos y comunidades las herramientas legales para cuidar y transformar su entorno, sin sustituir al Estado, sino complementándolo. La ciudad no puede esperar más.

El autor es arquitecto y urbanista.

Este artículo fue originalmente publicado en el Diario La Prensa de 14 de enero de 2026

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febrero 25, 2026

Reparando la ciudad escalera: Boca La Caja como ejercicio de reflexión urbana

En columnas anteriores he intentado describir una disfunción urbana que se repite con insistencia en la ciudad de Panamá. En El salario vital, la ciudad y la trampa de la polarización abordé la distancia creciente entre ingresos y vida urbana viable. En La ciudad escalera exploré cómo ciertos barrios dejaron de cumplir su papel histórico como plataformas de movilidad social. Este texto no anuncia proyectos ni propone planes en ejecución. Busca algo más elemental: ordenar una reflexión sobre qué condiciones permiten que un barrio céntrico vuelva a funcionar como escalera urbana.

Boca La Caja sirve aquí como caso de estudio conceptual. No porque sea excepcional, sino porque concentra muchas de las tensiones que atraviesan hoy a los asentamientos informales céntricos del país.

Los datos censales de las últimas décadas muestran una trayectoria elocuente. Tras un crecimiento importante entre 2000 y 2010, el barrio registra una reducción significativa de población en el censo más reciente. Más allá de las cifras puntuales, la tendencia es clara: Boca La Caja pierde población neta, especialmente en edades productivas, y envejece. No estamos ante un territorio que absorba nuevas generaciones, sino ante uno que las ve partir.

Conviene afinar el diagnóstico. En asentamientos informales céntricos, la salida del barrio rara vez se explica por el costo cotidiano de vivir allí. La presión opera de otra manera. El tejido físico llega a su límite: lotes saturados, crecimiento informal agotado, ausencia de espacio para que nuevas familias se establezcan. A ello se suman restricciones legales y administrativas que dificultan herencias ordenadas, subdivisiones, formalización o acceso a financiamiento. El barrio deja de ofrecer el siguiente peldaño.

Este bloqueo estructural convive con factores igualmente determinantes. La inseguridad cotidiana, aun cuando no adopta formas extremas, desgasta y condiciona decisiones familiares clave. La aspiración social también pesa. El progreso personal suele ir acompañado del deseo de habitar entornos que reflejen ese esfuerzo. Cuando el barrio no transmite señales claras de mejora, la mudanza se convierte en una forma de coherencia vital más que en una ruptura afectiva.

Es aquí donde el concepto de ciudad escalera requiere precisión. La ciudad fue escalera porque permitió subir y, llegado el momento, moverse. Los barrios populares bien conectados ofrecían empleo, educación, redes y proximidad. Desde allí, muchas familias podían mejorar su situación y decidir irse en mejores condiciones, o incluso volver más adelante. El problema actual no es tanto la movilidad sino la salida anticipada, forzada por la imposibilidad de consolidar el ascenso dentro del territorio.

Cuando la ciudad deja de ofrecer plataformas intermedias, la escalera se rompe.

La educación ocupa un lugar central en esta reflexión. Un barrio puede tolerar limitaciones físicas durante cierto tiempo si ofrece una trayectoria educativa creíble. Históricamente, la ciudad escalera funcionó cuando la escuela del entorno inmediato acompañaba el ascenso social y lo hacía visible. Pensar hoy en esa función obliga a considerar arreglos institucionales distintos a los que han predominado. La figura de una escuela concertada —pública en su misión, con gestión autónoma y estándares exigentes— permite imaginar un anclaje educativo que articule formación académica, educación técnica y proximidad al empleo. Cuando la escuela se percibe como plataforma y no como antesala de salida, la aspiración encuentra un cauce dentro del propio barrio.

Ese horizonte de largo plazo, sin embargo, debe convivir con la viabilidad económica del presente. Un barrio que aspira a recuperar su función de escalera necesita también conectar su economía cotidiana con la ciudad formal que lo rodea. La capacitación técnica de corto plazo, la formalización progresiva del emprendimiento y el acceso a circuitos productivos reales permiten que las familias sostengan su permanencia mientras sus hijos se forman. Sin esa conexión inmediata, la aspiración educativa queda suspendida en el tiempo y la salida vuelve a adelantarse.

Este anclaje se refuerza cuando quienes sostienen los servicios públicos se integran al tejido cotidiano. La presencia residencial de maestros, personal de salud y policías, viviendo en el mismo barrio donde trabajan, contribuye a normalizar la vida diaria, fortalecer vínculos y estabilizar expectativas. No como privilegio ni como imposición, sino como parte de una ecología urbana más coherente.

En este marco aparece una figura clave: el Ciudadano Ancla. Vecinos formados en el propio barrio —técnicos, enfermeras, administrativos, profesionales medios— que hoy viven fuera del centro, no por ruptura con su comunidad, sino porque el territorio dejó de ofrecerles condiciones para quedarse durante etapas decisivas de su vida. Su eventual retorno no se entiende como nostalgia, sino como una fase legítima dentro de la trayectoria urbana: quedarse un tiempo, irse mejor y poder volver si las condiciones lo permiten.

La reflexión sobre el suelo resulta inevitable. Cualquier análisis serio debe considerar cómo evitar que la mejora urbana se traduzca automáticamente en desplazamiento. Instrumentos como los fideicomisos de tierras comunitarias permiten imaginar escenarios donde el valor generado permanezca vinculado al territorio y a quienes lo habitan. No como receta ni anuncio, sino como categoría analítica para pensar cómo se protege la función de plataforma del barrio.

Solo en ese contexto adquiere sentido hablar de urban infill. El relleno urbano aparece como consecuencia, no como detonante. Responde a condiciones previas: seguridad razonable, anclajes educativos, viabilidad económica inmediata, presencia institucional estable y demanda interna real. Se trata de alojar, de forma ordenada, tanto al Ciudadano Ancla que retorna como a los servidores públicos que se integran al barrio, sin introducir presiones externas que desfiguren su función.

Aquí el arquitecto de barrio cumple un rol preciso y acotado. No es un planificador distante ni un inspector punitivo. Su función es guiar el proceso de ordenamiento estético y ajuste predial: negociar linderos, ganar aceras, abrir pequeños espacios públicos y dar coherencia formal al crecimiento. El orden urbano y la calidad estética no operan como lujo, sino como señales de cuidado, previsibilidad y dignidad compartida. Señales que solo se sostienen en el tiempo cuando existe una forma de organización vecinal capaz de gestionar lo cotidiano, resolver conflictos y dialogar de tú a tú con el resto de la ciudad.

Este ejercicio de reflexión apunta a una idea central: reparar la ciudad escalera no significa fijar población ni negar la aspiración de cambio. Significa devolver opciones. Permitir que quedarse sea viable durante ciertas etapas de la vida, que irse sea una decisión y no una imposición estructural, y que volver deje de ser una excepción improbable.

Leída desde esta óptica, Boca La Caja no es un proyecto por anunciar ni un problema a resolver de una vez. Es un espejo de las fallas acumuladas de nuestra política urbana. Reparar la ciudad escalera comienza, necesariamente, por entender por qué dejó de cumplir su función.

El autor es arquitecto y urbanista.

Este artículo fue originalmente publicado en el Diario La Prensa de 9 de enero de 2026

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febrero 25, 2026

La ira de Arraiján y la sed de orden

En la periferia del área metropolitana de la ciudad de Panamá, donde el urbanismo ha sido históricamente un accidente y no una disciplina, Panamá Oeste se ha convertido en un laboratorio político inesperado. Las recientes acciones de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba —demoliciones expeditas y cierres de comercios bajo la bandera de la recuperación del espacio público— han desatado una ovación ciudadana que la élite capitalina no debería subestimar, ni tampoco aceptar sin preguntas.

Para entender ese aplauso hay que entender la frustración. Arraiján y La Chorrera son hoy el gran dormitorio de la masa crítica laboral del país. Allí viven profesionales y técnicos que se levantan de madrugada para enfrentar un mercado laboral poco meritocrático y una ciudad que les cobra costos invisibles todos los días. No es solo la inflación lo que erosiona sus ingresos: son las horas perdidas en el transporte, la precariedad de los servicios y el desgaste físico y emocional de una periferia mal planificada lo que se come cualquier aumento salarial.

Para esta clase media periférica, que vive bajo reglas rígidas por miedo a perder lo poco que ha logrado, el desorden urbano y el “juega vivo” ajeno no son simples molestias. Son agravios personales. Durante años han sentido que el país funciona bajo un sistema de castas, donde algunos operan con impunidad mientras otros cumplen sin excepción. Por eso, cuando una autoridad manda maquinaria a derribar cercas, abrir servidumbres públicas o cerrar negocios irregulares, lo que se celebra no es la dureza, sino la igualdad ante la ley. El mensaje es claro: el pacto de invisibilidad a cambio de privilegios se ha roto.

Pero para calibrar bien el fenómeno, hay que mirar también la debilidad institucional que lo precede. El municipio panameño ha sido históricamente una entidad frágil. A la asfixia presupuestaria se suma una tradición de clientelismo que ha desplazado la competencia profesional. Al llenarse las planillas con cuotas políticas en lugar de urbanistas o juristas idóneos, la administración local carece del músculo técnico necesario para sostener procesos complejos.

Si a eso se le añade un sistema legal hipergarantista, donde cualquier sanción puede diluirse en una cadena interminable de apelaciones, el resultado es la parálisis. En ese contexto, el estilo de Peñalba resalta por contraste: frente a la imposibilidad de desatar el nudo burocrático, ha optado por cortarlo.

Ahí surge el dilema de fondo. Existe una línea delgada entre eficacia y arbitrariedad. La sed de orden es tan profunda que la sociedad está dispuesta a tolerar discrecionalidad con tal de ver resultados. El riesgo es confundir limpieza con institucionalidad y cambiar el caos por decisiones que dependen demasiado del temperamento del funcionario de turno.

El contraste con otros municipios del área metropolitana es revelador. Mientras algunas alcaldías privilegian la gestión de bajo conflicto y alto impacto visual, y otras apuestan por reformas institucionales más lentas pero estructurales, Arraiján ha optado por un reformismo de choque. Más que una anomalía, es un síntoma.

Lo que ocurre en el Oeste no es un episodio aislado. Es una advertencia. El modelo de “dejar hacer” ha agotado su legitimidad en los territorios que sostienen al país. El desafío no es escoger entre un Estado que no actúa y uno que actúa sin reglas. El verdadero reto es construir un orden administrativo donde la ley se aplique de forma pareja, previsible y sin necesidad de aplauso.

Arraiján nos está diciendo algo que la política panameña no puede ignorar: el debate ya no gira en torno a quién promete más, sino a quién es capaz de hacer cumplir las reglas sin privilegios, sin miedo y sin excepciones.

El autor es arquitecto y urbanista.

Este artículo fue originalmente publicado en el Diario La Prensa de 8 de enero de 2026

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enero 11, 2026

La Ciudad Escalera

El Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá no es un solo espacio geográfico; es un sistema de vasos comunicantes donde el éxito se encuentra a kilómetros y el fracaso en horas de tráfico. Los resultados del Censo 2023 han confirmado una vez más un fenómeno que muchos urbanistas veníamos observando desde hace décadas: las viviendas del centro de la metrópolis se vacían de residentes permanentes mientras incorporan usuarios de cuartos de alquiler, locales comerciales, oficinas y otros usos transitorios.

El distrito de San Miguelito, durante años el principal motor del crecimiento demográfico urbano registró por primera vez una contracción significativa: perdió más de 34,000 habitantes entre 2010 y 2023. Lejos de ser un síntoma de colapso urbano, este ajuste revela el funcionamiento de lo que podríamos llamar una Ciudad Escalera: un sistema en el que la movilidad residencial opera como estrategia de ascenso social.

En esta lógica, barrios populares y antiguos asentamientos informales funcionan como estaciones de arranque. Las familias llegan con pocos recursos, acceden a vivienda mediante posesión, autoconstruyen, consolidan su patrimonio y, con el tiempo, transforman ese “capital de ladrillo” en una plataforma para mejorar su ingreso, educar a sus hijos y aspirar a un siguiente peldaño residencial. Cuando ese objetivo se alcanza, el desplazamiento geográfico suele tener un destino claro: la periferia metropolitana.

Esto explica por qué mientras San Miguelito pierde población, distritos como Arraiján hayan crecido más de 50% en el mismo periodo, absorbiendo a una clase media emergente que busca seguridad, más espacio habitable y la promesa de orden urbano. No se trata de huir de la ciudad, sino de avanzar dentro de ella siguiendo la lógica que el propio mercado y la regulación permiten.

Pero esta escalera no es limpia ni automática. Tiene estructuras oxidadas y peldaños rotos. El éxito de mudarse a la periferia se paga con un “impuesto al tiempo” devastador. La fricción urbana —concepto desarrollado por Alain Bertaud— se traduce en trayectos diarios que superan con facilidad los 80 minutos por sentido. En el Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá estamos normalizando un modelo donde el ascenso socioeconómico exige desarraigarte del lugar que te vio crecer, desgastarte en el tranque y pasar menos tiempo con tu familia. Es así como el progreso se gana en metros cuadrados habitables, pero se cobra en horas de vida diarias.

Pero esta escalera no es limpia ni automática. Tiene estructuras oxidadas y peldaños rotos. El éxito de mudarse a la periferia se paga con un “impuesto al tiempo” devastador. La fricción urbana —concepto desarrollado por Alain Bertaud— se traduce en trayectos diarios que superan con facilidad los 80 minutos por sentido. En el Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá estamos normalizando un modelo donde el ascenso socioeconómico exige desarraigarte del lugar que te vio crecer, desgastarte en el tranque y pasar menos tiempo con tu familia. Es así como el progreso se gana en metros cuadrados habitables, pero se cobra en horas de vida diarias.

A este fenómeno se suman factores menos visibles, pero igual de determinantes. La seguridad y la percepción de clase juegan un papel central. Para muchos hogares que lograron “graduarse” de la informalidad, permanecer en barrios que comienzan a deteriorarse o a cambiar rápidamente de uso deja de ser una opción atractiva. El temor al delito, la pérdida de referentes sociales y la sensación de estancamiento empujan la decisión de irse incluso antes de que exista una necesidad económica estricta.

Paradójicamente, una parte importante de estos barrios se formalizó jurídicamente. Muchos asentamientos informales accedieron, tras largos procesos, a derechos posesorios y eventualmente a título de propiedad. Sin embargo, esa formalización no siempre vino acompañada de infraestructura adecuada, servicios completos ni una capacidad real de adaptación intergeneracional de la vivienda. Además, en los barrios consolidados del centro, los cambios de uso de suelo —formales e informales— tampoco vienen siempre acompañados de infraestructura suficiente, reglas de convivencia claras o mecanismos eficaces de gestión urbana.

Muchas veces estos procesos ocurren al margen del código de uso de suelo de la zona en cuestión o mediante cambios de uso por lote impulsados por las propias autoridades urbanísticas. El resultado es un encarecimiento progresivo de la tierra que termina expulsando a los herederos: las viviendas no pueden crecer en altura, los parientes no desean o no pueden permanecer cerca, y la propiedad se vende o se alquila para usos distintos al residencial. La ciudad se vacía de vecinos y se llena de transacciones.

En este contexto, la pregunta clave no es por qué la gente se mueve, sino por qué la ciudad no logra retenerla. Hoy el Estado regula, sanciona o tolera, pero ha sido mucho menos eficaz en construir un sistema de incentivos que permita al pequeño propietario y al pequeño inversionista convertirse en aliados activos del desarrollo urbano. Faltan políticas que ayuden a mejorar la calidad estética y funcional de los barrios, que faciliten la producción de más vivienda dentro de ellos y que permitan una densificación progresiva —ese “missing middle” que tanto necesita la ciudad— sin destruir su tejido social.

Enfocar los incentivos a la industria inmobiliaria en las áreas cercanas a las estaciones del Metro de Panamá, lograr que el transporte público acerque los trabajos a la vivienda en menos de 60 minutos y ofrecer reglas claras y predecibles para pequeños desarrollos sería un buen comienzo. No se trata de frenar la movilidad, sino de hacerla una elección, no una obligación.

La Ciudad Escalera no debería obligar a abandonar el barrio para progresar. Debería permitir que los barrios crezcan con su gente. La pregunta que vale la pena hacerse —especialmente desde la clase media emergente y quienes están en camino de serlo— no es solo por qué se van, sino qué se está haciendo para que quedarse también sea una opción real de progreso.

Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 31 de diciembre de 2025.

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enero 1, 2026

El salario vital, la ciudad y la trampa de la polarización

Cada vez que se instala una mesa de salario mínimo en Panamá, presenciamos una coreografía predecible y desgastante. La discusión se politiza rápidamente y se atrinchera en dos narrativas opuestas que parecen irreconciliables. Por un lado, los sindicatos acusan al sector privado de insensibilidad ante el costo de la vida y de una negativa sistemática a distribuir la riqueza. Por el otro, el gremio empresarial argumenta que la productividad está estancada y que el trabajador panameño promedio no cuenta con las competencias, el dominio del inglés o las habilidades técnicas necesarias para justificar salarios más altos en una economía de servicios moderna.

El Estado, sentado en la cabecera, suele actuar como un árbitro tímido de este pugilato, validando una cifra que rara vez satisface a alguien. Sin embargo, desde la perspectiva del ordenamiento territorial y la economía urbana, este fuego cruzado es una distracción peligrosa. Aunque ambos bandos presenten argumentos válidos sobre productividad y distribución, están ignorando al verdadero “depredador” del ingreso familiar y de la competitividad empresarial en Panamá: la ineficiencia sistémica de la ciudad que habitamos.

Si analizamos con rigor la estructura de costos del Área Metropolitana, veremos que la brecha entre el salario y una vida digna no se resolverá únicamente con capacitación técnica ni con decretos de aumento salarial. El problema de fondo radica en las “tarifas sombra”, es decir, en los costos ocultos que pagamos por vivir en una ciudad donde el Estado ha renunciado a su rol de planificador, regulador y garante del orden.

La doble tributación de facto

El primer gran agujero en el bolsillo del panameño es la sustitución del Estado. Empresas y trabajadores pagan impuestos que, en teoría, deberían financiar el contrato social. Sin embargo, ante el colapso de la gestión pública, la clase media y trabajadora se ve obligada a pagar nuevamente en el mercado privado para obtener servicios básicos de supervivencia.

Hablamos de la educación, donde las familias se endeudan en colegios privados ante el deterioro de la escuela pública; de la salud, donde el seguro privado o la consulta pagada se convierten en la única alternativa frente a las listas de espera de la Caja de Seguro Social; y de la seguridad, que obliga a costear garitas y guardias privados. Esta “doble tributación” reduce drásticamente el ingreso disponible real. Cuando un trabajador se sienta a negociar su salario, no está pidiendo dinero para lujos, sino para compensar la ineficiencia del Estado. Mientras no resolvamos la calidad de lo público, la presión sobre el salario nominal será infinita e insostenible.

La vivienda y la crisis de confianza

Este ingreso mermado conduce al segundo costo oculto: el acceso a la vivienda y la convivencia urbana. Aquí es vital comprender la resistencia vecinal, a menudo etiquetada de forma injusta como obstruccionista o NIMBY (Not In My Backyard).

Los ciudadanos que se oponen a la densificación y a los cambios de zonificación en sus barrios no son enemigos del progreso; son víctimas de una profunda crisis de confianza. Su escepticismo es racional: si el Estado hoy no es capaz de hacer cumplir normas básicas —controlar el ruido nocturno en zonas residenciales, sancionar la mala disposición de la basura, recuperar aceras ocupadas por autos o poner orden en el caos vial frente a las escuelas—, ¿con qué garantías promete gestionar una mayor densidad?

Ante una autoridad ausente, el vecino opta por bloquear el desarrollo para proteger su calidad de vida. Esto congela la oferta de vivienda céntrica. A su vez, el sector inmobiliario enfrenta una estructura de incentivos distorsionada. Si la oferta se concentra en segmentos de alto valor, no siempre responde a una exclusión deliberada, sino a una lógica de supervivencia financiera. Frente a normativas rígidas, trámites burocráticos interminables y la hostilidad comprensible de comunidades cansadas del desorden, la inversión privada se refugia en nichos de lujo, donde el margen de ganancia permite absorber el riesgo y el tiempo.

    La falta de vivienda accesible en el centro no es solo un fallo de mercado; es la consecuencia directa de no contar con reglas claras que permitan construir ciudad de manera predecible.

    La trampa espacial y la productividad

    Al no poder costear vivienda céntrica —debido a los costos privados de educación y salud que erosionan el salario y a la escasez de oferta media—, el trabajador es expulsado a la periferia: Panamá Oeste, Panamá Este o el Norte. Aquí emerge el tercer componente devastador: la movilidad.

    Una ciudad dispersa impone un impuesto brutal en tiempo y dinero. Mientras los gremios debaten si el trabajador es productivo en su puesto, se ignora que ese mismo trabajador llega a su oficina tras dos o tres horas de desgaste en un transporte público deficiente o en un tráfico paralizante. Llega agotado física y mentalmente por la fricción urbana. La baja productividad nacional no es solo un problema de capacitación; es hija del tranque.

    Un empleado que pierde cuatro horas diarias en traslados dispone de menos tiempo para capacitarse, descansar y convivir con su familia. Esa erosión del capital humano representa un costo directo para la empresa, aunque no figure en ningún balance contable.

    Hacia un pacto de certeza

    El gobierno suele permitir que empleadores y trabajadores se culpen mutuamente o centra el debate mediático en el precio del arroz o de los medicamentos, que no son más que síntomas. Es momento de elevar la mirada.

    La solución pasa por un nuevo pacto social, un verdadero pacto de certeza. Se requiere un Estado que garantice infraestructura y convivencia —orden y respeto a la ley— antes de exigir densificación. Se necesita un entorno urbano que reduzca el costo de vida por eficiencia sistémica, no por decreto.

    Si lográramos una ciudad con escuelas públicas de calidad, transporte masivo eficiente y espacios públicos seguros, el salario actual rendiría mucho más. La presión sobre las empresas disminuiría y la calidad de vida mejoraría.

    Mientras sigamos discutiendo si el problema es la avaricia empresarial o la incompetencia laboral, continuaremos ignorando que el verdadero obstáculo es el costo de una ciudad que no funciona. Un Panamá más justo pasa, inevitablemente, por un Panamá ordenado.

    Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 17 de diciembre de 2025.

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    enero 1, 2026

    Cuando la zonificación se convierte en camisa de fuerza

    Los que me conocen saben que, por años, he sido un defensor acérrimo del respeto a la integralidad de la zonificación en los barrios de la ciudad. Este concepto está debidamente consagrado en el artículo 26 de la Ley 6 de 2006, numeral 1, que reza así: “…Para los cambios o modificaciones, se tomarán en consideración los siguientes parámetros: 1. Que todo cambio de zonificación o uso de suelo deberá ser integral o formar parte de algún plan especial o parcial, y deberá ser concordante con lo establecido en el plan local”.

    Hasta allí todo claro… a veces. Si algún día se revisaran las actas históricas de la Junta de Planificación Municipal, se podrían observar, en diversos periodos desde 2006 a la fecha, casos curiosos con interpretaciones “creativas” de dicho artículo. Estas interpretaciones buscan, en su mayoría, ofrecer soluciones que terminan flexibilizando la aplicación de la ley por distintas razones; unas razonables y legítimas, otras no tanto.

    Si bien la falta de una aplicación estricta de las normas urbanísticas es una clara violación del estado de derecho, no es menos cierto aquello de que “la ley está hecha para servir al hombre, y no el hombre para servir a la ley”. Por tanto, el principio rector, tanto en la redacción como en la aplicación de las normas urbanas, debería ser la justicia. Aquí es donde ingresamos al terreno de lo subjetivo si no se tiene una noción clara de la justicia como virtud cardinal.

    De hecho, como todo instrumento humano, la zonificación puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Puede servir para segregar indirectamente a personas de menores ingresos, para especular o para restringir la producción de vivienda. Esto no niega que existan justificaciones nobles para su uso, como el control de molestias (olores, ruidos, tráfico), la búsqueda de armonía estética o algo tan básico como garantizar que los servicios públicos abastezcan a la población existente y a la proyectada a 5 o 10 años.

    Sin embargo, es crucial considerar siempre los efectos colaterales de una política pública, especialmente hacia los más vulnerables. No son pocas las ocasiones en que vemos errores garrafales de análisis reflejados en normativas que hieren el sentido común y la justicia más elemental, a menudo cometidos por técnicos poco familiarizados con el territorio. Es por ello que los procesos de revisión periódica y dinámica se hacen necesarios.

    Hace poco trajeron a mi atención una convocatoria de consulta ciudadana por parte de la Junta Comunal de Parque Lefevre, referente a un lote de 800 m². La propuesta busca bajar su intensidad de uso y densidad, pasando de un código de zonificación 1ZM5 a 1ZM3, al parecer con el fin de dividir el lote, posiblemente en dos, lo cual, si fuese en partes iguales, no cumpliría con el área mínima requerida de 600 m². Esto dificultaría el desarrollo de edificios residenciales de baja y mediana altura y densidad, algo que quizás sí esté solicitando el mercado en lugar de los grandes proyectos en altura.

    De ser esto así, es probable que toda esa zona de la avenida Ernesto T. Lefevre haya sido mal zonificada, sin considerar que el mercado podría requerir mayor flexibilidad en la regulación predial para brindar una variedad de productos inmobiliarios residenciales o de usos mixtos, mejorando así la disponibilidad y bajando los precios de la vivienda. El problema radica en la solución propuesta: en lugar de utilizar la ley para revisar el planteamiento de 2021 de forma integral, incorporando criterios de economía urbana para toda la zona,la Junta de Planificación Municipal opta por actuar al margen de la integralidad exigida, ajustando puntualmente un solo lote.

    Se hace necesario, antes de embarcarnos en cualquier revisión —para este o cualquier otro caso—, tener los elementos básicos documentados y analizados. Solo así se podrán tomar decisiones correctas tanto desde la administración municipal como desde las comunidades. La investigación urbana, incluyendo la inmobiliaria, es un paso ineludible; de lo contrario, continuaremos simplemente “pintando mapas”, como decía un colega del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y lanzando proyectos inmobiliarios basados en intuiciones sin contar con los elementos esenciales de análisis para los tomadores de decisiones.

    De no hacer las revisiones periódicas, pertinentes y necesarias, convertiremos las normas de uso de suelo de una herramienta útil en una camisa de fuerza que tarde o temprano requerirá ser removida. La ciudad no puede esperar más.

    Este artículo fue publicado originalmente por el Diario La Prensa de 3 de diciembre de 2025.

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    enero 1, 2026

    El clamor del Municipio de Colón es el clamor de los gobiernos locales de Panamá

    No hay duda de que las palabras del alcalde del Municipio de Colón, Diógenes Galván, en un acto protocolar frente al Presidente de la República el pasado 5 de noviembre de 2025, han causado un gran revuelo en la opinión pública panameña, pues puso el dedo en la llaga de un mal que aflige a todos los gobiernos municipales de Panamá: la injusticia fiscal frente al Gobierno Central.

    Dicha injusticia hunde sus raíces en el centralismo panameño, el cual puede terminar minando la legitimidad de todo el sistema económico sobre el que se asienta el desarrollo del país. ¿Cómo se le explica a cada comunidad, sobre la que se asienta una zona franca, una concesión administrativa, etc., que las actividades económicas que están ocupando una parte significativa de su territorio y explotando sus recursos no tienen obligación alguna con quienes viven en su entorno?

    Se supone que la legitimidad de estas actividades reposa en los empleos que crean y los efectos agregados del consumo que deberían generar. Sin embargo, hasta el momento no se le ha presentado a la ciudadanía una auditoría de costos y beneficios de estos regímenes especiales, con la cual se pueda comprender, con datos en mano, sus beneficios o impactos negativos, comenzando por su entorno.

    El caso de Colón es, quizás, el más extremo, dado que su territorio, con una posición tan estratégica para la economía global, se encuentra fragmentado por distintos enclaves económicos globales explotados por el Gobierno Central, comenzando por el Canal de Panamá, los puertos, la Zona Libre y el Ferrocarril, ocupando una parte importante de su suelo y base fiscal. ¿Cómo puede la administración municipal sostenerse e incluso profesionalizarse para atender las necesidades presentes y su desarrollo futuro si los dividendos creados en su territorio se los lleva el Gobierno Central y los intereses radicados fuera de sí? La solución está en el retorno al principio de subsidiariedad.

    Dicho principio invierte completamente la pirámide fiscal y administrativa, dándole prioridad en la repartición de derechos y obligaciones a los gobiernos locales, y dejando de último al Gobierno Central, el cual debería tener un rol más limitado de coordinación, defensa y representación ante entes externos. Pero, en Panamá operamos justo al revés, sacrificando los intereses de las comunidades en nombre del desarrollo nacional.

    El centralismo económico y administrativo es un cáncer que carcome incluso la participación cívica, alienando a los ciudadanos en una lógica individualista que los aleja de su realidad inmediata, bajo la ilusión de que se pertenece a una gran sociedad que actúa en un territorio de 75,517 km². La falta de compromiso de ciudadanos, empresas y gobiernos comienza por su poca contribución económica al sostenimiento de sus gobiernos locales y de los servicios básicos que estos deben ofrecer al delegarlos a entes centralizados. Esta situación termina alimentando un ciclo vicioso en el que los mejores servicios se encuentran en la capital de la República y los peores, a nivel local, destruyendo las bases sobre las cuales asentar el desarrollo local y regional.

    Se hace importante, por tanto, que el Gobierno Nacional reflexione y haga una reingeniería de su régimen administrativo y fiscal en beneficio de los gobiernos locales y las comunidades, para que estas sientan el impacto positivo de las empresas y actividades que se establecen en su entorno, y que estas no se limiten a dar caridad disfrazada de RSE.

    Es por ello que se hace cada vez más urgente utilizar los recursos institucionales de gobernanza que ya ofrece la ley de descentralización, comenzando por el Consejo Nacional de Urbanismo, las Juntas de Desarrollo Municipal (que no deben confundirse con las Juntas de Planificación Municipal), y las Juntas de Desarrollo Local (las cuales dependen de las Juntas Comunales). El Gobierno debe convocarlas y sostenerlas con el fin de crear los acuerdos nacionales necesarios para el desarrollo desde la base, desde el desarrollo comunitario, priorizando los beneficios de los recursos geográficos y naturales en su entorno inmediato y luego en los siguientes niveles de influencia.

    Un gobierno empresarial se debe basar en brindar un ecosistema que haga posible el emprendimiento, y eso comienza con educación de calidad, servicios básicos de calidad y gobiernos locales eficientes que atraigan buenos negocios, sostenidos por el mejor recurso humano local, y que estos tengan un nivel de vida satisfactorio en su patria chica. Pero para ello debe invertir, pues son en estos ambientes positivos en los cuales los grandes capitales, las empresas disruptivas y creativas surgen y se aglomeran, creando así un ciclo virtuoso. Pero todo comienza por darle los recursos técnicos y fiscales a los municipios bajo un régimen de autonomía que les permita arrancar y crear dichos ecosistemas, y que compitan entre sí. Para mañana, es tarde.

    Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el Diario La Prensa de 8 de noviembre de 2025.

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    enero 1, 2026

    Sin gobernanza no hay confianza; sin confianza no hay gobernanza

    Tomando en consideración la polémica suscitada en los medios de comunicación y en las redes sociales por la propuesta del Municipio de Panamá de introducir una Compensación Urbana por incremento a la edificabilidad como instrumento de financiamiento, es importante entender el fondo de dicha polémica y cómo podemos superarla como ciudad.

    Según el gobierno municipal, con esta propuesta se pretende compensar —en dinero o en especie— los impactos que tendrán en su entorno las construcciones permitidas gracias a las asignaciones, cambios y autorizaciones de uso de suelo, las excepciones a la norma y los nuevos usos de suelo programados. Hasta hoy, esos proyectos no pagan más que el valor del trámite, que no excede los B/.500.00, y no aportan compensación alguna ni a su entorno ni a la ciudad en general.

    Si bien esta debería ser la finalidad de las tasas cobradas para los permisos de construcción —la Tasa de Construcción Municipal—, dicha tasa no fue diseñada como instrumento de gestión urbana, tal como lo informa el Plan Local de Ordenamiento Territorial en su Anexo 3, Tomo 2, citado también por el anteproyecto de acuerdo municipal.

    n otras palabras, lo recaudado por permisos de construcción va a la olla común de los municipios y no tiene un propósito concreto. Esto refleja la principal falla del sistema de ordenamiento territorial panameño: la falta de un régimen de gobernanza urbana con un sistema de gestión urbana compatible con el espíritu del Plan Local de Ordenamiento Territorial del Distrito de Panamá y de la Ley 6 de 2006, que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano en la República de Panamá, cuyo objetivo es “procurar el crecimiento armónico de los centros poblados y brindar a sus habitantes accesibilidad universal y mejor calidad de vida”.

    La Real Academia Española define gobernanza como la “forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen”.

    Por su parte, ONU-Habitat amplía esta definición al señalar que “es un proceso mediante el cual los gobiernos y los principales actores deciden colectivamente cómo planificar, financiar y gestionar las áreas urbanas”.

    Dicho esto, podemos afirmar que sí existe de facto un régimen de gobernanza y de gestión, pero responde a otros fines e intereses, enfocados no necesariamente en el crecimiento armónico ni en mejorar la calidad de vida, sino en el libre usufructo de la tierra en régimen de propiedad privada y en la libre oferta y demanda de productos inmobiliarios. Los mecanismos de mercado determinan qué conviene o no a cada persona —vista como consumidor— para satisfacer sus necesidades básicas y suntuarias, entendidas como parte de su calidad de vida.

    Por ello, desde la aprobación de la Ley 6 de 2006, sus promesas de crecimiento armónico, accesibilidad universal y mejor calidad de vida no se han concretado. Cumplirlas requiere de un Estado dirigista, pero los gobiernos que hemos tenido desde entonces —y los principales actores urbanos que influyen en ellos— no están ideológicamente de acuerdo con ese nivel de dirigismo. Prefieren aparentar cumplimiento, pero con excepciones, omisiones y ambigüedades.

    Este contexto es el caldo de cultivo perfecto para la desconfianza ciudadana. Ningún instrumento de gestión urbana, por novedoso que sea, podrá tener éxito si no surge de un genuino consenso colectivo sobre cómo planificar, financiar y gestionar nuestro territorio, no solo las áreas urbanas.

    El proyecto de compensación urbana presenta esta contradicción: busca sacar provecho de decisiones puntuales que terminan desfigurando la imagen urbana establecida por el plan mediante acuerdo municipal. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿para qué gastar tiempo y esfuerzo en planes y normas complementarias si lo que en realidad se busca es un régimen urbano que facilite el crecimiento económico sin barreras burocráticas? Pero también cabe preguntarse si ese es realmente el deseo colectivo de los capitalinos o solo de algunos grupos con mayor influencia y poder sobre los tomadores de decisiones.

    Afortunadamente, la Ley 14 de 2015, que modifica la Ley 6 de 2006 e introduce ajustes a los artículos 89 a 92 de la Ley de Descentralización, instituyó sabiamente la Junta de Desarrollo Municipal (JDM), una instancia nunca implementada y diseñada precisamente para sostener la gobernanza urbana tal como la define ONU-Habitat.

    Es importante entender que la JDM se distingue de la Junta de Planificación Municipal (JPM) en que la primera es una instancia colectiva y programática —de gobernanza urbana—, mientras que la segunda es colegiada y operativa —de gestión urbana—. Siendo así, antes de proponer nuevos instrumentos de gestión urbana, resulta más importante instituir la JDM, donde los representantes de todos los principales actores urbanos (políticos, comunidades, empresarios, académicos, profesionales y funcionarios públicos) podamos decidir colectivamente cómo planificar, financiar y gestionar no solo nuestras áreas urbanas, sino el territorio que las sostiene.

    Sin embargo, la JDM requiere de un brazo técnico, del mismo modo en que la Dirección de Planificación Urbana ha servido a la JPM. El Plan Local de Ordenamiento Territorial lo denomina Ente Gestor, que podría materializarse como una empresa municipal consultora o, preferiblemente, como un Instituto de Políticas Urbanas (AIP) de carácter investigativo —similar al INDICASAT, CIHAC o CIEPS—, bajo el amparo del Municipio de Panamá.

    Quizás la Junta de Desarrollo Municipal y el Instituto de Políticas Urbanas-AIP puedan convertirse en el legado más importante de la actual administración municipal, permitiendo construir los puentes necesarios para sentarnos todos en la misma mesa, hablar con sinceridad y acordar, con datos en mano, una visión colectiva para los próximos diez años. No será una solución perfecta, pero sí perfectible. Y eso ya es un avance.

    Este artículo de opinión fue publicado originalmente por el Diario La Prensa de 3 de noviembre de 2025.

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