La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Es evidente que en Panamá estamos frente a una crisis que copió y pegó el espíritu y guión de aquellas ocurridas en Chile, Colombia y Ecuador. Todas estas se caracterizaron por 1. Surgir “espontáneamente” de algún reclamo popular ante un aumento que afectaba la economía de los sectores populares y las clases medias, impuestos, pasajes, precios del combustible y de la canasta básica luego acumulan otras causas y 2. No tener un liderazgo único sobre las mismas. Luego 3. Se pasa con una especie de mesa negociadora en donde se potencian políticamente las figuras o movimientos que encabezaron los disturbios y cierres de vías. Lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia y seguramente lo veremos en Panamá.

Por tanto, si el gobierno piensa que la crisis es estrictamente de naturaleza económica y se va a acabar con unos acuerdos económicos en petit-comité pues se equivoca, lo que se está peleando en las calles es el poder político, el cambio de sistema político, económico y social. La diferencia de Panamá con el resto de la región es, al parecer, que, en el caso nuestro ni las elites económicas, ni los sectores productivos y profesionales se han plegado enteramente a las demandas políticas de sindicalistas, grupos indígenas y gremios magisteriales.

Los tres grupos parecen dispuestos a confrontarse y medir fuerzas, lo cual nos trae al argumento inicial, este es un problema político que solo tiene una salida política pero no a través de mesas donde el que más grita y patalea es el que es invitado. Lo mejor sería que dicha salida política se diera pacífica y legítimamente mediante el proceso electoral; pero no el proceso amañado y mediatizado que se ha ido desarrollando y perfeccionando en los últimos 32 años.

El sistema político panameño necesita una válvula de escape que ventile toda la frustración acumulada y dirimamos nuestras diferencias mediante el debate político abierto y descarnado sin exclusiones, ni censuras. El proceso electoral tal y como está contemplado en el Código Electoral hace de la partidocracia el mediador y modelo idóneos para los movimientos independientes cuando la misma partidocracia y su rol como mediador de la representatividad popular está siendo fuertemente cuestionada. Bajo las reglas actuales y sus barreras de acceso, cualquier nuevo actor político para poder ganar debe contar con un fuerte apoyo económico, el cual termina siendo proporcionado por una elite económica también fuertemente cuestionada. Con la entrada de Ricardo Martinelli y Zulay Rodríguez como precandidatos a Presidente de la República por la Libre Postulación se ha borrado de un tajo la línea que dividía a la partidocracia de los independientes. ¿Siendo así no sería mejor eliminar a los partidos como mediadores y que se cumpla aquel precepto constitucional en el cual todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos?

Más aún si consideramos que las reglas para inscribir partidos vemos que estas no se basan en la legitimidad de las urnas sino de una supuesta legitimidad popular manifestada en el número de apoyos e inscripciones. Si los casos del Partido Popular o del Frente Amplio por la Democracia sirven de prueba, el primero a pesar de tener menos inscritos que cualquier partido inscrito o por inscribir ha logrado subsistir gracias a su relativo éxito en las urnas y el FAD que a pesar de doblar el número de inscritos del PP no logra siquiera que sus miembros le voten. En el caso de los candidatos de libre postulación, el intento de igualar sus condiciones a las de los partidos políticos lo que termina es creando es una suerte de proto-partidos cooptados desde su nacimiento por sus financiadores (provenientes de aquella elite cuestionada) los cuales son necesarios por los costos que superan a los de los partidos en cuanto a activistas, asesores, etc. Todo lo cual nos deja en lo mismo de siempre ya que dichos financiadores cobrarán mediante el sempiterno reparto de oligopolios, contratos, alquileres, concesiones, leyes especiales, zonas económicas especiales, incentivos fiscales…y con la débil fiscalidad local y nacional, acrecentando más las desigualdades sociales al no poder ofrecer mejores servicios de salud y de educación, ni poder mejorar las calidad de vida en las ciudades y pueblos del país, además de no reducir las barreras al emprendimiento. Aunado a todo eso, la otra deuda política, la de los activistas, termina también saldándose en planillas y salarios abultados con personas nombradas para hacer nada.

Si bien las elecciones de 2024 pueden parecer muy lejanas, existe una forma de acercar el debate político e ir perfilando mejor las decisiones que tenemos que tomar y esta va por una completa liberalización del Código Electoral como demanda principal, en especial de las clases obreras, profesionales y de pequeños y medianos empresarios. Estas reformas deben incluir: 1. La eliminación del requisito de un número de apoyos a candidaturas o de primarias y por ende permitir a quien así lo quiera competir por cualquier puesto de elección popular con o sin partido. 2. La eliminación de los requisitos económicos que impidan la participación. 3. Libre acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos. 4. La introducción de una Primera Vuelta a todos los cargos en 2023 que filtre el número de candidatos a los dos más votados para 2024. 5. La división de los circuitos plurinominales en uninominales de tal manera que cada diputado represente el cociente del padrón electoral por curul. Una vez pasada la primera vuelta se debe permitir a los candidatos perdedores entrar en alianzas programáticas con los vencedores con el fin de que si estos no cumplen puedan entonces demandar una revocatoria de mandato popular en todos los cargos de elección popular.  

Con esto tendremos las condiciones propicias para debatir en un año el modelo político y económico del país y en base a ello ir a la primera vuelta para después pasar a una segunda en 2024 en base a nuevos consensos políticos que nos pueda conducir paulatinamente a un nuevo pacto social en forma de una Reforma Constitucional diseñada por poderes legitimados por un proceso abierto y transparente.

El autor es arquitecto y urbanista