La Ciudad Espléndida

He escuchado detenidamente la discusión que se dio en la Comisión de Asuntos Municipales para el prohijamiento del proyecto de ley 004 que elimina las licencias con sueldo para los representantes de corregimiento y los alcaldes propuesto por el diputado Juan Diego Vásquez. Y me llamó poderosamente la atención el argumento central esgrimido por varios miembros de la comisión. El argumento típico se resume básicamente así:

Que en las comunidades urbanas, rurales e indígenas más pobres del país, las necesidades de muchos habitantes son tantas y de distinta clase a causa de su pobreza crónica que estas identifican al representante de corregimiento, alcalde o diputado como la persona que maneja más recursos económicos (en medio de un mar de pobreza) y que puede mejor ayudarles y está en la obligación moral de resolver cualquier eventualidad (funerales, tratamientos médicos, urgencias médicas, problemas familiares, festividades, etc.) que puedan afrontar.

Y dado que los recursos que maneja la Junta Comunal o el Municipio son limitados, no alcanza para atender esta clase de eventualidades y obliga moralmente al político a poner de su propio peculio para ayudar a los más necesitados.  Que el problema, del vecino solicitando ayuda no se resuelve negando dicha ayuda argumentando que ese no es su rol, o apelando a la responsabilidad personal u orientándola a las instituciones más idóneas ya que actuar de esta manera les afecta políticamente, lo cual les deja en una difícil situación.

Por tanto, contrario a lo que cree la clase media capitalina, los altos emolumentos devengados o por devengar por estos políticos en realidad no les pertenecen cien por ciento, sino que en realidad son la caja menuda de sus comunidades, circuitos e incluso de las personas pobres del país y cualquier intento de negarles cualquier fuente adicional de ingresos a los políticos es equivalente a negarles tanto el sustento decente como de un fondo común de socorro apreciado por sus comunidades.

¿Se trata pues de toda una subcultura de la pobreza que resulta difícil de entender para la clase media debido a su posición privilegiada? ¿Será que tenemos ideas diametralmente distintas sobre el rol del político y de la filosofía que debe inspirar la buena gobernanza? ¿Será que ambos lados del debate partimos de premisas culturales totalmente distintas? ¿Quiénes están en equivocados y quienes en lo correcto? 

Se, de buena fuente, que efectivamente a nivel popular el verdadero rol del político local es el de padrino y en ciertos lugares hasta de cacique y en base a ello son medidos. Por tanto debemos quizás olvidarnos un momento de lo que diga la teoría y ceñirnos a los usos y costumbres que dictan la práctica, ya que el problema no parece resolverse apelando a la educación como herramienta para destruir aquello que nos parece contradecir el espíritu individualista del estado liberal y democrático que nos rige legalmente.

Los presupuestos éticos del individualismo que me parece informa la mentalidad de la clase media parecen basarse en la autonomía y el mérito personal como medios para ejercer la libertad entendida como limitación del poder que ejerce sobre el individuo la Sociedad por medio de sus autoridades naturales (padres de familia, clero o líderes comunitarios los cuales hacen valer las costumbres y tradiciones colectivas) para posibilitar así la auto-superación y su auto-perfeccionamiento sin ataduras mediante el propio esfuerzo.

Dicha mentalidad meritocrática tiende a hacer énfasis en la justicia, pero muy poco en la misericordia y la caridad. Le gusta denunciar la corrupción, vista como la transgresión a las reglas establecidas desde el individualismo con poca o nula consideración a las limitantes y miserias de la condición humana, a las realidades sociales y a la historia personal de cada quien las cuales vilifica. Glorifica los logros personales y tiende a poner a todos a competir en base a la envidia y la ambición además de tender a olvidar el rol que pueden jugar las élites locales en compartir conocimientos y recursos para ayudar a otros a prosperar. Y por último dicha mentalidad destruye el tejido social ya que cuando se promueve una mentalidad en donde no somos responsables éticamente de nuestro prójimo, seguimos nuestros instintos básicos y buscamos asociarnos sólo con quienes piensan y actúan como nosotros en barrios propios profundizando las barreras sociales en zonas con mentalidades totalmente distintas.

Y esto también es natural pues como padres de familia también instintivamente buscamos ofrecer lo mejor para nuestros hijos, esto incluye el brindarles espacios (barrios, clubes, escuelas) donde socialicen con quienes puedan representarles una experiencia quizás más placentera con un trato más cordial con contactos que multipliquen su acervo cultural, su fortuna y la de sus descendientes que van escalando socialmente, de manera cada vez más eficiente, descartando el contacto con aquellos que obliguen a hacer muchas pausas en la carrera. Hoy por hoy muchos no quieren perder su tiempo con personas que no parecen “tener remedio”, aún entre familiares. Es dicha mentalidad la que termina desarraigando a las personas y a entretener la fantasía de ser “ciudadanos globales” una ciudadanía conveniente donde se puede uno desligar de las responsabilidades que podamos tener con nuestro entorno.

Esta mentalidad individualista, meritocrática y desarraigada explica la fuga de cerebros y liderazgo que padecen las comunidades marginadas todos los años y que termina profundizando aún más su pobreza pues se pierden referentes sociales y liderazgos naturales que pudieran ayudar a sus vecinos a desarrollarse. Ese vacío de liderazgo natural, es entonces llenado por los políticos y el padrinazgo. Y es esa mentalidad individualista, meritocrática y competitiva lo que explica porque en un barrio o un edificio de apartamentos de clase media los vecinos rara vez nos conocemos bien y colaboramos y el por qué las asociaciones de vecinos y de propietarios tienden a ser campos de batalla donde cada quien defiende su feudo e impera la ley del más fuerte, en especial el que puede pagar abogados para defender sus derechos y fregar a los demás.

Sin embargo, este ideario liberal, moderno, racional e individualista no informa del todo el modo de pensar y actuar de las clases populares, las cuales no ignoran su existencia, pero que rechazan de forma tácita sus postulados sociales, pero de manera contradictoria si han asumido el individualismo, degenerado en la mentalidad del juega vivo, que practica el resto de la sociedad. De hecho, apelar al individualismo o a la auto-superación o dar lecciones de cívica no resuelve de forma inmediata la falta de ingresos fijos, ahorros, crédito o de seguros privados que padece por lo menos el 19% de la población en pobreza multidimensional, por razones propias de su condición, o como máximo el 45% que vive en la informalidad. Mucho menos le resuelve el dilema moral al político, por más liberal e individualista que sea, de dar o negar la ayuda solicitada a menos que aspire al martirio político. ¿Entonces cuál es la solución?

Quizás lo primero que haya que hacer es conciliar la ley con los usos y costumbres del pueblo y no al revés forzando a las personas a amoldarse a un orden legal individualista que en 200 años no ha logrado completamente crear un nuevo orden social fuera de los barrios de clase media. De esta manera podemos dejar de hacer reclamos estériles que lo único que hace es crear división social. Lo segundo que sería necesario impulsar es el desarrollo económico local en base  a un pacto social en dónde se establezcan los medios legítimos para canalizar la solidaridad y subsidiaridad por ejemplo a través de las Juntas Locales de Desarrollo o las instituciones caritativas y de ayuda mutua religiosas. Un pacto en donde los que más tienen, en distintos grados, sean vistos como administradores de bienes dados en préstamo por el Creador y no como dueños absolutos y merecedores de todo lo que tienen sin considerar la sociedad que les posibilitó su relativa prosperidad. Un orden en donde las personas tienen una obligación personal de contribuir al colectivo (familia, barrio, pueblo, nación), una obligación moral que no puede ser delegada enteramente a un ente abstracto como el Estado.

Las comunidades deben recuperar su capacidad para resolver sus problemas de manera solidaria y subsidiaria posibilitándoles superar la aberración del político padrino, dispensador de favores y gracias con dinero público, y que le sirve de coartada perfecta para aumentar su fortuna personal bajo la excusa de que con su fortuna ayuda a los demás, a diferencia del empresario individualista que no comparte nada, según ellos. La pregunta es cómo lograrlo tomando en consideración la mentalidad del juega vivo que previene a muchos de colaborar.

Las respuestas definitivas a todas estas inquietudes no son fáciles de responder. Tocará debatirlas públicamente con los datos y hechos que sean necesarios para encontrar una solución de largo plazo que satisfaga a todos. Mientras tanto quizás lo más pragmático sea aumentarle el salario a las autoridades locales y la asignación presupuestaria a los corregimientos y distritos. Después podemos comenzar a debatir cual es la forma de gobierno que en verdad quiere la gente porque al parecer las democracias representativas y la mentalidad meritocrática e individualista no parecen serles de mucha utilidad a las grandes mayorías que esperan que el político resuelva problemas prácticos y no problemas abstractos de los cuales tiene poca comprensión y no tienen por qué hacerlo.