La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

La entrega anterior de esta serie terminó en una idea que pedía su propio ensayo: quien mejoró su suerte en este país lo hizo por decreto o por convención colectiva, no por haber estudiado. Este artículo recoge esa idea y hace la pregunta que le sigue, que es qué pasó con esas alternativas, quién las conserva y quién las perdió, porque un país puede discutir durante décadas cuánto vale estudiar sin advertir que la discusión de fondo es otra, y es con cuánta fuerza llega cada cual a la mesa donde se decide lo que vale su trabajo.

Conviene empezar por el dato más largo que existe sobre esa mesa. La Penn World Table, la base de la Universidad de Groningen que reconstruye las cuentas de cerca de 180 países, registra desde 1969 qué porción del producto panameño fue a parar a la compensación del trabajo. La serie marca alrededor del 52 por ciento hasta finales de los años ochenta, empieza a bajar en 1990 y toca su punto más bajo en 2014, con 31 por ciento, del que apenas se ha movido desde entonces. Según esa serie, en los últimos 35 años la porción del producto que va al trabajo perdió alrededor de 20 puntos, y tocó fondo justamente al cierre de la década de mayor crecimiento de la historia del país, la de la ampliación del Canal y el auge inmobiliario.

Alguien dirá que la porción del trabajo viene cayendo en casi todo el mundo desde los años ochenta, y que la literatura económica, desde el estudio global de Karabarbounis y Neiman hasta el capítulo que el Fondo Monetario Internacional le dedicó en 2017, lleva más de una década midiéndola y atribuyéndola a la tecnología y a la globalización, y es cierto, pero conviene poner los dos tamaños uno al lado del otro, porque esa caída mundial ronda los 4 o 5 puntos del producto y la panameña la multiplica por cuatro.

Lo que pide explicación local no es que cayera, sino que cayera tanto más que en el resto del planeta, y que el fondo del pozo coincidiera con los años en que el país más riqueza producía. Visto así, lo ocurrido entre 2019 y 2023, cuando la porción de los asalariados bajó del 30,1 al 26,8 por ciento mientras el excedente subía al 61,8, no fue una ruptura: fue el último tramo de un deslizamiento viejo.

Dentro de esa cifra reciente opera además un efecto de medición que la literatura de cuentas nacionales conoce bien, y que conviene explicar porque cambia el sentido de lo que se mide. No toda la caída significa que a alguien le recortaran el sueldo. Las cuentas solo registran como remuneración lo que se paga dentro de una relación asalariada, de manera que cuando un trabajador con contrato pasa a buscarse la vida por cuenta propia, su ingreso desaparece de la columna de los salarios y reaparece en otra parte, sin que ningún empleador haya bajado un centavo.

Y eso es exactamente lo que ha venido pasando. Según las estimaciones de la OIT que publica el Banco Mundial, los asalariados eran el 66 por ciento de los ocupados en 2012 y el 59 en 2019. La informalidad, que según la encuesta laboral del INEC había tocado en 2011 su nivel más bajo en dos décadas, con 36,9 por ciento, alcanzó 49,3 en 2024, es decir 1.566.014 personas. Una parte de la caída de la participación del trabajo es eso: trabajo panameño que sigue trabajando, pero que ya no cuenta como salario porque salió de la categoría que el sistema registra. El excedente no subió solo porque alguien pagara menos; subió también porque cada vez menos trabajo está del lado del mostrador donde se anota lo que se paga.

Con ese telón de fondo se entienden mejor las vías de mejora, que en Panamá no son dos, como quedó dicho en la entrega anterior para simplificar, sino tres. Vale la pena mirarlas una por una, porque cada una tiene un dueño distinto.

La primera es el decreto. El Código de Trabajo manda revisar el salario mínimo cada 2 años en una comisión donde se sientan el gobierno, los trabajadores y los empleadores, y establece que si no hay acuerdo decide el Ejecutivo. Lo que el diseño presenta como negociación tripartita funciona en la práctica como antesala del decreto, y un estudio de caso publicado en el marco del diálogo de la Caja de Seguro Social lo dice sin rodeos: los ajustes se han dado siempre por decisión del Estado, al no lograrse acuerdo entre las partes. El piso salarial panameño no se negocia: se concede, y la generosidad de la concesión sigue el calendario de la política antes que el de la productividad.

El ejemplo mayor es el primer ajuste de la administración Martinelli, vigente desde enero de 2010, que rondó el 26 por ciento ponderado según el análisis del Centro Nacional de Competitividad, el más agresivo de la serie reciente, y que vino acompañado de la promesa de tener el salario mínimo más alto de América Latina. La promesa se cumplió a medias y con letra pequeña: el mínimo panameño figura desde entonces entre los más altos de la región en dólares corrientes, pero la ventaja se encoge al ajustarla por el costo de vivir en la capital, que es donde están los empleos, y esta serie ha documentado de sobra que el promedio nacional de precios es una ficción para quien vive donde se trabaja.

El mismo gobierno que decretó aquel aumento bajó al año siguiente el impuesto sobre la renta mediante la Ley 8 de 2010, dejando exento a todo el que ganara menos de 11.000 balboas al año, y financió parte del gesto subiendo de 5 a 7 por ciento el impuesto al consumo, que paga todo el mundo, incluido el que nunca pagó renta. El paquete completo tiene una estructura legible: el ingreso del trabajador formal mejoró por dos vías concedidas desde arriba, mientras el costo se repartía silenciosamente entre todos por abajo. Sea cual sea el juicio que merezca, nada de eso fue conquistado por nadie, y lo que se concede sin conquista puede dejarse de conceder sin aviso.

La segunda vía es la conquista pública, y aquí hay que corregir una idea que circula incluso entre quienes simpatizan con el movimiento obrero: la de que el sindicato de la construcción habría sido el único que consiguió algo en este país. No es cierto, y negarles su historial a los gremios del Estado sería tan injusto como inexacto. Los médicos organizados en la Comisión Médica Negociadora Nacional pactaron en 2015, con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, un aumento del 30 por ciento en el salario base, efectivo desde 2016 y con bonos escalonados por categoría, un porcentaje que ninguna convención de la construcción registrada en esta serie supera.

Las enfermeras, cuya Asociación Nacional lleva un siglo existiendo, cerraron su última negociación salarial ese mismo año y cuentan entre sus conquistas, según la propia asociación, la jornada de 6 horas para las áreas críticas. Los gremios docentes, acaso el actor huelguístico más persistente del país, encabezaron en julio de 2022 el paro que obligó al gobierno a congelar el precio del combustible y controlar el de la canasta básica, y sostuvieron en 2025 una huelga contra la reforma de la seguridad social que el Estado respondió reteniendo salarios. Los escalafones públicos de la salud y la educación, que vistos desde afuera parecen concesiones legales, son en realidad el saldo acumulado de décadas de esa presión: conquistas que se pelearon primero y se escribieron en la ley después.

Pero todas estas conquistas comparten un rasgo que las limita: su contraparte es el Estado como empleador, su instrumento es la ley o la escala pública, y su techo es el presupuesto y la voluntad política de turno. El gremio público conquista con huelga y con calle algo que al final se formaliza como concesión estatal. Su palanca es real, pero pasa por la misma puerta que el decreto.

La tercera vía es la conquista privada, y esa existió en Panamá en dos sectores, y solo en dos. El más antiguo es el enclave bananero, donde el sindicato de la industria, el SITRAIBANA, negocia convenciones colectivas con Chiquita desde hace décadas, y donde la convención vigente, según el propio Ministerio de Trabajo, cubre a más de 5.000 trabajadores. No es casualidad, y conviene dejarlo apuntado desde ya, que ese sindicato también terminara 2025 en conflicto abierto: una huelga prolongada que la empresa respondió despidiendo a miles de trabajadores, unos 5.000 según la cobertura internacional, y el gobierno declarando el estado de emergencia en la provincia.

El otro sector, el mayor, y el único donde la contraparte es la cámara patronal de toda una industria a escala nacional, es la construcción. Ahí el sindicato del ramo firmó su primera convención con la Cámara Panameña de la Construcción en 1974 y las renovó desde entonces cada 4 años, mejorando en cada ciclo el tarifario, la seguridad y las condiciones. Esa vía fue la que llevó al peón, el trabajador sin ninguna calificación formal, de 3,86 balboas la hora en 2019 a 4,51 en 2025, por encima de lo que los avisos de empleo ofrecen a licenciados, como mostró la primera entrega de esta serie.

Toca ahora dimensionar lo que esos dos sectores representaban dentro del mercado laboral completo, porque el dato es incómodo por partida doble. Según el registro de la Confederación Sindical de las Américas, hacia 2017 había en todo el país 79 convenios colectivos vigentes, que cubrían a 22.817 trabajadores: el 1,3 por ciento de los ocupados. La construcción concentraba 24 de los 79. Dicho de otro modo, el 98,7 por ciento de los trabajadores panameños no tenía convención colectiva alguna, la afiliación sindical venía cayendo del 18,5 por ciento de la población activa en 2015 hacia el 14 según las propias centrales, y fuera del banano y de la construcción prácticamente nadie negociaba con el capital privado a escala de su sector. La palanca privada no era una institución extendida que se debilitó: era un par de excepciones que sobrevivían.

Quien quiera medir el poder de negociación del trabajo panameño no debe preguntar qué perdió el sindicato de la construcción, sino por qué en medio siglo casi ningún otro sector logró construir lo mismo. Y para el profesional la respuesta es sencilla: el ingeniero, el arquitecto, el abogado y el economista del sector privado no tienen sindicato, no tienen escalafón ni tienen un colegio que negocie por ellos. Negocian solos contra organizaciones, uno por uno, que es la definición técnica de no tener poder, con la posible excepción, pendiente de medir, del médico y del docente privados a los que el escalafón público podría estar haciéndoles de piso sin que lo sepan.

Esa soledad tiene fecha y fallo. La abogacía tuvo colegiación obligatoria por ley y la perdió el 24 de junio de 1994, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional exigir la membresía del Colegio Nacional de Abogados para ejercer, por contraria a la libertad de asociación, que en esa lectura incluye el derecho a no asociarse. Lo voluntario se disuelve: para 2023, menos del 8 por ciento de los más de 27.000 abogados activos del país participaba en las actividades de su colegio. Las demás profesiones nunca tuvieron siquiera eso que perder, porque la idoneidad del ingeniero y del arquitecto la concede una junta técnica estatal y no su gremio, de modo que el colegio nació club y club se quedó. El profesional panameño no negocia solo por apatía: el diseño legal hizo su representación voluntaria, y una representación que no puede obligar ni a sus propios miembros tampoco puede obligar a nadie a sentarse enfrente

A estas tres vías hay que sumarles una cuarta que este relato venía obviando y que no pasa por el trabajo: la transferencia pura. Panamá construyó en dos décadas, como casi toda América Latina, una red de pagos directos del Estado a la casa. La Red de Oportunidades desde 2006 para las familias en pobreza extrema; los 100 a los 70 de 2009, que hoy son 120 a los 65, para el adulto mayor sin jubilación; la Beca Universal de 2010 para el estudiante; el Ángel Guardián de 2012 para la discapacidad severa; y en la pandemia, el vale digital del plan Panamá Solidario. Los montos vigentes son modestos — 120, 80 y 50 balboas mensuales, según el programa y el propio Ministerio de Desarrollo Social —, pero su suma puso durante años un ingreso mínimo bajo la base de la pirámide y ayuda a explicar la reducción de pobreza que este ensayo ya reconoció.

El modelo es el mismo que adoptó la región entera, y lo que importa para este argumento es su naturaleza: la transferencia es la concesión en estado puro, ingreso que no se negocia porque no pasa por ninguna mesa, que se legisla y se gira, y que se puede dejar de girar. Y conviene fijarse en la fecha y la firma de tres de los cuatro programas permanentes, 2009, 2010 y 2012, la misma administración del gran ajuste del mínimo y de la rebaja del impuesto. Leído entero, el paquete de aquella década se resume en que el mínimo subió por decreto, la renta bajó por ley y la transferencia se giró por planilla. El piso panameño no lo sostiene la negociación por ningún lado; lo sostienen el decreto para el que trabaja formal y la transferencia para el que quedó afuera, y la distancia que ni uno ni otra cubren la financia el crédito.

De aquel recuerdo vive, por cierto, una marca política que todavía gana elecciones, porque la promesa con que esa misma corriente volvió al poder en 2024 fue poner más chen chen en tu bolsillo, y traducida al idioma de este ensayo esa consigna dice algo muy preciso: que en Panamá el ingreso se concede desde arriba, que quien lo concedió una vez puede prometer concederlo de nuevo, y que la mesa donde eso se decide es la urna, no la negociación.

Hay en esa figura un detalle notable, y es que el político que más ha concedido por decreto viene del propio sector empresarial, y concedió desde el poder lo que su sector nunca concedió como empleador, aunque conviene mirar de dónde salió la plata: la rebaja de la renta y las transferencias se cargaron a la caja pública y al impuesto al consumo que pagan todos, y solo el mínimo tocó la planilla privada, por decreto y no por acuerdo. Hasta la generosidad del empresario en el poder confirma la regla de este ensayo: en Panamá la bonanza no se comparte en la mesa de negociación; se reparte, cuando se reparte, desde el poder.

Cabe preguntarse cómo se llegó aquí, y la respuesta corta es que las estructuras que obligaban a repartir se desmontaron en una década precisa, la de los noventa, mientras el modelo que producía la riqueza quedaba intacto. Hay que contar esa historia sin nostalgia, porque los datos no permiten idealizar lo anterior. La manufactura, que según las series del Banco Mundial llegó a pesar una quinta parte del producto en 1970, ya había caído a 15 por ciento en 1990: la desindustrialización venía de antes. Los enclaves tampoco los trajo el ajuste, porque la Zona Libre existe desde 1948 y el centro bancario internacional lo creó un decreto de 1970, bajo el mismo régimen militar que poco después promulgó el Código de Trabajo de 1972, marcadamente protector del lado laboral. Lo que hizo el orden posterior a la invasión fue quedarse con una mitad de esa herencia y desmontar la otra: conservó y amplió el enclave, y desarmó los contrapesos.

La primera señal llegó de inmediato, cuando tras la huelga general de diciembre de 1990 la Ley 25 de ese año autorizó el despido masivo de los empleados públicos vinculados a la protesta, un episodio que una década más tarde le costó a Panamá una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Baena Ricardo y otros, por lo actuado contra 270 trabajadores despedidos. Después vinieron la liberalización comercial, condición del apoyo financiero internacional para la reconstrucción, que aceleró la caída de la industria hasta el 4,9 por ciento del producto actual, y las privatizaciones de puertos, teléfonos y electricidad. Y en 1995 llegó la pieza que esta historia suele omitir y que es la más pertinente para este ensayo: la Ley 44, la reforma laboral que abarató el despido, amplió jornadas y flexibilizó descansos, impuesta contra una huelga que dejó 4 muertos y unos 500 detenidos. De esa derrota nació, por cierto, la central clasista que hoy es querellante ante la Organización Internacional del Trabajo por los hechos recientes, de modo que el arco de esta historia se cierra sobre sí mismo.

La cronología completa queda entonces así: primero se desmontó la protección, después se hundió la participación, y el país redujo mientras tanto su pobreza y su desigualdad — las tres cosas son ciertas a la vez, y esa simultaneidad es precisamente lo que vuelve el fenómeno difícil de ver.

Conviene decir con todas las letras qué clase de afirmación es esta, porque una secuencia documentada no es todavía una causa probada. La evidencia disponible alcanza para sostener que el desmonte de la negociación es un mecanismo central de la caída, consistente con los datos, pero probablemente no el único, y queda en pie, sin descartar, la explicación por composición: una economía cuyo producto se desplazó hacia el canal, la banca y el ladrillo, sectores que pagan poca planilla por naturaleza, perdería participación del trabajo aunque nadie hubiera tocado un sindicato. Separar cuánto puso cada cosa exige las cuentas nacionales por rama que este programa todavía no procesa, y así queda declarado.

La pandemia hizo el resto, y lo hizo de un modo que las cifras permiten reconstruir con crudeza. Cuando llegó la emergencia de marzo de 2020, la Ley 157 y sus decretos conexos permitieron suspender contratos sin indemnización, y se suspendieron más de 240.000. El gobierno estimó que 180.000 volverían antes de fin de año. A noviembre habían vuelto 88.464, el 38 por ciento. El propio Ministerio de Trabajo documentó que había empresas que reabrían actividades sin reactivar los contratos suspendidos y recontrataban a la gente por servicios profesionales, es decir sin Código de Trabajo, sin cotización y sin antigüedad, y calificó el procedimiento de incorrecto, que es una manera administrativa de describir una mudanza masiva desde el mundo protegido hacia el desprotegido.

Conviene decir con precisión qué prueba esto y qué no, porque las intenciones de miles de empresas no se auditan: lo que prueba es un mecanismo y su resultado. La legislación laboral panameña no impedía despedir: lo encarecía. El ajuste de planilla que el sector privado venía haciendo a cuentagotas desde que la economía se desaceleró en 2014 — la caída de los asalariados del 66 al 59 por ciento del empleo entre 2012 y 2019 está ahí para documentarlo —, la emergencia lo abarató de golpe y lo ejecutó de una sola vez. La prueba de que el ajuste fue permanente es que la marea nunca bajó, porque la economía recuperó su tamaño pero la informalidad, que según la encuesta laboral era de 44,9 por ciento en agosto de 2019, se quedó más de 4 puntos arriba, y la proporción de asalariados no ha vuelto a la de 2014. Lo temporal fue la ley; el ajuste fue para siempre.

Sobre un mercado laboral así de desguarnecido vino la secuencia final, la que motivó este ensayo, y aquí basta resumirla, porque el detalle completo consta en el expediente del caso 3456 del Comité de Libertad Sindical de la OIT. La presión no empezó en 2025 ni con el gobierno actual: empezó en noviembre de 2023, bajo la administración anterior, inmediatamente después de las protestas que paralizaron el país contra el contrato minero, con el cierre abrupto de las cuentas bancarias del sindicato de la construcción, y escaló, a través de dos gobiernos de partidos distintos, desde una investigación por blanqueo que terminó archivada hasta la judicialización de más de 120 dirigentes y, en julio de 2025, la demanda formal de disolución de la organización que había firmado todas las convenciones del sector desde 1974; la audiencia comenzó en abril de 2026 y el proceso sigue abierto.

El gobierno alega delitos financieros y desviación de fines, el sindicato denuncia persecución, y nada de eso se adjudica aquí, aunque la simetría obliga a registrar el archivo de aquella primera investigación. Lo que sí corresponde decir es que la secuencia atraviesa dos administraciones de signo opuesto, y eso desarma la lectura partidista del caso, porque lo que el episodio muestra no es un presidente contra un sindicato, sino un Estado frente a la más fuerte de las organizaciones con capacidad de veto económico: la única cuyo veto operaba dentro de la economía privada y se cobraba en convención colectiva, porque el veto docente, tan real como lo demostraron 2022 y 2023, presiona la política pública pero no negocia salarios con ningún patrón.

La convención siguiente de la construcción se firmó en enero de 2026, por 7 sindicatos, sin el actor que había arrancado todas las anteriores, por vía directa y sin pliego, y su fuerza futura sin capacidad real de huelga está por probarse.

Hay un detalle de ese poder de veto en el que conviene detenerse, porque explica la forma que tomó la respuesta estatal. El movimiento obrero panameño intentó la vía electoral: fundó un partido, el Frente Amplio por la Democracia, lo llevó a las urnas en 2014 y en 2019, y obtuvo el 0,6 y el 0,69 por ciento de los votos según los registros del Tribunal Electoral, perdió dos veces la personería jurídica y fracasó después al intentar reinscribirse. Ese mismo movimiento que no llega al 1 por ciento de los votos puede, sin embargo, detener la economía del país, como lo demostró en 2022 y en 2023.

Es un poder de veto sin representación, que puede parar lo que no puede gobernar, y a un adversario así no se le derrota en elecciones, porque no compite en ellas de verdad; se le disputa lo único que tiene, que es su capacidad de organización y de huelga, y las herramientas de esa disputa no son electorales sino financieras y judiciales, que son exactamente las que el registro de 2023 a 2026 documenta. No hace falta atribuirle esa lógica a nadie como plan, basta con observar que los hechos son consistentes con ella.

Con las cuatro vías sobre la mesa, el balance cabe en una sola frase: al trabajador panameño no le queda ninguna palanca de mejora que no pase por el Estado. El decreto y la transferencia los da el Estado; la conquista pública se le arranca al Estado, que es a la vez la contraparte, el árbitro y, como vieron los docentes de 2025 con sus salarios retenidos, el dueño de la caja; y la mayor de las palancas que negociaban con el capital privado sin pedirle permiso a nadie está en un juzgado, esperando a saber si sigue existiendo, mientras la otra, la bananera, salió de su huelga de 2025 con miles de despedidos.

Un mercado laboral donde todas las vías de mejora convergen en la voluntad política tiene el precio de su trabajo indexado al ciclo electoral y no a la productividad, y eso explica, mejor que cualquier teoría sobre la calidad de las universidades, la paradoja con la que empezó esta serie: el país puede exhibir a la vez uno de los mínimos nominales más altos de la región, porque el piso es la vitrina de la política, y una participación del trabajo que perdió 20 puntos en 35 años sin recuperar ninguno, porque encima del piso casi nadie negocia. Y un piso que trabaja solo, además, se desborda, porque el decreto carga en Panamá con un peso que en otras partes se reparte entre la ley, la mesa y el inspector, y lo que el piso legal exige por encima de lo que la economía desorganizada paga no se convierte en salario sino en incumplimiento: las 213.370 personas que según la encuesta laboral trabajan jornada completa por debajo del mínimo son la medida exacta de ese desborde.

Tampoco es esto una rareza tropical, porque en ninguna parte del mundo las patronales se sientan a negociar por gusto: donde la negociación colectiva cubre a las mayorías es porque la ley extiende los convenios a todo un sector o porque el sindicato puede costearse el conflicto, y hasta la Unión Europea tuvo que ordenar por directiva, en 2022, que los países con poca negociación la fomenten con plan y calendario. Lo distintivo panameño no es la renuencia patronal, que es la regla del planeta, sino — y esta es la interpretación que este ensayo defiende — haber desmontado la poca arquitectura que la compensaba. El piso se decreta; la distribución se conquista o no existe.

Y mientras tanto, la diferencia entre lo que el trabajo produce y lo que el trabajo cobra la administra el sistema financiero, balboa a balboa y descuento directo a descuento directo, como documentó la entrega anterior. La casa que no alcanza no protesta: refinancia.

Queda abierta la pregunta que ya no es de este ensayo sino del país, y es qué pasa con una economía así cuando ya no quede nada que desmontar. La respuesta optimista dice que el crecimiento tarde o temprano gotea, y la serie de 54 años que abre este artículo es la medida exacta de ese goteo: 20 puntos del producto que cambiaron de bolsillo en una generación y media. La respuesta realista es que la distribución no volverá a moverse hasta que alguien vuelva a sentarse del otro lado de la mesa con algo más que la esperanza, y ese alguien, hoy, no existe o lo están disolviendo en un juzgado. Por eso la vía que queda, la tercera de la entrega anterior, la del trabajador que llega a la entrevista sabiendo cuánto cuesta vivir dignamente en su zona y cuánto produce el trabajo que ofrece, no es un consuelo sino una semilla, porque la conciencia del precio propio es la condición previa de cualquier negociación que venga.

La historia contada aquí enseña que en Panamá nadie ha regalado nunca nada por encima del piso, y que todo lo que el trabajo llegó a tener, la convención del 74, el escalafón de las enfermeras, el 30 por ciento de los médicos, el congelamiento del combustible, se conquistó organizadamente o no se tuvo. Saber eso también es una forma de capital, y es la única que no cotiza en ningún enclave.

El autor es arquitecto y urbanista.

Nota metodológica y ética. La serie larga de participación de la compensación laboral en el producto procede de Penn World Table, versión 11.0, publicada a través del sistema FRED del Banco de la Reserva Federal de San Luis, y cubre de 1969 a 2023. Su tramo anterior a 1990, constante en torno al 52 por ciento, presenta las señales típicas de la imputación estadística y debe leerse como referencia y no como medición, pendiente de cotejo con las cuentas nacionales históricas de la Contraloría. Esa serie ajusta por el ingreso de los trabajadores por cuenta propia; la cifra de 30,1 a 26,8 por ciento para 2019-2023, citada de la entrega anterior, proviene de las cuentas nacionales del INEC, que registran solo la remuneración de asalariados, razón por la cual ambas series difieren en nivel y la segunda es sensible a la informalización. El problema de medición del ingreso de los cuentapropistas es un asunto clásico de la literatura de cuentas nacionales desde el trabajo de Gollin de 2002, y este artículo no pretende novedad al señalarlo, solo aplicarlo al caso panameño.

La caída mundial de la participación del trabajo desde los años ochenta, y su magnitud de 4 a 5 puntos, está documentada por Karabarbounis y Neiman y por el capítulo 3 del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional de abril de 2017. La lectura del crédito a los hogares como sustituto del salario tampoco es original de esta serie: pertenece a una literatura que va de Barba y Pivetti al keynesianismo privatizado de Crouch, y el aporte de estas entregas se limita a documentarla con datos panameños. El diagnóstico del enclave de tránsito pertenece a una tradición panameña de medio siglo, la del transitismo de la historiografía nacional y la crítica de la dependencia, y este programa se inscribe en ella en lugar de redescubrirla: lo que añade es su cuantificación presente y el cruce con el costo de vida por zonas.

El mecanismo de fijación del salario mínimo procede del artículo 174 del Código de Trabajo, y la constatación de que los ajustes se han fijado siempre por decisión del Ejecutivo, del estudio de caso de Roger Durán, «El Salario Mínimo y su Impacto en la Economía», publicado en el marco del diálogo de la Caja de Seguro Social. La magnitud del ajuste de 2010 procede de un análisis del Centro Nacional de Competitividad que lo estimó en torno al 26 por ciento ponderado, cifra que difiere del rango publicado en otras fuentes y cuya conciliación queda pendiente. La reforma fiscal de 2010 procede de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010, Gaceta Oficial 26489-A; la tarifa del impuesto sobre la renta anterior a esa ley no pudo verificarse en fuentes abiertas y por eso no se cuantifica la magnitud de la rebaja.

El acuerdo salarial médico de 2015 procede de la cobertura de TVN Noticias sobre la negociación entre la Comisión Médica Negociadora Nacional, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social; el historial de la Asociación Nacional de Enfermeras, del reportaje de La Web de la Salud sobre su centenario; las conquistas docentes de 2022, del registro del monitor CIVICUS sobre las protestas de julio de ese año; la retención de salarios a los docentes en huelga de 2025, del despacho de Prensa Latina del 12 de mayo de 2025.

La historia de la convención de la construcción procede del relato histórico del propio SUNTRACS reproducido en el repositorio RELATS, fuente de parte y declarada como tal. La convención colectiva entre el SITRAIBANA y Chiquita Panamá, con su cobertura de más de 5.000 trabajadores, procede de los comunicados del Ministerio de Trabajo, y su conflicto de 2025, con la huelga, los miles de despidos y el estado de emergencia provincial, de las coberturas de La Estrella de Panamá, France 24 y la regional de la UITA. La cobertura de la negociación colectiva, 79 convenios y 22.817 trabajadores en 2017, el 1,3 por ciento de los ocupados, y la afiliación sindical de 18,5 por ciento de la población económicamente activa en 2015, proceden del informe «Cadenas Globales de Producción en las Américas: Panamá» de la Confederación Sindical de las Américas, de 2021; la informalidad de 44,9 por ciento en agosto de 2019, de la ficha país de Panamá del Observatorio Laboral de esa misma confederación.

Las series de manufactura como porcentaje del producto, de empleo industrial y de asalariados como proporción del empleo proceden del Banco Mundial y de las estimaciones modeladas de la OIT; las de informalidad, de la Encuesta de Mercado Laboral del INEC según los reportes de La Estrella de Panamá, incluido el análisis del consultor laboral René Quevedo. La Ley 25 de 1990 y sus consecuencias proceden de la sentencia de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baena Ricardo y otros contra Panamá, del 2 de febrero de 2001. La reforma laboral de 1995 y su saldo de 4 muertos y unos 500 detenidos proceden de la Ley 44 de 14 de agosto de 1995 y de la columna conmemorativa de Genaro López en La Estrella de Panamá, «1995: legados de la lucha obrera». El fallo de inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria de 1994 se cita por referencia del expediente de este programa y su texto íntegro permanece en la lista de verificación.

Las cifras de la pandemia, más de 240.000 contratos suspendidos y 38 por ciento reactivado a noviembre de 2020, proceden de la cobertura de La Estrella de Panamá y La Prensa sobre los reportes del Ministerio de Trabajo, incluida la constatación oficial de recontratación por servicios profesionales; el marco legal es la Ley 157 de 2020 y el Decreto Ejecutivo 229 del mismo año. La secuencia de 2023 a 2026 sobre el sindicato de la construcción, incluidos el cierre de 18 cuentas en noviembre de 2023, el archivo de la primera investigación en agosto de 2024 y las recomendaciones del comité, procede del Informe 409 del Comité de Libertad Sindical de la OIT, caso 3456, y del portal del Órgano Judicial para las fechas de la audiencia de 2026. Los resultados electorales del Frente Amplio por la Democracia proceden de los registros públicos del Tribunal Electoral según sus compilaciones enciclopédicas de acceso abierto y la cobertura de Panamá América, pendientes de cotejo contra las actas oficiales para una publicación formal. Las afirmaciones sobre la ausencia de escalafones y de negociación profesional en el sector privado proceden del estudio de escalafones de este mismo programa.

Los programas de transferencias y sus montos vigentes proceden del portal de Programas de Transferencia Monetaria Condicionada del Ministerio de Desarrollo Social; la Red de Oportunidades figura desde 2006 en la base de programas de protección social de la CEPAL, y el plan Panamá Solidario, en el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el impacto social de la pandemia. Las leyes de creación de los 100 a los 70, la Beca Universal y el Ángel Guardián se citan por referencia y quedan pendientes de cotejo en Gaceta, igual que el gasto agregado en transferencias como proporción del producto. La literatura comparada sobre transferencias condicionadas en América Latina, del programa mexicano de 1997 al brasileño de 2003, está documentada por el Banco Mundial y no se pretende aquí aporte alguno sobre ella. La consigna del chen chen procede de su registro en la prensa panameña de opinión y de la cobertura internacional de la campaña y la toma de posesión de 2024.

La cifra de 213.370 personas con jornada completa por debajo del mínimo procede de la Encuesta de Mercado Laboral de septiembre de 2025, citada en la entrega anterior. El contexto internacional sobre negociación colectiva procede del Informe sobre el Diálogo Social 2022 de la OIT y de la Directiva 2022/2041 de la Unión Europea sobre salarios mínimos adecuados, cuyo artículo 4 obliga a los Estados con cobertura inferior al 80 por ciento a planes de acción para aumentarla; la evidencia comparada sobre salario mínimo, informalidad y precios, de la revisión de la OIT sobre salario mínimo y empleo, de los estudios del Banco de la República de Colombia y del análisis técnico del Banco de México, con la advertencia de que no existe estimación econométrica panameña propia de esos efectos, vacío que este programa deja señalado.

Los procesos judiciales mencionados están abiertos y ninguna afirmación de este artículo prejuzga su resultado. La tesis del ensayo — el desmonte de las instituciones de negociación como mecanismo central de la caída de la participación del trabajo — se sostiene como interpretación consistente con la evidencia y no como causalidad demostrada; la descomposición sectorial de las cuentas nacionales, que permitiría ponderarla contra la explicación por composición del producto, queda declarada como la verificación mayor pendiente de este programa.Quedan dos declaraciones que el lector merece. La primera es que este artículo, como los anteriores de la serie, fue desarrollado con asistencia de modelos de inteligencia artificial, empleados para buscar y cotejar fuentes, auditar cifras y consistencia, señalar contradicciones y depurar la prosa; las decisiones de contenido, de interpretación y de voz son del autor, y también lo son los errores que hayan sobrevivido a las auditorías. La segunda es que el autor es arquitecto y urbanista, no economista ni laboralista, y esta serie es el trabajo de un ciudadano que aprendió a preguntarle a los datos públicos, no el de un especialista, de modo que este escrito, como los demás, queda expresamente invitado al comentario, la crítica y la auditoría de los verdaderos expertos en la materia, cuyas correcciones serán recibidas como lo que son: la continuación del método que estos ensayo