¿Falta gente preparada en Panamá?
Por Carlos Antonio Solís Tejada
Cada cierto tiempo reaparece la misma frase en los foros gremiales y las páginas económicas: no se consigue personal calificado. Se asume de inmediato que faltan profesionales, que las universidades gradúan en las carreras equivocadas y que el sistema educativo falló. Sin embargo, dentro de esa queja conviven tres preguntas distintas que solemos confundir: la de **cantidad** (si hay suficientes personas con título), la de **calidad** (si saben hacer lo que el puesto exige) y la de **tamaño y geografía** (cuánta gente puede emplear realmente la parte de la economía que paga bien y dónde queda ubicada). La primera está resuelta. Las otras dos, no.
Fui a los censos del INEC a buscar la respuesta a la primera y las cifras son contundentes. En el año 2000, el área metropolitana tenía unos cuarenta y ocho mil jefes de hogar con carrera universitaria terminada; hoy tiene cerca de ciento setenta mil. En una sola generación multiplicamos por más de tres nuestra población con título. Lo esperable sería que, ante tal sobreoferta, los graduados terminaran en trabajos de menor categoría. Pero al cruzar título con ocupación entre 2010 y 2023, la proporción de titulados que trabajaba como profesional, gerente o director se mantuvo idéntica: sesenta y uno de cada cien. Trece años y cero puntos de diferencia, mientras el volumen de graduados crecía más del cincuenta por ciento.
Si aplicamos el estándar estadístico europeo e incluimos a los técnicos de nivel medio —laboratoristas, dibujantes, técnicos de sistemas—, la correspondencia sube a cerca de cuatro de cada cinco. Tampoco se sostiene que el problema sean las carreras: casi cuatro de cada diez graduados de las universidades oficiales salen hoy de campos técnicos o científicos, frente a menos de tres hace quince años. De la cantidad se puede decir algo firme: no falta gente con título ni se está formando en las áreas equivocadas.
Y sin embargo, la queja empresarial persiste porque no habla de diplomas, sino de competencias: redactar sin errores, entender un contrato en inglés o resolver un problema con creatividad. El problema es que sobre esas competencias reales Panamá no ha levantado un solo dato. El país no participa en evaluaciones internacionales de adultos, no da seguimiento a sus egresados, no cuenta con un observatorio laboral ni conecta los registros educativos con los del empleo. Como señaló Liz Reisberg en el diagnóstico encargado por el BID en 2021, el país carece de las estadísticas para analizar los resultados de su propio sistema.
De ese vacío solo se salva el inicio escolar, y lo que ahí se mide preocupa: en la prueba PISA 2022, solo cuatro de cada diez estudiantes de quince años alcanzaron el nivel mínimo en comprensión lectora, y en matemáticas apenas el dieciséis por ciento. Cuánto aprenden después en la universidad es imposible de saber. Los exámenes de admisión de las universidades públicas no exigen una nota mínima fija; entran los mejores puntajes hasta llenar cupos, de modo que si el grupo llega peor preparado, la nota de corte baja sola. Nadie mide si la universidad nivela o si expulsa al que no rinde, porque tampoco se hace seguimiento por cohortes. Quien se topa con la carencia años después es el empleador, y la llama escasez de talento.
Para entender la dinámica del mercado, revisé ciento veinte avisos en un portal de empleo. La mitad de los puestos de oficina y un tercio de los de atención al cliente exigían carrera universitaria para tareas como archivar o contestar cotizaciones, pidiendo experiencia previa e inglés por sueldos de ochocientos balboas. Sin embargo, el censo muestra que solo veintisiete de cada cien empleados de oficina tienen título. El título se exige para entrar, pero no se paga cuando ya se está adentro.
Esta desproporción responde a la lógica de la economía de la educación: ante el deterioro de la secundaria, haber llegado a la universidad es el único indicador observable de disciplina que le queda al empleador. El título no se pide por lo que enseña, sino como un sustituto o filtro de madurez laboral. Es un filtro costoso que pagan los candidatos y que deja fuera a quien no pudo pagar la matrícula. Por el lado del precio, la ventaja salarial de tener un título se redujo en un tercio en los últimos veintitrés años, y cuando las empresas buscan resolver la falta de personal, subir los sueldos no figura entre sus primeras respuestas. Quien no sube el precio de lo que dice no conseguir admite que el problema no es estrictamente de escasez.
Aun si el sistema educativo se arreglara mañana, quedaría el problema del tamaño y la geografía. Los sectores que empujan el crecimiento panameño emplean muy poca gente y ocupan muy poco suelo: la banca genera el seis por ciento del PIB con el dos por ciento del empleo, concentrado en un puñado de corregimientos del centro. La mayoría de los panameños trabaja en el comercio, los servicios y la construcción, repartidos por toda la mancha urbana.
Esto reproduce una ciudad dividida: un enclave de alta productividad en el centro y una periferia dormitorio en Panamá Norte, Este, Arraiján y La Chorrera. Cuando un titulado de la periferia evalúa un puesto de ochocientos balboas en el centro, resta el transporte y las dos o tres horas diarias de trayecto. Esa fricción espacial opera como un filtro tan real como el diploma. El enclave no puede absorber a todos los graduados; el resto termina en el sector de menor productividad, donde se fija su salario.
Podemos afirmar que nunca tuvimos tantos profesionales y que el mercado los siguió empleando en las mismas categorías. La pregunta difícil —si saben hacer lo que se les pide— no tiene respuesta porque no construimos los datos para medirla. Mientras tanto, discutimos reformas a ciegas en una ciudad que sabe cuántos metros cuadrados construye cada año, pero desconoce qué hace con la gente que educa.
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**Nota metodológica:** Datos de REDATAM-INEC (censos 2000, 2010, 2023) para el área metropolitana. Graduados de UP y UTP; datos sectoriales de INEC/MEF; encuesta ManpowerGroup; diagnóstico BID (Reisberg, 2021). Auditoría sobre 120 vacantes en portal abierto. La correspondencia mide nivel educativo, no carrera específica.
