La Ciudad Espléndida

Por Carlos Antonio Solís Tejada

Reconozco que lo que escribiré a continuación no será la idea más popular pues involucra un “sacrificio” al pleno ejercicio de un derecho constitucional, como el de ser elegido, que de todos modos es ilusorio e inalcanzable para la gran mayoría de panameños, pero me parece necesario lanzarla al debate público pues la situación actual de desprestigio y deterioro de las instituciones públicas merecen a veces probar nuevas modalidades sin destruir la institucionalidad construida.

Me parece que el mayor cambio que provocaría una profunda renovación constitucional e institucional en el país, sería la introducción del mérito como criterio de selección para las funciones ejecutivas a nivel presidencial, provincial, municipal y local con el fin de descartar a los descaradamente corruptos e incapaces, que suelen ser paradójicamente premiados por el sufragio universal por su popularidad en nuestro medio.

El quid del asunto está en determinar aquellas características que se deben considerar meritorias, bajo qué criterios éticos y morales y quien las juzgara. Para arrancar la discusión al respecto creo que hay cosas que son evidentes por ejemplo considerar que siendo nuestra sociedad de tradición judeocristiana, evidentemente dicha tradición ética y su escala de valores será la que la mayoría, sin distingo de creencias personales, estaremos de acuerdo que es el mínimo común sobre el que debemos partir.  Una vez aclarado esto tenemos ya un canon sobe el cual juzgará el Tribunal Electoral la integridad ética personal y las propuestas y visión estratégica de los candidatos a representante/concejal, alcalde, gobernador y presidente junto con criterios más objetivos como la excelencia académica y profesional o la eficiencia gerencial demostrada. Ya aclarado que determinará el mérito, tenemos entonces que considerar que dentro del proceso de construcción de una ciudadanía sana, se hace necesario canalizar adecuadamente la voluntad popular y que esta sirva de contrapeso a los excesos en que puedan incurrir aquellos electos por méritos, para que el poder no se les suba a la cabeza y entiendan que se deben a las personas que les confían el poder.  Digo adecuadamente porque hasta el momento el sistema actual tiende a premiar lo peor de la sociedad bajo criterios muy primarios e instintivos tal y como pasa en el libre mercado cultural y del entretenimiento.

Sin lugar a dudas la voluntad popular tiene su mejor expresión a través de su parlamento, consejos y juntas, sin embargo esta tiene que representar las distintas corrientes de pensamiento del pueblo y no las relaciones clientelares existentes en distintas comunidades, que es la situación actual. Es por ello que se hace necesario separar lo local de lo nacional, lo particular de los local en el ámbito legislativo además de procurar la fiel representación de la diversidad ideológica existente mediante un sistema de distribución proporcional simple. Esto se logra mediante listas cerradas de candidatos a diputados nacionales y no circuitales. La conformación de las listas debe ser responsabilidad de los movimientos y partidos políticos tomando en consideración los méritos de los precandidatos a diputado y su apego a la línea ideológica del partido o movimiento. Para garantizar que no se enquisten en el poder los diputados y sus allegados sólo deberían poder reelegirse una vez y para evitar cualquier conflicto de interés y la rapiña del erario público se debe prohibir la participación de candidatos que sean beneficiarios de subsidios, beneficios o contrato alguno del estado antes o después de su elección para evitar conflictos de intereses. Dicha prohibición debe incluir a sus familiares, empresas, socios y subalternos. Lo mismo vale para los cargos ejecutivos.

Para eliminar cualquier viso de elitismo y como base de la legitimidad popular de la selección meritoria de los ejecutivos se pueden proponer a las Juntas de Desarrollo Local de los barrios y villas del país, cuyas juntas directivas son electas por votación popular por períodos de dos años y medio y deben ser ad-honorem, para filtrar aquellos sin compromiso real con sus comunidades y la nación. Los presidentes de las Juntas de Desarrollo seleccionan a su Representante de Corregimiento por méritos en base a ternas propuestas por las comunidades de sus corregimientos  y estos deberán ejercer por 5 años. Los presidentes de las juntas pasan entonces a ser miembros de la Junta Comunal del corregimiento y son los fiscalizadores de las acciones de los representantes de corregimiento.

Los representantes electos por mérito, escogen también, cuando toque, a su alcalde también por mérito en base a ternas propuestas por los ciudadanos con un mandato de 10 año. Los representantes pasan entonces a formar el Concejo Municipal de su distrito. Los alcaldes a su vez seleccionan por mérito mediante ternas propuestas por la ciudadanía a su gobernador  también con un mandato de 10 años y los alcaldes pasan a formar entonces el Consejo Provincial con poder legislativo en su provincia.

Los gobernadores entonces seleccionan por mérito al presidente de la República en base a ternas propuestas por la Asamblea Nacional y quien entonces ratifica al seleccionado  y este  pasa a presidir el Estado por 20 años. El Jefe de Estado tiene  como rol primordial ser el último árbitro con poder de veto. El consejo de gobernadores pasa a ser entonces  la cámara alta parlamentaria sólo con poder revisorio y propositivo en materia legislativa.

El gobierno central y su gabinete de ministros serían conformado por la alianza parlamentaria mayoritaria que sería coordinada por el líder de dicha alianza quien pasaría a ser el Ministro de la Presidencia una vez confirmado por el Presidente de la República quien a su vez presidirá el consejo de gabinete. Este consejo solo tendría competencia en asuntos que afecten a la totalidad del territorio nacional y respetando la autonomía de los municipios y provincias pero coordinando, armonizando y reforzando sus acciones.

Cada ministerio debería contar con una junta directiva conformada por los principales actores sociales del ramo presidida por el ministro y secundado por el secretario administrativo quien debe ser un funcionario de carrera en el escalafón máximo ministerial. Dichas juntas directivas son las que deben aprobar las políticas públicas consensuadas y los decretos ministeriales.

Los llamados hasta ahora “gabinetes” (gabinete logístico, turístico, etc.) deberían pasar a ser ministerios y deben ser pocos en base a las funciones del gobierno central. Bajo estos ministerios jerárquicamente deberían estar las secretarias (antiguos ministerios) y debajo de estas las direcciones. Deberían denominarse autoridades sólo aquellas instituciones autónomas con un mandato especial que excede la de los ministerios como la del Canal. Y sólo deberían denominarse institutos los centros públicos de investigación especializados.

Los jueces de paz deberían ser la base de la carrera judicial y estos al igual que los jueces municipales deberían ser seleccionados por mérito por el órgano judicial y una vez terminado su período ratificados por elección popular para que estos rindan cuenta de sus acciones a sus comunidades. Los jueces de circuito y los magistrados deberían ser de carrera y con alta formación académica. Sólo los que tienen un doctorado deberían poder ser electos magistrados en razón de sus aportes al conocimiento legal.

La razón de la diferencia en periodos es para permitir políticas de largo plazo y tratar de evitar alianzas hegemónicas en todos los niveles de gobierno. El poder para incidir directamente en su territorio de acuerdo a sus usos y costumbres debe ser devueltl a las comunidades y los asuntos macro deberían ser tratados por personas confiables y responsables. Todos los funcionarios ejecutivos deberían rendir cuentas mediante un juicio de residencia al finalizar su gestión y no por declaración jurada.

Cada administración local, regional o nacional debe autofinanciarse y para ello debe explotar el potencial de desarrollo de su territorio atrayendo mano de obra calificada e inversiones, acabando así su dependencia y falta de iniciativa. El gobierno central debe dotar a cada corregimiento, distrito y provincia con el personal necesario para lograr su autonomía. Dicho recurso humano debería también con el tiempo constituir parte del núcleo de las élites locales que son necesarias para impulsar el desarrollo humano de cada comunidad y por ende necesarias para conservar e incentivar.

La idea de esta propuesta es la de balancear la voluntad popular, con el mérito y la estabilidad y continuidad de las políticas públicas además de evitar los conflictos de interés, garantizar la rendición de cuentas además de descentralizar y desconcertar el poder. Creo que de esa manera podremos salir de esta situación en que no se puede confiar en nuestros gobernantes. No son las ideas más populares pero bueno ahí están para el que les parezcan útiles.