La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Hay algo profundamente sintomático, casi teatral, en la polvareda que se ha levantado en los últimos días en torno a la demanda interpuesta contra el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito de Panamá. Es una coreografía clásica de nuestra fauna pública: mientras más metros cúbicos de tinta y declaraciones se vierten sobre el tapete, más se diluye la silueta de los verdaderos artífices de la maniobra.

Al inicio, la maquinaria de la narrativa oficial nos vendió un libreto de trazo grueso, casi infantil. Nos dijeron que un puñado de vecinos atrincherados, alérgicos a la modernidad y al concreto, habían decidido dinamitar el PLOT para congelar cualquier grúa en el horizonte. El propio alcalde, Mayer Mizrachi, saltó a la arena digital advirtiendo sobre un cataclismo económico, flanqueado de inmediato por los coros habituales de la industria de la construcción, que se rasgaron las vestiduras ante la inminente parálisis. Una fábula perfecta de buenos contra malos, lista para el consumo rápido.

Sin embargo, cuando uno se toma la molestia de sacudir la propaganda y examinar el expediente real, la trama urbana abandona el melodrama y adopta el rigor de una novela de misterio inglés. Esto no es una simple disputa de zonificación; esto es una partida de Clue a gran escala, jugada en los pasillos alfombrados del poder panameño, donde la identidad del asesino del ordenamiento sigue oculta tras una densa cortina de humo legal.

El primer sospechoso: La aristocracia vecinal

La primera ficha que la opinión pública, perezosa, colocó sobre el tablero verde fue la de una de las asociaciones vecinales de Punta Paitilla en el Corregimiento de San Francisco. La lógica parecía impecable. Después de todo, fueron ellos quienes lideraron las escaramuzas legales que terminaron por tumbar el ya célebre Acuerdo Municipal 270 de 2025, congelando la voracidad inmobiliaria en su propio patio.

Pero la coartada no tardó en aparecer. La Asociación de Propietarios y Residentes de Paitilla (ASOYPA), una de las fuerzas más activas en los litigios de la zona, emitió un comunicado tajante, con la frialdad de quien se sabe observado por la lupa del detective. Negaron de forma categórica cualquier paternidad sobre esta nueva demanda contra el PLOT global. Ni sus directivos, ni sus abogados, ni sus finanzas están detrás del golpe. En términos estrictamente criminalísticos, el sospechoso más obvio acaba de presentar un testimonio verificado y ha salido de la biblioteca con las manos limpias.

El segundo sospechoso: Las firmas de alta costura jurídica

Para entender el juego actual, hay que revisar las actas del pasado. La estocada que en 2022 dejó sin vida al anterior Plan Parcial de Ordenamiento Territorial (PPOT) de San Francisco no provino de una junta de vecinos armada con pancartas en la Vía Porras. Provino del bufete Camarena, Morales & Vega, actuando en nombre de intereses que no suelen figurar en las asambleas comunitarias.

Aquel expediente reveló una fauna de terceros coadyuvantes con apetitos patrimoniales muy específicos. Esto nos devuelve a una verdad incómoda que en La Ciudad Espléndida hemos denunciado hasta el cansancio: los litigios urbanísticos en Panamá rara vez se reducen a una romántica batalla entre ciudadanos y constructores. Casi siempre son guerras fratricidas entre grandes capitales, donde un propietario busca asfixiar la plusvalía del vecino para engordar la propia.

El tercer sospechoso: Los herederos del casco histórico ampliado

Durante la larga y traumática gestación del PLOT, no fueron pocos los terratenientes que vieron con horror cómo la delimitación de las áreas patrimoniales caía como una losa sobre sus propiedades. De la noche a la mañana, fincas de alto potencial comercial quedaron encorsetadas por restricciones de conservación que reducen el apetito de cualquier desarrollador.

Sabemos de buena fuente que hubo un desfile silencioso de abogados solicitando copias de expedientes, midiendo el terreno y ensayando escaramuzas jurídicas en las sombras. El incentivo económico para dinamitar el plan regulador y recuperar la libertad de demoler y construir a su antojo es, cuando menos, multimillonario.

El cuarto sospechoso: Los terratenientes del cinturón verde

El tablero de juego se extiende hacia la periferia y los reductos industriales. El PLOT reclasificó extensas hectáreas bajo estrictas categorías agroforestales o de protección ambiental, dejando atrapadas fincas que sus dueños ya imaginaban transformadas en lucrativos parques logísticos, fábricas agroalimentarias o megaproyectos residenciales.

Cuando el trazo de un burócrata le quita ceros al valor comercial del suelo, la reacción natural en Panamá no es la resignación cívica; es la contratación del mejor administrativista del mercado para que encuentre la debilidad institucional que permita tumbar la norma completa.

El quinto sospechoso: Las fricciones en los antiguos ejes de servicio

En ciertos sectores de la ciudad histórica, tradicionalmente vinculados a actividades comerciales híbridas, talleres, almacenes de depósito y servicios de escala barrial, el mapa normativo ha introducido un giro drástico. La superposición de nuevas categorías predominantemente residenciales y restrictivas sobre estos antiguos corredores económicos ha encendido alarmas silenciosas pero profundas.

Para los propietarios de estos polígonos, la controversia se aleja por completo de cualquier debate ideológico, estético o romántico sobre la densificación; se trata de una encrucijada estrictamente financiera y operativa. La duda que los asalta es pragmática: ¿podrán estas infraestructuras y usos tradicionales, que han sostenido la economía interna de sus áreas durante décadas, sobrevivir o mutar bajo el rigor de los nuevos parámetros técnicos? Ante la posibilidad de quedar fuera de norma, el incentivo de replegar las reglas vigentes hacia el esquema anterior cobra una vigencia incuestionable.

El sexto sospechoso: Los nostálgicos de las alturas infinitas

Llegamos así al sospechoso del que todos murmuran pero pocos se atreven a señalar directamente: el bloque de desarrolladores que vio con profunda amargura cómo el PLOT introducía, por fin, límites explícitos de altura y volumen edificable.

Acostumbrados al viejo salvajismo normativo donde la densidad por hectárea se estiraba como un chicle mediante fórmulas matemáticas creativas, las nuevas reglas de juego representan una mutilación de su capacidad de venta. Si el PLOT actual cayera muerto en la Sala Tercera de la Corte Suprema, resucitaría de inmediato el viejo régimen de libertades absolutas. Una tentación demasiado grande para dejarla pasar.

El arma del crimen: La falacia de la parálisis

La narrativa oficial insiste en que el arma homicida está diseñada para congelar la economía local. Pero la historia judicial de este país demuestra lo contrario. El verdadero puñal en estos casos no es la huelga de inversiones, sino el derecho administrativo puro y duro.

Las grandes batallas urbanísticas en Panamá no se ganan discutiendo el modelo de ciudad; se ganan impugnando:

• Vicios en los procesos de consulta ciudadana;
• Incompetencias institucionales entre el Municipio y el MIVIOT;
• Deslices formales en la legalidad de los actos administrativos;
• Y, por supuesto, la vulneración de los derechos patrimoniales adquiridos.

El arma del crimen no es ideológica; es técnica, aburrida y letal.

El cadáver en la biblioteca: La ironía de la norma revivida

Hay una ironía deliciosa en todo esto que los analistas de ocasión parecen ignorar. Si la Sala Tercera llegase a declarar la nulidad del PLOT, el resultado no sería el caos del vacío absoluto. El precedente de San Francisco ya nos demostró que la Junta de Planificación Municipal y el MIVIOT aplicarían la doctrina de la reviviscencia, resucitando de inmediato la normativa anterior, en este caso, la Resolución 112 de 2003.

Por lo tanto, el debate real que debemos sostener no es si la ciudad se detiene o no. La verdadera incógnita es bajo qué reglas —y en beneficio de quién— volveremos a ser gobernados. Y esa es una pregunta que a la alcaldía actual parece incomodarle sobremanera.

La pieza que falta

Toda partida de Clue se cierra cuando el jugador meticuloso abre el sobre secreto y expone tres verdades: el asesino, el arma y el lugar de los hechos. En el gran misterio del urbanismo capitalino, esas tres variables siguen ocultas en el laberinto de la Corte.

No conocemos aún el nombre exacto que firma la demanda, ni el arsenal de argumentos jurídicos específicos que ha desplegado, ni quiénes celebrarán en privado si el documento es anulado. Lo único incuestionable es que la trama supera con creces el reduccionismo de los titulares oficialistas. La gran pregunta que nos queda en el tintero, y que como ciudadanos debemos formular, no es quién quiere frenar el desarrollo, sino algo mucho más profundo: ¿Qué modelo de ciudad y qué bolsillos específicos ganarían si el PLOT desapareciera del mapa?